Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Entrevista a Vicenç Fisas de El Espectador (Colombia)
Por: Mario Alberto Zamudio Palma / Especial para El Espectador
El director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad de Barcelona, Vicenç Fisas, habló con El Espectador sobre el momento que viven las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Farc en La Habana.
El proceso de paz ha llegado a una de las etapas más espinosas de su historia. Desminado, cárcel, mecanismos de justicia transicional, bombardeos y suspensión de acciones militares son términos que están sobre la mesa. Las delegaciones del Gobierno y las Farc se juegan el pellejo en cada discusión porque saben que lo que se acuerde en Cuba será el principio del fin del conflicto y determinará el futuro de Colombia y la forma en la que la guerrilla pueda aterrizar en la vida civil.
En medio de la histórica coyuntura, El Espectador habló con uno de los investigadores más reconocidos en el estudio de conflicto armados del mundo y quien desde el comienzo ha respaldado las negociaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc en La Habana. Desde Barcelona, donde dirige la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma, Vicenç Fisas señala que no es un error táctico dejar de bombardear los campamentos de las Farc y sostiene que la justicia, sí o sí, debe estar ligada a la verdad y a la reparación.
¿Qué significa para el país que el Gobierno y las Farc hayan acordado desminar juntos?
Es una medida de confianza sumamente importante, y con un gran contenido simbólico, tanto por tratarse de desactivar un artefacto que afecta notablemente a la población civil, como por el hecho de que el desminado se haga con las Fuerzas Armadas y la ayuda de una organización internacional especializada en ello. Es una medida que forma parte de una serie de compromisos que las dos partes van adquiriendo para “desescalar” la confrontación armada y reforzar la negociación.
¿Puede constituirse en el primer paso real para el desescalamiento del conflicto?
Ya lo es, sin duda alguna, junto a la tregua unilateral declarada en diciembre por las Farc, y cuyo cumplimiento ha dado legitimidad para que el Gobierno dé sus propios pasos en este desescalonamiento.
El Gobierno ha ordenado, a su vez, dejar de bombardear campamentos de las Farc. ¿Esta es una buena señal o un error táctico?
No es un error táctico, sino un acierto político. Ambas partes podrán vigilarse, pero sin enfrentarse. Evitar muertos, de parte y parte, es fundamental para generar confianza en la adopción de otras medidas unilaterales, bilaterales o simultáneas en el tiempo.
¿Debería el Gobierno inclinarse hacia la propuesta de cese bilateral del fuego?
De hecho, creo que ya existe, en cierta forma, un “cese bilateral tácito”, no formal, pero efectivo. Se puede continuar con esta forma de reducir los enfrentamientos para, un poco más tarde, aunque puede ser pronto, se declare formalmente el “cese bilateral”.
Dentro del marco de derecho internacional humanitario, ¿el desminado puede ser una forma de aplicar justicia para las Farc?
Entiendo que sí, si se comprometen de verdad y la Fuerza Pública permite que las Farc hagan ese trabajo sin que sean capturados. Se puede empezar de forma piloto en pequeños espacios, para ir ampliando la superficie a desminar. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en algunos sitios puede ser complicado, al haber fallecido los guerrilleros que hicieron el mapeo de las minas, es decir, tener las coordenadas exactas de dónde se pusieron las minas en su momento. En esos sitios, el desminado será más lento y peligroso.
El Gobierno ha dicho que tanta justicia como sea posible para alcanzar la paz… ¿la cárcel es un mecanismo de justicia que permite alcanzar la paz?
Si miramos los procesos de paz de los últimos 30 años, nadie paga cárcel cuando se firma un acuerdo de paz y hay un serio compromiso con desvelar la verdad, toda la verdad, y se compromete a realizar todas las reparaciones posibles. Para que exista el fin del “conflicto armado” es mejor buscar medidas de “justicia restaurativa” que pagar penas de cárcel, pues esta última opción implicaría que la mayoría de los guerrilleros no dejarían las armas.
El pueblo colombiano, según varias encuestas, no se imagina a las Farc en otro sitio que no sea la cárcel… ¿cómo hacer para que la gente interiorice que probablemente no los verán tras los barrotes?
Hay que explicar cómo ha funcionado este tema en todos los procesos que han existido en el mundo, y que Colombia seguramente no será una excepción. Ahora bien: insisto en que esta “favorabilidad jurídica” debe ir vinculada a la verdad y la reparación. Hay que explicar, también, que hay una responsabilidad de ciertos órganos del Estado, especialmente de sectores de las FF.AA. y de los centros de inteligencia, por la connivencia con los grupos paramilitares y la “guerra sucia”, que son los que han causado más muertos y los episodios más terribles.
Todos los actores implicados en la guerra, por lo tanto, tendrán que explicar su verdad y pedir perdón por todo lo cometido al margen de las leyes de la guerra y del Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, hay que dar condiciones de plena seguridad física para que algunos de los insurgentes puedan hacer política en el futuro, sin que sean asesinados, amenazados u obligados a marchar al exilio. En el día de hoy, todavía no existen esas garantías, lo que constituye un grave obstáculo para la firma de un acuerdo de paz.
El proceso de paz ha llegado a una de las etapas más espinosas de su historia. Desminado, cárcel, mecanismos de justicia transicional, bombardeos y suspensión de acciones militares son términos que están sobre la mesa. Las delegaciones del Gobierno y las Farc se juegan el pellejo en cada discusión porque saben que lo que se acuerde en Cuba será el principio del fin del conflicto y determinará el futuro de Colombia y la forma en la que la guerrilla pueda aterrizar en la vida civil.
En medio de la histórica coyuntura, El Espectador habló con uno de los investigadores más reconocidos en el estudio de conflicto armados del mundo y quien desde el comienzo ha respaldado las negociaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc en La Habana. Desde Barcelona, donde dirige la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma, Vicenç Fisas señala que no es un error táctico dejar de bombardear los campamentos de las Farc y sostiene que la justicia, sí o sí, debe estar ligada a la verdad y a la reparación.
¿Qué significa para el país que el Gobierno y las Farc hayan acordado desminar juntos?
Es una medida de confianza sumamente importante, y con un gran contenido simbólico, tanto por tratarse de desactivar un artefacto que afecta notablemente a la población civil, como por el hecho de que el desminado se haga con las Fuerzas Armadas y la ayuda de una organización internacional especializada en ello. Es una medida que forma parte de una serie de compromisos que las dos partes van adquiriendo para “desescalar” la confrontación armada y reforzar la negociación.
¿Puede constituirse en el primer paso real para el desescalamiento del conflicto?
Ya lo es, sin duda alguna, junto a la tregua unilateral declarada en diciembre por las Farc, y cuyo cumplimiento ha dado legitimidad para que el Gobierno dé sus propios pasos en este desescalonamiento.
El Gobierno ha ordenado, a su vez, dejar de bombardear campamentos de las Farc. ¿Esta es una buena señal o un error táctico?
No es un error táctico, sino un acierto político. Ambas partes podrán vigilarse, pero sin enfrentarse. Evitar muertos, de parte y parte, es fundamental para generar confianza en la adopción de otras medidas unilaterales, bilaterales o simultáneas en el tiempo.
¿Debería el Gobierno inclinarse hacia la propuesta de cese bilateral del fuego?
De hecho, creo que ya existe, en cierta forma, un “cese bilateral tácito”, no formal, pero efectivo. Se puede continuar con esta forma de reducir los enfrentamientos para, un poco más tarde, aunque puede ser pronto, se declare formalmente el “cese bilateral”.
Dentro del marco de derecho internacional humanitario, ¿el desminado puede ser una forma de aplicar justicia para las Farc?
Entiendo que sí, si se comprometen de verdad y la Fuerza Pública permite que las Farc hagan ese trabajo sin que sean capturados. Se puede empezar de forma piloto en pequeños espacios, para ir ampliando la superficie a desminar. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en algunos sitios puede ser complicado, al haber fallecido los guerrilleros que hicieron el mapeo de las minas, es decir, tener las coordenadas exactas de dónde se pusieron las minas en su momento. En esos sitios, el desminado será más lento y peligroso.
El Gobierno ha dicho que tanta justicia como sea posible para alcanzar la paz… ¿la cárcel es un mecanismo de justicia que permite alcanzar la paz?
Si miramos los procesos de paz de los últimos 30 años, nadie paga cárcel cuando se firma un acuerdo de paz y hay un serio compromiso con desvelar la verdad, toda la verdad, y se compromete a realizar todas las reparaciones posibles. Para que exista el fin del “conflicto armado” es mejor buscar medidas de “justicia restaurativa” que pagar penas de cárcel, pues esta última opción implicaría que la mayoría de los guerrilleros no dejarían las armas.
El pueblo colombiano, según varias encuestas, no se imagina a las Farc en otro sitio que no sea la cárcel… ¿cómo hacer para que la gente interiorice que probablemente no los verán tras los barrotes?
Hay que explicar cómo ha funcionado este tema en todos los procesos que han existido en el mundo, y que Colombia seguramente no será una excepción. Ahora bien: insisto en que esta “favorabilidad jurídica” debe ir vinculada a la verdad y la reparación. Hay que explicar, también, que hay una responsabilidad de ciertos órganos del Estado, especialmente de sectores de las FF.AA. y de los centros de inteligencia, por la connivencia con los grupos paramilitares y la “guerra sucia”, que son los que han causado más muertos y los episodios más terribles.
Todos los actores implicados en la guerra, por lo tanto, tendrán que explicar su verdad y pedir perdón por todo lo cometido al margen de las leyes de la guerra y del Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, hay que dar condiciones de plena seguridad física para que algunos de los insurgentes puedan hacer política en el futuro, sin que sean asesinados, amenazados u obligados a marchar al exilio. En el día de hoy, todavía no existen esas garantías, lo que constituye un grave obstáculo para la firma de un acuerdo de paz.