La CPI ha transferido a Thomas Lubanga Dyilo y a Germain Katanga a una prisión en la RD Congo para cumplir sus penas respectivas. La decisión fue tomada a principios de mes, teniendo en cuenta que tanto Lubanga como Katanga habían expresado su preferencia por cumplir sus sentencias en la RD Congo. La CPI ha recordado que su encarcelamiento estará sujeto a la supervisión de la Corte y que deberá ser coherente con las normas internacionales que rigen el tratamiento de reclusos. Lubanga fue condenado en julio de 2012 a 14 años de prisión por crímenes de guerra (reclutar a menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades). Dado que ha estado en el centro de detención de la CPI de La Haya desde marzo de 2006, permanecerá en prisión en la RD del Congo durante seis años más. Katanga fue condenado en mayo de 2014 a 12 años de cárcel por un cargo de crimen de lesa humanidad (asesinato) y cuatro cargos de crímenes de guerra (asesinato, ataque a la población civil, destrucción de bienes y pillaje) cometidos en febrero de 2003 durante el ataque al pueblo de Bogoro, Ituri, en la RD Congo. En noviembre de 2015, la Cámara de Apelaciones de la CPI decidió reducir su condena y ponerlo en libertad en enero de 2016. Esta es la primera vez que la CPI ha designado un Estado para que ejecute las penas de prisión. (ICC, 19/12/15)

En el Caso 003, las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC, por sus siglas en inglés) han acusado al ex comandante de la Marina de los Khmeres Rojos, Meas Muth, de cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad (asesinato, exterminio, esclavitud, encarcelamiento, tortura, persecución y otros actos inhumanos); infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 (homicidio intencional, sufrimiento grave y deliberado o lesiones graves, tortura y detención ilegal de civiles), y violaciones del Código Penal camboyano de 1956 (homicidio premeditado). Los crímenes fueron presuntamente cometidos en varios lugares, incluidos centros de seguridad, campos de trabajo y de ejecución. Muth ha comparecido voluntariamente para escuchar los cargos en su contra. En diciembre de 2014, las Cortes emitieron una orden de arresto, pero la policía camboyana se había negado a detenerle. En marzo de 2015 fue acusado in absentia. El régimen de los Khmeres Rojos (1975-1979) causó la muerte de entre 1,4 y 2,2 millones de personas camboyanas y de otros países, la gran mayoría debido a ejecuciones extrajudiciales, tortura, hambre y enfermedades. (ECCC, Jurist, 14/12/15; Cambodia Daily, 15/12/15)

De acuerdo con 23 organizaciones de derechos humanos de la República Centroafricana (RCA) e internacionales, el Gobierno de transición, la ONU y los donantes deben intensificar sus esfuerzos para establecer un Tribunal Penal Especial en el país. El Gobierno de transición ha conseguido algunos avances, como facilitar un edificio para las primeras investigaciones del Tribunal, preparar algunos decretos necesarios para el funcionamiento de la corte, y concretar puestos de trabajo para la contratación del futuro personal de la corte. La ONU también ha apoyado este proceso mediante el envío de un equipo de expertos para evaluar las necesidades logísticas y financieras del Tribunal y mediante la elaboración de un plan para apoyar su puesta en marcha. Según las organizaciones, sin embargo, el sistema judicial de la RCA sigue siendo demasiado débil para investigar y enjuiciar delitos relacionados con el conflicto armado, y por tanto debe hacer más esfuerzos para poner fin a la impunidad. Para ello recomiendan: Conceder funciones a un Comité directivo ya existente para que defina una visión común del Tribunal Penal Especial y para que oriente en las medidas necesarias para conseguir que el Tribunal entre en funcionamiento; Buscar financiación; Contratar expertos internacionales; y Cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI), que también está llevando a cabo investigaciones en la RCA, pero que probablemente procese a un número limitado de presuntos criminales. Para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos en la RCA, el Gobierno de transición aprobó una ley en junio de 2015 que establece un Tribunal Penal Especial dentro del sistema judicial nacional, con personal nacional e internacional, para investigar y enjuiciar los crímenes más graves cometidos en el país desde 2003, incluidos los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. (AI, HRW, FIDH, 23/12/15)

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) ha dado a conocer las órdenes de detención contra tres personas involucradas en el juicio de Vojislav Šešelj: Petar Jojić, Jovo Ostojić y Vjerica Radeta. Se acusa a los dos abogados de la defensa y al colaborador de Šešelj de amenazar, intimidar, ofrecer sobornos de 500 euros, o de interferir con dos testigos para evitar que testifiquen en el juicio contra Šešelj. Las órdenes de detención contra los tres acusados fueron emitidas de forma confidencial en enero de 2015, pero no han sido ejecutadas por Serbia hasta la fecha. El ex político Vojislav Šešelj está acusado de nueve cargos por inducir a personas serbias a perseguir a otras comunidades durante las guerras de Croacia y Bosnia en la década de 1990. Varios incidentes han retrasado este controvertido juicio, como el tratamiento de cáncer de Šešelj, su posicionamiento de no regresar voluntariamente a La Haya después de su tratamiento, o sus declaraciones nacionalistas radicales en prensa. El veredicto de Šešelj estaba previsto para octubre de 2013, pero se pospuso después de que uno de los jueces fuera apartado por presunta parcialidad. Las nuevas órdenes de detención indican que el caso probablemente vaya a prolongarse durante un tiempo prolongado. En un caso diferente, la Cámara de Apelaciones del TPIY ha ordenado la reapertura del juicio a Jovica Stanišić y Franko Simatović, dos oficiales serbios acusados de crímenes de guerra y que fueron absueltos en mayo de 2013 al no encontrar pruebas suficientes para inculparles más allá de toda duda razonable. La Cámara de Apelaciones ha concluido ahora que hubo errores de procedimiento y ha ordenado un nuevo juicio. (TPIY, 01/12/15; Balkan Transitional Justice 02/12/15; Jurist, 04/12/15; 15/12/15)

El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) ha organizado una celebración en su sede en Arusha, Tanzania, con motivo de su clausura. Desde su creación en 1994, el Tribunal ha imputado a al menos 93 acusados, de los cuales 61 han sido condenados; 14 absueltos; diez enviados a Rwanda para ser juzgados; tres murieron; a dos se les retiraron los cargos y otros tres fueron trasladados al Mecanismo para el Tribunal Penal Internacional (MICT, por sus siglas en inglés), que tiene un mandato corto para terminar el trabajo del TPIR. Ocho de los acusados siguen en libertad y uno ha sido arrestado este mes en la RD Congo. La mayoría de los acusados eran altos funcionarios gubernamentales, jefes militares, empresarios, sacerdotes y periodistas, e incluyen representantes de alto rango, como el ex primer ministro Jean Kambanda, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Augustin Bizimungu, y el ex ministro de Defensa, Théoneste Basogora. El TPIR ha sido el primer Tribunal de la ONU no permanente del mundo. Se creó en 1994 para hacer frente a los crímenes internacionales y ha contribuido significativamente a la lucha contra la impunidad en el país y al desarrollo del derecho internacional en relación al genocidio, incluyendo la violación como una de sus formas. Su trabajo ha sido particularmente difícil, puesto que al ser creada antes del establecimiento de la CPI, la jurisprudencia internacional era todavía insuficiente. La organización Ibuka, que agrupa a los supervivientes del genocidio, ha expresado su frustración por el fracaso del TPIR para cooperar con los sobrevivientes, por el deficiente tratamiento a los testigos, por algunos de los fallos del Tribunal, por la negativa del Tribunal a conceder a los sobrevivientes acceso completo a alguna documentación del TPIR, y por el hecho de que no se haya creado un Fondo Fiduciario Internacional para reparar a los supervivientes del Genocidio como se había acordado previamente. Human Rights Watch también ha criticado que muy pocos miembros del Frente Patriótico Ruandés, incluido el actual presidente Paul Kagame, hayan sido procesados. Otros mecanismos han contribuido a la justicia transicional en Rwanda, como los controvertidos Tribunales Gacaca para fomentar la reconciliación y el enjuiciamiento por Tribunales en Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza bajo el principio de jurisdicción universal. (New Times, 02/12/15; El País, 26/12/15)

A principios de mes, el fiscal del Tribunal Militar, el coronel Sita Sangare, ha imputado al general Gilbert Diendéré, comandante de la Guardia Presidencial en 1987, por complicidad en el asesinato en 1987 del ex presidente Thomas Sankara. Diendéré ya estaba en prisión por su participación en un intento de golpe de Estado en el país en septiembre de 2015. A finales de diciembre, el Tribunal Militar ha emitido una orden de detención internacional contra el ex presidente Blaise Compaoré por los mismos cargos. El líder revolucionario Thomas Sankara gobernó el país desde 1983 hasta que fue asesinado en 1987 junto con otros 12 comandantes. Después del golpe de 1987, Compaoré gobernó el país hasta que fue obligado a renunciar después de protestas en las calles en octubre de 2014. La renuncia de Compaoré ha abierto la puerta a que se investigue la muerte de Sankara, incluida la exhumación de su cuerpo en octubre de 2015. El ex presidente Compaoré, que ha estado en el exilio en Côte d’Ivoire desde octubre de 2015, ha negado las acusaciones. Paralelamente, el análisis de ADN de los supuestos restos del cuerpo de Sankara, exhumados en mayo de 2015 junto con otros 12 cadáveres, no ha sido capaz de certificar la existencia de ADN. El análisis de los restos, que no ha permitido concluir que el cuerpo exhumado es el de Sankara, se llevó a cabo por un laboratorio francés. (France24, 07/12/15, Jurist, 08/12/15, 22/12/15; Jeune Afrique, AP, 21/12/15)

Un juez francés ha emitido, y después retirado una orden de detención contra el portavoz de la Asamblea Nacional de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro. Michel Gbagbo, el hijo del ex presidente de Côte d’Ivoire, acusó a Soro en 2012 de secuestrarlo y torturarlo después de su padre, Laurent Gbagbo, fuera capturado. Michel Gbagbo presentó la acusación contra Soro en un Tribunal en Francia debido a su ciudadanía francesa. La orden de detención fue emitida en la primera mitad de diciembre, cuando Soro se encontraba en París, Francia, para asistir a la cumbre climática COP21 de la ONU, pero se retiró de inmediato teniendo en cuenta que Soro estaba en una misión oficial en Francia, y por tanto tenía inmunidad diplomática. Soro es una de las pocas personas del bando del conflicto del actual presidente Ouattara que se enfrenta a una investigación, mientras que cientos de partidarios de Gbagbo han sido investigados por la violencia post-electoral en 2010. Unas 3.000 personas murieron en el conflicto violento de cinco meses que estalló entre partidarios de Gbagbo y de Ouattara después de la derrota electoral de Gbagbo. (Le Monde, 08/12/15; BBC, 09/12/15)

Las autoridades de la RD Congo han arrestado a Ladislas Ntaganzwa, ex alcalde de Nyakizu, Rwanda, acusado de nueve cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad, por la presunta organización de la masacre de miles de tutsis en varios lugares, por orquestar violaciones y otras violencias sexuales cometidas contra mujeres, por hacer discursos pidiendo la eliminación de los tutsis en la región y por facilitar la matanza de refugiados tutsis. Ntaganzwa es uno de los nueve sospechosos de genocidio de Rwanda fugitivos, tanto que el Departamento de Estado de EEUU, bajo el Programa de Crímenes de Guerra, ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares a cambio de información que pudiera conducir a su detención. Inicialmente asumido por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR), con sede en Arusha, Tanzania, su caso fue transferido a Rwanda en 2012 por el Mecanismo para el Tribunal Penal Internacional (MICT, por sus siglas en inglés), que continúa con la labor del TPIR. Los otros ocho fugitivos de genocidio ruandés buscados por el TPIR-MICT que permanecen a la fuga son: Félicien Kabuga, Augustin Bizimana, Protais Mpiranya, Fulgence Kayishema, Phineas Munyarugarama, Aloys Ndimbati, Charles Ryandikayo, y Charles Sikubwabo. (AFP, 10/12/15; Le Monde, 14/12/15)

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha publicado su informe final "Honrando la Verdad, Reconciliando para el Futuro", que concluye que el sistema de escuelas residenciales de Canadá supone un genocidio cultural. El informe de 4.000 páginas, que durante seis años ha recogido testimonios de más de 300 comunidades, pone de relieve serias preocupaciones por los niños, niñas y jóvenes las naciones originarias, inuit y métis, que están sobre-representados en las cárceles y el sistema de bienestar infantil de Canadá, con una tasa de mortalidad superior a la del resto de la población, y de los cuales muchos han sido enterrados en tumbas anónimas. El informe también señala que menos de 50 ex funcionarios de escuelas residenciales han sido condenados por abuso sexual o físico de estudiantes indígenas, mientras que 37.951 supervivientes han presentado reclamaciones de indemnización; y que a pesar de que se causó un daño sustancial al alumnado mestizo que asistió a las escuelas residenciales, la población mestiza ha sido excluida del Convenio relativo a las Escuelas Residenciales Indias. El proceso de reconciliación debe, por lo tanto, abordar esta omisión. Después de la presentación del informe, el primer ministro Justin Trudeau ha aceptado plenamente las responsabilidades del Gobierno y se ha comprometido a aplicar todas las recomendaciones del informe, empezando por una investigación gubernamental para investigar la desaparición y el asesinato de mujeres indígenas, la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el compromiso de trabajar, junto con líderes indígenas, en un marco de reconciliación nacional. Un informe-resumen publicado por la Comisión en junio de 2015 efectuó 94 recomendaciones. De 1874 a 1996, 150.000 niños aborígenes fueron secuestrados de sus familias e inscritos por la fuerza en 132 internados administrados por iglesias cristianas, donde muchos sufrieron abuso físico sistemático y violaciones de sus derechos culturales. (CBC News, 14/12/15; BBC, 16/12/15)

Autoridades croatas han recogido los restos de 56 cuerpos de una fosa común junto al cementerio municipal Gornje Seliste para analizar su ADN. Representantes de la Comisión de Serbia para las Personas Desaparecidas y de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (de Bosnia) estuvieron presentes durante la semana de exhumación. Las familias serán invitadas dentro de tres o cuatro meses para identificar los restos. Se cree que se trata de cuerpos de civiles serbocroatas y de soldados muertos después de la Operación Tormenta, lanzada por el Ejército croata en agosto de 1995 durante el conflicto armado en Croacia (1991-1995). Después del ataque, 600 personas, en su mayoría civiles serbios ancianos, fueron asesinadas; 20.000 edificios fueron quemados; y más de 200.000 personas serbias tuvieron que huir del país. Tras el conflicto armado unas 1.500 personas siguen desaparecidas. En agosto de 2015, las ceremonias para conmemorar los 20 años de la Operación Tormenta provocaron un nuevo choque entre los antiguos actores enfrentados, con declaraciones nacionalistas radicales, especialmente por la parte croata, incluyendo declaraciones de odio. (Balkan Transitional Justice 12/02/15, 31/12/15; B92, 09/12/15)

Los Gobiernos de Japón y Corea del Sur han llegado a un acuerdo histórico para resolver la cuestión de las llamadas "mujeres de confort", mujeres sometidas a la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial. En virtud del acuerdo, el Gobierno japonés se compromete a disculparse y a aceptar la "profunda responsabilidad" de Japón en el caso, y a pagar 1.000 millones de yenes (8,3 millones de dólares) a un fondo de víctimas de Corea del Sur; Corea del Sur se compromete a considerar que el agravio está saldado definitivamente, y también a estudiar la posibilidad de retirar una estatua que representa las "mujeres de confort" erigida en el año 2011 por activistas frente a la embajada japonesa en Seúl. Ambas partes se abstendrán de criticarse mutuamente en relación a este tema. En noviembre de 2015, la presidenta surcoreana, Park Geun-hye, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, habían mantenido un encuentro oficial en Seúl, Corea, en el que acordaron resolver la disputa. Hasta ahora, Japón había argumentado que ya reparó a las víctimas al normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países y al proporcionar más de 800 millones de dólares en ayuda económica y préstamos a Corea del Sur en 1965, y mediante el reconocimiento de su responsabilidad en un comunicado de 1993 por el entonces jefe de gabinete Yohei Kono. En 1995 también se creó un fondo para las víctimas durante diez años, aunque el dinero provenía de donaciones privadas y no del Gobierno japonés. Se estima que hasta 200.000 mujeres, mayoritariamente provenientes de Corea, pero también de China, Filipinas, Indonesia y Taiwán, fueron esclavizadas sexualmente por Japón durante la 2ª Guerra Mundial. Sólo 46 "mujeres de confort" siguen vivas en Corea del Sur, pero muchas mujeres han reclamado durante años una indemnización y una disculpa más contundente con manifestaciones semanales frente a la embajada japonesa en Seúl. Pocos días después del acuerdo, el presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, también ha pedido reparaciones. (BBC, 28, 29/12/15)

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), el organismo encargado de examinar la aplicación de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha expresado su preocupación por el fracaso del Gobierno de Timor Leste de adoptar leyes que garanticen la reparación integral de las sobrevivientes de violación y otras formas de violencia sexual ocurridas durante la ocupación indonesia (1975-1999) y el referéndum de independencia de 1999. Reconociendo el esfuerzo de establecer un Programa de curación de las sobrevivientes, el Comité expresa su preocupación de que las supervivientes de violencia sexual sigan sufriendo por el estigma social y el ostracismo y de que los proyectos de ley para establecer el Programa Nacional de Reparación y el Instituto de la Memoria Pública, que se presentaron al Parlamento en julio de 2010, aún no hayan sido aprobados. La CEDAW recomienda a las autoridades de Timor Leste que se aseguren de que no haya impunidad para casos de violación, esclavitud sexual u otras formas de violencia sexual cometidas durante la ocupación indonesia, y que apliquen las recomendaciones de los informes de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación (CAVR) y la Comisión de la Verdad y la Amistad (CTF, por sus siglas en inglés) respecto a la reparación de las mujeres y niñas que fueron víctimas de violaciones durante la ocupación. (CEDAW, 20/11/15 CEDAW/C/TLS/CO/2-3; AI, 01/12/15)

Después de su victoria en las elecciones en noviembre de 2015, el partido de oposición Liga Nacional para la Democracia (LND), liderada por Aung San Suu Kyi, ha mantenido conversaciones con el presidente saliente del país, Thein Sein, y con el comandante militar de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, para garantizar un traspaso pacífico del poder. Un informe del Centro Internacional para la Justicia Transicional identifica como obstáculos mayores para el futuro del país los antiguos sistemas de opresión y el legado de impunidad, e identifica pasos que el Gobierno y grupos de la sociedad civil deben tomar para abordar la justicia transicional. El nuevo Gobierno se enfrenta al desafío de construir la confianza y la reconciliación nacional después de casi 50 años de Gobierno militar: Por un lado, existe una amnistía constitucional para los miembros del Gobierno actual y de los anteriores que abarca cualquier acto cometido en el cargo, y la preocupación de los líderes por sus retribuciones. Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil quieren afrontar el pasado y demandan justicia para las violaciones derechos humanos. Algunas de las sugerencias para el nuevo Gobierno son pequeños pasos para lidiar con el impacto del Gobierno anterior, tales como permitir que las organizaciones de apoyo a las víctimas puedan hacer su trabajo sin interferencias y asegurar que los supervivientes tengan acceso a servicios estatales adecuados; pedir disculpas y reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas; promover el retorno y la reintegración de los desplazados internos y liberar a los detenidos acusados de asociación ilícita. (Al-Jazeera, 02/12/15; ICTJ, 09/12/15)

El Gobierno de Colombia y el grupo armado de oposición Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han puesto de acuerdo sobre el punto cinco de la agenda de negociación referente a las víctimas del conflicto armado. El acuerdo, denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición establece numerosas medidas. La verdad será abordada por el establecimiento de una Comisión extrajudicial de la Verdad que se centrará únicamente en los casos más relevantes, para reconocer el sufrimiento de las víctimas y las responsabilidades de los perpetradores, pero sin la posibilidad de persecución judicial. La búsqueda de la verdad también correrá a cargo de una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas a causa del conflicto armado. Tal como se acordó parcialmente en septiembre de 2015, la justicia se buscará mediante una Jurisdicción Especial para la Paz, incluyendo un Tribunal para la Paz y una Sala de Amnistía e Indulto. La Amnistía se concederá por delitos políticos, aunque, de acuerdo con las normas internacionales, los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra serán perseguidos. Los considerados culpables se enfrentarán a sanciones tales como la restricción de movimiento y el trabajo de reparación. Aquellos que se nieguen a decir la verdad o a reconocer sus responsabilidades estarán sujetos a prisión. Las medidas de reparación, que deben ser consideradas integralmente junto con las medidas de verdad, justicia y no repetición, incluirán la reparación material por las FARC, el reconocimiento individual de responsabilidades por parte de los miembros de las FARC y del Gobierno, y la restitución de tierras y el apoyo a las personas desplazadas. Miembros de las FARC que hayan cometido delitos que no están sujetos a la amnistía, pero que reconozcan su responsabilidad participarán en programas de reparación de 2 a 8 años, como el trabajo de desminaje, la substitución de cultivos de coca, ayuda en la localización de personas desaparecidas, reforestación, etc. Las garantías de no repetición se llevarán a cabo a través de la aplicación de todas las demás medidas, junto con medidas adicionales definidas en acuerdos alcanzados en el punto tres de la agenda de negociación (sobre el Fin del conflicto). Los negociadores de La Habana han escuchado los testimonios de 70 víctimas, incluidas 18 organizaciones de mujeres y 10 expertas en violencia sexual. Más de 3.000 víctimas, además, han participado en foros organizados por el PNUD y la Universidad Nacional en cuatro regiones del país. (El Espectador, 15/12/15; El Tiempo, 16/12/15)