El juicio a Bosco Ntaganda, ex jefe adjunto del Estado Mayor de las Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, FPLC) entre otros grupos combatientes, se ha iniciado en la CPI. El acusado se ha declarado inocente de todos los cargos, y ha negado ser un "Terminator", como su apodo indica, sino un soldado que protege a los civiles. Ntaganda está acusado de 13 cargos de crímenes de guerra y cinco delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos en Ituri, RD Congo, en el período 2002-2003. Los presuntos crímenes incluyen el reclutamiento de menores soldados, la violación y la esclavitud sexual forzada, el asesinato y el desplazamiento de población civil. Durante varios meses, la Fiscalía presentará pruebas de los presuntos delitos con un gran número de documentos, videos y testigos, y seguidamente la Defensa presentará sus pruebas, incluyendo testigos. No menos de 2149 víctimas, entre ellas 297 ex menores soldado, también participarán en el juicio presentando sus opiniones y preocupaciones a través de sus representantes legales. Después de evadir durante siete años la orden de detención que la CPI emitió en 2006, Ntaganda se entregó en la embajada de EEUU en Rwanda en 2013, y que desde entonces se encuentra bajo custodia de la CPI. El suyo es el caso de más envergadura y más complejo en la historia de la Corte. En un caso distinto, la Sala de Apelaciones de la CPI ha rechazado por unanimidad reducir la condena de Thomas Lubanga a 14 años de prisión por los crímenes de guerra cometidos al reclutar y alistar a menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en hostilidades. (BBC, 02/09/15; BBC, ICC, 03, 22/09/15)

Ahmad al-Mahdi al-Faqi, miembro del grupo armado Ansar Ed-dine, ha sido entregado a la CPI por Níger de acuerdo con una orden de arresto emitida por la Corte a mediados de septiembre de 2015. Al-Mahdi al-Faqi está acusado del crimen de guerra por destruir nueve mausoleos y una mezquita en Tombuctú, Mali, entre el 30 de junio y el 10 de julio de 2012. Durante la ocupación de Tombuctú del grupo armado en 2012-2013, los combatientes destrozaron y destruyeron mezquitas y mausoleos, y quemaron decenas de miles de manuscritos antiguos de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerada el centro de aprendizaje islámico entre los siglos XIII y XVII. Los mausoleos destruidos eran santuarios dedicados a los padres fundadores de Tombuctú, que habían sido venerados como santos por la mayoría de los habitantes de la ciudad, una práctica considerada blasfema por los islamistas. El tribunal ha verificado la identidad de Al-Mahdi al-Faqi e informado sobre los cargos en su contra, y se ha fijado la fecha de enero 2016 para una audiencia de confirmación de los cargos. Este es el primer caso relativo a la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos que juzga la CPI. (BBC, 26/09/15; ICC, 26, 30/09/15)

El juicio de Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu y Narcisse Arido, acusados de delitos contra la administración de justicia, se ha iniciado en la CPI. Después de la lectura de los cargos, de los que los acusados se han declarado inocentes, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha iniciado la presentación de pruebas. Los acusados están siendo juzgados por presuntos delitos de alteración de testimonios de testigos del caso de Jean-Pierre Bemba Gombo, entre finales de 2011 y el 14 de noviembre de 2013, como influir sobre los testigos de manera corrupta, ofreciéndoles dinero e instrucciones para proporcionar falsos testimonios, presentando pruebas falsas y falsos testimonios en la CPI. En este otro caso, Jean-Pierre Bemba Gombo está acusado de dos cargos de crímenes contra la humanidad y tres cargos de crímenes de guerra presuntamente cometidos en la República Centroafricana entre 2002 y 2003, cuando era líder del grupo armado Mouvement de Libération du Congo (Movimiento de Liberación del Congo, MLC). (CPI, 29/09/15)

Tras la confirmación forense de la muerte de Okot Odhiambo, subcomandante de la Lord’s Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor, LRA por sus siglas en inglés), la CPI ha puesto fin a su juicio. La decisión se produce tras la recepción de información y de material proporcionado por la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, confirmando que el cadáver exhumado por las autoridades de Uganda en marzo de 2015 a través de pruebas de ADN, es el de Okot Odhiambo y certificando que murió el 27 de octubre del 2013 en la República Centroafricana. Odhiambo fue presuntamente responsable de dos cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato y esclavitud) y ocho cargos de crímenes de guerra (asesinato, dirigir intencionalmente un ataque contra población civil; pillaje, y reclutamiento forzado de menores). (ICC, 10/09/15)

El Gobierno ha decidido desactivar uno de los dos Tribunales de Crímenes Internacionales de Bangladesh (ICTB, por sus siglas en inglés) existentes, según el ministro de Justicia Anisul Huq. La decisión tiene que ver con varios motivos, entre ellos la reducción del número de casos pendientes en los tribunales de crímenes de guerra. Según anunciado, los jueces del tribunal no funcional pasarán a trabajar en el Tribunal Superior, pero que, en caso de ser necesario, podría reanudar su funcionamiento. El Gobierno actual, encabezado por la Liga Awami, formó el primer tribunal de guerra (ICT-1) en marzo de 2010 para mantener la promesa electoral del partido de juzgar a las personas que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad durante la guerra de liberación en 1971. El segundo tribunal (ICT-2) se creó en 2012 para agilizar los procedimientos judiciales de presuntos criminales de guerra. Las cámaras del ICTB se crearon para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de 1971 que llevó a la independencia de Bangladesh de Pakistán, en la que murieron entre 500.000 y tres millones de personas. Desde su creación, los dos tribunales han juzgado 21 casos. El ICTB ha sido acusado repetidamente de no cumplir con las normas jurídicas internacionales, y de utilizar los juicios como herramientas partidistas. (The Daily Star, 04/09/15; BDnews24, 15/09/15)

La periodista libanesa Karma Khayat y el canal de televisión que ella preside, al-Jadeed TV, han sido absueltos de la acusación de obstrucción a la justicia por el Tribunal Especial para el Líbano (STL, por sus siglas en inglés). Khayat y al-Jadeed TV habían sido acusados de revelar detalles sobre testigos protegidos-clave en el caso Ayyash et al.. Khayat alegó que la lista de nombres que publicó había sido censurada, lo que hacía imposible identificar a los testigos. Aunque Khayat ha sido absuelta de la acusación principal, el juez Nicola Lettieri la ha multado con 10.000 euros por desacato al tribunal, al no haber eliminado la información acerca de los supuestos testigos confidenciales del caso Ayyash et al. del sitio web de al-Jadeed TV, tal y como ordenó el STL el 10 de agosto de 2012. Respaldado por la ONU, el STL está investigando el asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri, junto con otras 21 personas en un ataque bomba en febrero de 2014 en Beirut. En este caso, conocido como Ayyash et al., cinco hombres han sido acusados de este homicidio y están siendo juzgados in absentia. (BBC, STL, 18/09/15; STL, 29/09/15)

Las Cámaras Extraordinarias Africanas han recibido una querella para juzgar al actual presidente de Chad, Idriss Déby, por parte del abogado senegalés Mbaye Jacques Ndiaye, a iniciativa de algunas víctimas, por genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y tortura. El abogado ha argumentado que el ex presidente Hissène Habré, que está siendo juzgado por las Salas Especiales, no puede ser considerado el único responsable de las atrocidades cometidas durante su presidencia, y que el actual presidente Déby era jefe del Ejército en aquél momento. Unos días más tarde, el ex presidente de Chad, Hissène Habré, acusado de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y tortura, ha comparecido ante las Cámaras Extraordinarias con sede en Senegal. En la reanudación del juicio, Habré ha interrumpido de nuevo el juicio, increpando al secretario judicial que leía los cargos en su contra. El juicio a Habré fue suspendido en julio de 2015 por su falta de cooperación hasta que se nombró a un nuevo equipo legal. Conocido como el "Pinochet africano" Habré es presuntamente responsable de ordenar la tortura y el asesinato de hasta 40.000 personas durante la dictadura que dirigió en 1982-1990. (Africa Review, 03/09/15; BBC, 07/09/15)

Un tribunal de Toulouse, Francia, ha rechazado la petición de extradición de Joseph Habyarimana, un ciudadano Rwandés acusado de cargos de complicidad en genocidio y crímenes contra la humanidad. Se le acusa de incitación al asesinato de monjes cuando trabajaba en un convento en 1994, mediante la identificación de los religiosos tutsis a los asesinos, de participación en la masacre de refugiados y actos de genocidio en el centro de salud de un convento. El tribunal ha declarado negar la extradición porque sus acciones no eran consideradas crímenes en el momento en que se cometieron. La asociación de víctimas francesa Collectif des Partes Civiles du Rwanda (Colectivo de partes civiles de Rwanda, CPCR) ha lamentado la decisión, señalando que Francia es casi el único país que rechaza la extradición a Rwanda de personas sospechosas de contribuir al genocidio. Las relaciones políticas entre Rwanda y Francia han sido tensas durante años debido a las decisiones judiciales francesas en relación con los presuntos autores del genocidio de Rwanda que residen en el país galo, y por la relación que en el momento del genocidio tenía el Gobierno francés con el Gobierno de Rwanda. El genocidio de Rwanda provocó la muerte de 800.000 personas, en su gran mayoría tutsis asesinados por hutus, y también sectores moderatos hutus asesinados por redicales de la comunidad hutu.. (RFI, CPCR, Jurist, 15/09/15)

Después de cuatro años de juicio, un tribunal alemán ha condenado al líder del grupo armado Ignace Murwanashyaka a 13 años de prisión y a su adjunto Straton Musoni a ocho años de cárcel por complicidad en crímenes de guerra. Habían sido acusados de 26 cargos de crímenes de lesa humanidad y 39 cargos de crímenes de guerra, incluyendo ordenar a las milicias que cometieran asesinatos en masa y violaciones en la región de Kivu en la RD Congo, cuando lideraban las Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda, FDLR) entre enero 2008 y noviembre de 2009. Ambos fueron arrestados en Alemania en 2009 y juzgados desde el año 2011. Los fiscales han argumentado que Murwanashyaka y Musoni dirigían actividades del FDLR desde la distancia a pesar de vivir exiliados en Alemania durante más de 20 años. La defensa ha argumentado que, como políticos, no tuvieron influencia en el brazo armado del FDLR que cometió las atrocidades. Este es el primer juicio bajo el Código de Crímenes contra el Derecho Internacional, aprobado en 2002, que permite a los tribunales alemanes enjuiciar casos graves donde quiera que se hayan cometido. Rwanda había dicho previamente que buscaría la extradición de Murwanashyaka por presuntos crímenes cometidos durante la década de 1990, en el genocidio de Rwanda y posteriormente. La presencia de las FDLR en el este de RD Congo agravó el conflicto armado que ha causado cerca de cinco millones de muertes. (DW, BBC, 28/09/15)

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el Gobierno de Sri Lanka ha anunciado medidas de justicia transicional, como la creación de una comisión de verdad y reconciliación, independiente y creíble, para investigar las atrocidades cometidas durante la guerra civil (1983-2009). El Ministro de Asuntos Exteriores, Mangala Samaraweera ha anunciado que Sudáfrica asesorará al Gobierno sobre cómo compensar a las víctimas y cómo rastrear a personas desaparecidas. Samaraweera también ha explicado que la comisión incluiría un Compassionate Council (Consejo Compasivo) para acompañar a las víctimas en el descubrimiento de la verdad, formado por líderes de las principales religiones de la isla. Otras propuestas incluyen la creación de un mecanismo de justicia penal, y una oficina para las reparaciones de guerra para conceder indemnizaciones a las víctimas. Las medidas se han anunciado justo antes de la publicación de un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que insta a Sri Lanka a hacer frente a la impunidad en los crímenes de guerra. Inicialmente previsto para ser publicado en marzo, el informe fue entonces aplazado por seis meses para conceder la oportunidad al nuevo Gobierno del país, nombrado en agosto de 2015, de cooperar con los investigadores. El informe concluye que podrían haberse cometido crímenes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y de género y desapariciones forzadas, entre otros actos ilícitos, y recomienda la creación de un tribunal especial híbrido para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por todas las partes. Representantes tamiles también han rechazado la propuesta del Gobierno de una comisión de la verdad, expresando su preocupación de que los crímenes no se investiguen adecuadamente, y exigiendo en cambio una investigación internacional. Entre 80.000 y 100.000 personas murieron en el conflicto armado en Sri Lanka entre el Gobierno y el grupo armado de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE). Alrededor de 40.000 civiles tamiles podrían haber sido asesinados en las últimas semanas de la guerra. (Canal NewAsia, 14/09/16; The Guardian, Adaderana, 15/09/15; 16/09/15 Jurist; ACNUDH A/HRC/30/61)

El New York Times ha informado que el Pentágono ordenó al Ejército estadounidense que permitiera los abusos sexuales de miembros de la policía y las milicias afganas a chicos jóvenes, incluso cuando estos abusos ocurrieran en bases militares. Basándose en las explicaciones de numerosos soldados y del padre de un marine muerto en 2012, el periódico estadounidense afirma que el abuso sexual de los menores, llamado bacha baazi (“juego con niños”), supone un problema en Afganistán desde hace tiempo, especialmente entre dirigentes armados en las zonas rurales. El New York Times interpreta que esta política de no intervención de EEUU pretende mantener buenas relaciones con las unidades de la policía y las milicias afganas entrenadas por EEUU para combatir a los talibanes. El comandante de la OTAN en Afganistán, el general John Campbell, ha negado la acusación en un comunicado, diciendo que no existe dicha política y que se espera de las tropas estadounidenses en Afganistán que denuncien cualquier sospecha de abuso sexual a la cadena de mando. Las tropas canadienses de la OTAN formularon acusaciones similares en 2008. (NYT, 20/09/15; BBC, 22/09/15)

Las Fuerzas Armadas de Argentina han publicado 700 documentos que revelan que los soldados argentinos fueron torturados y maltratados por sus superiores durante la guerra de Malvinas/Falklands en 1982. De acuerdo con esa información, muchos soldados de bajo rango se enfrentaron a duras condiciones como estar mal equipados y ser torturados por sus superiores. Algunos soldados sufrieron simulacros de ejecución y puestos maniatados en fosas comunes. Durante años, un grupo de soldados argentinos ha intentado llevar a los responsables de estos abusos ante la justicia, pero en febrero 2015 la Corte Suprema argentina dictaminó que el estatuto de limitaciones había expirado. Este grupo está ahora apelando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido en las Islas Malvinas (según el nombre argentino)/Islas Falklands (según el nombre británico), causó la muerte de 900 soldados (655 argentinos y 255 británicos), entre abril y junio de 1982. (Jurist, 15/09/15, BBC, 24/09/15)

Días antes del primer aniversario de la tragedia, el Gobierno ha anunciado que nombrará a un fiscal especial para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014. Poco después, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con las familias de desaparecidos de los estudiantes. Grupos de derechos humanos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (AIEPI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han advertido de mala praxis en la investigación, como presuntas coacciones a testimonios de testigos, el hecho de que el análisis de ADN de los cuerpos se haya considerado no concluyente, o que se analizara un sólo cuerpo de 43, mientras que el paradero de los otros 42 sigue siendo desconocido, y la posible destrucción de pruebas clave. El problema de las desapariciones está muy extendido en México, como informó el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas en febrero de 2015. Tal informe denunció que las autoridades a menudo están involucradas en las desapariciones de sus ciudadanos. El registro nacional oficial cuenta que hay 25.000 personas desaparecidas. HRW denuncia que, según las estadísticas oficiales, desde 2014 nadie ha sido condenado por una desaparición forzada cometida después de 2006. (HRW, 06/09/15; Jurist, 25/09/15)

En el primer viaje oficial a Jamaica de un alto representante del Reino Unido en 14 años, varios actores han reclamado al primer ministro británico, David Cameron, que reconozca la responsabilidad de su país en la esclavitud en el Caribe, y proporcione reparaciones. Dirigiéndose al Parlamento de Jamaica, Cameron ha reconocido las heridas de la esclavitud, pero se ha negado a pedir disculpas oficialmente, y a proporcionar compensación alguna. En cambio, ha prometido invertir 25 millones de libras para construir una prisión en Jamaica para enviar criminales extranjeros a cumplir sus condenas en el Caribe, y un paquete de desarrollo de 300 millones de libras para el Caribe, en forma de subvenciones a proyectos de infraestructuras. El Gobierno del Reino Unido ha sido criticado por negarse a pedir disculpas y compensar el daño, y en especial porque en 1833, Gran Bretaña pagó el equivalente a 17.000 millones de libras en concepto de indemnización a 46.000 propietarios de esclavos británicos por la pérdida de “propiedad humana”. Otros representantes británicos del Partido Laborista opositor han expresado su disposición a pedir disculpas, como su líder, Jeremy Corbyn, o el alcalde de Londres en ese momento, Ken Livingstone, que dirigió una ceremonia de disculpa en 2007 en nombre de la capital por su papel en la esclavitud. De acuerdo con registros de buques, unos 12,5 millones de personas fueron transportadas como esclavas desde África a América y el Caribe desde el siglo XVI hasta que el comercio fue prohibido en 1807. Algunos cálculos han estimado que las compensaciones deben ascender a miles de millones de dólares. (Euronews, 29/09/15; BBC, 30/09/15)

Los Archivos Centrales chinos han publicado una colección de 327 confesiones de soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial. La publicación tuvo lugar en un acto en el Museo de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa en Beijing, en conmemoración del 70 aniversario de la victoria de China en la Segunda Guerra Mundial. Tales declaraciones revelan atrocidades cometidas por soldados japoneses, incluyendo la Masacre de Nanjing, la masacre de los prisioneros de guerra y asesinato de civiles. Un total de 1.109 confesiones se obtuvieron de los soldados japoneses detenidos en Fushun, en la provincia nororiental china de Liaoning y Taiyuan, en la provincia septentrional china de Shanxi después de la fundación de la República de China en 1949. Una segunda parte de las confesiones se dará a conocer a finales de 2015. (Xinhua, 16/09/15)

Una ceremonia de inauguración de un monumento en conmemoración del asesinato y la tortura de kenianos durante el levantamiento Mau Mau ha tenido lugar en el parque Ururu, en Nairobi, Kenya. Miles de veteranos han asistido a la ceremonia cantando canciones de guerra de la época de la independencia. El monumento incluye una escultura que representa a un luchador armado recibiendo comida de una mujer, reconociendo el papel que hombres y mujeres jugaron en la liberación de Kenya, según el escultor, Kevin Oduor. El monumento Mau Mau es parte de un acuerdo de 2013 por el que el Gobierno británico acordó pagar 30 millones de dólares en compensación a los veteranos Mau Mau, incluyendo el proyecto del monumento. El Alto Comisionado del Reino Unido en Kenya, Christian Turner, expresó su sincero pesar por los abusos cometidos bajo el régimen colonial. Daniel Leader, representante legal de los 5.228 veteranos Mau Mau víctimas que presentaron la demanda de indemnización, ha dicho que el monumento representa la primera disculpa por el Gobierno del Reino Unido por los abusos. El movimiento independentista Mau Mau contra el Gobierno británico comenzó en 1952. La Comisión de Derechos Humanos de Kenya estima que hasta 90.000 kenianos fueron ejecutados, torturados o mutilados, y que otras 160.000 personas fueron encarceladas en campos de detención. (BBC, 09/12/15)

La Comisión Nacional de Reconciliación y Reformas (NRRC, por sus siglas en inglés) ha presentado oficialmente su informe de recomendaciones al primer ministro Isaac Yacouba Zida. El informe, de 500 páginas, reconoce alrededor de 145 asesinatos políticos desde 1960. Sus recomendaciones incluyen: la reforma del Código Electoral y la Constitución; la reducción del número de miembros del Gobierno; el establecimiento de un Consejo Nacional de Seguridad y de un Consejo Superior de Defensa; disolver el Regimiento de Seguridad Presidencial utilizado actualmente para la seguridad personal del Presidente; la creación de un Consejo Superior de Reconciliación y Unidad Nacional para hacer frente a la reparación de los 5,064 casos recogidos que describen abusos políticos o económicos; y la creación de un grupo de jueces de instrucción para investigar asesinatos, y un grupo de abogados defensores para ayudar a las víctimas. Los miembros de la NRRC han anunciado que se reunirán con los candidatos a las elecciones para asegurarse de que se tienen en cuenta sus recomendaciones para la campaña electoral prevista antes de final del 2015. Tales elecciones deben terminar con el período de transición iniciado después de que el ex presidente Compaoré fuera expulsado de su presidencia tras 35 años en octubre de 2014, aunque el golpe de estado de una semana de duración cometido a mediados de septiembre podría desestabilizar el proceso de transición. (Lefaso.net, RFI, 15/09/15)

El Presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londono, alias Timochenko, se encontraron en La Habana, Cuba, para hacer público el acuerdo de una Jurisdicción Especial para la Paz como parte de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Aunque los detalles del acuerdo no han sido publicados, ha trascendido que se crearán tribunales especiales para juzgar presuntos crímenes relacionados con el conflicto armado, hayan sido cometidos por grupos armados o por las fuerzas del Estado. También está previsto otorgar una amnistía por delitos políticos y conexos, de la que quedan excluídos, de acuerdo con los estándares internacionales, los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, entre otros delitos graves. Las penas dependerán del grado en que los acusados reconozcan la verdad y responsabilidad, y además de un componente de restricción de libertades y derechos, deberán tener función restaurativa y reparadora del daño causado, como el desminaje o la substitución de cultivos de coca. Para las FARC, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días después de la firma del Acuerdo Final. La amnistía podría beneficiar a más de 15.000 miembros de las FARC. Inmediatamente después de la firma del acuerdo, el Fiscal General ha ordenado suspender todas las imputaciones de cargos contra la cúpula de las FARC. El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inlgés) ha celebrado el acuerdo, recordando que el éxito o fracaso de las medidas de justicia transicional dependerán del grado de complejidad de las medidas, y de los recursos que se dediquen a poner en práctica las medidas acordadas. Dada la magnitud del daño del conflicto armado Colombiano, el ICTJ ha recomendado que se establezca un mecanismo para priorizar los casos más significativos. Iniciado en 1965, el conflicto armado colombiano ha causado la muerte de 220,000 personas, y más de cinco millones de personas desplazadas. (El Tiempo, El Espectador, BBC, 24/09/15; ICTJ, 25/09/15)