Jueces de la CPI han decidido por unanimidad poner fin a las acusaciones contra el presidente Uhuru Kenyatta. La Sala de Primera Instancia ha decidido abandonar sus procedimientos después de que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, retirara los cargos contra Kenyatta en diciembre 2014 debido a la dificultad de reunir pruebas suficientes para demostrar el caso más allá de toda duda razonable. La Sala ha señalado que si el Fiscal puede obtener nuevas pruebas suficientes, el caso podría ser abierto de nuevo. En efecto, la Sala no ha absuelto, tal y como habían solicitado sus abogados en anteriores comunicaciones, al presidente Kenyatta. El caso tampoco queda cerrado, ya que algunos procedimientos relacionados con el caso podrían ser recurridos. El caso contra Kenyatta ha sido objeto de varias polémicas, incluyendo presuntas presiones sobre testigos del caso y la no cooperación del Gobierno Keniano a las peticiones de información por un lado y por otro las acusaciones de que la fiscalía de la CPI está sesgada en contra de los dirigentes africanos. Kenyatta fue procesado por su presunta responsabilidad en la violencia posterior a las elecciones de 2007-2008, cuando cerca de 1.200 personas perdieron la vida. (ICC, 13/03/15; International Justice Monitor, 18/03/15)

The ICC has asked the UN Security Council to take the necessary measures to make Sudan comply with its obligations to arrest and surrender Sudan’s president Omar al-Bashir. The first warrant of arrest was issued in March 2009, considering that al-Bashir could be criminally responsible for five counts of crimes against humanity and two counts of war crimes during the armed conflict in Darfour. In July 2010 a second arrest warrant was issued adding three counts of genocide. But Sudan has failed to cooperate with the Court over the past six years. The ICC argues that although Sudan is not a State party to the ICC Rome Statute, it has an obligation to cooperate with the ICC under resolution 1593 (2005) which states that the Government of Sudan should cooperate fully with the Court. In December 2014 ICC prosecutor Fatou Bensouda announced the suspension of her criminal investigations of the Darfur atrocities because no progress could be made without Sudan’s cooperation and coercive pressure from the UN Security Council. Al-Bashir is the only head of state charged with genocide by the ICC. Although the investigation was launched in response to a request from the UN Security Council, it is not clear whether the UN body will support the ICC’s demands to prosecute al-Bashir. (ICC, NYT, 09/03/15)

El juez internacional en las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (CECC) Mark Harmon, ha acusado in absentia a Meas Muth, ex comandante de la Marina, de homicidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra (caso 003) y a Im Chaem, ex funcionaria de distrito del régimen de los Khmeres Rojos por crímenes contra la humanidad y homicidio (caso 004). La decisión, que sólo conduciría a una acusación formal en caso de que se recojan pruebas suficientes, no ha sido firmada por el juez camboyano del tribunal, ni tampoco remitida a la Policía. Siguiendo la política de no cooperación con estos casos anunciada por el primer ministro Hun Sen, la Policía también se ha negado a actuar para detener a los acusados. El portavoz de las CECC, Lars Olsen, ha recordado que no ha sido posible obtener una orden de arresto para los acusados, a pesar de haber sido investigados durante más de seis años. Human Rights Watch ha denunciado contundentemente la prolongada obstrucción al tribunal por parte del Gobierno de Camboya, y ha pedido a la ONU y a los donantes internacionales que retiren su apoyo a las Cámaras mientras el Gobierno camboyano no tome medidas sobre los acusados. El primer ministro Hun Sen ha justificado su no cooperación con el tribunal allegando que más acusaciones podrían llevar a una guerra civil en el país, aunque algunos relacionan su reticencia con el hecho de que muchos funcionarios de Partido del Pueblo Camboyano que lidera Hun Sen son antiguos líderes Khmeres Rojos. Desde el establecimiento del tribunal en 2006, que hasta el momento ha costado 205 millones de dólares, sólo tres personas han sido condenadas. El régimen de los Khmeres Rojos (1975-1979) causó la muerte de entre 1,4 y 2,2 millones de camboyanos y personas de otros países, mayoritariamente debido a ejecuciones extrajudiciales, tortura, hambre y enfermedades. (AFP, 03/03/15; Phnom Penh Post, 13/03/15; HRW, 22/03/15)

El Gobierno español ha anunciado que no va a extraditar a los 17 dirigentes del franquismo acusados de crímenes de lesa humanidad por la jueza argentina María Servini. La jueza Servini había apelado a la jurisdicción universal, pero el ministro español de Justicia, Rafael Català, ha argumentado que los presuntos delitos han prescrito, y que están sujetos a la Ley de Amnistía de 1977. Cuatro expertos en derechos humanos de la ONU, Ariel Dulitzky, Christof Heyns, Juan E. Méndez y Pablo de Greiff han recordado al Estado español su obligación de juzgar o extraditar a los 17 acusados, y ha lamentado que la decisión del Gobierno español niegue el derecho a la la verdad y la justicia de las víctimas y de sus familias. También han recordado al Gobierno español que los crímenes contra la humanidad no prescriben. La causa argentina es el único procedimiento judicial actualmente abierto contra los crímenes franquistas. A finales de marzo, en el Día Internacional del Derecho a la Verdad, víctimas del régimen de Franco (1939-1975) han solicitado ante el Senado saber la verdad acerca de sus familiares desaparecidos. Todos los partidos de la oposición se han comprometido a pedir la creación de una Comisión de la Verdad. No existen datos oficiales sobre el número de personas enterradas en fosas sin identificar, pero se estima que son por lo menos 100.000. (El Diario, 13/03/15; Público, 24/03/15; ONU, 27/03/15)

Un tribunal de Côte d’Ivoire ha declarado culpable de alterar la paz, de organizar bandas armadas y de socavar la seguridad del Estado a la ex primera dama Simone Gbagbo. Ha sido condenada por unanimidad a 20 años de prisión por su papel en la violencia postelectoral de 2010-2011, en que murieron más de 3.000 personas. Otros 82 altos cargos próximos a Gbagbo también han sido condenados con diferentes penas de hasta 20 años de prisión. La Corte Penal Internacional, que persigue a Simone Gbagbo por cuatro presuntos crímenes contra la humanidad, ha dicho que la sentencia del tribunal de Côte d’Ivoire no detendrá procedimientos de la CPI, dado que los crímenes perseguidos por la CPI son diferentes. Una semana después de la sentencia, que duplica la pena que pedía la fiscalía, el abogado de Gbagbo ha recurrido la sentencia. Algunas organizaciones de derechos humanos han afirmado que el juicio a Gbagbo está sesgado políticamente en favor del actual presidente Alassane Ouatara que persigue una justicia unilateral ignorando los abusos cometidos por sus propios partidarios. (DW, Reuters, 10/03/15; AP, 17/03/15)

El Grupo por Verdad y Justicia ha iniciado en marzo la definición de los procedimientos de trabajo de la Comisión por Verdad y Justicia que el presidente Tabaré Vázquez anunció el mes anterior. El así llamado Grupo por Verdad y Justicia está compuesto por el presidente y el vicepresidente del país; dos legisladores; tres representantes de las iglesias católica, judía y metodista; una representante de las comunidades afro-descendientes; y una representante de la asociación de familiares de las víctimas. El Grupo ha acordado que incluiría como parte de la Comisión a otras 20 personas, y que todos ellos trabajarían a título honorario. Las prioridades identificadas durante el actual proceso de definición son centralizar y digitalizar la información sobre los desaparecidos, recoger nueva información del Ejército, y llevar a cabo excavaciones. La asociación de familiares de las víctimas ha expresado su escepticismo con respecto a la voluntad de cooperar del Ministerio de Defensa, que, según la asociación, ha negado históricamente el acceso a la información; ha exigido el desmantelamiento del aparato de represión del Estado; y ha expresado su preocupación por la continuidad del actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, en su puesto. Otros grupos de derechos humanos también han cuestionado la composición de la comisión, destacando que sus miembros no representan a las organizaciones que han sido más activas a la hora de exigir el derecho a la verdad. Al menos 174 personas fueron desaparecidas durante la dictadura uruguaya, según la investigación de la Comisión de Paz en 2000. (El País, 13/02/15; UyPress, 26/03/15)

El Gobierno de Burkina Faso, encabezado por Michel Kafando, ha ordenado la exhumación de los restos del ex presidente Thomas Sankara, asesinado en un golpe de Estado en 1987. Los partidarios de Sankara han exigido durante años la identificación de su cuerpo, bloqueada por un tribunal durante el Gobierno anterior presidido por Blaise Compaoré. Compaoré, acusado de participar en el asesinato de Sankara, fue expulsado de la presidencia en octubre de 2014 por protestas callejeras masivas y sustituido por Kafando. El nuevo Gobierno ha dicho que se garantizarían los medios necesarios a la familia de Sankara para ayudarla a identificar el cadáver. Pero la viuda del ex líder, Miriam Sankara, ha declarado que si el cuerpo es identificado, debe hacerse por el poder judicial, y en el marco de una investigación judicial más amplia que persiga a los asesinos del ex presidente Sankara. En este mismo sentido, ya a finales del mes, el primer ministro Isaac Yacouba Zida ha anunciado haber ordenado a un tribunal militar la investigación del caso. Durante la presidencia de Thomas Sankara (1983-1987), el acceso a la educación se incrementó de 6% a 22%, unos 2,5 millones de niños fueron vacunados, miles de centros de salud abrieron y 10 millones de árboles fueron plantados. Sankara era también conocido por su austeridad personal, y por rechazar la ayuda extranjera. (BBC, Jeune Afrique, 05/03/15; All Africa, 12/03/15; 25/03/15)

En una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Ginebra, la Comisión de Investigación de la ONU sobre la República Árabe Siria ha informado de que, teniendo en cuenta que no ha sido posible que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera el caso de Siria a la CPI debido a la oposición de China y de Rusia, la Comisión piensa ahora seguir una estrategia diferente a través de fiscalías nacionales. Después de elaborar cinco listas de personas y grupos por presuntos crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria ha comenzado a compartir los nombres de los sospechosos con tres países europeos de donde provienen los presuntos autores. Dicha información será compartida si así lo solicitan por escrito las fiscalías nacionales interesadas, ya sea porque el sospechoso es un ciudadano de ese país, ya sea a través del principio de la jurisdicción universal. En cuatro años, el conflicto sirio ha causado 220.000 muertos y más de 10 millones de desplazados y refugiados. (ONU, The Guardian, 17/03/15)

La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de reparación que define los principios y procedimientos que el Fondo Fiduciario para las Víctimas (FFV) de la CPI debe seguir para garantizar la reparación en el caso Lubanga. Después de sentenciar al líder del grupo armado Force Patriotique pour la Libération du Congo (Fuerza Patriótica para la Liberación del Congo), Thomas Lubanga, a 14 años de prisión en julio 2012 por alistar y reclutar a menores de 15 años, la CPI ordenó reparaciones colectivas en agosto de 2012. La Corte ha definido ahora que las reparaciones deben ser colectivas; que todas las víctimas – y no sólo las 129 que participaron en el juicio – deben beneficiarse de las reparaciones; que los programas de reparación deben incluir medidas para reintegrar a los y las ex menores soldado en las comunidades; que las medidas deben ser sensibles al género, y que siempre que sea posible, deben respetar las prácticas culturales y tradicionales locales a menos que sean discriminatorias. La Corte también ha especificado que, a pesar de que Lubanga no fue considerado responsable de abusos sexuales, las reparaciones deben incluir estos crímenes. De acuerdo con estas directrices, el FFV ha anunciado entonces que presentará una propuesta de plan de aplicación de las reparaciones colectivas en septiembre 2015 después de consultar a las víctimas, las comunidades y otras partes interesadas. Dado que el estado actual de indigencia de Lubanga no le permite pagar las reparaciones, el FFV avanzará seis millones de euros de sus propios recursos. Esta es la primera vez en la historia de la CPI que una sentencia incluye reparaciones para las víctimas. (ICC, 03/03/15, 20/03/15; RFI, 03/04/15)

La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos han presentado su Programa de Reparación Integral de Víctimas de violaciones a los derechos humanos iniciado en febrero de 2015. El programa llegará a las 456 víctimas identificadas por la Comisión de la Verdad, creada en 2007 para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos en el país entre 1984 y 2008. Una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad fue legislar una Ley de Víctimas, que se aprobó en diciembre de 2013. El actual Programa de Reparación Integral de Víctimas se ha creado para proporcionar reparaciones materiales (reparaciones financieras proporcionadas por el Ministerio de Justicia), así como reparaciones no materiales (como la atención médica y psicológica o memoriales). El importe de las reparaciones económicas no ha sido definido todavía, pero el Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Preparatorios aprobado a finales de febrero 2015 define que las víctimas tendrán que reclamar su reparación a la oficina de la Defensoría del Pueblo. Según el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, 104 personas ya han sido atendidas. A finales de mes, el fiscal general Galo Chiriboga también ha recordado que el proceso de reparación no excluye los procedimientos judiciales, para los que se están investigando 137 casos. (Agencia de Noticias Andes, 02/03/15; El Telégrafo, 11/03/15)

En el 200 aniversario de la batalla de Waterloo, el Estado belga ha emitido una moneda de euro que recuerda el episodio en el que el Ejército belga causó grandes pérdidas a las tropas de Napoleón Bonaparte y ganaron la guerra contra Francia. El Estado francés se ha quejado de esta moneda al Consejo Europeo, argumentando que está en contra de la unidad y de la cooperación en Europa, y que podría desencadenar reacciones hostiles en Francia. Representantes belgas han argumentado que durante años la institución monetaria francesa Monnaie de París ha estado vendiendo dos monedas de euro conmemorativas en el sitio del campo de batalla que representan a Bonaparte o al león que simboliza la batalla. Poco después, el Departamento de Finanzas belga ha anunciado que retirará la moneda de dos euros, pero que creará, en cambio, una moneda no oficial de tres o cinco euros. Alrededor de 180.000 monedas de 270.000 ya habían sido fabricadas, con un coste de 1,5 millones de euros para el Estado belga. (Flandes Noticias, Le Monde, 12/03/15)

La organización de la sociedad civil que ha gestionado durante 20 años el Perm-36 ha denunciado que el museo se enfrenta a demasiada presión política, y ha anunciado su disolución. El Gulag en Perm-36, situado en lo que fue, hasta 1988, un campo de trabajo forzado, es el único museo sobre la represión política del régimen de Stalin. Pero en 2014, el Gobierno ruso creó una nueva administración del museo. Después de eso, las autoridades locales de Perm cortaron los suministros de agua y electricidad debido a facturas impagadas, y, más recientemente, tomaron el sitio y suprimieron las referencias a los crímenes estalinistas y a los presos políticos. Después del fracaso de las negociaciones con las autoridades locales sobre el contenido del lugar de memoria, el grupo no gubernamental que había gestionado el museo desde su apertura en 1992 ha decidido disolverse. En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, algunas voces han criticado el hecho de que el campamento recuerde presos que fueron nacionalistas ucranianos. Hasta 4.000 presos políticos fueron detenidos en Perm-36 bajo los Gobiernos de Stalin y Brejnev. Aunque no se conoce el número verdadero de Gulags, algunos historiadores han cifrado 17 campos. (Gulag.cz; BBC, 03/03/15; DW, 03/05/15;)

Un informe de la Comisión de Investigación sobre Sudán del Sur de la Unión Africana (AUCISS, por sus siglas en inglés) ha sido filtrado a la prensa en el último día de las conversaciones de paz en Sudán del Sur. Éste llega a la conclusión de que el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y su ex vicepresidente, Riek Machar, son responsables de masacres organizadas y de violencia a gran escala, y que por ello deberían ser expulsados del Gobierno. En enero, la propia Unión Africana (UA) anunció el aplazamiento indefinido de la publicación del informe, argumentando que su publicación podría interferir en negociaciones de paz. Múltiples organizaciones derechos humanos y organizaciones internacionales deploraron entonces la decisión, pidiendo a la UA que publicara el informe oficialmente, y que tome el liderazgo de la justicia transicional o ceda el campo a otros actores. La AUCISS tiene el mandato de investigar abusos de los derechos humanos y las violaciones en Sudán del Sur y de formular recomendaciones sobre las mejores maneras de asegurar la rendición de cuentas, la reconciliación y la sanación. Ninguno de los siete altos al fuego han logrado detener los más de 10.000 asesinatos y el desplazamiento de 1,8 millones de personas en el conflicto de Sudán del Sur, cuya última fase inició en diciembre de 2013. (The Guardian, 06/03/5; AI, 10/3/15)