En la presentación de su noveno informe sobre Libia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda ha deplorado el deterioro de la situación de seguridad en el país a causa de los asesinatos frecuentes y brutales, los ataques terroristas y las amenazas a periodistas, defensores de derechos humanos y mujeres. La fiscal agregó que la CPI podría investigar y enjuiciar nuevos casos a pesar de que son los Estados quienes tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a sus ciudadanos en primera instancia. Según lo declarado por Bensouda, aunque la oficina del Fiscal General libio sí ha cooperado con la CPI, el Gobierno libio no ha entregado a Saif al-Islam al-Gaddafi a la Corte, entre otras obligaciones no cumplidas. La fiscal ha pedido que un país con experiencia en justicia transicional se asocie con Libia para contribuir a restaurar la estabilidad y fortalecer la rendición de cuentas por crímenes de guerra, y que las autoridades libias faciliten una visita de representantes de los ayuntamientos de Misrata y Tawergha a Nueva York para reunirse y colaborar con miembros del Consejo de Seguridad. Human Rights Watch ha denunciado el grave deterioro de la seguridad, el colapso del poder judicial y el posterior estado de impunidad en el país, y ha pedido a la CPI que ejerza su mandato y amplíe sus investigaciones sobre los crímenes actuales. La organización de derechos humanos ha declarado que perseguir únicamente a los funcionarios del régimen de al-Gaddafi ya no es suficiente. (ICC, HRW, 12/05/15)

La Misión de la UE en Kosovo para el Estado de Derecho (EULEX) ha condenado a 11 ex combatientes albano-kosovares a penas de tres a 12 años de cárcel por los casos de Drenica I y Drenica II. Éstos han sido acusados de crímenes de guerra contra civiles albano-kosovares (perpetración de violencia intencionada, tratos crueles, golpes, tortura, tratos humillantes y degradantes de civiles y, para algunos de los acusados, el asesinato de un oficial de la policía serbia), entre junio y septiembre de 1998 en un centro de detención en Likovac. Entre los hombres condenados todos ex miembros del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA, por sus siglas en inglés) figuran el ex embajador de Kosovo en Albania, Sylejman Selimi, y el alcalde de Skenderaj/Srbica, Sami Lushtaku. Cientos de veteranos de la guerra de Kosovo protestaron por la sentencia contra los ex comandantes del KLA conocidos como el "grupo de Drenica", argumentando el escaso respeto del veredicto a la guerra de independencia y exigiendo la liberación de los combatientes. EULEX fue creada en febrero de 2008 para investigar los crímenes cometidos por los rebeldes albano-kosovares durante la guerra de 1998 contra Serbia. (EULEX, 27/05/15; Balkan Transitional Justice, 28/05/15; Jurist, 30/05/15)

El Tribunal Especial para el Líbano (STL, por sus siglas en inglés) ha celebrado audiencias de testigos del caso Ayyash et al, en el que cinco miembros de Hezbollah están acusados de asesinar al ex primer ministro Rafik Hariri en febrero de 2005, y del caso del periodista Karma al-Khayat del canal de comunicación Al-Jadeed TV, acusados de desacato y obstrucción a la justicia por haber publicado información sobre los testigos. En el caso Ayyash et al, el STL ha escuchado el testimonio del líder del Partido Socialista Progresista, Walid Jumblatt. Reconociendo que no dispone de pruebas para demostrar sus acusaciones, el líder druso ha afirmado que el régimen sirio de Bashar al-Assad es responsable del asesinato de Hariri. El líder no ha considerado culpables a los combatientes de Hezbollah acusados del crimen. Algunos días después, el STL ha escuchado las declaraciones de la directora ejecutiva de la organización Reporteros árabes para el Periodismo de Investigación, Rana Sabbagh, y el jefe del Consejo Nacional de Medios Audiovisuales de Líbano, Abdel-Hadi Mahfouz, en el caso al-Khayat y Al-Jadeed. Las audiencias continuarán en junio. (The Daily Star, 08, 13/05/15)

Durante tres días, diez grupos de mujeres de la sociedad civil de países balcánicos han celebrado en Sarajevo un "Tribunal de Mujeres sobre crímenes de guerra contra las mujeres durante la guerra en la ex Yugoslavia en la década de 1990". El así llamado Tribunal no está destinado a pronunciar veredictos, sino a nombrar los principales crímenes cometidos contra las mujeres y a sus autores. Las audiencias han incluido el testimonio de 38 testigos, quienes compartieron sus experiencias relacionadas con la guerra contra la población civil, los crímenes sexuales en la guerra, la violencia militar y la neutralización de las mujeres, la violencia étnica y los crímenes socioeconómicos contra las mujeres. Es la primera vez que se constituye un tribunal de mujeres en Europa. Se considera que el conflicto armado en los Balcanes fue el primer escenario en el que se utilizó la violación como arma de guerra entre otros delitos sexuales, y se estima que alrededor de 20.000 mujeres fueron violadas. (Mujeres de Negro, WeNews, 09/05/15)

Los gobiernos de Indonesia y Timor Leste han puesto en marcha un programa para facilitar el reencuentro de familiares separados durante décadas por el conflicto armado en Timor Leste (1975-1999). Estas reuniones de 15 indonesios de entre 24 y 50 años se han llevado a cabo en la capital de Timor Leste, Dili, con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con varias organizaciones no gubernamentales de Indonesia y de Timor. La iniciativa fue recomendada por la Comisión de la Verdad y la Amistad de Indonesia (KKP, por sus siglas en inglés) y por la Comisión de Timor Leste para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación (CAVR, por sus siglas en portugués). La CAVR (2001-2005) concluyó que al menos 102.800 civiles murieron durante el conflicto. Alrededor de 18.600 de ellos fueron ilegalmente asesinados o desaparecidos y al menos 84.200 personas murieron de hambre y enfermedades. La KKP (2005-2008), establecida por el Gobierno de Indonesia para descubrir la verdad tras el referéndum por la independencia de Timor en 1999, documentó violaciones graves de los derechos humanos en Timor Leste. El mayor número de homicidios ilegítimos y desapariciones ocurrió en 1999. Sin embargo, el número de niños y niñas timorenses a quien se dijo que sus padres habían muerto es desconocido. Muchos de ellos fueron ingresados en orfanatos indonesios o adoptados por miembros de las Fuerzas Armadas, mientras que sus padres eran expulsados de Timor. (The Jakarta Post, 19/05/15)

La Instance Vérité et Dignité de Túnez (Comisión de Verdad y Dignidad) ha iniciado las audiencias a los testimonios de las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por los regímenes posteriores a la independencia del país (1955-2013) durante la presidencia de Habib Bourguiba, de Zeineddine Ben Ali, y del gobierno posterior a la revolución tunecina del 2011. La presidenta de la Comisión, Sihem Bensedrine, ha informado que el proceso durará dos años, y que las y los testigos narrarán su testimonio a puerta cerrada. Desde diciembre de 2014, la Comisión ha recibido la solicitud de 12.700 víctimas de todas las afiliaciones políticas y de diferentes períodos de participar como testigo. Creada por la Ley de Justicia Transicional de diciembre de 2013, la Comisión está compuesta por juristas, activistas de derechos humanos, representantes de asociaciones de víctimas y miembros de la oposición contra Ben Ali. Su misión es, en un período de 5 años, identificar a los perpetradores de abusos a los derechos humanos, obligarles a rendir cuentas y rehabilitar y reparar a las víctimas. Para ello examinará la responsabilidad del Estado en el asesinato en masa a partir del movimiento de independencia de 1955, la tortura y el encarcelamiento de unos 30.000 sindicalistas, estudiantes, opositores de izquierdas e islamistas y las bajas que se produjeron durante la revolución de la Primavera Árabe de 2011 en la que 338 personas murieron y 2.147 resultaron heridas. (Al-Huffington Post, 27/05/2015)

La Comisión Nacional de Reconciliación y Reformas (CNRR) se ha entrevistado con personas de todo el país para conocer sus inquietudes y sus sugerencias de reforma. En su recorrido se ha reunido con sindicalistas, empresarios, comerciantes, miembros de comunidades religiosas, medios de comunicación, y una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil. Los actores consultados han pedido una mejor gobernanza y un mayor cuidado del bien común, y que la Comisión investigue no sólo los delitos políticos, sino también los económicos. Paralelamente, la Comisión ha abierto un proceso participativo de un mes a través de su página web en que la ciudadanía puede enviar sus sugerencias para fomentar la reconciliación o para promover reformas electorales, constitucionales, políticas, institucionales, financieras y de los medios. Creada en diciembre de 2014, la Comisión ha sido criticada por no abordar la cuestión de la "verdad". El limitado mandato de la Comisión impide documentar crímenes políticos y económicos, hecho que provocó la renuncia del jurista y miembro de la Comisión Siaka Coulibaly en marzo de 2015. En ese momento, Coulibaly advirtió que sin documentar el pasado, no se puede conseguir la verdad ni la justicia, y la reconciliación no será genuina. En paralelo a las tareas de la Comisión, sin embargo, el gobierno ha iniciado la exhumación del cuerpo del ex presidente Thomas Sankara, asesinado en 1987 para contribuir a identificar su cadáver. (CNRR, 18, 22/05/15; Le Pays, 15/05/15; BBC, 25/05/15)

La organización israelí Breaking the Silence que supervisa el respeto del Derecho Internacional Humanitario ha publicado más de 60 testimonios de soldados israelíes que participaron en la guerra de julio y agosto de 2014 en Gaza. El informe concluye que la infraestructura civil fue destruida sin justificación operativa, y que los militares israelíes emplearon una política de fuego indiscriminado. La organización ha calificado las reglas de combate del enfrentamiento armado como las más permisivas que ha visto nunca, hecho que muestra un cambio drástico en las normas de combate del Ejército Israelí (IDF, por sus siglas en inglés), como el principio de utilizar la mínima cantidad de fuerza necesaria. Por estas razones, Breaking the Silence ha pedido una investigación externa. Las IDF han respondido que se comprometen a investigar todas las alegaciones creíbles, pero ha agregado que la organización se ha negado a proporcionar prueba alguna de las acusaciones. Poco después, Amnistía Internacional ha publicado un informe que concluye que el grupo armado palestino Hamas ha cometido abusos graves contra los derechos humanos como secuestros, torturas y ejecuciones sumarias y extrajudiciales contra población palestina con impunidad durante el mismo período. AI también ha culpado al grupo armado y la administración palestina de facto de no perseguir los homicidios ilegítimos y otros abusos. La violencia armada del verano de 2014 causó la muerte de 2.189 palestinos, entre los cuales más de 1.486 civiles y de 67 soldados israelíes, entre ellos seis civiles. (BBC, 05/04/15; AI, 26/05/15)

Amnistía Internacional ha publicado un informe centrado en Alepo que concluye que los civiles de esa ciudad están sufriendo atrocidades inimaginables. Estas violaciones, que incluyen bombardeos aéreos de los barrios civiles por el Ejército gubernamental utilizando artillería contra la población civil y la detención arbitraria y la tortura por ambos bandos, constituyen crímenes de guerra y, en algunos casos, crímenes de lesa humanidad. Basado en más de 100 entrevistas, el informe culpa al gobierno sirio de infligir castigos colectivos a través del uso de bombas de barril, unos explosivos improvisados tan imprecisos que su uso es considerado por algunos como un crimen de guerra de facto, y disparados contra mercados públicos, mezquitas, escuelas, hospitales y centros médicos en Alepo. AI destaca que a pesar de que ambas partes están violando el derecho internacional humanitario, es el Ejército de Bashar al-Assad el responsable de la gran mayoría de crímenes. Se estima que más de 3.000 civiles y 35 combatientes han muerto en ataques con bombas de barril en la provincia de Alepo entre enero de 2014 y marzo de 2015, y que más de 12.000 civiles han sido asesinados en Siria desde el año 2012. Por todo ello, pide remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional (CPI) y que la comisión independiente de investigación de la ONU pueda acceder sin obstáculos en el país. (AI, 04/05/15; The Guardian, 05/05/15)

Coincidiendo con la conmemoración del 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y en medio de tensiones políticas entre Rusia y Alemania por el conflicto armado de Ucrania, el presidente alemán, Joachim Gauck, ha reconocido en el antiguo campo de prisioneros de guerra Stalag 326 Senne que los nazis fueron despiadados con los soldados soviéticos encarcelados. Gauck también inauguró una placa de piedra grabada con los nombres de 900 soldados soviéticos muertos que han sido identificados. Días después, el Gobierno alemán ha anunciado que destinará 10 millones de euros como reparación a los presos soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. Ofrecerá 2.500 euros a cada uno de los 4.000 prisioneros de guerra soviéticos que permanecen vivos en concepto de reparación individual. Alemania capturó a 5,3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, y entre el 50 y el 60% de ellos murieron de hambre, enfermedad y agotamiento, convirtiéndose en el segundo mayor grupo de víctimas de los nazis, después de los presos judíos. La medida ha contado con la oposición de algunos políticos del partido Democratacristiano alemán, que han argumentado que la responsabilidad de ayudar a los ex soldados del Ejército soviético es de Rusia, ya que Alemania pagó la indemnización debida a los Estados de la antigua unión soviética en la década de 1990. Organizaciones de apoyo a las víctimas, por su lado, han deplorado que la compensación llega demasiado tarde, ya que quedan muy pocos sobrevivientes. (DW, 06/05/15; DW, Wall Street Journal, 20/05/15)

El Parlamento de Albania ha aprobado una ley que permite el acceso parcial los archivos del servicio secreto comunista (Sigurimi) y crea una comisión para gestionar las solicitudes de información. La ley de "Derecho a la información en los archivos de la antigua Seguridad del Estado de la Antigua República Popular Socialista de Albania", aprobada después de un largo debate de 25 años, reconoce el derecho de solicitar la información, pero únicamente a las personas nombradas en los archivos, o a quienes colaboraron con la policía secreta. La ley también prohíbe que los 10.000 ex funcionarios del Sigurimi asuman el poder público, una medida que no incluye al 20% de la población que colaboró con la policía secreta entre 1944 y 1990. La ley permite tener más acceso a la información sobre las personas desaparecidas, pero no prevé la exhumación sistemática de fosas y tumbas. Se estima que el régimen comunista de Enver Hoxha (1944-1991) causó la muerte de al menos 6.000 opositores, deportó a más de 100.000 personas a campos de trabajo, y capturó a 4.500 presos políticos. (Japan Times, 01/05/15; Balkan Insight, 06/05/15)

Cerca de 22.000 personas han asistido a la ceremonia para conmemorar la liberación por las tropas estadounidenses del campo de trabajos forzados de Mauthausen. Después de una ceremonia ecuménica, el canciller austríaco Werner Faymann ha reconocido la complicidad de Austria con el régimen nazi, calificando la existencia del campo de Mauthausen como uno de los capítulos más horribles de la historia de Austria. El obispo Michael Bunker hizo hincapié en la importancia de no olvidar nunca a las víctimas, y recordó formas actuales de trabajo forzoso en todo el mundo como el trabajo infantil, la prostitución y la trata de personas. Algunos de los 50 sobrevivientes presentes en la ceremonia compartieron también su testimonio de vida en el campo. Alrededor de 200.000 prisioneros y prisioneras de toda Europa -judíos, prisioneros de guerra, presas y presos políticos, objetores de conciencia y otros opositores y opositoras al régimen nazi de Hitler- se vieron obligados a construir aviones de guerra y otros equipos militares en el campo. Más de 100.000 murieron allí. Mauthausen fue el campo más grande de Austria, el que estuvo en funcionamiento durante más tiempo (1938-1945), y el último campo de concentración en ser liberado en la Segunda Guerra Mundial. En abril, otras conmemoraciones tuvieron lugar para recordar la liberación de otros campos de Alemania, como Bergen-Belsen, Ravensbrück y Sachsenhausen. (CTVNews, 06/05/15; DW, 10/05/15)

En el sexto aniversario del fin de la guerra civil entre el Ejército y el grupo armado de los Tigres Tamiles (LTTE, por sus siglas en inglés), el presidente Maithripala Sirisena ha subrayado la necesidad de verdad y justicia sobre el conflicto, y se ha comprometido a promover la reconciliación. En un acercamiento simbólico, el gobierno dejó de referirse a la celebración como "Día de la Victoria" para llamarlo "Día del Recuerdo", y conmemorar los sacrificios hechos por todos los muertos en el conflicto, independientemente de su origen étnico. Por otra parte y por primera vez desde el final de la guerra, se ha permitido que los políticos tamiles celebraran un acto en memoria de los civiles muertos en la playa de Mullivaayikkal en el norte del país, donde tuvo lugar la batalla final. Aunque muchas personas agradecen el acercamiento del presidente recién elegido, Human Rights Watch ha puesto en duda la autenticidad del gobierno, que, sólo unos días antes de la conmemoración, ha promovido al mayor general Jagath Dias implicado en abusos durante la guerra cuando desempeñaba el cargo de Jefe del Estado Mayor, uno de los puestos del Ejército más altos. Entre 80.000 y 100.000 personas murieron en el conflicto armado en Sri Lanka. Entre ellas, alrededor de 40.000 civiles tamiles podrían haber sido asesinadas en las últimas semanas. (HRW, 17/05/15; BBC, 19/05/15)

El Gobierno de Malí y algunos de los movimientos políticos y militares del país han firmado el acuerdo de paz de Bamako basado en el "Acuerdo por la Paz y la Reconciliación en Malí desde el Proceso de Argel", firmado en febrero de 2015, en la capital de Argelia. El acuerdo incluye medidas de justicia transicional como el establecimiento de una comisión internacional de investigación para investigar los crímenes de guerra y la integración de los combatientes de grupos de oposición en el Ejército maliense. Aunque la firma del acuerdo de paz es una oportunidad para fortalecer la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación (CVJR) establecida en enero de 2014, el hecho de que el principal grupo armado de oposición, la Coordinación del Movimiento de Azawad (CMA), se haya negado a firmarlo, y también los continuos enfrentamientos armados en el país representan un reto para la futura aplicación del Acuerdo. El conflicto armado en Malí iniciado en 2012 ha causado muchos crímenes, cometidos tanto por el Ejército estatal como por los rebeldes. (Insight on Conflict, 22/05/15)