Apunts ECP de Conflictes i Pau

Apunts ECP de Conflictes i Pau es una publicación de la Escola de Cultura de Pau que aborda temas de actualidad, aportando reflexiones sobre análisis y transformación de conflictos y construcción de paz. Disponible en la página web de la Escola de Cultura de Pau, su distribución se realiza por correo electrónico y redes sociales.

Cuando se cumplen exactamente cuatro años del establecimiento de la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (RABMM) en el sur de Filipinas, tanto la implementación del acuerdo de paz de 2014 entre el Gobierno y la insurgencia moro del MILF como la consolidación del autogobierno para el pueblo moro avanzan satisfactoriamente. El alto el fuego entre ambas partes es plenamente vigente (a pesar de algunas escaramuzas esporádicas); la relación entre el Gobierno central y el Gobierno de la región de Bangsamoro (liderada por el MILF en el periodo de transición) es cooperativa; el entramado institucional de la implementación del acuerdo de paz, con una alta participación de la comunidad internacional, es funcional; los niveles de violencia en la región han disminuido notablemente; el despliegue institucional y legislativo de la RABMM avanza más o menos según su calendario previsto; y hasta el momento se ha desmovilizado a más de la mitad de los 40.000 combatientes del MILF.

Sin embargo, varias voces recuerdan que en varios momentos de la historia reciente de Mindanao las hostilidades bélicas se han reanudado después de que se hubieran firmado y empezado a implementar importantes acuerdos de paz, y también advierten sobre algunos retos y amenazas que podrían revertir algunos de los avances conseguidos. Aunque en los últimos años se han reducido considerablemente los niveles de violencia provocados por los grupos armados opuestos al proceso de paz, lo cierto es que estos grupos han mostrado una gran resiliencia ante las operaciones de contrainsurgencia del Estado, la deslegitimación de su discurso y modus operandi por parte del MILF o la progresiva pérdida de influencia en el ámbito internacional por parte de Estado Islámico, al que la mayor parte habían jurado lealtad. Si bien estos grupos están actualmente mucho más atomizados que hace pocos años, algunos análisis sostienen que un eventual fracaso del proceso de paz, así como una nueva decepción por parte de la ciudadanía respecto del funcionamiento y rendimiento de la RABMM podrían azuzar nuevamente las condiciones para que tales grupos volvieran a fortalecerse y relegitimarse. Por otra parte, el MILF ha advertido que los retrasos y deficiencias en el apoyo socioeconómico a los combatientes que se están desmovilizando, así como el lento despliegue de otros aspectos clave de la llamada “normalización” del acuerdo de paz (como la transformación de los campamentos del MILF en áreas productivas, la concesión de una amnistía a ex combatientes por aquellos delitos vinculados al conflicto armado o la conformación de equipos mixtos de ex combatientes, soldados y policías para mantener la seguridad en determinadas áreas), pueden socavar la confianza en el proceso de paz de miles de sus ex combatientes y provocar serias dudas entre amplios sectores de la ciudadanía sobre los llamados “dividendos de paz”. Cabe destacar especialmente que la lentitud del proceso de desarme y desmovilización de combatientes del MILF (todavía quedan por hacerlo más de 15.000) genera inquietud en varios sectores de la población. Así, los gobernadores de la mayor parte de las provincias que conforman la RABMM consideran que la violencia y la inseguridad se han incrementado desde que el MILF lidera el Gobierno de Bangsamoro, especialmente en sus feudos históricos y advierten que algunos de los contenidos del acuerdo de paz dificultan que las autoridades locales y las fuerzas de seguridad del estado puedan cumplir son su cometido en términos de mantenimiento del orden y la seguridad. A pesar de todo ello, aunque en anteriores momentos la violencia a gran escala se haya reanudado incluso después de que se hubieran firmado acuerdos de paz de gran alcance y ambición, seguramente en la historia reciente nunca se había avanzado tanto en la implementación de un acuerdo ni en la creación de las condiciones que permitan la consolidación de la paz y el autogobierno en Mindanao.

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Desde el 16 de septiembre de 2022 Irán es escenario de un movimiento de contestación popular que ha sido considerado como uno de los mayores desafíos al régimen teocrático instalado en 1979. La muerte de la joven kurda Jîna Mahsa Amini mientras permanecía en custodia policial después de ser arrestada por no portar el hiyab según los estándares gubernamentales ha activado protestas por todo el país. Las movilizaciones han contado con una extraordinaria participación y liderazgo de las mujeres iraníes, que -pese a todos los riesgos- han protagonizado acciones altamente simbólicas. Sus reivindicaciones, enarboladas bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”, han estado en el centro de las demandas y han expuesto las interconexiones entre diferentes agravios, discriminaciones y formas de opresión. ¿Cuáles son las singularidades del actual movimiento de contestación?, ¿cuáles han sido las principales estrategias del régimen para reprimir y sofocar este movimiento?, ¿qué precedentes y claves de contexto son relevantes para dimensionar e identificar las posibilidades de la revuelta actual?, ¿qué aspectos cabe destacar desde un prisma feminista y de género? A partir de estas preguntas, y a seis meses de su inicio, esta publicación pretende profundizar en el fenómeno de la revuelta feminista en Irán y ofrecer una aproximación a su impacto y perspectivas.

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Los últimos años han significado un periodo de retroceso en materia de gobernanza democrática en el continente africano, padeciendo múltiples golpes de Estado. Solo entre los años 2020 y 2022 se registraron siete golpes que derrocaron gobiernos en África subsahariana: Malí (agosto 2020 y mayo 2021), Chad (abril 2021), Guinea (septiembre 2021), Sudán (octubre 2021) y Burkina Faso (enero 2022 y septiembre 2022), a los que habría que añadir otros intentos fallidos en Níger (marzo 2021), Sudán (septiembre 2021), Guinea Bissau (febrero 2022), Malí (mayo 2022), Santo Tomé y Príncipe (noviembre 2022) o Gambia (diciembre 2022). El año 2021 fue especialmente convulso, tanto que para encontrar un año con tantos golpes de Estado en África tendríamos que remontarnos a 1999, un año antes de que la entonces Organización de la Unidad Africana (OAU) aprobase la Declaración de Lomé (2000), con la cual pretendía prohibir los cambios inconstitucionales de gobierno, acordando el no reconocimiento de los gobiernos golpistas y su expulsión del organismo.

Si bien Lomé representó un antes y un después en la práctica de golpes militares, conteniendo los mismos durante un tiempo, a partir del año 2020 ha vuelto a resurgir el intervencionismo de los militares en la política africana, principalmente en la región occidental y en escenarios caracterizados por la presencia de conflictos armados, poniendo en riesgo los avances logrados en materia de gobernanza por las sociedades africanas. Los datos de los últimos informes del Índice Ibrahim de Gobernanza Africana ya alertaban de una tendencia en la ralentización de los indicadores de gobernanza durante los últimos cinco años, empeorando por primera vez, en casi una década, en el año 2019.Se señalaba que si bien el continente ha ido avanzando en materia de buena gobernanza, la amenaza del deterioro de la situación de seguridad y la erosión de los espacios de participación cívica y democrática, suponían un riesgo frente a los avances conseguidos. Este fenómeno representa una seria amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad del continente, poniendo en riesgo algunas de las aspiraciones de la agenda africana 2063, The Africa We Want, entre ellas la aspiración número 3, centrada en la construcción de un África basada en el buen gobierno, la democracia, el respeto por los derechos humanos, la justicia y el imperio de la ley; y la aspiración 4, que tiene como objetivo alcanzar un África pacífica y segura.

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La invasión de Rusia ha truncado la vida de millones de personas de Ucrania, con graves consecuencias a corto y largo plazo en seguridad humana y medioambiental en el país. Intensifica el daño y devastación de los ocho años de guerra previos en el este del país, que tuvo graves impactos en la población de ambos lados de la línea de contacto en la zona de conflicto, así como ahonda en la situación de disputa en torno a Crimea. También ha ido acompañada de represión contra población y organizaciones de la sociedad civil movilizadas contra la guerra en Rusia y Bielorrusia. La invasión de Rusia contra Ucrania plantea muchos interrogantes y dilemas sobre vías de solución. La combinación de agresión internacional en forma de invasión contra un Estado soberano –y contra una población soberana–, de un conflicto interestatal con muchas capas y un contexto de orden internacional tensionado, crecientemente militarizado y en disputa supone un desafío diferente a la tipología de la mayoría de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de contribuir al debate público sobre vías de resolución de la invasión rusa y guerra en Ucrania, esta publicación pone el foco en la importancia de los procesos de negociación como vía de abordaje de conflictos. Recoge datos y reflexiones sobre los procesos de paz como vía frecuente de abordaje y, hasta cierto punto, de finalización de conflictos armados en el mundo, así como sus obstáculos y limitaciones. Esta publicación sigue a otro número de la serie Apunts que analiza cómo ha transcurrido la esfera del diálogo entre Rusia y Ucrania en el contexto de la invasión, los intentos fallidos de negociaciones político-militar y los ámbitos de diálogo que se han mantenido activos, así como obstáculos y vías de oportunidad. Ambos números de la serie Apunts pueden leerse conjuntamente.

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La invasión de Rusia contra Ucrania ha entrado en su segundo año con un grave balance de daños humanos, materiales y medioambientales. Rusia y Ucrania mantuvieron negociaciones en el ámbito político-militar con apoyo de terceras partes desde el inicio de la invasión y hasta abril de 2022. Desde entonces y Moscú y Kíev solo han mantenido abierto el diálogo en el ámbito humanitario, de exportación de cereales y de protección de infraestructura nuclear, con apoyo de terceras partes. Rusia ha persistido en su agresión militar. Por otra parte, ambas partes continúan considerando la vía militar como la que más les acerca a sus objetivos. El panorama es de incertidumbre, dificultades para el diálogo y prolongación de la devastación causada por la invasión. Algunos actores políticos internacionales han incrementado recientemente su perfil en el llamamiento a una salida negociada a la guerra. En otros niveles, actores de la sociedad civil local y regional continúan involucrados en ámbitos como la asistencia humanitaria y el apoyo mutuo, entre otros. En conjunto, se requiere de una intensificación de los esfuerzos diplomáticos encaminados a la generación de bases para un eventual reinicio de negociaciones que puedan ser aceptables para Ucrania y que puedan, a su vez, resultar en escenarios negociados de cese de hostilidades y retirada de tropas, entre otros elementos. Esta publicación aborda cómo ha transcurrido el ámbito de las negociaciones en relación a la invasión de Rusia. Va seguida de otra publicación centrada en la relevancia y complejidad de los procesos de negociación como vía de abordaje de conflictos armados. Ambas pueden leerse conjuntamente.

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Tras la muerte del presidente Idriss Déby en abril de 2021 y el subsiguiente golpe de Estado militar, un consejo militar instaló a su hijo Mahamat Idriss Déby como nuevo presidente, suspendió la Constitución y la reemplazó con una carta de transición y la promesa de elecciones libres al cabo de 18 meses, tras la celebración de un diálogo nacional. Sin embargo, estos 18 meses de transición han significado la consolidación del poder de Mahamat Déby, durante los cuales ha utilizado la violencia para reprimir la disidencia y las protestas pacíficas que pedían el regreso de un gobierno civil. El proceso de paz de Doha y el Diálogo Nacional Inclusivo han concluido con la prolongación del mandato del Consejo Militar de Transición bajo la imagen de un nuevo Gobierno, calificado de unidad nacional, y la continuidad de la presidencia de Mahamat Déby, lo que ha supuesto la perpetuación de la ruptura constitucional iniciada en abril de 2021. La perpetuación del régimen de Mahamat Déby ha desencadenado el rechazo de la oposición política y social y la subsiguiente represión por parte de los cuerpos de seguridad, causando decenas de víctimas mortales, lo que evidenciado la deriva autoritaria del Gobierno y la voluntad de silenciar la oposición política y social con todos los medios a su alcance. La tibia respuesta internacional pone de manifiesto el fracaso de la comunidad internacional en su conjunto para evitar la deriva autoritaria y represora del régimen chadiano y lanza un peligroso mensaje a otros países de la región.

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La región del Norte de África y Oriente Medio (MENA) es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Numerosos estudios vienen constatando sus impactos en la zona y anticipan que esta región del planeta se verá crecientemente afectada por un acelerado aumento de temperaturas, una acusada disminución de los recursos de agua, una proliferación de eventos meteorológicos extremos y un incremento del nivel del mar con importantes afectaciones en zonas costeras, entre otros fenómenos. Ante este panorama, y en un contexto en el que el cambio climático es ampliamente percibido como una de las principales amenazas a la paz y a la seguridad global, diversos análisis vienen dedicando atención a explorar las interrelaciones entre la emergencia climática y los conflictos violentos y situaciones de inestabilidad. Un tema relevante en una región afectada por numerosos conflictos armados y tensiones sociopolíticas que han tenido -y tienen- graves afectaciones desde una perspectiva de seguridad humana. Ante este escenario, el presente informe analiza algunas interrelaciones clave entre cambio climático y conflictos, abordando cuestiones como los retos que plantea la previsible escasez de agua en un contexto de calor extremo, las lecciones sobre la relación entre sequía y conflicto que arroja el caso de Siria, los desafíos del nexo entre cambio climático y seguridad alimentaria, los impactos desproporcionados de la emergencia climática en poblaciones en situación de vulnerabilidad y retos vinculados a los déficits de gobernanza y dificultades para el activismo por el clima en la región.

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Comprender cuáles son las causas que originan el despliegue de la violencia a gran escala en las sociedades ha sido una de las principales preocupaciones de los estudios sobre conflictividad armada y construcción de paz. Hoy sabemos que las causas del estallido y mantenimiento de la violencia son complejas, producto de múltiples factores (históricos, políticos, económicos, culturales, ideacionales, endógenos y exógenos) que interactúan de formas diversas en cada escenario de conflictividad armada y que se pueden transformar a lo largo del tiempo. Dentro de estas múltiples causas, una de ellas, la que hace alusión al papel que desempeñan los recursos naturales en la conflictividad armada ha sido estudiado por la que se conoce como la literatura de la «economía política de la guerra», centra su atención en analizar los flujos económicos de las guerras, sobre todo, el papel que desempeñan en ella los recursos naturales (diamantes, oro, petróleo, coltán, tierras, alimentos, etc.). Una de las principales conclusiones de esta narrativa defiende que las causas de violencia armada se sitúan fundamentalmente en la lucha por el control y acceso a los recursos naturales. Dentro de esta narrativa existen dos importantes variantes: la que se centra en resaltar la competencia que se genera debido a la escasez de recursos, acentuada en los últimos años por la crisis climática y la crisis alimentaria global; y la que pone el énfasis en la abundancia de recursos y su impacto negativo en las sociedades debido a su mala gestión y a las oportunidades que generan para el enriquecimiento. Ambas literaturas si bien nos permiten entender mejor la relación entre recursos naturales y conflictividad armada, poseen importantes limitaciones al invisibilizar otros factores causales.

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En agosto de 2021 se produjo la toma del poder en Afganistán por los talibanes, después de que, tras años de conflicto armado, se intensificaran los enfrentamientos en los meses previos y estos finalmente lograran capturar Kabul. El fracaso de los intentos de negociación entre el Gobierno y los talibanes, y la marcha del país del presidente Ghani, dieron paso a la reinstauración del régimen talibán, 20 años después de su caída tras la invasión estadounidense del país, institucionalizándose la completa exclusión de las mujeres del ámbito público y la violación sistemática de sus derechos humanos. La invasión de Afganistán por parte de EEUU y la coalición de apoyo, trató en 2001 de buscar legitimidad internacional y local utilizando con frecuencia discursos de género con argumentaciones que aludían a la situación de las mujeres afganas y la necesidad de poner fin a un régimen opresor. Tras la caída del régimen talibán se produjeron algunos cambios en la situación de las mujeres, especialmente en el ámbito normativo. Además, se abrieron algunos espacios limitados de participación política. No obstante, a pesar de algunos avances en el ámbito político y educativo, la situación de la mayoría de las mujeres afganas se caracterizó por la pobreza y la marginación del ámbito público. Además, los niveles de violencia contra las mujeres siguieron siendo muy elevados. El régimen político instaurado por los talibanes en 2021 se ha caracterizado por la imposición de una fuerte exclusión de las mujeres del ámbito público y un amplio recorte de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales, impactando así en su condición de ciudadanas, de la misma manera que sucediera durante el primer régimen talibán entre 1996 y 2001. Sin embargo, a pesar de todos estos retrocesos y graves abusos a sus derechos desde el cambio de régimen en el país, las mujeres han protagonizado diferentes actos de protesta y resistencia dentro y fuera del país frente a la misoginia y violación sistemática de sus derechos.

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Con frecuencia clasificado como uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, Chad enfrenta un amplio, complejo e interrelacionado abanico de retos y elementos de fragilidad e inestabilidad en las últimas décadas. Este clima de inestabilidad se agravó con la muerte del presidente Idriss Déby en abril de 2021 y el subsiguiente golpe de Estado militar, lo que situó al país al borde del abismo. Un consejo militar instaló a Mahamat Idriss Déby, suspendió la constitución y la reemplazó con una carta de transición y la promesa de elecciones libres al cabo de 18 meses, tras la celebración de un diálogo nacional. El diálogo, programado para febrero 2022, se pospuso a agosto de 2022 para permitir que los grupos armados reunidos en Qatar desde marzo con el Consejo Militar de Transición pudieran participar tras alcanzar un acuerdo de paz, aunque algunos de los principales grupos, como el FACT, boicotearon el acuerdo. La oposición y la sociedad civil, crecientemente silenciada y reprimida, sigue exigiendo una transición liderada por civiles y elecciones creíbles.

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Tras la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la Guerra Fría y la contienda bipolar con la desmembración de la URSS en 1991, se produjo una aparente reducción de la conflictividad global calificada como de optimismo liberal que dio paso a la puesta en marcha de una agenda de paz liberal en lo concerniente a las políticas internacionales de paz y desarrollo. Sin embargo, la eclosión de una serie de conflictos bélicos, encabezados por el auge de los nacionalismos en la ex URSS, el desmembramiento de la región de los Balcanes o las crisis en Somalia, Ruanda y África Occidental, planteó nuevos desafíos y cuestionó el optimismo generado años atrás. A su vez, estos conflictos dieron pie a la legitimación de diversos paradigmas que pretendían justificar las intervenciones militares internacionales y que recibieron un impulso definitivo con la irrupción de la Guerra contra el Terror a partir del 11S de 2001 y la transformación de la agenda política internacional en materia de seguridad: los Estados “fallidos” o “colapsados” se convirtieron en una amenaza global con enormes retos a la estabilidad y la seguridad internacional. A pesar de sus múltiples fracasos, esta agenda securitaria ha regido las relaciones internacionales durante las últimas dos décadas y ha favorecido la progresiva internacionalización de los conflictos armados por la implicación de terceros actores como partes contendientes en el marco de esta agenda securitaria, que han contribuido a agravar la intensidad de la violencia en algunos contextos, como evidencia la región del Sahel Occidental.

En estas dinámicas de largo plazo han intervenido otros aspectos coyunturales, como es la crisis financiera de 2008 y la pandemia de la COVID-19 en 2020, que han puesto de manifiesto las fallas del sistema y la fragilidad en términos de gobernabilidad en diferentes contextos. En este sentido, esta situación de incremento de la violencia y fragilidad gubernamental en esta nueva etapa de (des)orden internacional multipolar se ha visto gravemente afectada por las múltiples tensiones entre las cuatro principales potencias de la comunidad internacional, EEUU, Rusia, China y la UE, y que la invasión rusa a Ucrania ha acrecentado, sentando las bases de una nueva crisis global, etapa que algunos han calificado como una nueva era de impunidad o incluso una reedición de algunos elementos propios de la Guerra Fría.

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El siguiente informe analiza algunos de los principales impactos de la pandemia de la COVID-19 en los procesos de paz, como el retraso, ralentización o parálisis de algunas negociones de paz; la transición a procesos de diálogo a distancia, que conlleva la virtualización de la comunicación, un mayor protagonismo de la llamada “mediación interna” y una mayor agencia de los actores locales; el impacto en los procesos de paz del llamamiento del secretario general de Naciones Unidas a un alto el fuego global; y la influencia de la resolución 2532 (2020) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la reconfiguración y ampliación del concepto de seguridad internacional y de las funciones y competencias del Consejo de Seguridad para preservar la paz y seguridad internacionales.

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En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el nivel de pandemia mundial por la propagación del virus de la COVID-19 y solicitó a los gobiernos que tomasen las medidas pertinentes para contener su propagación. Desde ese momento se han adoptado múltiples medidas para controlar la pandemia que han tenido efectos positivos en la contención de la enfermedad, pero también han afectado al ejercicio de los derechos de las personas en muchos ámbitos de su vida: acceso a servicios básicos, trabajo, circulación, educación, reunión pacífica, privacidad, vida familiar, religión, etc. En múltiples ocasiones las medidas decretadas, lejos de aplicarse con el fin de salvaguardar la salud pública, han sido instrumentalizadas para reprimir o discriminar a grupos específicos, reducir el espacio cívico y censurar voces críticas, así como para violar los derechos de diferentes colectivos.

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En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como pandemia mundial que ha dado lugar a una crisis global de salud y multidimensional. Desde entonces, la respuesta contra la COVID-19 se ha convertido en un escenario central en todo el mundo. Un año y medio después del inicio de la pandemia, todavía no se vislumbra el final: a pesar del rápido desarrollo de las vacunas –no exento de polémica– estas no están igualmente disponibles en todo el mundo, y los avances positivos en muchos lugares se ven ensombrecidos por la propagación de mutaciones. Aunque el continente africano no se vio tan afectado por la pandemia como muchos inicialmente temían, la enfermedad ha tenido consecuencias muy graves en términos económicos, políticos y sociales. Además, esta pandemia emergió en un contexto internacional de fragilidad e inestabilidad previa vinculado, entre otros factores, a los conflictos armados y las crisis sociopolíticas que asolaban el continente y que en los últimos años se han ido agravando. En el año 2020 se registraron a nivel mundial 34 escenarios de conflictividad armada, 15 de los cuales transcurrieron en África. Muchos de estos escenarios han padecido un deterioro en la situación de seguridad en los últimos años, afectando gravemente a las poblaciones civiles y generando importantes crisis humanitarias, situación agravada en diversos casos por la respuesta a la pandemia y los retos y déficits de gobernabilidad previos.

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En la última década los desplazamientos forzados de población a causa de conflictos armados, persecución y múltiples formas de violencia se han incrementado de manera exponencial. La crisis de la COVID-19 y las restricciones de movimiento impuestas para contener la expansión de la enfermedad impactaron en esta realidad, creando una situación sin precedentes e incidiendo especialmente en los movimientos transfronterizos. La pandemia ha exacerbado la vulnerabilidad de las personas desplazadas y refugiadas -y también migrantes–, que han tenido que lidiar con consecuencias desproporcionadas en el marco de una crisis múltiple: de protección, de salud y socioeconómica, entre otras dimensiones. La crisis de la COVID-19 también ha ofrecido lecciones, poniendo en evidencia la interdependencia del bienestar y la salud de los seres humanos, la urgencia de respuestas colectivas a los retos globales y la necesidad ineludible de poner en práctica vías legales y seguras para gestionar la movilidad humana desde un enfoque de derechos comprometido con la seguridad humana.

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La pandemia por coronavirus que ha dado lugar a una crisis global de salud emergió en un contexto internacional de fragilidad previa como consecuencia, entre otros factores de los conflictos armados y las tensiones de carácter sociopolítico, así como del cambio climático. Se trata de fenómenos globales que interactúan agravando las crisis de salud y seguridad en las que viven numerosas poblaciones. La magnitud de estas crisis globales ha puesto de manifiesto la dificultad para establecer límites precisos entre unas y otras y la necesidad de adoptar enfoques globales que atiendan a las intersecciones que se producen entre las causas y consecuencias, así como a las diversas interrelaciones que tienen lugar entre estos fenómenos.

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La pandemia de la COVID-19 ha amplificado las desigualdades de género preexistentes en todas las esferas y sus consecuencias se han visto agudizadas en países en conflicto armado, aun en medio de limitaciones de datos y subregistros. La pandemia ha puesto de manifiesto de nuevo carencias en torno a la implementación efectiva de la agenda internacional de género, paz y seguridad, principalmente de falta de voluntad gubernamental de destinar esfuerzos y recursos para abordar y transformar estructuras y prácticas de violencia de género y de priorizar la participación de mujeres y sociedad civil en toda su diversidad en los procesos de toma de decisión. Enfoques feministas alertan sobre los riesgos de abordar la pandemia como una crisis nueva o desconectada de otros procesos y plantean propuestas de recuperación feminista basadas en la interdependencia, la igualdad de género y la seguridad humana y medioambiental.

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Desde el inicio de sus actividades en los 2000, al-Shabaab ha sido el principal reto a la construcción de la paz en Somalia y uno de los actores armados más activos del continente africano. En 2012 se convirtió en la franquicia local de al-Qaeda y de su red transnacional de actores salafistas yihadistas, llegando a ser uno de los principales actores armados del continente africano y en una amenaza de dimensiones regionales. En esta última década EEUU y el resto de la comunidad internacional han priorizado una aproximación securitaria al conflicto en el país y en especial en los últimos años, EEUU ha seguido incrementando las operaciones militares en persecución de al-Shabaab. La estrategia antiterrorista estadounidense y de la comunidad internacional en su conjunto, con el beneplácito del Gobierno Federal somalí, centrada en la securitización de las respuestas internacionales ante las amenazas a la paz y la seguridad internacional, se ha revelado como un fracaso porque no ha reducido el impacto de las actividades de al-Shabaab y ha causado numerosas víctimas civiles.

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El 4 de noviembre de 2020 el primer ministro etíope ordenó el inicio de una operación militar contra las autoridades de la región septentrional de Tigray, gobernada por el TPLF, en respuesta a un ataque cometido por las fuerzas de la región de Tigray contra dos bases militares de las Fuerzas Armadas federales etíopes. A raíz de esta ofensiva, se ha desencadenado una escalada de la violencia con graves consecuencias para la población civil, cuyo último episodio, la ofensiva militar contra la capital, Mekelle, puede suponer un desastre humanitario que previsiblemente no supondrá el fin del conflicto armado.

El nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo primer ministro a principios de 2018 propició importantes y positivos cambios a nivel interno y a nivel regional en Etiopía. Sin embargo, las acciones de Abiy para reformar el Estado etíope han desembocado en su debilitamiento. Le han dado un nuevo impulso a los movimientos nacionalistas de base étnica resurgidos durante las movilizaciones masivas iniciadas en 2015 por parte de la comunidad oromo que finalmente le llevaron al poder, así como fuertes resistencias de actores clave como el TPLF. Esta situación ha desencadenado una escalada de la violencia política por todo el país y un incremento de la tensión entre el Gobierno federal y el TPLF que ha culminado con el estallido de un conflicto armado. Es más imprescindible que nunca la presión de la comunidad internacional para frenar la espiral de violencia, establecer un alto el fuego y promover un diálogo para resolver este conflicto cuyas dimensiones van más allá de la disputa entre Tigray y el Gobierno federal. La transición en Etiopía está en riesgo y es imprescindible involucrar a todos los actores políticos para construir un futuro político común.

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2020 ha sido un año decisivo para los procesos de paz que tienen lugar en Afganistán. En febrero, tras unas largas negociaciones entre el Gobierno de EEUU y los talibanes repletas de no pocos obstáculos, avances y retrocesos, se lograba un acuerdo por el que Washington se comprometía a una retirada militar progresiva del país a cambio de que los talibanes aseguraran que desde territorio afgano no se iban a planificar ni perpetrar ataques terroristas contra intereses estadounidenses. En septiembre se inició el diálogo intraafgano que reúne en Qatar al Gobierno afgano y los talibanes en un proceso que representa una oportunidad única, pero que deberá hacer frente a numerosos obstáculos y que difícilmente alcanzará resultados tangibles en el corto plazo. La participación de las mujeres y la consolidación del reconocimiento a sus derechos es uno de los principales retos a los que se deberá hacer frente. Los avances en los procesos han venido acompañados de una reducción de la violencia armada en el país, aunque los talibanes han protagonizado importantes ataques armados que ponen en cuestión su compromiso con el fin del conflicto armado por la vía negociada. El contexto de pandemia y la victoria del partido demócrata en las elecciones de EEUU abren también interrogantes sobre el futuro incierto del proceso de paz.

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El Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamamiento global el 23 de marzo a todas las partes en conflicto en el mundo a iniciar un alto el fuego que permita hacer frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus. A los pocos días el llamamiento del Secretario General había sido secundado por más de 70 Estados miembros, organizaciones regionales, actores subestatales y redes y organizaciones de la sociedad civil. Un relevante número de actores de escenarios de conflicto manifestaron su voluntad de asumir el llamamiento. Sin embargo, tal y como reconoció el mismo Secretario General, existen enormes dificultades para traducir las palabras en hechos. A finales de junio, a iniciativa de Malasia, 170 Estados miembros y observadores de la ONU anunciaron su respaldo al llamamiento global de la ONU y manifestaron su unidad ante la amenaza global de la pandemia. Posteriormente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se pronunció de forma unánime dando apoyo a ese llamamiento aprobando la resolución 2532 (2020) en la que exigía un cese general e inmediato de las hostilidades en todas las situaciones bélicas que forman parte de la agenda del Consejo de Seguridad; apoyaba los esfuerzos realizados por el Secretario General; y llamaba a todas las partes en conflicto armado a participar de inmediato de una pausa humanitaria de al menos 90 días consecutivos. La Escola de Cultura de Pau (ECP) de la UAB reitera su apoyo al llamamiento a un alto el fuego global del Secretario General de la ONU. A continuación se documentan algunos de los contextos de conflicto armado o tensión en los que actores armados establecieron altos el fuego u otras medidas de creación de confianza entre las partes o se hicieron llamamientos relevantes al inicio de ceses de hostilidades entre abril y julio.

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Tras haber sido una de las regiones del mundo con mayores niveles de conflictividad armada durante la Guerra Fría, en las últimas décadas el Sudeste asiático ha experimentado una clara reducción tanto de conflictos armados internos como de disputas interestatales. Aunque en 2019 y 2020 se han producido avances muy positivos respecto del acomodo de minorías nacionales y de reivindicaciones políticas a través de negociaciones de paz, la región sigue teniendo varios conflictos activos y enfrenta importantes retos. Entre ellos, la creciente contestación social y erosión de la legitimidad de las instituciones y los modelos de gobernabilidad; la asertividad con la que se están reivindicando referéndums de autodeterminación; y la consolidación y expansión de ISIS en la región tras la pérdida de sus últimos feudos en Siria e Iraq.

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Las agendas de seguridad y construcción de paz en el continente africano difieren ostensiblemente en los escenarios de violencia presentes en el África Central, de las generadas en los conflictos armados con presencia de actores yihadistas en el África Occidental y el Cuerno de África. Mientras en las primeras se ha apostado principalmente por el despliegue de misiones de mantenimiento de la paz encabezadas por Naciones Unidas, así como por la apertura de procesos de negociación de paz, en las segundas, su caracterización como conflictos armados de corte “yihadista” ha dado pie a priorizar respuestas militares a partir de coaliciones internacionales de corte antiterrorista y a la negación del dialogo. Los resultados de la aplicación de unas y otras han sido dispares en lo relativo a la reducción de la violencia, y en general, la arquitectura de paz edificada se muestra incapaz de aportar medidas significativas que ayuden a la transformación estructural de la violencia y contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones africanas.

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El Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamamiento global el 23 de marzo a todas las partes en conflicto en el mundo a iniciar un alto el fuego que permita hacer frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus, facilitando así el trabajo de los actores humanitarios accediendo a las poblaciones más vulnerables afectadas por la violencia. La Escola de Cultura de Pau (ECP) de la UAB se suma al llamamiento a un alto el fuego global. En apoyo a los esfuerzos locales e internacionales de construcción de paz y de respuesta a la pandemia, documenta a continuación algunos de los contextos de conflicto armado o tensión en los que actores armados mostraron su adhesión a la propuesta del Secretario General de la ONU, se adoptaron otras medidas de creación de confianza entre las partes o se hicieron llamamientos relevantes al inicio de ceses de hostilidades.

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Se cumplen 20 años de la agenda internacional sobre género, paz y seguridad en un contexto internacional lleno de desafíos, con el fortalecimiento de liderazgos globales hostiles para los derechos de las mujeres y la población LGTBI y favorables a aproximaciones militaristas a la transformación de los conflictos. El potencial de la agenda, que nació con el objetivo de incorporar los principios de igualdad de género a las políticas de paz y seguridad, dista mucho de ser alcanzado, a pesar de los avances que se han llevado a cabo en estas dos últimas décadas. La falta de recursos y la frágil voluntad política de los gobiernos siguen siendo importantes obstáculos para una agenda que afronta el reto de seguir siendo un instrumento para la construcción de una paz transformadora y de tejer alianzas con otros actores relevantes, como el movimiento por los derechos de las personas LGTBI y otras agendas cruciales como la de justicia climática o la agenda sobre jóvenes, paz y seguridad.

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La violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género afecta a personas lesbianas, gays, trans, bisexuales y intersexuales (LGBTI) en todo tipo de contextos en el mundo, vulnerando en múltiples formas sus derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos han denunciado el riesgo que suponen los conflictos armados como agravante de las violencias preexistentes contra la población LGTBI. Pese al infra-registro de este tipo de violencia, ésta ha sido documentada en conflictos como Colombia, Iraq o Siria, entre otros, poniendo de manifiesto sus impactos específicos en todos los ámbitos de las vidas de la población LGTBI, así como los obstáculos a la defensa de sus derechos, como la impunidad prevalente. Ante la situación de violencia contra población LGTBI en contextos de conflicto resulta urgente abordar y transformar los sesgos de género en los análisis sobre conflictividad armada y los esfuerzos de construcción de paz.

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En abril de 2019 se produjo el derrocamiento por parte de la cúpula militar de Sudán del presidente Omar al-Bashir, en cuya caída fueron determinantes las movilizaciones populares de la sociedad civil y en particular, de las organizaciones de mujeres sudanesas. El nuevo gobierno de transición ha introducido algunos cambios positivos en lo concerniente a la presencia de las mujeres sudanesas en las nuevas instituciones del Estado, aunque diversos análisis han señalado que las mujeres siguen ausentes de los ámbitos de decisión del nuevo régimen. Numerosos retos tras la caída de al-Bashir siguen abiertos en un país atravesado por numerosos agravios históricos entre el centro y la periferia y déficits democráticos, una profunda crisis económica, falta de justicia social y violencia de género enquistada en las instituciones y leyes del Estado.

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