A lo largo del mes de octubre se han producido varios atentados en la capital del país, Kabul, así como en diversas provincias, que han causado más de 200 muertos y decenas de heridos. El mes concluía con un atentado suicida en la zona de la ciudad donde tienen su sede numerosas embajadas que causaba la muerte a tres personas y dejaba heridas a otras 14. En los días previos, se habían producido ataques de mayor gravedad, como el que tuvo lugar contra una base militar en la ciudad en el que murieron 15 cadetes o el atentado suicida contra una mezquita Shií frecuentada por población hazara, en el que murieron 56 personas y resultaron heridas 55. El ataque contra la base militar fue reivindicado por la insurgencia talibán, mientras que el que se produjo contra la mezquita fue reclamado por ISIS. En la provincia de Ghor se produjo otro atentado contra una mezquita Sunní en el que murieron 30 personas, entre ellas el principal objetivo del atentado, un antiguo comandante y líder del partido Jamiat actualmente alineado con el Gobierno, Abdul Ahed. Además varias instalaciones de las fuerzas de seguridad fueron atacadas, causando decenas de muertes. En la provincia de Kandahar, una operación de la insurgencia contra una base militar causó la muerte de 43 soldados, y otros tres permanecían desaparecidos. Nueve insurgentes talibanes habrían muerto también durante el asalto. En la provincia de Paktia, un centro de formación de la policía fue atacado por la insurgencia y 41 personas habrían muerto y otras 150 resultado heridas como consecuencia de un atentado suicida y un tiroteo posterior. En la provincia de Ghazni, el estallido de un coche bomba en las proximidades de un edificio oficial causó la muerte de 30 personas, en su mayoría policías. Por otra parte, el CICR anunció que reducía drásticamente la presencia de la organización en el país después de varios incidentes de gravedad durante el año que causaron la muerte a siete de sus trabajadores. Otros tres miembros de la organización fueron secuestrados. (Al Jazeera, 9, 18, 19, 21, 31/10/17)

El Estado africano formaliza su salida por considerar al Tribunal parcial y centrado en los delitos perpetrados sólo por africanos. Es el primer Estado miembro que da la espalda al único organismo permanente que persigue el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, y lo hace por considerarlo parcial y centrado en los delitos perpetrados por africanos. La decisión supone un duro golpe para la justicia internacional, pero no afecta a la competencia de la Corte sobre una investigación anterior sobre Burundi. Fechada en 2015, incluye la muerte de 430 personas en las protestas registradas tras el anuncio de que el presidente Pierre Nkurunziza, antiguo líder rebelde de la comunidad hutu (mayoritaria en el país) optaba a un tercer mandato. La Fiscalía presentará en breve sus conclusions, EEUU, Israel, China, Rusia e India no forman parte de la CPI La marcha de Burundi fue notificada hace un año oficialmente a Naciones Unidas. Poco después, por la misma supuesta falta de imparcialidad de la CPI, hicieron otro tanto Sudáfrica y Gambia, aunque ambos países modificaron posteriormente su decisión. La fiscal jefe, Fatou Bensouda, sigue adelante con su trabajo en Burundi. Un expediente en el que figura asimismo el arresto de 3.400 personas y la huida de unas 230.000 más en busca de refugio en los países vecinos. Asesinatos, tortura, violencia sexual y desapariciones forzosas completan la documentación. (EP, 27/10/17; The Guardian, 28/10/17)

La tensión entre el Gobierno de Camerún y las dos regiones anglófonas, las regiones del Suroeste y del Noroeste, continuó agravándose durante el mes de octubre. La represión y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de Camerún provocaron decenas de víctimas mortales y exacerbaron los llamamientos a promover la secesión de ambas regiones respecto de Camerún. Decenas de miles de personas se manifestaron y el 1 de octubre proclamaron simbólicamente la independencia de la región, conocida como Ambazonia, contribuyó a alimentar un clima de violencia y represión, según señaló el ICG, que hizo un llamamiento a implementar reformas y promover un diálogo inclusivo y de alto nivel promovido por la ONU o la UA. La violencia no se circunscribió a las regiones sino que también alcanzó la capital, Yaoundé. Las movilizaciones, que tuvieron lugar en el aniversario de la independencia del Camerún anglófono respecto de Gran Bretaña, se iniciaron meses antes como denuncia hacia la marginación percibida por parte de la población anglófona respecto al Gobierno francófono. Las protestas, además, que comenzaron a finales del año pasado, se han convertido en el eje de movilización de la oposición al Gobierno de Paul Biya, que lleva 35 años en el poder. Los líderes secesionistas calificaron el 12 de octubre al presidente Paul Biya y algunos miembros de su Gobierno como responsables de haber cometido actos de genocidio y crímenes contra la humanidad que piden la intervención de la CPI. (The Guardian, 01/10/17; ICG, 19/10/17)

Ocho personas resultaron muertas y otras 11 heridas como consecuencia de un atropellamiento perpetrado en el sur de Manhattan, en Nueva York, cerca de la Zona Cero. Los hechos ocurrieron como consecuencia de un incidente con una furgoneta de alquiler que se introdujo en el carril bici y atropelló a una veintena de personas. La policía informó casi de inmediato que tenían en custodia a una persona relacionada con el trágico suceso. Esta persona, de origen uzbeco que habría migrado a EEUU en 2010, habría salido con armas falsas de la furgoneta y fue tiroteado por la policía, arrestado y trasladado a un hospital. Las autoridades anunciaron que se trataba de un posible atentado terrorista ya que posteriormente encontraron una nota en la furgoneta que hacía referencia a ISIS, según fuentes revelaron a la CBS. Dos días después fue reivindicado por ISIS. (The Guardian, BBC, El Mundo, 01/11/17; The Washington Post, 03/11/17)

Amnistía Internacional acusa a las fuerzas de seguridad de crímenes contra la humanidad en el marco de la operación militar contra el grupo armado de oposición rohingya Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA, anteriormente conocido como HaY), llevada a cabo después de los ataques que este grupo perpetró en el mes de agosto. Aministía Internacional denuncia que desde dicho mes, centenares de miles de personas rohingya se han convertido en víctimas de una persecución sistemática, lo que ha forzado a gran parte de ellas a desplazarse de manera forzada y refugiarse en condiciones de extrema precariedad en Bangladesh. El informe de Amnistía recoge que algunos de los sucesos más graves tuvieron lugar en la población de Tula Toli, que fue escenario de una masacre documentada por medios de comunicación como The Guardian. La ONG de derechos humanos ha denunciado que las Fuerzas Armadas han actuado contra el conjunto de la población civil con una actitud de venganza por las acciones del grupo armado. Naciones Unidas también denunció que medio millón de personas se habían desplazado después de que las fuerzas de seguridad birmanas quemaran casas, campos de cultivo y aldeas enteras. Además de las operaciones militares, las condiciones humanitarias para la población rohingya en el estado Rakhine, han agravado todavía más la crisis de desplazamiento. Naciones Unidas se vio forzada a suspender la distribución de ayuda alimentaria como consecuencia de la operación militar, aunque a finales de octubre las autoridades birmanas habrían accedido a reanudar este reparto, que anteriormente alcanzada a 110.000 personas en el norte del estado. El papel de Naciones Unidas en la gestión de la crisis también se ha visto cuestionado, lo que llevó a que se nombrara a un nuevo coordinador residente para el país, el noruego Knut Ostby en sustitución de Renata Lok-Dessallien, quien fue acusada de haber retirado un informe encargado por la organización internacional a un consultor independiente en el que se alertaba de los riesgos de deterioro del conflicto y advertía a Naciones Unidas de que debía endurecer sus denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en el estado Rakhine. El informe advertía que las fuerzas de seguridad de Myanmar actuarían previsiblemente de forma indiscriminada y con extrema dureza, tal y como sucedió meses después. A finales de octubre, después de que tanto EEUU como la UE anunciaran posibles sanciones contra el país, las Fuerzas Armadas iniciaron una retirada parcial de efectivos militares desplegados en Rakhine. (The Irrawaddy, 27, 28/10/17; The Guardian, 5, 6, 11, 16, 18/10/17)

Durante noviembre persistieron las acciones insurgentes de Boko Haram en la región noreste de Nigeria causando decenas de víctimas mortales en diferentes atentados y ataques contra dos bases militares en Marte (región Lago Chad y cerca de Damaturu, estado de Yobe), contra una mezquita (cerca de Maiduguri), en un ataque suicida en Maiduguri y en una emboscada en el eje Banki-Maiduguri. A su vez, los cuerpos de seguridad reportaron la muerte de decenas de insurgentes en diferentes acciones.Las Fuerzas Armadas nigerianas intensificaron los bombardeos aéreos diarios y nocturnos en localizaciones de la insurgencia en la región del noreste del país, sobre todo en el bosques de Sambisi, lo que puede incrementar las consecuencias sobre la población civil. Por otra parte, un estudio realizado por HRW a finales de septiembre revela que los cuerpos de seguridad de Camerún han forzado a más de 100.000 personas refugiadas desde 2015 a retornar al noreste de Nigeria, atacando a la población civil de forma impune, cometiendo abusos sexuales y torturas. Más de 2.300 supuestos militantes del grupo Boko Haram serán juzgados en lo que supone el juicio más masivo en la historia del conflicto. El conflicto ha casado la muerte de más de 20.000 personas en el noreste de Nigeria y ha desestabilizado toda la región del Lago Chad. En el caso de Chad, las Fuerzas Armadas chadianas completaron su retirada de tropas, iniciadas a finales de septiembre, de la región de Diffa en el sureste de Níger, donde han estado operando contra Boko Haram. El Gobierno chadiano anunció que las tropas serían redesplegadas en Wour, en la región de Tibesti, en el norte del país, como parte de los esfuerzos de la fuerza conjunta de los países del Sahel o G5, contra la militancia islamista y el tráfico. (Vanguard, 27/10/17; The Guardian, 27/09/17)

La situación de seguridad en el país continuó deteriorándose fuera de la capital, Bangui. Varias iniciativas nacionales y regionales de paz y reconciliación no han cobrado impulso en los últimos meses, y el Gobierno, dirigido por el presidente Faustin Archange Touadéra, prácticamente no tiene ningún tipo de control de la situación fuera de la capital. Los esfuerzos de desarme han avanzado solo de forma limitada, y las facciones de los antiguos grupos Séléka y antibalaka siguen estando armadas y controlando amplias zonas del país. La lucha entre las antiguas facciones Séléka y los grupos armados anti-Balaka se ve aún más exacerbada por la retórica incendiaria sectaria. Según el último informe del MINUSCA del secretario general de la ONU del 18 de octubre, la creciente violencia entre comunidades con trasfondo étnico y religioso aumenta el riesgo de atrocidades masivas en ese sentido. El secretario general señala que la ventana para revertir el odio y la violencia se está reduciendo. Los grupos armados se han dirigido continuamente a la MINUSCA, lo que ha provocado la muerte de 12 miembros del personal de mantenimiento de la paz en 2017. Los trabajadores humanitarios también están siendo atacados y 12 personas han muerto. Mientras tanto, el número de desplazados internos aumentó en 200.000 en 2017 a un total de 600.000. (Security Council Report, 31/10/17)

Los grupos armados insurgentes incrementan sus acciones en el este del país y amenazan que se produzca una nueva situación de confrontación abierta. Mientras la atención está focalizada en el conflicto en la región de Kasai, en el sur del país, y la consecuente crisis humanitaria derivada de la situación, se ha producido un aumento de las acciones insurgentes en la zona. La tensión y la frustración en todo el país como consecuencia de la permanencia en el poder del presidente Joseph Kabila no contribuye a estabilizar la situación. Aunque la región no se encuentra en una situación de guerra abierta, sigue siendo el feudo de decenas de grupos armados y milicias Mai Mai que llevan a cabo acciones periódicas de saqueo, extorsión y ataques contra la misión de la ONU en el país (MONUSCO). Además, en los últimos meses han surgido al menos dos nuevas insurgencias que pretenden derrocar a Kabila. En junio se creó el Coalition Nationale du People pour la Souveraineté du Congo (CNSPC), liderada por el antiguo aliado del Ejército William Yakutumba (y líder de una antigua poderosa milicia Mai Mai), que empezó a llevar a cabo acciones contra puestos militares en la provincia de Kivu Sur. A finales de septiembre atacó la ciudad de Uvira utilizando armas pesadas, hasta que la misión de mantenimiento de la paz consiguió rechazar el ataque. Yakutumba ha afirmado disponer de 10.000 combatientes, aunque diversos analistas han reducido esta cifra a menos de 1.000. Por otra parte, en la vecina Kivu Norte, un grupo llamado Mouvement Nationale Revolutionaire (MNR) ha llevado a cabo diversos ataques desde junio. El portavoz del grupo, John Mahangaiko, destacó que el grupo está creado desde 2015 y que se ha estado preparando durante estos dos años. (IRIN, 31/10/17)

El 14 de octubre se produjo la explosión de un camión de grandes dimensiones cargado con al menos 350 kg de material explosivo en el centro de la capital, Mogadiscio, el peor atentado desde 2007. Al menos 320 personas fallecieron y otras 300 resultaron heridas, según el balance oficial a los pocos días, aunque la cifra real de víctimas mortales posteriormente se elevó a 360 y medios como The Guardian ya la sitúan en 500, y el balance real posiblemente no se llegue a conocer. Los cuerpos de seguridad dieron sepultura a al menos 160 víctimas que no pudieron ser identificadas tras la explosión. La explosión tuvo lugar en la zona conocida como PK5, cerca del hotel Safari, en una de las calles más concurridas de la ciudad llena de comercios y restaurantes y en la tarde del sábado, una hora en la que había numerosos puestos callejeros ocupando las aceras y un tráfico que colapsaba toda la zona. Los centros hospitalarios de la capital se vieron desbordados e incluso varios heridos fueron trasladados a un avión militar turco para ser tratados en Turquía. La segunda detonación, de menor intensidad, no causó víctimas y tuvo lugar instantes después cerca de un mercado en el distrito de Wadajir. En este segundo caso, el conductor de la minivan fue detenido. Aunque no ha sido reivindicado, los expertos y la prensa local coinciden en señalar al grupo armado al-Shabaab. Ante la magnitud de los hechos, analistas señalaron que la organización puede no querer socavar el apoyo popular al asociarse con una pérdida tan grande de vida civil. El método y el tipo de ataque -un gran camión bomba- es utilizado cada vez más por la organización vinculada a al-Qaeda y el detenido (ex miembro de la Unión de los Tribunales Islámicos, miembro del Ejército entre 2010 y 2015, cuando desertó) reveló a sus interrogadores que era obra del grupo. El funcionario y líder local que facilitó el acceso en los puestos de control fue arrestado y está encarcelado. El ataque se produjo dos días después de que el jefe de AFRICOM mantuviera una reunión en Mogadiscio con el presidente somalí. La atrocidad cometida puede provocar un incremento de la implicación de EEUU en Somalia, intensificada durante la administración Obama y que todavía se ha incrementado más desde la llegada al poder de Donald Trump. Miles de personas se manifestaron en las calles de la ciudad para condenar los hechos. (EP, 16/10/17, The Guardian, 14-19/10/17, ICG, 20/10/17)

A pesar de que no se registraron lanzamientos de misiles significativos ni se llevaron a cabo ensayos nucleares, durante el mes de octubre los Gobiernos de Corea del Norte y EEUU se lanzaron acusaciones cruzadas y se incrementaron los temores de que Corea del Norte cada vez esté más cerca de disponer del armamento necesario para alcanzar la costa oeste de EEUU, tal y como así lo advirtieron durante el mes de octubre tanto el director de inteligencia estadounidense como el ministro de Exteriores ruso tras visitar Pyongyang. En la misma línea, el secretario de Defensa estadounidense también alertó que el riesgo de un ataque nuclear por parte de Corea del Norte se estaba acelerando. Durante el mes de octubre, el Gobierno de EEUU autorizó que dos bombarderos sobrevolaran la península coreana, en unos ejercicios militares a los que se añadieron aviones japoneses y surcoreanos, y, ya a finales de mes, impuso nuevas sanciones a particulares y a tres organizaciones por violaciones de los derechos humanos. Por su parte, un alto cargo del Gobierno de Corea del Norte declaró durante una conferencia sobre no proliferación celebrada en Moscú que su Gobierno no retornará a las conversaciones multilaterales sobre la desnuclearización de la península coreana y que solamente aceptará conversaciones directas y bilaterales con EEUU, pues considera que es este país quien está intentando llevar a Corea del Norte al colapso. The Guardian y BBC, 28/10/17; Time, 06/10/17

Diversos enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas indias y grupos armados de oposición causan la muerte de más de una decena de personas entre insurgentes, civiles y miembros de las fuerzas de seguridad indias. En el enfrentamiento que tuvo lugar en la población de Litter murieron dos insurgentes del grupo Lashkar-e-Taiba como consecuencia de un tiroteo. Posteriormente murió un civil tiroteado por las fuerzas de seguridad durante las protestas que se produjeron tras la operación militar. Otra persona resultó herida de gravedad. Miles de personas se manifestaron después de que se conociera la muerte de esta persona. Pocos días antes dos insurgentes y dos miembros de las fuerzas de seguridad habían fallecido en la población de Bandipora, al norte de Cachemira, después de un campamento militar fuera atacado por Lashkar-e-Taiba. A principios de octubre, tres insurgentes y un policía murieron después de que otra base militar fuera también atacada. La base se hallaba en las proximidades del aeropuerto de Srinagar, lo que llevó a la suspensión temporal de los vuelos. Según fuentes oficiales, la cifra de personas muertas como consecuencia del conflicto desde principios de años superaría las 130. Miles de personas participaron en las protestas que se convocaron después de las muertes de insurgentes. (Al Jazeera, 4, 11 y 14/10/17)

Tropas federales iraquíes toman el control de Kirkuk unas semanas después del referéndum sobre la independencia de la región kurda iraquí del 25 de septiembre, que se celebró también en los llamados “territorios en disputa” bajo control de las autoridades regionales kurdas, como la petrolera ciudad de Kirkuk. Las fuerzas armadas kurdas (peshmergas) no ofrecieron resistencia y se retiraron de la zona, como también de áreas en disputa de la provincia de Nínive y Diyala. Las autoridades kurdas acusaron a las milicias Unidades de Movilización Popular (PMU), aliadas del gobierno federal y con respaldo de Irán, de llevar a cabo ataques contra casas y población kurda en Kirkuk, incluyendo violaciones en grupo. El Gobierno iraquí ordenó la retirada de las PMU de las áreas en disputa tomadas por las tropas iraquíes. Tras el rechazo inicial del Gobierno iraquí al referéndum y al diálogo, el primer ministro, Haider al-Abadi, ofreció posteriormente diálogo bajo el marco de la Constitución iraquí. El Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) aceptó el llamamiento de al-Abadi, realizado el 17 de octubre, pero reclamó que el diálogo se realice bajo supervisión internacional. Se produjeron dos rondas de negociación en octubre entre una delegación del gobierno central y otra kurda. El mismo día de la segunda ronda, el 29 de octubre, el presidente de la Región Autónoma Kurda, Masud Barzani, anunció que abandonaría el cargo el 1 de noviembre, fecha en que estaban previstos inicialmente elecciones parlamentarias y presidenciales, pero que la comisión electoral pospuso el 18 de octubre. El Parlamento kurdo aprobó la asunción de las competencias presidenciales por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hasta los próximos comicios. A finales de mes y primeros días de noviembre, el gobierno federal y kurdo intercambió acusaciones de obstaculizar el diálogo, mientras continuaron produciéndose enfrentamientos en áreas en disputa. (Efe, The Guardian, Middle East Eye, 1-31/10/17, 1/11/17)

Se celebran las segundas elecciones presidenciales en menos de tres meses afectadas por el boicot del principal líder opositor, Raila Odinga, y enfrentamientos que han causado al menos cuatro víctimas mortales, según ha destacado la agencia The Associated Press. Aunque las elecciones transcurrieron en un clima de normalidad en la mayoría del país, se han producido hechos de violencia en diversos lugares, destacando los enfrentamientos en la localidad de Kisumu, en el oeste del país, así como las movilizaciones que fueron sofocadas por parte de la Policía con el uso de gases lacrimógenos en el barrio de Kibera, uno de los mayores suburbios de Nairobi y de África, que acoge a más de un millón de habitantes. Las autoridades pospusieron la votación hasta el 28 de octubre en cuatro distritos como consecuencia de los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. Se espera que el actual presidente, Uhuru Kenyatta, gane las elecciones dado que su principal rival, Raila Odinga, ha boicoteado el proceso, tachándolo de fraudulento, y afirmando que este segundo proceso podría ser peor que el primero ya que la comisión electoral no había realizado cambios en el operativo electoral. La crisis política se agravó el día anterior a las elecciones, el 25 de octubre, ya que el Tribunal Supremo fue incapaz de poder escuchar un caso que habría podido provocar un nuevo retraso en la celebración de las elecciones ya que solo dos de los siete jueces atendieron al caso, cuando son necesarios cinco jueces para que haya quorum, según destacó el presidente del Tribunal Supremo, David Maraga. (NYT, 26/10/17)

Se producen diferentes atentados en la provincia de Baluchistán durante el mes de octubre. En el más grave de ellos, 20 personas resultaron muertas como consecuencia de un atentado suicida en el centro religioso sufí de Fateh Pur, en el distrito de Jhal Magsi. El atacante detonó explosivos cuando los guardias de seguridad intentaron impedir su entrada al recinto. El atentado fue reivindicado por ISIS, grupo que ya había llevado a cabo atentados de estas características contra centros religiosos sufís en ocasiones anteriores. En la ciudad de Quetta, cinco personas resultaron muertas cuando dos hombres en una motocicleta dispararon en un mercado en una zona habitada por población hazara de confesión shií, y que frecuentemente han sido objeto de atentados violentos. Finalmente, un atentado reivindicado por el grupo armado talibán TTP, causó la muerte de siete policías y dejó heridos a otros 22. Una bomba estalló al paso de un vehículo en el que viajaban los policías. El atentado se habría producido como venganza por la ejecución extrajudicial de uno de sus miembros detenidos. (Anadolu Agency, 18/10/17; Al Jazeera, 9/10/17; Dawn, 5/10/17)

Las milicias SDF, de predominancia kurda, y apoyadas por EEUU, toman el control militar de Raqqa, ciudad en manos de ISIS desde comienzos de 2014, que operaba como capital de su califato y escenario de graves violaciones de derechos humanos por ISIS. La toma de la ciudad se produce tras cuatro meses de combates y un balance de al menos 3.200 víctimas mortales, en torno a 1.280 de ellas civiles, así como la destrucción física de la ciudad. 1.130 víctimas civiles habrían muerte por bombardeos de la coalición internacional contra la ciudad y zonas periféricas, según informaciones de prensa. Un pacto entre el Consejo Civil de Raqqa y combatientes de ISIS que aún quedaban en la ciudad permitió a varios cientos de ellos abandonar la ciudad. La toma de Raqqa se considera el fin de ISIS como actor con control territorial. Entre el 1 y 15 de octubre 55.129 personas se desplazaron de las provincias de Raqqa y Deir-ez-Zor, según OCHA. La situación en esta última provincia continuaba siendo de gran preocupación, según alertó OCHA, en un contexto en que ISIS estaría impidiendo a la población civil abandonar las áreas bajo su control. Por otra parte, Turquía lanzó una operación terrestre en la provincia siria de Idlib el 8 de octubre, como parte del pacto entre Turquía, Rusia e Irán alcanzado en Astana (Kazajstán) a mitad de septiembre para el establecimiento de “zonas de desescalada”. Según analistas de Al-Monitor, durante el despliegue de la operación, Turquía habría acabado alcanzando un pacto con Hayat Tahrir al-Sham (HTS) –contrario al proceso de Astana–, por el que el HTS mantendría su negativa a la entrada en Idlib de facciones del FSA pero habría aceptado la presencia de tres puestos de control turcos. El plan inicial de Turquía era facilitar la entrada de 15 facciones vinculadas a la Operación Escudo del Éufrates –operación militar terrestre de Turquía y el FSA en 2016 contra el avance de las SDF hacia Yarabúlus– y desplazar a HTS del control de la zona. Turquía ha amenazado con avanzar hacia la región kurda siria de Afrin, señalando como una amenaza a su seguridad nacional la posibilidad de un corredor entre Afrin y otras zonas bajo control de las SDF. (The Guardian, Al-Monitor, BBC, OCHA, 1-31/10/17)

El viceministro de Defensa anuncia la intención del Gobierno de desplegar drones en 37 distritos de las tres provincias sureñas de mayoría musulmana con el objetivo de llevar a cabo vuelos de reconocimiento y de apoyar el trabajo que desempeñan los alrededor de 60.000 efectivos militares desplegados en el sur del país. Según fuentes del propio Ejército, desde octubre de 2016 a septiembre de 2017 han muerto 233 soldados, policías o voluntarios de defensa en emboscadas a pie de carretera y otros tipos de ataques. Desde el año 2004, alrededor de 7.000 personas han muerto y más de 15.000 han resultado heridas en el sur de Tailandia a consecuencia del conflicto armado. Desde esa fecha, el Gobierno ha gastado más de nueve billones de dólares tratando de atajar y resolver el conflicto. En este sentido, el viceministro de Defensa anunció que el próximo año el Gobierno dedicará casi 400 millones de dólares a reducir los niveles de violencia en Yala, Pattani y Narathiwat. Respecto de la media concreta del despliegue de drones, algunos medios de comunicación han señalado que ya en el pasado se han mostrado escasamente efectivos por cuanto el movimiento no es fácilmente identificable ni controla ninguna región del sur del país. Finalmente, cabe destacar que a finales de octubre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado incrementaron el estado de alerta por la conmemoración, el 25 de octubre, de la fundación del BRN. (Thai TBS; 20/10/17; Reliefweb, 02/11/17)

El Parlamento de Turquía aprueba a mitad de octubre la extensión tres meses más del estado de emergencia, con los votos a favor del AKP y el MHP y en contra del CHP y HDP. En paralelo, continuaron las detenciones masivas contra personas acusadas de pertenecer al PKK, así como las operaciones militares, con decenas de bajas de combatientes prokurdos, según el Ministerio de Interior. Asimismo, Turquía lanzó una operación militar terrestre (“Operación Zap”) contra el PKK en el norte de Iraq, la primera desde 2008, que se suma a los frecuentes bombardeos aéreos. A su vez, también en clave regional, el Gobierno turco advirtió contra las posibilidades de un corredor en Siria que conecte Afrin –bajo control del PYD y SDF, con vínculos con el PKK-con otras áreas bajo control kurdo. El viceprimer ministro, Bekir Bozdag, afirmó que no se abstendrán de tomar todas las medidas necesarias ante lo que consideran una amenaza a la seguridad nacional de Turquía. Por otra parte, un ataque con bomba reivindicado por el PKK al paso de un autobús policial en Mersin a mediados de octubre, causó heridas a 18 personas. Asimismo, durante el mes, el KCK continuó insistiendo en las demandas de visitas al líder del PKK Abdullah Öcalan, en cadena perpetua en la prisión de Imrali, y a quien no se le permiten visitas de sus abogados dese 2011. (Hürriyet Daily News, ANF, 1-31/10/17)

Se incrementan las violaciones del alto el fuego en octubre, tras la reducción de violencia que ha acompañado al último alto el fuego, iniciado el 25 de agosto para facilitar el curso escolar. La Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania (SMM) alertó de niveles de violencia similares a la situación previa al alto el fuego en zonas entre Avdiivka, Yasynuvata y el aeropuerto de Donetsk. Se produjeron varias víctimas mortales y heridos durante el mes. En lo que va de año, en torno a 400 civiles han fallecido, mientras desde el inicio de la guerra en 2014, más de 10.000 personas, civiles y militares, han muerto a consecuencia del conflicto. Por otra parte, en el ámbito político y social continuaron activos focos de tensión. Una explosión en la capital calificada de acto terrorista por las autoridades supuso la muerte de dos personas y heridas a otras cinco, incluyendo un parlamentario del Partido Radical. Por otra parte, se produjeron enfrentamientos y lanzamiento de una granada en el Parlamento ucraniano durante la sesión de aprobación de una ley que prolonga un estatus especial para las áreas de Donetsk y Lugansk. Asimismo, continuaron las críticas internacionales, incluyendo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de países vecinos de Ucrania, a la ley de educación aprobada en septiembre, que reduce los derechos de las minorías a la enseñanza en su propia lengua, restringiendo la ley sobre política lingüística de 2012 (que otorgaba carácter oficial en a lenguas minoritarias en regiones y lugares en que son habladas por más del 10% de la población). La nueva ley solo permite la enseñanza en lengua materna diferente al ucraniano en las etapas preescolar y primaria para lenguas minoritarias y hasta el nivel de secundaria para pueblos indígenas. Por otra parte, se iniciaron protestas, incluyendo con la instalación de tiendas de campaña frente al Parlamento, por parte de sectores políticos y sociales que reclamaban la dimisión del presidente si no se aprueban una serie de medidas (creación de tribunales anticorrupción, fin a la inmunidad parlamentaria y reforma electoral). El Parlamento envió al Tribunal Constitucional una propuesta de ley de levantamiento de la inmunidad para su revisión. (Reuters, El País, OSCE, Itar Tass, RFE/RL, 1-31/10/17)

El Gobierno de Filipinas da por finalizada la operación militar en Marawi, que duró alrededor de cinco meses y en la que como mínimo murieron 920 combatientes del denominado grupo Maute, 165 policías o militares y 45 civiles. Entre los combatientes abatidos se hallaban los dos líderes y fundadores del grupo Maute (Omar y Abdullah Maute), así como Isnilon Hapilon, líder histórico de Abu Sayyaf considerado por algunas fuentes como el principal responsable de ISIS en la región, y una de las personas por las que EEUU ofrecía una mayor recompensa. Además, en el transcurso de esta campaña, cientos de miles de personas tuvieron que desplazarse de manera forzosa, miles de casas de Marawi fueron dañadas y unos 1780 rehenes (algunos utilizados como escudos humanos) fueron liberados. Algunos medios de comunicación sostienen que se trata de uno de los peores episodios bélicos que ha vivido el país desde el fin de la segunda guerra mundial. Países como EEUU o Australia reconocieron haber apoyado a las Fuerzas Armadas filipinas con equipamiento miliar, labores de inteligencia y el despliegue de drones o aviones de reconocimiento. A finales de mayo, el Gobierno decretó la ley marcial y el Ejército desplegó miles de efectivos en la ciudad de Marawi después de que, coincidiendo con una reunión de ASEAN, cientos de combatientes que portaban banderas negras semejantes a las suele utilizar ISIS, tomaron el centro de la ciudad, destruyeron varios edificios, tomaron rehenes, liberaron algunos prisioneros y llevaron a cabo actos de pillaje en iglesias católicas y comercios. Por otra parte, algunas voces, como el grupo Suara Bangsamoro, instaron a que se abra una investigación sobre el rol de las Fuerzas Armadas en las numerosas violaciones de derechos humanos que se cometieron en Marawi desde el mes de mayo. A pesar de que el propio presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dió dado por finalizada la operación militar, las Fuerzas Armadas permanecen en estado de alerta por la posibilidad de represalias por parte de algunos grupos armados, como Abu Sayyaf o el grupo Maute. Además, permanecen con vida algunos combatientes foráneos que en los últimos tiempos han llevado a cabo actividades de formación, como Amin Baco (Malasia) o Qayyim (Indonesia). Por otra parte, algunas voces advierten sobre el riesgo de radicalización y expansión del extremismo violento en la región si el Gobierno no va más allá de su enfoque estrictamente militarista para resolver el conflicto, como el inicio de un diálogo exploratorio con algunos de los grupos de la región, la puesta en marcha de proyectos de desarrollo o el inicio inmediato de la reconstrucción de Marawi, que según algunas fuentes podría rondar los 1.000 millones de dólares. En este sentido, algunos medios de comunicación han advertido que la virulencia de los enfrentamientos durante estos últimos cinco meses pone de relieve la posibilidad de que ISIS, y más teniendo en cuenta los reveses militares de los últimos meses en su bastión tradicional de Siria e Iraq, intente reforzar su presencia en el Sudeste asiático. (al-Jazeera e Inquirer, 16/10/17; Rappler, 19/10/17; CNN, 17/10/17; CBS News, 23/10/17)