Después de concluir los exámenes preliminares, la Fiscal General de la CPI, Fatou Bensouda, ha solicitado autorización para iniciar una investigación por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos del 1 de julio al 10 de octubre de 2008 en Georgia. Los exámenes preliminares han concluido que entre 51 y 113 civiles de la comunidad georgiana de Osetia del Sur fueron asesinados como parte de una campaña de desplazamiento forzado llevada a cabo por las autoridades de facto de Osetia del Sur, que entre 13.400 y 18.500 personas de la comunidad georgiana fueron desplazadas por la fuerza y que más de 5.000 viviendas pertenecientes a personas de la comunidad georgiana fueron destruidas, resultando en una disminución de al menos 75% de la población de origen georgiano en esa región. La fiscal también denuncia que las fuerzas armadas, tanto las de Osetia del Sur como las de Georgia mataron e hirieron a personal de las fuerzas de mantenimiento de la paz desplegadas en la zona. Por todas estas razones, la Fiscal concluye que existen motivos razonables para creer que ambas partes involucradas en el conflicto armado cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Argumentando que las autoridades nacionales competentes ya no están investigando estos delitos, Bensouda ha pedido a la CPI que investigue esos crímenes. Los jueces deben entonces decidir si autorizan una investigación o no. En una guerra que duró cinco días en agosto de 2008, Georgia lanzó una operación militar en Osetia del Sur, pero el Ejército ruso retomó el área rápidamente y empujó las tropas de Georgia ganando parte del territorio georgiano. (ICC, BBC, 13/10/15)

Tras los exámenes preliminares sobre la situación en Honduras, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha concluido que el caso no cumple con los requisitos para abrir una investigación. La Oficina de la Fiscalía inició exámenes preliminares en noviembre de 2010 para evaluar los presuntos delitos cometidos tras el golpe de Estado que derrocó al ex presidente José Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. En el informe final acerca de los exámenes preliminares, que analiza el período entre el golpe de Estado y la toma de posesión del presidente Lobo que le sucedió el 27 de enero de 2010, la Fiscalía ha identificado violaciones de derechos humanos como: de siete a 12 casos de asesinato debido al uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad durante manifestaciones o en controles de seguridad; seis a más de 20 asesinatos selectivos de miembros de la oposición al régimen de facto, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos; y encarcelamiento y otras formas de privación grave de la libertad a entre 3.000 y 4.500 personas. Sin embargo, según argumenta la Fiscal, tales violaciones no constituyen crímenes de lesa humanidad en el sentido del Estatuto de Roma, y por lo tanto no entran en el ámbito de actuación de la CPI. Por estas razones, Bensouda ha anunciado que la CPI cerrará su intervención en Honduras. (ICC; La Prensa, 28/10/15)

La CPI ha instado al Gobierno de la India que detenga al presidente sudanés Omar al-Bashir, quien visita el país junto con otros 40 líderes africanos por una cumbre Indo-Africana. Al-Bashir está acusado de cinco cargos de crímenes contra la humanidad, dos cargos de crímenes de guerra y tres cargos de genocidio en Sudán. La Fiscal Fatou Bensouda ha argumentado que a pesar de que la India no es miembro de la CPI, tiene obligaciones ligadas a la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2005, que levantó la inmunidad de al-Bashir según el derecho internacional e instó a todos los Estados a cooperar plenamente con la CPI. A pesar de la petición de la CPI, el presidente al-Bashir fue recibido por el ministro de Exteriores indio Vijay Kumar Singh. En junio de 2015, al-Bashir tuvo que huir de Sudáfrica, donde asistió a una cumbre de la Unión Africana después de que un tribunal dictaminara que debía ser detenido. La Corte Penal Internacional ha emitido dos órdenes de detención para al-Bashir, en 2009 y 2010. Human Rights Watch había pedido a la India que no diera la bienvenida a al-Bashir, recordando que muchos países han evitado su visita. (HRW, 19/10/15; Jurist, Reuters, 27/10/15; Sudan Tribune, 28/10/15)

Familiares de víctimas de la masacre de Srebrenica de julio de 1995 han presentado una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Gobierno holandés, alegando que no juzgó correctamente a tres comandantes holandeses de los cascos azules Thomas Karremans, Robert Franken, y Berend Ooterveen. Los tres oficiales fueron acusados de no proteger a civiles bosnios que trabajaban en el cuartel general holandés en Potocari, cerca de Srebrenica, cuando ocurrió la masacre. En abril de 2014, un tribunal militar holandés sentenció que los tres acusados no son responsables de las muertes de los civiles bosnios. Pero la acusación particular afirma ahora que las autoridades holandesas cometieron fallos de procedimiento, ya que no abrieron una investigación criminal, sino que únicamente leyeron registros históricos en el seno de un tribunal militar para juzgar a los tres comandantes de mantenimiento de la paz holandeses. (Balkan Transicional Justice, 26/10/15)

El Tribunal Supremo español ha confirmado el sobreseimiento del caso contra 40 oficiales ruandeses acusados de genocidio, torturas, terrorismo y crímenes contra la humanidad en Rwanda y Congo tras el genocidio de 1994. La decisión sostiene que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no permite juzgar al acusado. En febrero de 2014, el Parlamento español aprobó dicha Ley, reduciendo las competencias de Jurisdicción Universal de los tribunales españoles para perseguir casos de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero. De acuerdo con esta ley de 2014, los tribunales españoles sólo pueden enjuiciar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero si el sospechoso es un ciudadano español, un extranjero residente en España o un extranjero cuya extradición ha sido denegada por España. La anterior Ley, aprobada en 1985, consideraba la jurisdicción universal en cualquier caso. El Tribunal Supremo ha revocado las órdenes de detención de los oficiales, pero ha recordado que podrían ser procesados en caso de entrar en territorio español. En 2005, el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en los Grandes Lagos presentó la denuncia contra los oficiales ruandeses, entre ellos el actual presidente Paul Kagame. En 2008, el juez español Fernando Andreu emitió una orden de arresto en su contra. Alrededor de 800.000 personas murieron en el genocidio de Rwanda, en su gran mayoría tutsis asesinados por hutus, y una minoría de hutus moderados asesinados por hutus radicales. (EFE, 07/10/15; BBC, 08/10/15; Jurist, 09/10/15)

En el 156º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha llevado a cabo una sesión sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en Ecuador. Organizaciones de derechos humanos tales como la Fundación para el Debido Proceso Legal, Open Society (Sociedad Abierta) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) han solicitado a la CIDH que inste al Gobierno ecuatoriano que restablezca la Comisión de la Verdad y que aplique la Ley para la Reparación de las Víctimas que permitiría la investigación penal de los casos. Según las organizaciones de derechos humanos, de los 136 casos documentados por la Comisión de la Verdad, a sólo 6 han sido llevados a los tribunales, y ninguno de ellos ha sido sentenciado. Además, de los 347 expedientes abiertos por la Oficina del Defensor del Pueblo para reparar a las víctimas, ninguno ha recibido compensación alguna. La Comisión de la Verdad terminó su mandato en 2010, pero ni la fiscalía ni los resultados esperados de reparación se han abordado, según estas organizaciones. (La República, 14/10/15)

La Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación (CVJR) ha iniciado oficialmente sus tareas después de nombrar a todos sus miembros. Con 15 miembros en total, su presidente fue designado en agosto de 2015, mientras que los demás 14 miembros han sido elegidos a mediados de octubre. La Asociación de Malí para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional han deplorado que su composición sobre-representa a los grupos armados en detrimento de los grupos de víctimas. En una conferencia de prensa, el Presidente de la CVJR, Ousmane Oumarou Sidibé, ha declarado que los miembros de la Comisión trabajarán para reconstruir el tejido social, la convivencia pacífica y el pacto social. A tal fin, en primer lugar visitarán las tres regiones del norte y Mopti, donde tuvieron lugar los episodios más duros de violencia. Allí se entrevistarán con las víctimas y definirán un plan de acción antes de visitar otras regiones donde la violencia también se ha extendido. La CVJR fue creada en enero de 2015 para investigar violaciones graves de los derechos humanos y promover el diálogo con la comunidad. (Malijet, 29/10/15)

Tras su exhumación en mayo de 2015, una autopsia del supuesto cuerpo del ex presidente Thomas Sankara y 12 soldados sepultados con él revela que el ex líder fue asesinado por más de una docena de balas en todo su cuerpo. Las autopsias de los otros 12 soldados enterrados con él en 1987 revelan que tenían una o dos heridas de bala. Sankara fue asesinado en octubre de 1987 en un golpe de estado, y muchos creen que fue asesinado por la persona que luego se convirtió en presidente, Blaise Compaoré. Durante años, los partidarios Sankara han exigido la identificación de su cuerpo, pero la exhumación fue bloqueada por un Tribunal durante la presidencia de Blaise Compaoré. El derrocamiento de Compaoré de la presidencia en octubre 2014 durante las protestas callejeras masivas abrió la puerta a nuevas investigaciones. (BBC, 13/10/15; France24, 14/10/15)

Dos meses después de la firma del acuerdo de paz en Sudán del Sur, la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur (AUCISS, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe que concluye que tanto el Gobierno como la oposición armada cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el conflicto armado en Sudán del Sur (2013-2015). La Comisión documenta que ambas partes han cometido actos de asesinato, violación y violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos así como ataques contra trabajadores humanitarios, pero no ha encontrado motivos suficientes para creer que se cometió un genocidio. La Comisión también ha anunciado que entregará al Consejo de Seguridad y Paz de la Unión Africana una lista altamente confidencial de presuntos perpetradores. El informe también enumera una serie de recomendaciones que incluyen: reformas institucionales; la creación de un tribunal independiente "híbrido" por la UA y de una comisión de la verdad; la provisión de un fondo de reparaciones; y el lanzamiento de un proceso nacional para conformar una narrativa conjunta en torno a un nuevo Sudán del Sur. La AUCISS fue creada por la Unión Africana en diciembre de 2013 e inició sus investigaciones en marzo de 2014 con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos y otros abusos durante el conflicto por todas las partes a partir del 15 de diciembre de 2013. Aunque su informe se completó en octubre de 2014, la UA decidió retrasar su publicación temiendo que sus conclusiones pudieran socavar las conversaciones de paz. (The Guardian, Jurist, 28/10/15)

Un informe publicado por Amnistía Internacional revela que la Administración Autónoma liderada por el partido político kurdo sirio Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) llevó a cabo una ola de desplazamiento forzado y de demoliciones de viviendas en agosto de 2015 que podrían constituir crímenes de guerra. Según el informe, en su lucha contra el apoyo al grupo armado Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés), la Administración Autonómica kurda ha demolido deliberadamente viviendas de civiles, en algunos casos arrasando y quemando pueblos enteros, y ha forzado el desplazamiento de sus habitantes - en su mayoría árabes y turcomanos, y en mucha menor medida kurdos - sin motivos militares justificables. La organización ha recogido pruebas de lo que parece ser una campaña deliberada y coordinada de castigos colectivos a la población civil en los pueblos capturados previamente por IS o sospechosos de apoyar al grupo. AI ha pedido a la coalición liderada por EEUU, que apoya la Administración Autonómica kurda, que tome una posición pública de condena de tales desplazamientos forzosos y demoliciones ilegales, y que garantice el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Representantes kurdos han reconocido el hecho, pero han afirmado que se trata de casos aislados. La guerra civil de Siria inició en 2011, y ha causado movimientos masivos de desplazamiento forzado que han afectado a 7.600.000 desplazados internos y casi 4 millones de refugiados de una población total de 22 millones de personas. (Jurist, 13/10/15)

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado una resolución para crear una comisión de investigación dirigida por el ex presidente de Yemen en el exilio Abdu Rabbu Masour Hadi para investigar crímenes de guerra internacionales en el país. La iniciativa ha sido criticada por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que sostienen que la comisión debe ser internacional, teniendo en cuenta que las autoridades yemeníes no han investigado los crímenes cometidos desde 2011. EI director adjunto de Oriente Medio y África del Norte de AI, James Lynch, ha denunciado que la resolución adoptada fue redactada por Arabia Saudita, que está liderando la coalición militar que interviene en el país, y que es presuntamente responsable de crímenes de guerra. Debido a esa autoría, la resolución no menciona la coalición internacional que ataca Yemen. En septiembre de 2015, varios organismos de la ONU de derechos humanos, como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los asesores especiales de la ONU sobre la prevención del genocidio y la responsabilidad de proteger, instaron a la creación de un mecanismo internacional de investigación. HRW ha denunciado la doble moral de EEUU, que apoya comisiones internacionales de investigación para Siria, Corea del Norte, Libia, Sri Lanka, y Eritrea, pero no para investigar crímenes en los que Arabia Saudita podría estar involucrada. Más de 5.600 personas, entre ellas 2.300 civiles, han muerto y cerca de 1,5 millones de personas han sido desplazadas en el conflicto armado de Yemen (2011-en curso). Se considera que las fuerzas de la coalición internacional son responsables de dos tercios de las muertes de civiles, y también que han utilizado bombas de racimo prohibidas producidas o diseñadas en EEUU. (AI, HRW, 02/10/15; Jurist, 04/10/15; BBC, 27/10/15)

El Congreso chileno ha aprobado pagar un millón de pesos (unos 1.450 dólares) a los presos políticos y víctimas de tortura de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en concepto de reparación. Mientras que algunas de las víctimas de Pinochet - como personas exiliadas y torturadas, y sus familiares - ya han recibido pagos de reparación de diferentes tipos, este último sería un pago único general para todas las víctimas reconocidas. Según lo declarado por el Ministerio de Gobierno, la medida refleja la obligación del Estado de ofrecer reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. La presidenta Michelle Bachelet, ella misma víctima de la tortura, propuso la medida en julio. En 2003, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que investigó los abusos del régimen, reconoció a más de 38.000 personas como víctimas: 34.000 encarceladas y torturadas, 3.200 personas muertas y 1.200 desaparecidas por el régimen de Pinochet. (AFP, 20/10/15; Portal del Sur, 21/10/15)

Un nuevo informe publicado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) valora los desafíos para implementar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de Colombia aprobada en el año 2011. De acuerdo con el ICTJ, la complejidad de dicha Ley, que trata de cumplir con todas las normas internacionales, no tiene suficientemente en cuenta la capacidad real de implementar tales principios. Al mismo tiempo, hace notar que las reparaciones tienen que enfrentar la realidad de que las víctimas están fuertemente afectadas por la pobreza: el 80% de las víctimas viven en situación de pobreza y el 35,5% de pobreza extrema, realidades que triplican las tasas de pobreza media del país. Por estas razones, el ICTJ recomienda que la política de reparaciones se base en la simplicidad y la practicidad, mediante la adopción de políticas socioeconómicas que se centren en inversiones estratégicas (como la creación de empleo, salud y educación) en lugar de la prestación de servicios básicos. El centro también señala la necesidad de reconocer la responsabilidad del Estado, con el fin de que las compensaciones tengan un verdadero efecto reparador. El programa estatal de reparaciones ha registrado más de 7,6 millones de víctimas, entre ellas 260.000 casos de muertes, 45.000 de desapariciones forzadas y millones de casos de desplazamientos forzados. (ICTJ, 19/10/15)

Señalando que la respuesta internacional a la violencia sexual en tiempos de guerra se centra mayoritariamente en criminalizar y castigar a los autores de una violación, pero olvidando la reintegración de las víctimas de abuso sexual y de sus hijos en sus comunidades, un informe del Centro Internacional para la Justicia (ICTJ) pide medidas de reparación para éstas. Según el informe, las violaciones de madres no se abordan ni se reconocen desde un inicio, lo que lleva a la privación de sus derechos y a la marginación a lo largo de generaciones, mientras que la comunidad a menudo culpa a los niños, niñas y a sus madres por el abuso sexual. Para abordar estas cuestiones, el ICTJ pide al Gobierno de Uganda que reconozca oficialmente los daños a estas víctimas; que proporcione una reparación específica, como el acceso a la tierra para los niños rechazados; que se aclare la verdad sobre cómo y por qué ocurrieron violaciones, y que apruebe el proyecto de Política Nacional de Justicia Transicional. En el conflicto armado entre el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) y el Gobierno de Uganda (1996-2006), se estima que el LRA ha secuestrado a 66.000 niños y niñas menores de edad para servir como soldados o esclavas sexuales. Las tropas del Gobierno también están acusadas de haber cometido delitos graves y violaciones de derechos humanos, incluida la violación. (ICTJ, 27/10/15)

Las autoridades indonesias han obligado a los organizadores del Ubud Writers and Readers Festival (Festival de Escritores y Lectores Ubud), el principal festival literario del país, a cancelar eventos vinculados a la masacre de 1965. Las autoridades amenazaron con revocar los permisos de todo el Festival. La fundadora y directora del festival, Janet DeNeefe, ha expresado su extrema decepción por tener que cancelar los eventos. Al menos 500.000 personas murieron en Indonesia después de un intento de golpe de estado comunista en 1965. Los presuntos miembros y simpatizantes del Partido Comunista, que contaba con cerca de tres millones de miembros, fueron perseguidos, torturados y asesinados. El Presidente Joko Widodo, elegido en 2014, prometió que el Estado investigaría los hechos, pero los grupos de derechos humanos consideran se ha avanzado poco. (BBC, 24/10/15)

Coincidiendo con el día nacional de memoria de las víctimas del dictador soviético Joseph Stalin, las autoridades rusas han inaugurado un nuevo museo en Moscú dedicado a los millones de personas que fueron confinados en los campos de trabajo soviéticos de 1930 hasta 1950. En la ceremonia, se leyeron miles de nombres de víctimas cerca de la antigua base de la policía secreta de la KGB. El museo de cuatro pisos muestra los efectos personales de prisioneros del Gulag, las dimensiones de las celdas, y las puertas originales de campamentos como Magadan, Anadyr y Vorkuta. Un mapa de Rusia muestra las ubicaciones de estos campamentos, y los visitantes pueden observar cerca de 100 entrevistas recientemente grabadas con testimonios de descendientes de las víctimas. En marzo de 2015, el museo del Gulag Perm-36 ubicado en Siberia y gestionado por grupos de la sociedad civil cerró sus puertas denunciando presiones de las autoridades locales acerca de su contenido. Se estima que 20 millones de personas murieron durante el régimen de Stalin. (AFP, BBC, 30/10/15)

El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ha publicado un informe sobre cómo abordar la investigación de antecedentes de los miembros de las instituciones de seguridad, como parte de los mecanismos para la reforma del sector de seguridad. De Greiff reconoce que estas investigaciones se enfrentan a retos difíciles relacionados como la oposición política, la manipulación o las complicaciones operativas. Aún así sostiene que proceder a la tales investigaciones puede hacer contribuciones significativas a los procesos de transición, como el reconocimiento de las víctimas; el fomento de la confianza cívica; la integración social o la reconciliación; el fortalecimiento del Estado de Derecho; y ayudar a desmantelar las redes criminales. El Relator Especial recomienda tomar medidas como iniciativas para redefinir el papel de la Policía, del Ejército y de los Servicios de inteligencia; el fortalecimiento de la supervisión y el control de las instituciones de seguridad civil; la racionalización de estas instituciones de acuerdo con las evaluaciones de riesgos bajo control público; la reducción de la jurisdicción militar a faltas disciplinarias únicamente; y la eliminación de las prerrogativas militares como "poderes tutelares”. (ACNUDH, 21/10/15, A/70/438)

El Gobierno colombiano y el grupo armado de oposición Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han decidido sobre las medidas, si se llega a un acuerdo final en las negociaciones, para encontrar, localizar, identificar y devolver los restos de personas desaparecidas. El Gobierno y las FARC, con la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, compartirán información para recuperar los restos de los muertos de las fosas comunes sin marcar y localizar los que siguen vivos. Una unidad especial se creará a tal efecto. El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) ha acogido con satisfacción la decisión, y ha recomendado que, en la aplicación de esas medidas, las partes se inspiren de experiencias anteriores como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Oficina de la Fiscalía, y los esfuerzos de la sociedad civil. Durante las negociaciones, el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ha anunciado también que las FARC dejarán su entrenamiento militar. Se estima que entre 45.000 y 60.000 personas siguen desaparecidas. (BBC, EFE, 18/10/15; ICTJ, 21/10/15)