Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
A pesar de que en los diálogos con las FARC todavía quedan por negociar varios temas importantes y delicados, en Colombia hace ya un tiempo que cada vez se habla cada vez más del postconflicto, y con cierta premura. Es un tema de moda, y todos tenemos que ir pensando en ello, porque el postconflicto es la etapa donde muchos acuerdos de paz fracasan, por incumplimiento deliberado o por exceso de expectativas. Hay que ser muy realista en lo que es posible y no es posible, y en los tiempos que necesita cada cosa. Además, no olvidemos en ningún momento que los acuerdos de paz sólo ponen fin a la violencia armada vinculada al conflicto, pero no termina con el conflicto, que tiene aspectos políticos, económicos, sociales y culturales que hay que gestionar sabiamente durante años, intentando que no se generen nuevas violencias físicas y no aumenten los homicidios vinculados a una criminalidad creciente, como ocurre en muchos contextos. Un día u otro tendremos acuerdo de paz, pero luego será el momento en que las energías destinadas por ambos bandos en la confrontación violenta, habrán de trasladarse al empeño en construir una sociedad más tolerante, más solidaria, más justa, convivencial, participativa y democrática.
Hay un aspecto, sin embargo, que me da la impresión que se está manejando de forma confusa e ingenua, y seguro sin mala fe. Me refiero a quien o quienes deben soportar el gasto de esta fase que llamamos postconflicto y que yo invito que la denominemos “postconflicto armado”. Recientemente, el presidente Santos ha viajado por Europa y se ha reunido con varias cancillerías recabando apoyos para esta futura etapa. El ministro de Exteriores de España, de forma generosa, se ha ofrecido para coordinar la aportación de la Unión Europea al futuro de Colombia. Naciones Unidas también se ha manifestado favorable en este sentido, y otros organismos internacionales lo irán haciendo en los próximos meses. Es de agradecer esa solidaridad, que refleja en buena parte el deseo de paz que la comunidad internacional quiere para Colombia. Pero ahí viene el interrogante: Financiar el postconflicto armado de Colombia mediante la ayuda exterior, ¿no va en contravía de la responsabilidad de reparación que han de asumir todos los actores que han estado involucrados de una forma u otra en el conflicto durante estas décadas?
Colombia es un país con riquezas naturales, con una economía creciente, un PIB considerable y un sistema financiero potente. No es comparable con la RD Congo, Burundi u otros países empobrecidos, cuyos Estados no pueden subvencionar su postconflicto armado y necesitan de la intervención del Banco Mundial, el PNUD, la Unión Europea, las grandes ONG de desarrollo y otros organismos, además de los apoyos individuales de varios países. Colombia ha podido asumir la mayor parte del coste de la desmovilización y reintegración de las AUC y desmovilizaciones individuales, en un número muy superior a los actuales efectivos de las FARC y el ELN. El propio país puede asumir este nuevo y futuro coste. Se puede argumentar, con todo, que harán falta muchos y enormes recursos económicos para llevar a cabo las reformas económicas que exigen los acuerdos de la Agenda de La Habana, especialmente en el tema agrario. Cierto. Pero ese coste debería cubrirse desde varios aportes internos, a saber: el llamado “dividendo del desarme”, es decir, el ahorro que supondrá en cuanto a gastos militares la firma de los acuerdos de paz, que siempre comportan la desmovilización de la insurgencia y la reforma del sistema de seguridad, que significa básicamente dos cosas: la reducción de los efectivos militares y los gastos militares entre un 30 y un 50%, a partir de las experiencias de otros países, lo cual genera la liberación para fines estructurales de una cantidad enorme de plata, y la dedicación de la policía a tareas no militares, homologándola a lo que en contextos de paz se llama “policía de proximidad”. Pero ahí no termina todo. Tanto las autodefensas como las guerrillas han acaparado por la fuerza cantidades enormes de tierras, de un valor enorme, así como empresas con las que han lavado dineros obtenidos de forma ilegal. Esos bienes hay que devolverlos a la sociedad, y convertirlos en activos a disposición del postconflicto armado. Finalmente, hay muchas grandes empresas, nacionales y extranjeras, que se han beneficiado del conflicto, y que deberían aportar su parte para la reconstrucción del país. Lo mismo sucede con las clases pudientes y el resto del tejido empresarial, que debería contribuir en el éxito de esta fase a partir de un “fondo empresarial para la paz”. Si todo eso se pone en marcha, se hará justicia y la paz será una contribución colectiva de Colombia, y no una limosna de la comunidad internacional. Mejor la reparación que la caridad.
Hay un aspecto, sin embargo, que me da la impresión que se está manejando de forma confusa e ingenua, y seguro sin mala fe. Me refiero a quien o quienes deben soportar el gasto de esta fase que llamamos postconflicto y que yo invito que la denominemos “postconflicto armado”. Recientemente, el presidente Santos ha viajado por Europa y se ha reunido con varias cancillerías recabando apoyos para esta futura etapa. El ministro de Exteriores de España, de forma generosa, se ha ofrecido para coordinar la aportación de la Unión Europea al futuro de Colombia. Naciones Unidas también se ha manifestado favorable en este sentido, y otros organismos internacionales lo irán haciendo en los próximos meses. Es de agradecer esa solidaridad, que refleja en buena parte el deseo de paz que la comunidad internacional quiere para Colombia. Pero ahí viene el interrogante: Financiar el postconflicto armado de Colombia mediante la ayuda exterior, ¿no va en contravía de la responsabilidad de reparación que han de asumir todos los actores que han estado involucrados de una forma u otra en el conflicto durante estas décadas?
Colombia es un país con riquezas naturales, con una economía creciente, un PIB considerable y un sistema financiero potente. No es comparable con la RD Congo, Burundi u otros países empobrecidos, cuyos Estados no pueden subvencionar su postconflicto armado y necesitan de la intervención del Banco Mundial, el PNUD, la Unión Europea, las grandes ONG de desarrollo y otros organismos, además de los apoyos individuales de varios países. Colombia ha podido asumir la mayor parte del coste de la desmovilización y reintegración de las AUC y desmovilizaciones individuales, en un número muy superior a los actuales efectivos de las FARC y el ELN. El propio país puede asumir este nuevo y futuro coste. Se puede argumentar, con todo, que harán falta muchos y enormes recursos económicos para llevar a cabo las reformas económicas que exigen los acuerdos de la Agenda de La Habana, especialmente en el tema agrario. Cierto. Pero ese coste debería cubrirse desde varios aportes internos, a saber: el llamado “dividendo del desarme”, es decir, el ahorro que supondrá en cuanto a gastos militares la firma de los acuerdos de paz, que siempre comportan la desmovilización de la insurgencia y la reforma del sistema de seguridad, que significa básicamente dos cosas: la reducción de los efectivos militares y los gastos militares entre un 30 y un 50%, a partir de las experiencias de otros países, lo cual genera la liberación para fines estructurales de una cantidad enorme de plata, y la dedicación de la policía a tareas no militares, homologándola a lo que en contextos de paz se llama “policía de proximidad”. Pero ahí no termina todo. Tanto las autodefensas como las guerrillas han acaparado por la fuerza cantidades enormes de tierras, de un valor enorme, así como empresas con las que han lavado dineros obtenidos de forma ilegal. Esos bienes hay que devolverlos a la sociedad, y convertirlos en activos a disposición del postconflicto armado. Finalmente, hay muchas grandes empresas, nacionales y extranjeras, que se han beneficiado del conflicto, y que deberían aportar su parte para la reconstrucción del país. Lo mismo sucede con las clases pudientes y el resto del tejido empresarial, que debería contribuir en el éxito de esta fase a partir de un “fondo empresarial para la paz”. Si todo eso se pone en marcha, se hará justicia y la paz será una contribución colectiva de Colombia, y no una limosna de la comunidad internacional. Mejor la reparación que la caridad.