Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Publicado en Gara
Los datos actuales, a pocas semanas de iniciar su mandato, señalan que el presidente Santos es capaz de tomar medidas de cierto calado, por lo que si las FARC se muestran flexibles y actúan con realismo, es posible pensar en un escenario de reformas que le sirvan al país, aunque no sean exactamente las medidas que tradicionalmente ha exigido la guerrilla.
El conflicto armado de Colombia es el más antiguo del mundo sin negociar. Esta singularidad, en un continente donde la lucha armada por la toma del poder ha perdido su razón de ser, y donde mandatarios como Fidel Castro, Hugo Chávez o Lula Da Silva han mandado mensajes repetidamente para que las FARC entren en un proceso de diálogo que les permita desaparecer como guerrilla y convertirse en un partido político, pone sobre el tapete las enormes dificultades para que esto sea una realidad a corto plazo debido a la coyuntura del momento.
Por un lado, el nuevo Gobierno del presidente Santos ha puesto una serie de condiciones para iniciar cualquier negociación, a saber: la liberación de las personas retenidas, poner fin a la práctica del secuestro, acabar con la colocación de minas, terminar con el reclutamiento forzoso de menores, no negociar en medio de las hostilidades, y no negociar en zonas desmilitarizadas. Aparentemente, estas condiciones ponen sumamente difícil el inicio de cualquier negociación, puesto que es complicado que la guerrilla asuma de una vez todas las condiciones mencionadas. Pero está por ver si sería posible cumplir estas condiciones de forma escalonada, mediante un proceso por etapas. En todo caso, falta por ver si las FARC están interesadas de verdad en entrar en una negociación. De momento se sabe que su líder, Alfonso Cano, ha invitado al Gobierno a conversar sobre cinco puntos, que podrían convertirse en una agenda sustantiva. Pero una cosa es conversar y otra negociar. Si las FARC quieren negociar deberán decirlo públicamente y de manera formal, y para que se inicie un proceso es inevitable que empiecen por algún gesto simbólico que suavice la batería de exigencias puestas por el Gobierno. Sin duda alguna, este gesto podría ser la liberación de las personas retenidas, y me atrevo a sugerir que lo más inteligente y rentable para las FARC sería entregar a dichas personas a una delegación de UNASUR, encabezada por su Secretario General. Esto tendría un impacto mediático formidable, que podría permitir plantear al Gobierno el inicio de unos diálogos exploratorios, probablemente en el exterior del país, y de forma confidencial, para calibrar las posibilidades de una iniciar una negociación formal.
En estos diálogos exploratorios, las FARC podrían comprometerse a iniciar una investigación interna sobre el posible reclutamiento forzado de menores, pues existen señalamientos de que esto puede ser una realidad. En estos diálogos se hablaría de cómo en una negociación formal se podrían tomar compromisos de acabar con la colocación de minas, pero este supuesto sólo es factible en un escenario de alto el fuego mutuo, lo que implicaría haber llegado a un punto de discusión seria y con perspectivas de futuro. El Gobierno, en cualquier caso, no va a iniciar una negociación si no tiene el pleno convencimiento de que va a dar resultado. Y el resultado buscado, el final feliz, no puede ser más otro que un acuerdo político por el que en el país se llevarán a cabo una serie de reformas estructurales, a cambio de la dejación de armas de la guerrilla. Y llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿está dispuesto el Gobierno a realizar este tipo de reformas? Los datos actuales, a pocas semanas de iniciar su mandato, señalan que el presidente es capaz de tomar medidas de cierto calado, por lo que si las FARC se muestran flexibles y actúan con realismo, es posible pensar en un escenario de reformas que le sirvan al país, aunque no sean exactamente las medidas que tradicionalmente ha exigido la guerrilla. En todo caso, la insurgencia deberá entender que sus reclamos históricos los deberá defender desde la arena pública, en la civilidad y mediante el juego democrático. El tema está en que el Estado sea capaz de ofrecerles garantías de seguridad y favorabilidad política para que pueden hacerlo, y que la guerrilla entienda que en el siglo XXI no son las armas lo que producirá justicia social, sino su participación normalizada en el juego democrático. Cuando exista este convencimiento, la negociación podrá iniciarse con garantías de éxito.
El conflicto armado de Colombia es el más antiguo del mundo sin negociar. Esta singularidad, en un continente donde la lucha armada por la toma del poder ha perdido su razón de ser, y donde mandatarios como Fidel Castro, Hugo Chávez o Lula Da Silva han mandado mensajes repetidamente para que las FARC entren en un proceso de diálogo que les permita desaparecer como guerrilla y convertirse en un partido político, pone sobre el tapete las enormes dificultades para que esto sea una realidad a corto plazo debido a la coyuntura del momento.
Por un lado, el nuevo Gobierno del presidente Santos ha puesto una serie de condiciones para iniciar cualquier negociación, a saber: la liberación de las personas retenidas, poner fin a la práctica del secuestro, acabar con la colocación de minas, terminar con el reclutamiento forzoso de menores, no negociar en medio de las hostilidades, y no negociar en zonas desmilitarizadas. Aparentemente, estas condiciones ponen sumamente difícil el inicio de cualquier negociación, puesto que es complicado que la guerrilla asuma de una vez todas las condiciones mencionadas. Pero está por ver si sería posible cumplir estas condiciones de forma escalonada, mediante un proceso por etapas. En todo caso, falta por ver si las FARC están interesadas de verdad en entrar en una negociación. De momento se sabe que su líder, Alfonso Cano, ha invitado al Gobierno a conversar sobre cinco puntos, que podrían convertirse en una agenda sustantiva. Pero una cosa es conversar y otra negociar. Si las FARC quieren negociar deberán decirlo públicamente y de manera formal, y para que se inicie un proceso es inevitable que empiecen por algún gesto simbólico que suavice la batería de exigencias puestas por el Gobierno. Sin duda alguna, este gesto podría ser la liberación de las personas retenidas, y me atrevo a sugerir que lo más inteligente y rentable para las FARC sería entregar a dichas personas a una delegación de UNASUR, encabezada por su Secretario General. Esto tendría un impacto mediático formidable, que podría permitir plantear al Gobierno el inicio de unos diálogos exploratorios, probablemente en el exterior del país, y de forma confidencial, para calibrar las posibilidades de una iniciar una negociación formal.
En estos diálogos exploratorios, las FARC podrían comprometerse a iniciar una investigación interna sobre el posible reclutamiento forzado de menores, pues existen señalamientos de que esto puede ser una realidad. En estos diálogos se hablaría de cómo en una negociación formal se podrían tomar compromisos de acabar con la colocación de minas, pero este supuesto sólo es factible en un escenario de alto el fuego mutuo, lo que implicaría haber llegado a un punto de discusión seria y con perspectivas de futuro. El Gobierno, en cualquier caso, no va a iniciar una negociación si no tiene el pleno convencimiento de que va a dar resultado. Y el resultado buscado, el final feliz, no puede ser más otro que un acuerdo político por el que en el país se llevarán a cabo una serie de reformas estructurales, a cambio de la dejación de armas de la guerrilla. Y llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿está dispuesto el Gobierno a realizar este tipo de reformas? Los datos actuales, a pocas semanas de iniciar su mandato, señalan que el presidente es capaz de tomar medidas de cierto calado, por lo que si las FARC se muestran flexibles y actúan con realismo, es posible pensar en un escenario de reformas que le sirvan al país, aunque no sean exactamente las medidas que tradicionalmente ha exigido la guerrilla. En todo caso, la insurgencia deberá entender que sus reclamos históricos los deberá defender desde la arena pública, en la civilidad y mediante el juego democrático. El tema está en que el Estado sea capaz de ofrecerles garantías de seguridad y favorabilidad política para que pueden hacerlo, y que la guerrilla entienda que en el siglo XXI no son las armas lo que producirá justicia social, sino su participación normalizada en el juego democrático. Cuando exista este convencimiento, la negociación podrá iniciarse con garantías de éxito.