La Cámara de Apelaciones de la CPI ha confirmado por mayoría la sentencia que absolvió al ex líder del Front des Nationalistes et Intégrationnistes (Frente de los Nacionalistas e Integracionistas, FNI), Mathieu Ngudjolo Chui, de los cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ngudjolo Chui había sido absuelto en diciembre de 2012 de tres cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, violación y esclavitud sexual) y de siete cargos de crímenes de guerra (utilización de menores de 15 años para participar activamente en hostilidades; dirección de un ataque contra una población civil o contra civiles que no participan directamente en hostilidades; homicidio intencionado, destrucción de propiedad; pillaje, esclavitud sexual y violación) presuntamente cometidos en febrero de 2003 durante el ataque a la aldea de Bogoro, en el distrito de Ituri, en el este de RD Congo. En diciembre de 2012, la Oficina del Fiscal presentó una apelación al veredicto por motivos de procedimiento, después de que se negara a la fiscal el libre acceso a informes registrados acerca de la credibilidad de ciertos testigos, aunque Ngudjolo Chui fue entonces puesto en libertad. Tres jueces de la CPI han confirmado ahora la sentencia inicial, argumentando que no ha sido posible establecer su culpabilidad más allá de toda duda razonable, y que los errores relativos a los testigos no afectan el resultado de la decisión de absolución. Dos jueces de cinco han manifestado una opinión discrepante conjunta. Dado que Ngudjolo Chui ha sido absuelto, no se le ordenará pagar reparaciones para contribuir al Fondo Fiduciario para las Víctimas que apoya a programas de asistencia a víctimas en Ituri. (ICC, 27/02/15)

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ha dictaminado en dos sentencias distintas que Serbia y Croacia no cometieron genocidio contra la población del país contrario durante la guerra de los Balcanes a principios de los años 1990. Ambos países habían presentado demandas civiles ante la Corte, alegando que el respectivo país vecino había violado la Convención sobre el Genocidio. Croacia también había reclamado unas generosas reparaciones por daños de guerra. Los veredictos reconocen las matanzas de civiles y la destrucción generalizada cometidos por combatientes de ambos bandos. Pero argumentan que las operaciones a gran escala para desplazar a personas en los dos países no cumplen con los criterios del genocidio. Las sentencias, previsibles para las partes, han sido bienvenidas por los representantes oficiales de ambos países, que han afirmado su voluntad de que las resoluciones inicien una era más segura y positiva. Tras el fallo de la CIJ, Amnistía Internacional ha hecho hincapié en que Serbia y Croacia deben ahora centrar sus esfuerzos en garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y reparar a las víctimas en el ámbito nacional. Argumentando que la rendición de cuentas por estos crímenes ha sido lenta y parcial en los dos países, la organización de derechos humanos insta a ambos países a proporcionar justicia, verdad y reparación a todas las víctimas, en particular a víctimas de violencia sexual y a personas desaparecidas. Las acusaciones se referían a delitos cometidos en Vukovar y otros lugares en la región de Krajina, donde más de 12.000 civiles croatas fueron asesinados durante las campañas de bombardeos, miles fueron encarcelados en campos y hasta 100.000 huyeron de sus casas, y más de 200.000 serbios habían sido obligados a huir de sus viviendas y de sus tierras ancestrales. (EFE; The New York Times, AI 03/02/15)

La Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) ha emitido su fallo en el caso Popović et al., relativo a cinco militares del Ejército de la República Srpska (VRS) por crímenes perpetrados en julio de 1995 en los masacres de Srebrenica y Žepa. Los jueces han confirmado las sentencias por los diferentes crímenes de guerra de los oficiales, manteniendo la mayoría de las condenas que la Sala de Primera Instancia había dictado en junio de 2010: cadena perpetua para Vujadin Popović y Ljubiša Beara; 35 años de prisión para Drago Nikolić; y 13 años de prisión para Vinko Pandurević. La sentencia de Radivoje Miletić, en cambio, ha sido reducida de 19 a 18 años de prisión. La Sala de Apelaciones ha desestimado por unanimidad o por mayoría la mayoría de las apelaciones de los acusados, que habían argumentado errores sobre los hechos en la sentencia inicial. El caso Popović et al. es el mayor caso que ha cerrado el Tribunal hasta la fecha. Los procedimientos judiciales comenzaron en agosto de 2006 y finalizaron en septiembre de 2009. Vujadin Popović y Ljubiša Beara son de los pocos oficiales que han sido declarados culpables de genocidio. Cerca de 8.000 hombres y niños bosnios fueron asesinados en sólo tres días en 1995 en Srebrenica, un enclave supuestamente protegido por soldados holandeses de la ONU. (TPIY, BCC, 30/01/15)

Después de una investigación de 19 meses, cuatro jueces de las Cámaras Extraordinarias Africanas han declarado que existen suficientes pruebas para que el ex presidente de Chad Hissène Habré sea juzgado por presuntos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura. Habré, quien rechaza los cargos y se niega a reconocer la legitimidad del tribunal, ha sido acusado de miles de asesinatos políticos durante su presidencia (1982-1990). Habré fue acusado en julio de 2013 y puesto en detención preventiva. La investigación ha incluido cuatro misiones al Chad, entrevistas a 2.500 víctimas y testigos, el análisis de miles de documentos, y el desentierro de fosas comunes. El juicio, cuyo inicio está previsto para mayo o junio de 2015, significará el primer uso de la jurisdicción universal en África. El tribunal fue creado en 2013 por Senegal y la Unión Africana tras una decisión de la Corte Internacional de Justicia en 2012. (HRW, 13/02/15; BBC, 14/02/15)

Coincidiendo con las reuniones entre el Consejo Nacional de Transición del país y la misión de la ONU en la República Centroafricana (MINUSCA) para discutir un proyecto de ley que establezca una Corte Penal Especial (CPE), una coalición de 19 organizaciones locales e internacionales de derechos humanos ha emitido recomendaciones sobre su funcionamiento. Según estas organizaciones, la CPE debe investigar y juzgar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Centroafricana (RCA) desde 2012, cuando comenzó el actual conflicto armado en el país. Tales crímenes deberían incluir asesinatos - incluyendo homicidios por motivos políticos y étnicos, desplazamientos masivos de población, y saqueos e incendios de aldeas a gran escala. Otras recomendaciones incluyen que la Corte esté compuesta por 27 jueces – 14 nacionales y 13 internacionales – integrada en el sistema judicial de la RCA por un período renovable de cinco años. La coalición también ha dicho que la cadena perpetua debería ser la pena máxima, en coherencia con la no aplicación de la pena de muerte en la RCA desde 1981, y que la CPE debería cooperar con la CPI, que está investigando el posible enjuiciamiento de un número limitado de sospechosos de la RCA. (FIDH, 19/02/15; HRW, 20/02/15)

El Gobierno de Nepal ha puesto en marcha dos comisiones para investigar las denuncias de crímenes de guerra y las desapariciones ocurridas durante la guerra civil del país (1996-2006) entre el Estado y el grupo armado de oposición maoísta. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación investigará las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, y la Comisión de Desapariciones Forzadas investigará las desapariciones de las más de 1.300 personas que siguen desaparecidas. Ambas comisiones comenzarán sus investigaciones en los próximos seis meses y terminarán su trabajo dos años después. El anuncio por parte del Gobierno de Nepal llega entre polémicas debido a su lentitud en poner en marcha las comisiones – a pesar de las partes se comprometieron a investigar los crímenes en un plazo de seis meses después de la firma del acuerdo de paz, han pasado ocho años desde el acuerdo de paz en 2006 – y por las disposiciones de amnistía previstas en la Ley de Verdad y Reconciliación (LVR) (2013) que establece las Comisiones. Ambos bandos del conflicto han sido acusados de graves violaciones de derechos humanos durante la guerra como homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, desapariciones, violaciones y tortura. Unos días más tarde, el Tribunal Supremo nepalí ha respondido a una demanda presentada por 234 familiares de víctimas rechazando la posibilidad de amnistía prevista en la LVR para los autores de graves abusos contra los derechos humanos durante la guerra civil. El Gobierno ha dicho que respetará la decisión del tribunal. (Reuters, Jurist, 10/02/15; Reuters, 26/02/15)

El nuevo Gobierno de Sri Lanka presidido por Maithripala Sirisena ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que retrase varios meses la publicación de su informe sobre presuntos crímenes de guerra hasta que el Gobierno tenga tiempo de establecer un nuevo mecanismo judicial para hacer frente a las acusaciones. El informe de la ONU sobre la violencia en la guerra civil, que estaba previsto publicar en marzo de 2015, contaba con la oposición del Gobierno anterior de Sri Lanka, que defendía priorizar un proceso nacional de investigación. El nuevo Gobierno de Sri Lanka, elegido en enero de 2015, ha anunciado que va a emprender una investigación sobre el terreno, invitando a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a visitar el país para discutir el tema. El ministro de Relaciones Exteriores esrilanqués, Mangala Samaraweera, expresó la voluntad de su Gobierno para referir los resultados del informe al sistema judicial de Sri Lanka. Respondiendo a la petición de Sirisena, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha accedido a retrasar seis meses la publicación del informe, para permitir que el nuevo Gobierno demuestre su voluntad de cooperar en materia de derechos humanos. En una declaración escrita para la 28ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional ha celebrado los nuevos compromisos oficiales para poner fin a la impunidad y promover el estado de derecho, buscar la reconciliación entre todas las comunidades, y reconstruir las relaciones internacionales de Sri Lanka, y ha animado al Gobierno a traducir este compromiso en acción. Aunque el Gobierno de Sri Lanka rechaza esta afirmación, un informe anterior de la ONU estima que unos 40.000 civiles tamiles murieron, la mayoría de ellos a manos del Ejército, en las últimas semanas de la guerra civil (1983-2009), entre el Gobierno y el grupo armado de oposición Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés). (Reuters, 11/02/15; BBC, 12/02/15; Reuters, AI, 16/02/15)

El director de Víctimas de Guerra que depende del Ministerio de la Solidaridad, Sylvanus Koré, ha anunciado que el Gobierno comenzará a otorgar reparaciones económicas como medio de promover una verdadera reconciliación. Varias asociaciones de víctimas habían instado al Gobierno a tomar medidas para acelerar el proceso de identificación, ya que muchas víctimas se encuentran en situación de vulnerabilidad. En diciembre de 2014, el presidente Alassane Ouattara había anunciado la reserva de 10 mil millones de francos CFA (17 millones de dólares) del presupuesto de 2015 para responder a los perjuicios provocados por la crisis post-electoral de 2010-2011 en la que murieron al menos 3.000 personas. En aquel momento, el presidente de la Federación Nacional de las víctimas de la crisis post-electoral (Fenavipel-CI), Mamadou Coulibaly Soromidjo, deploró que el Fondo fuera insuficiente, teniendo en cuenta que cerca de 20.000 víctimas han sido identificadas como tales. (AbidjanNet, 02/05/15)

El viceministro de Hacienda, Adam Malima, ha anunciado en el Parlamento que Uganda ha pagado hasta la fecha 9,7 millones de dólares a Tanzania en concepto de reparaciones de guerra, para responder a los daños causados por la guerra de 1978-1979 entre los dos países. Los Gobiernos de ambos países siguen negociando para cerrar la cuestión de las reparaciones de Uganda. Durante el régimen del dictador Idi Amin Dada, el Ejército Ugandés había invadido algunas partes de la región de Kagera en Tanzania. Al final de la guerra en 1979, los países coincidieron en que Uganda debería pagar reparaciones de guerra a Tanzania por un importe de 18,4 millones de dólares. (East Africa Daily, 05/02/15; AllAfrica, 06/02/15)

La ciudad de Dresde ha celebrado ceremonias del 70 aniversario de los bombardeos masivos que causaron la muerte a decenas de miles de personas, la mayoría civiles. Casi 10.000 personas se unieron en una cadena humana a lo largo del río Elba para conmemorar a los muertos y reivindicar la paz. En su discurso en la iglesia de Nuestra Señora de la ciudad, arrasada durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente reconstruida, el presidente alemán, Joachim Gauck, ha recordado a las víctimas alemanas, así como a las víctimas provocadas por Alemania. La alcaldesa de Dresde, Helma Orosz, ha pedido que se demuestren los valores de apertura al mundo y de tolerancia de la ciudad, ya que desde octubre de 2014 ésta ha sido la sede de marchas anti-islamización impulsadas por el movimiento Pegida. Las celebraciones de memoria sobre los bombardeos han sido reivindicadas por tanto por neo-nazis como por activistas antifascistas. Durante cuatro días en febrero de 1945, los ataques británicos y estadounidenses arrasaron 33 km2 de la ciudad, matando a 25.000 personas, muchas de ellas refugiadas que huían del avance del Ejército ruso en el este de Alemania. (DW; BBC, 13/02/15)

Poco después de la firma del Acuerdo de Stormont House en diciembre de 2014, varios actores han criticado su limitada capacidad para lidiar con el pasado. Amnistía Internacional ha expresado, en su informe anual, su preocupación por la forma de investigar las violaciones de derechos humanos del pasado, cualificada como fragmentada y parcial, dado que el Gobierno se niega a investigar algunos casos de asesinatos especialmente graves, y por el hecho que el Acuerdo de Stormont House deja temas relevantes por resolver. Otras organizaciones de derechos humanos y representantes políticos han lamentado la insuficiencia de recursos económicos para investigar con eficacia la violencia del conflicto armado. En otro nivel de acontecimientos, el Consejo de las Artes de Irlanda del Norte ha presentado el Troubles Archive que colecciona cerca de 500 piezas de arte producidas durante el período del conflicto armado de Irlanda del Norte, entre 1969 y 1999, por más de 100 artistas. El escritor Malaquías O'Doherty resaltó el valor del archivo, destacando su enfoque no partidista, no sectario, individual y humano como un buen contrapeso a la propaganda y la simplificación. (Irish Central, 19/02/15; BBC, 25/02/15).

El Parlamento internacionalmente reconocido de Tobruk ha revocado una ley aprobada en mayo de 2013 que prohibía que los funcionarios que hubieran ocupado cargos durante el régimen del ex presidente al-Gaddafi (1969-2011) siguieran ocupando posiciones de liderazgo en cargos políticos, empresas estatales, universidades y organismos judiciales del país. La ley había sido criticada por grupos de derechos humanos que la describieron como una barrida, denunciando que fue adoptada bajo la presión de grupos armados que habían sitiado edificios del Gobierno en Trípoli durante días hasta que fue aprobada por la Asamblea de Transición entonces al poder. No existen garantías de que el Parlamento en Tobruk sea capaz de aplicar esta ley, dada la existencia de dos parlamentos en paralelo dentro del país: la Cámara de Representantes en Tobruk (este del país), creada en junio de 2014, y el Congreso General de la Nación en Trípoli, creado en el año 2012. Desde la caída del ex presidente al-Gaddafi en 2011, Libia padece la violencia de milicias rivales que luchan por el control de ciudades y recursos. En varios informes publicados en febrero, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado ataques violentos, secuestros, intimidaciones, amenazas, el asesinato impune de periodistas libios, así como la muerte de más de 50 coptos egipcios que podrían constituir crímenes de guerra, entre otras graves violaciones de los derechos humanos ligadas al conflicto armado. (BBC, 02/02/15; Al-Jazeera, 03/02/15; HRW, 09, 16/02/15; AI, 23/02/15)

La Comisión Histórica del conflicto armado y sus víctimas en Colombia ha presentado en el marco de las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, un informe de 800 páginas sobre las causas y los orígenes de la violencia en el país. La Comisión, compuesta por 12 historiadores colombianos fue aprobada por las dos delegaciones negociadoras: el Gobierno y el grupo armado de oposición Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El informe no ha revelado una "verdad histórica", pero ha identificado algunos consensos (el hecho de que una de las principales causas del conflicto son las injusticias de larga duración en las zonas rurales, la incapacidad de las fuerzas políticas de izquierda para asumir el poder político sin violencia, o también que las iniciativas de la administración del presidente Juan Manuel Santos y de las FARC han sido decisivas para entablar las negociaciones de paz) y algunas opiniones discrepantes (como los hechos que dieron origen al conflicto). Los autores han hecho hincapié en que la aportación del informe a las conversaciones de paz permite favorecer debates plurales, entender la complejidad de las responsabilidades, proveer un insumo básico para una futura comisión de la verdad, y prevenir repeticiones. Las conversaciones de paz en La Habana tienen por objeto poner fin a una guerra de 50 años que causó cerca de 7 millones de víctimas. (El Colombiano, 10/02/15; Colombia reports, 11/02/15)

La primera comisión de la Unión Africana sobre crímenes de guerra, que está investigando las atrocidades y los crímenes cometidos en Sudán del Sur por los bandos enfrentados, ha anunciado a finales de enero el aplazamiento indefinido de la publicación de su informe. El presidente de la Comisión africana sobre crímenes de guerra, el ex presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo, ha explicado que la decisión tiene como objetivo apoyar los esfuerzos en curso para alcanzar un acuerdo de paz y para formar un Gobierno de transición. La Alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, y grupos de derechos humanos como Human Rights Watch entre otros, han pedido la publicación del informe para disuadir nuevos actos de violencia contra civiles. La diplomacia de la UE también ha instado a las partes de Sudán del Sur a concluir un acuerdo de paz en marzo de 2015 a más tardar. Las facciones de Sudán del Sur del antiguo Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo de unidad en Arusha, en enero de 2015, seguido de otro acuerdo en Addis Abeba sobre la composición de un Gobierno de transición para preparar las reformas. La guerra civil, iniciada en diciembre de 2013, ha provocado la muerte de al menos 10.000 víctimas mortales y graves violaciones de derechos humanos como violaciones y matanzas de civiles por motivos étnicos. (Sudan Tribune, The Guardian, 04/02/15)