Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Publicado en El Tiempo.com
Colombia vive, desde hace décadas, una situación de anormalidad, que enfrenta al Estado con una insurgencia surgida en los años sesenta. Fruto de este enfrentamiento, Colombia padece un conflicto único en América Latina, que desangra al país y detrae enormes recursos humanos y económicos que deberían destinarse al desarrollo de la comunidad, que necesita de enormes inversiones para superar la pobreza y la marginación en amplias capas de la sociedad. El conflicto es, además y de por sí, bastante único en el mundo, en la medida en que no hay países en conflicto con el potencial humano, intelectual, económico, político y social del que dispone Colombia. Es pues una obligación de todos pensar en cómo terminar con esta guerra fraticida.
El conflicto colombiano es el conflicto sin negociar más antiguo del mundo. Es importante retener ese dato. Pero por otra parte, y a nivel internacional, nueve de cada diez conflictos armados terminan en algún momento en una mesa de negociación. Entre 2005 y 2009 finalizaron 25 conflictos, entre los cuales figuran los de Indonesia (Aceh), Irlanda del Norte, sur del Sudán, Nepal, Costa de Marfil y Burundi. Son conflictos que, juntos, provocaron un millón y medio de muertos. Varios tenían décadas de duración. Y sin embargo, finalizaron por la vía de la negociación. En lo que llevamos de año, además, cinco grupos armados de Etiopía, Somalia, Sudán India y Myanmar han dejado las armas por la vía del diálogo, y mediante la negociación. Eritrea también ha resulto su contencioso con Djibouti. En el Chad, se han celebrado conversaciones de paz con el grupo rebelde UFR, en territorio sudanés. En Afganistán está en marcha toda una estrategia para abrir un diálogo con los talibanes. El Gobierno de la India ha dado luz verde para que se abran negociaciones con la guerrilla del ULFA, y el grupo NSCN-IM ha llevado su primera ronda de negociación en territorio propio. En Filipinas, el presidente del panel negociador del NDF, brazo político del Nuevo Ejército del Pueblo, ha asegurado estar dispuesto a retomar las conversaciones de paz con el nuevo Gobierno. Son ejemplos de que en el mundo hay continuos intentos de avanzar mediante el diálogo en el logro de la paz, y en contextos tanto o más complicados que los de Colombia.
Colombia no tiene que ser la excepción a esa regla. Ello me lleva a la conclusión de que, tarde o temprano, el nuevo Gobierno tendrá que dialogar con las FARC y el ELN para ver si es posible abrir una negociación que permita llegar a un consenso de mínimos en cuanto a la transformación del país. No veo una salida al conflicto colombiano sin ese diálogo entre los factores de poder, sin una implicación directa de los Estados Unidos en algún estadio del proceso, y sin abordar de manera clara el tema del narcotráfico a lo largo del proceso negociador, pues es el sustento económico del conflicto. En el discurso de las FARC hay una insistencia en la salida política negociada. En lo que llevamos de año, lo han repetido en siete de sus comunicados, el último fechado el 21 de junio, y en particular el del 22 de febrero, en el que se pone mucho énfasis u está redactado en un tono de cortesía y con tinte pedagógico poco habitual. El ELN tradicionalmente también ha insistido en ello. Así, pues, y después de los «juegos de guerra» del período electoral, pienso que a la insurgencia le tocará realizar gestos de calado político para mostrar que en su programa pesa más lo político que lo guerrero. En este sentido, me parece oportuno recordar aquí algo de manual, por evidente, como que con quien hay que negociar es con la derecha y los representantes del establecimiento, no con la izquierda. La insurgencia puede desarrollar el discurso que quiera sobre la ilegitimidad del nuevo Gobierno, pero es precisamente la naturaleza del mismo y su ascendencia sobre los factores de poder, lo que le hacen idóneo para ser un legítimo interlocutor en una eventual negociación.
Angelino Garzón, nuevo Vicepresidente de Colombia, ha aseguro hace pocos días que el nuevo Gobierno se esforzará por transitar hacia la paz y la reconciliación, y ha pedido a las guerrillas liberar sin condicionamientos a todos los secuestrados en su poder, como la base para que se diera en Colombia un proceso de paz. Entiendo que la guerrilla tiene aún un margen de maniobra para liberar de una vez o por etapas a los secuestrados que aun tiene, pero presumo que sería más fácil conseguirlo si el Gobierno es más explícito en manifestar que estaría dispuesto a abrir una negociación política en condiciones que puedan ser asumidas por la insurgencia. Mi propuesta es que haya una “invitación mutua al diálogo y la negociación, de parte y parte”, para que volvamos al diálogo interrumpido desde hace muchos años con las FARC y desde hace menos con el ELN, cuyo “acuerdo base” debe ser recuperado para una futura ronda de diálogos, en la que no se exija la concentración única e identificación de sus efectivos, sino un esquema de verificación más realista y con acompañamiento internacional. Creo que debemos instalarnos en el optimismo en este tema, dejando a un lado el pesimismo razonado y justificado de los últimos tiempos. Entramos en una nueva etapa política, y hemos de pensar que ha de ser posible llevar a cabo nuevas iniciativas de paz. Desde la insurgencia y desde el Gobierno, sin embargo, deberán lanzarse “señales de humo” en esta dirección. Estaría bien, además, que desde otros países amigos se alentara esta dinámica de gestos de paz. Estaría bien que algunos presidentes de la región lo manifestaran de forma explícita. También sería bienvenida una declaración proveniente del Gobierno de Estados Unidos y de Naciones Unidas.
Permítanme, compartir con ustedes la siguiente reflexión: en nuestra experiencia hemos podido documentar que la mayoría de los procesos de diálogo y negociación para poner fin a los conflictos armados y construir la paz, han pasado por etapas previas de diálogos discretos, no públicos entre personeros de las partes enfrentadas. Estos contactos en ningún modo han sustituido el diálogo formal y de cara al país o a la opinión pública, pero si han sido muy útiles para construir la voluntad negociadora al interior de cada de una de las partes, en algo así parecido a un alistamiento para la paz. Necesitamos con urgencia, canales de comunicación estables con la insurgencia. Y si no los hay que hay crearlos y cuidarlos. Resulta obvio entender que para que estos contactos y diálogos no públicos se puedan dar con éxito, las partes han de ofrecer garantías para los personeros, de tal modo que su delicada labor pueda ser realizada sin interferencias y sin la preocupación de que los contactos puedan ser utilizados para fines distintos al propósito de la paz negociada. Pero también estos diálogos no públicos podrían darse entre personeros de las insurgencias con altos dirigentes de los partidos y de movimientos sociales, así como también de gremios empresariales y sindicatos; contactos orientados hacia fortalecer la voluntad de la sociedad para acompañar el esfuerzo de las partes en la solución negociada y para participar en el proceso de paz que los incluya. Propongo, pues, para Colombia algo parecido a lo que en Guatemala fueron las llamadas “Consultas de Oslo” a principios de los años noventa, entre la URNG y la sociedad civil guatemalteca.
Una segunda reflexión: a las puertas del inicio de un nuevo gobierno, el vicepresidente electo Angelino Garzón ha iniciado un proceso de consulta y construcción colectiva de uno de los propósitos de su gestión: construir las bases para el diálogo social y el consenso social. Los pactos regionales como el que está promoviendo en el Valle del Cauca, y que seguramente se extenderá a otras regiones del país, tienen como contenido buena parte de las angustias y necesidades de los colombianos, que tienen que ver con el empleo, la vivienda, la salud y el acceso a los servicios básicos a que tienen derecho las gentes. Creo en mi modesta opinión, que estos pactos regionales deberían incluir la solución política al conflicto interno, sin perjuicio de que el Estado deba proveer de seguridad y combatir toda forma de criminalidad en el territorio nacional. La paz no puede ser un tema vedado y no puede quedar por fuera de las agendas del Gobierno nacional, de los Gobiernos regionales y locales y mucho menos de las agendas de los actores sociales. Esto sin duda alguna debería realizarse en las realidades de Colombia, para lo cual y por fortuna se cuenta con una Ley de la República, la del Consejo Nacional de Paz que contiene la construcción de los Consejos Municipales de Paz, en los que participan los entes gubernamentales locales, pero sobretodo los representantes de la sociedad en esas entidades territoriales de base. Si así se hiciera podríamos tener en Colombia tantos Consejos Municipales de Paz, como municipios existen en Colombia, es decir más de 1.100. Con ello, me atrevo a asegurar que se estaría asegurando que la nación colombiana participara en el diseño y la construcción del futuro, pero sobretodo sería la mejor manera de democratizar la paz, sin exclusiones de ningún tipo y con la aplicación de una herramienta legal. Aquí lo que propongo es seguir el modelo sudafricano, que creó 11 Comisiones Regionales y 260 Comisiones Locales de Paz, y que transcurrió en paralelo y generando una positiva influencia al Diálogo Multipartidista.
Dado que las FARC han planteado dialogar en el país, no en el exterior, entiendo que podría hacerse en una embajada, en la Conferencia Episcopal, en una base militar adaptada para ello y con veeduría internacional, o en el portaviones brasileño Sao Paulo en aguas colombianas. No es una broma, lo digo en serio y como hipótesis de trabajo. La Cruz Roja o Brasil se podrían encargar del traslado de los voceros en helicóptero. De ahí que se me haya ocurrido la idea del portaviones como punto de encuentro.
Es cierto que el esquema del Caguán no podrá ya repetirse como metodología, tanto por su espacio geográfico como por sus tiempos. Barajo la hipótesis de acercamientos sin despejes, pero con un plan de trabajo serio y realista, participativo, con acompañamiento internacional y que le sirva al país. Vislumbro un diálogo sobre una agenda mínima bajo el objetivo final de “paz por desarrollo democrático”, con una etapa intermedia en la que habría un cese de hostilidades recíproco y verificado internacionalmente.
Es también cierto que la concreción, por ejemplo, de los puntos de la agenda de La Machaca de las FARC es tarea del Congreso, con realismo y por medios democráticos, y no de la estrategia de guerra. Las balas sólo retardan los cambios que el país necesita. Pero si también es cierto que las FARC y el ELN tendrán que apostarle a la política, y no a la guerra perpetua, habrá que ver igualmente cuales son los mecanismos que permitirán que estas guerrillas puedan desarrollar sus ideales desde medios civilistas y democráticos, con garantías de seguridad y sostenibilidad en el tiempo. Esos aspectos, un día u otro, habrán de ser objeto de negociación, pero vista la experiencia de la masacre de la Unión Patriótica, es deber del Estado garantizar que ese tipo de exterminación ya no podrá repetirse. Y el Estado debería decirlo en público, para que la insurgencia pueda ganar confianza en las posibilidades de que un día pueda dejar las armas para transitar en la política. Entre enero y mayo de este año, la confrontación militar ha provocado 121 bajas militares (muertos documentados). Sólo en el mes de mayo se han producido 60 muertos y 211 heridos en la Fuerza Pública. No tiene pues sentido ocultar que existe un conflicto armado, y lo realista es también pensar que a las FARC no se les acabará exclusivamente por medios militares. Por ello, lo razonable es pensar en una estrategia de aproximación que permita llegar a un diálogo y a un posterior acuerdo de cese de hostilidades. Ese debería ser el objetivo a corto y medio plazo. En este escenario, debemos preguntarnos cual es el papel que puede jugar la comunidad internacional, concretada en los países vecinos (que podrían configura un mecanismo de nuevos “países amigos”, con una inexcusable presencia de Brasil), Sudamérica en general, las instituciones regionales de América Latina (UNASUR en particular), los “países amigos” del pasado, Naciones Unidas (hay que pensar en las ventajas de un nuevo Enviado Especial del Secretario General), Estados Unidos, la Unión Europea y otros posibles acompañantes. Podemos preguntarnos, pues, qué tipo de apoyo político, diplomático, económico o militar puede prestarse en función de ese escenario de diálogo que busca una solución negociada del conflicto con un fuerte acompañamiento internacional.
Este escenario presupone, con toda seguridad, la completa normalización de las relaciones de Colombia con sus países vecinos. Es absolutamente imprescindible, en este sentido, que las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador transcurran en plena cooperación, lejos de tensiones, y con completa hermandad. No es posible pensar en un escenario futuro de paz para Colombia con este frente tensionado. Me atrevo a sugerir, por ello, que los buenos oficios externos para lograr este propósito serán un aporte bienvenido, adicional a los esfuerzos que puedan surgir desde el interior de ambos países para normalizar sus relaciones. Pero más importante aún es el compromiso de los presidentes Correa y Hugo Chávez de ser protagónicos en el logro de la paz en Colombia. No sólo tienen la posibilidad de contribuir decisivamente en ello, sino que tienen la obligación y la oportunidad histórica de ayudar a abrir los canales de comunicación entre la insurgencia y el Gobierno colombiano. Y para ello deberán atemperar cualquier discurso agresivo que entorpezca este objetivo, entendiendo que “desarmar la palabra” será una decisiva contribución a la paz que necesitamos.
En otro orden de cosas, en estos momentos me parece oportuno señalar los motivos que han existido para entrar a negociar e iniciar un proceso de paz en los diez últimos procesos importantes que hemos visto en el mundo (El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Sudáfrica, Tayikistán, Sierra Leona, sur del Sudán, Burundi, Indonesia (Aceh) y Nepal). Los motivos han sido diversos, pero en todos los casos fue determinante el cansancio de la guerra y el deseo de paz de la población. En los casos de El Salvador y Guatemala fue decisivo el contexto regional favorable a los diálogos (Grupo de Contadora), así como en Tayikistán. En El Salvador influyó la certeza de que se estaba en una situación de empate militar. En Guatemala influyeron las elecciones presidenciales que propiciaron un cambio de escenario político. En Irlanda del Norte y en Sudáfrica fue importante la necesidad económica de lograr la paz. En Tayikistán y en Sudáfrica influyó que la guerrilla dejara de tener una retaguardia asegurada. La presión externa influyó en Sudáfrica, sur del Sudán y Burundi. La crisis humanitaria fue determinante en el sur del Sudán e Indonesia (Aceh); en este último país, una catástrofe natural como un tsunami desencadenó el inicio del proceso. En Nepal, por último, las manifestaciones populares contra la monarquía propiciaron las negociaciones que condujeron al Acuerdo de Paz definitivo.
Pensando en Colombia, pues, vemos que se dan ya algunos de estos requisitos (como el cansancio de la guerra, el deseo de paz, un nuevo gobierno, la imposibilidad de lograr una clara victoria militar), y que a medio plazo podrían darse otros requisitos (como incentivos externos, un ambiente regional propicio a la negociación, la pérdida de retaguardias para la guerrilla, una mayor presión de los sectores económicos y una mayor presión interna a partir de iniciativas populares a favor de la salida política negociada). Todo ello, conjugado, favorecería el logro del ambiente propicio para superar la situación actual, en la que predomina una cierta indefinición, para pasar a un contexto más activo a favor de la paz.
Entiendo que en Colombia es necesaria una política de Estado para la construcción de la paz. En este sentido, y por lo que pueda servir de referente, apoyo firmemente el Acuerdo de Mínimos para la Paz y la Reconciliación presentado por la Comisión de Conciliación Nacional, así como la puesta en marcha del Consejo Nacional de Paz. Lo que está claro es que el país no puede permitirse tener una década más de enfrentamiento. Démosle una oportunidad al diálogo, porque es la única vía de entrada a la paz. Y la paz en este país es posible, sin lugar a dudas.
El conflicto colombiano es el conflicto sin negociar más antiguo del mundo. Es importante retener ese dato. Pero por otra parte, y a nivel internacional, nueve de cada diez conflictos armados terminan en algún momento en una mesa de negociación. Entre 2005 y 2009 finalizaron 25 conflictos, entre los cuales figuran los de Indonesia (Aceh), Irlanda del Norte, sur del Sudán, Nepal, Costa de Marfil y Burundi. Son conflictos que, juntos, provocaron un millón y medio de muertos. Varios tenían décadas de duración. Y sin embargo, finalizaron por la vía de la negociación. En lo que llevamos de año, además, cinco grupos armados de Etiopía, Somalia, Sudán India y Myanmar han dejado las armas por la vía del diálogo, y mediante la negociación. Eritrea también ha resulto su contencioso con Djibouti. En el Chad, se han celebrado conversaciones de paz con el grupo rebelde UFR, en territorio sudanés. En Afganistán está en marcha toda una estrategia para abrir un diálogo con los talibanes. El Gobierno de la India ha dado luz verde para que se abran negociaciones con la guerrilla del ULFA, y el grupo NSCN-IM ha llevado su primera ronda de negociación en territorio propio. En Filipinas, el presidente del panel negociador del NDF, brazo político del Nuevo Ejército del Pueblo, ha asegurado estar dispuesto a retomar las conversaciones de paz con el nuevo Gobierno. Son ejemplos de que en el mundo hay continuos intentos de avanzar mediante el diálogo en el logro de la paz, y en contextos tanto o más complicados que los de Colombia.
Colombia no tiene que ser la excepción a esa regla. Ello me lleva a la conclusión de que, tarde o temprano, el nuevo Gobierno tendrá que dialogar con las FARC y el ELN para ver si es posible abrir una negociación que permita llegar a un consenso de mínimos en cuanto a la transformación del país. No veo una salida al conflicto colombiano sin ese diálogo entre los factores de poder, sin una implicación directa de los Estados Unidos en algún estadio del proceso, y sin abordar de manera clara el tema del narcotráfico a lo largo del proceso negociador, pues es el sustento económico del conflicto. En el discurso de las FARC hay una insistencia en la salida política negociada. En lo que llevamos de año, lo han repetido en siete de sus comunicados, el último fechado el 21 de junio, y en particular el del 22 de febrero, en el que se pone mucho énfasis u está redactado en un tono de cortesía y con tinte pedagógico poco habitual. El ELN tradicionalmente también ha insistido en ello. Así, pues, y después de los «juegos de guerra» del período electoral, pienso que a la insurgencia le tocará realizar gestos de calado político para mostrar que en su programa pesa más lo político que lo guerrero. En este sentido, me parece oportuno recordar aquí algo de manual, por evidente, como que con quien hay que negociar es con la derecha y los representantes del establecimiento, no con la izquierda. La insurgencia puede desarrollar el discurso que quiera sobre la ilegitimidad del nuevo Gobierno, pero es precisamente la naturaleza del mismo y su ascendencia sobre los factores de poder, lo que le hacen idóneo para ser un legítimo interlocutor en una eventual negociación.
Angelino Garzón, nuevo Vicepresidente de Colombia, ha aseguro hace pocos días que el nuevo Gobierno se esforzará por transitar hacia la paz y la reconciliación, y ha pedido a las guerrillas liberar sin condicionamientos a todos los secuestrados en su poder, como la base para que se diera en Colombia un proceso de paz. Entiendo que la guerrilla tiene aún un margen de maniobra para liberar de una vez o por etapas a los secuestrados que aun tiene, pero presumo que sería más fácil conseguirlo si el Gobierno es más explícito en manifestar que estaría dispuesto a abrir una negociación política en condiciones que puedan ser asumidas por la insurgencia. Mi propuesta es que haya una “invitación mutua al diálogo y la negociación, de parte y parte”, para que volvamos al diálogo interrumpido desde hace muchos años con las FARC y desde hace menos con el ELN, cuyo “acuerdo base” debe ser recuperado para una futura ronda de diálogos, en la que no se exija la concentración única e identificación de sus efectivos, sino un esquema de verificación más realista y con acompañamiento internacional. Creo que debemos instalarnos en el optimismo en este tema, dejando a un lado el pesimismo razonado y justificado de los últimos tiempos. Entramos en una nueva etapa política, y hemos de pensar que ha de ser posible llevar a cabo nuevas iniciativas de paz. Desde la insurgencia y desde el Gobierno, sin embargo, deberán lanzarse “señales de humo” en esta dirección. Estaría bien, además, que desde otros países amigos se alentara esta dinámica de gestos de paz. Estaría bien que algunos presidentes de la región lo manifestaran de forma explícita. También sería bienvenida una declaración proveniente del Gobierno de Estados Unidos y de Naciones Unidas.
Permítanme, compartir con ustedes la siguiente reflexión: en nuestra experiencia hemos podido documentar que la mayoría de los procesos de diálogo y negociación para poner fin a los conflictos armados y construir la paz, han pasado por etapas previas de diálogos discretos, no públicos entre personeros de las partes enfrentadas. Estos contactos en ningún modo han sustituido el diálogo formal y de cara al país o a la opinión pública, pero si han sido muy útiles para construir la voluntad negociadora al interior de cada de una de las partes, en algo así parecido a un alistamiento para la paz. Necesitamos con urgencia, canales de comunicación estables con la insurgencia. Y si no los hay que hay crearlos y cuidarlos. Resulta obvio entender que para que estos contactos y diálogos no públicos se puedan dar con éxito, las partes han de ofrecer garantías para los personeros, de tal modo que su delicada labor pueda ser realizada sin interferencias y sin la preocupación de que los contactos puedan ser utilizados para fines distintos al propósito de la paz negociada. Pero también estos diálogos no públicos podrían darse entre personeros de las insurgencias con altos dirigentes de los partidos y de movimientos sociales, así como también de gremios empresariales y sindicatos; contactos orientados hacia fortalecer la voluntad de la sociedad para acompañar el esfuerzo de las partes en la solución negociada y para participar en el proceso de paz que los incluya. Propongo, pues, para Colombia algo parecido a lo que en Guatemala fueron las llamadas “Consultas de Oslo” a principios de los años noventa, entre la URNG y la sociedad civil guatemalteca.
Una segunda reflexión: a las puertas del inicio de un nuevo gobierno, el vicepresidente electo Angelino Garzón ha iniciado un proceso de consulta y construcción colectiva de uno de los propósitos de su gestión: construir las bases para el diálogo social y el consenso social. Los pactos regionales como el que está promoviendo en el Valle del Cauca, y que seguramente se extenderá a otras regiones del país, tienen como contenido buena parte de las angustias y necesidades de los colombianos, que tienen que ver con el empleo, la vivienda, la salud y el acceso a los servicios básicos a que tienen derecho las gentes. Creo en mi modesta opinión, que estos pactos regionales deberían incluir la solución política al conflicto interno, sin perjuicio de que el Estado deba proveer de seguridad y combatir toda forma de criminalidad en el territorio nacional. La paz no puede ser un tema vedado y no puede quedar por fuera de las agendas del Gobierno nacional, de los Gobiernos regionales y locales y mucho menos de las agendas de los actores sociales. Esto sin duda alguna debería realizarse en las realidades de Colombia, para lo cual y por fortuna se cuenta con una Ley de la República, la del Consejo Nacional de Paz que contiene la construcción de los Consejos Municipales de Paz, en los que participan los entes gubernamentales locales, pero sobretodo los representantes de la sociedad en esas entidades territoriales de base. Si así se hiciera podríamos tener en Colombia tantos Consejos Municipales de Paz, como municipios existen en Colombia, es decir más de 1.100. Con ello, me atrevo a asegurar que se estaría asegurando que la nación colombiana participara en el diseño y la construcción del futuro, pero sobretodo sería la mejor manera de democratizar la paz, sin exclusiones de ningún tipo y con la aplicación de una herramienta legal. Aquí lo que propongo es seguir el modelo sudafricano, que creó 11 Comisiones Regionales y 260 Comisiones Locales de Paz, y que transcurrió en paralelo y generando una positiva influencia al Diálogo Multipartidista.
Dado que las FARC han planteado dialogar en el país, no en el exterior, entiendo que podría hacerse en una embajada, en la Conferencia Episcopal, en una base militar adaptada para ello y con veeduría internacional, o en el portaviones brasileño Sao Paulo en aguas colombianas. No es una broma, lo digo en serio y como hipótesis de trabajo. La Cruz Roja o Brasil se podrían encargar del traslado de los voceros en helicóptero. De ahí que se me haya ocurrido la idea del portaviones como punto de encuentro.
Es cierto que el esquema del Caguán no podrá ya repetirse como metodología, tanto por su espacio geográfico como por sus tiempos. Barajo la hipótesis de acercamientos sin despejes, pero con un plan de trabajo serio y realista, participativo, con acompañamiento internacional y que le sirva al país. Vislumbro un diálogo sobre una agenda mínima bajo el objetivo final de “paz por desarrollo democrático”, con una etapa intermedia en la que habría un cese de hostilidades recíproco y verificado internacionalmente.
Es también cierto que la concreción, por ejemplo, de los puntos de la agenda de La Machaca de las FARC es tarea del Congreso, con realismo y por medios democráticos, y no de la estrategia de guerra. Las balas sólo retardan los cambios que el país necesita. Pero si también es cierto que las FARC y el ELN tendrán que apostarle a la política, y no a la guerra perpetua, habrá que ver igualmente cuales son los mecanismos que permitirán que estas guerrillas puedan desarrollar sus ideales desde medios civilistas y democráticos, con garantías de seguridad y sostenibilidad en el tiempo. Esos aspectos, un día u otro, habrán de ser objeto de negociación, pero vista la experiencia de la masacre de la Unión Patriótica, es deber del Estado garantizar que ese tipo de exterminación ya no podrá repetirse. Y el Estado debería decirlo en público, para que la insurgencia pueda ganar confianza en las posibilidades de que un día pueda dejar las armas para transitar en la política. Entre enero y mayo de este año, la confrontación militar ha provocado 121 bajas militares (muertos documentados). Sólo en el mes de mayo se han producido 60 muertos y 211 heridos en la Fuerza Pública. No tiene pues sentido ocultar que existe un conflicto armado, y lo realista es también pensar que a las FARC no se les acabará exclusivamente por medios militares. Por ello, lo razonable es pensar en una estrategia de aproximación que permita llegar a un diálogo y a un posterior acuerdo de cese de hostilidades. Ese debería ser el objetivo a corto y medio plazo. En este escenario, debemos preguntarnos cual es el papel que puede jugar la comunidad internacional, concretada en los países vecinos (que podrían configura un mecanismo de nuevos “países amigos”, con una inexcusable presencia de Brasil), Sudamérica en general, las instituciones regionales de América Latina (UNASUR en particular), los “países amigos” del pasado, Naciones Unidas (hay que pensar en las ventajas de un nuevo Enviado Especial del Secretario General), Estados Unidos, la Unión Europea y otros posibles acompañantes. Podemos preguntarnos, pues, qué tipo de apoyo político, diplomático, económico o militar puede prestarse en función de ese escenario de diálogo que busca una solución negociada del conflicto con un fuerte acompañamiento internacional.
Este escenario presupone, con toda seguridad, la completa normalización de las relaciones de Colombia con sus países vecinos. Es absolutamente imprescindible, en este sentido, que las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador transcurran en plena cooperación, lejos de tensiones, y con completa hermandad. No es posible pensar en un escenario futuro de paz para Colombia con este frente tensionado. Me atrevo a sugerir, por ello, que los buenos oficios externos para lograr este propósito serán un aporte bienvenido, adicional a los esfuerzos que puedan surgir desde el interior de ambos países para normalizar sus relaciones. Pero más importante aún es el compromiso de los presidentes Correa y Hugo Chávez de ser protagónicos en el logro de la paz en Colombia. No sólo tienen la posibilidad de contribuir decisivamente en ello, sino que tienen la obligación y la oportunidad histórica de ayudar a abrir los canales de comunicación entre la insurgencia y el Gobierno colombiano. Y para ello deberán atemperar cualquier discurso agresivo que entorpezca este objetivo, entendiendo que “desarmar la palabra” será una decisiva contribución a la paz que necesitamos.
En otro orden de cosas, en estos momentos me parece oportuno señalar los motivos que han existido para entrar a negociar e iniciar un proceso de paz en los diez últimos procesos importantes que hemos visto en el mundo (El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Sudáfrica, Tayikistán, Sierra Leona, sur del Sudán, Burundi, Indonesia (Aceh) y Nepal). Los motivos han sido diversos, pero en todos los casos fue determinante el cansancio de la guerra y el deseo de paz de la población. En los casos de El Salvador y Guatemala fue decisivo el contexto regional favorable a los diálogos (Grupo de Contadora), así como en Tayikistán. En El Salvador influyó la certeza de que se estaba en una situación de empate militar. En Guatemala influyeron las elecciones presidenciales que propiciaron un cambio de escenario político. En Irlanda del Norte y en Sudáfrica fue importante la necesidad económica de lograr la paz. En Tayikistán y en Sudáfrica influyó que la guerrilla dejara de tener una retaguardia asegurada. La presión externa influyó en Sudáfrica, sur del Sudán y Burundi. La crisis humanitaria fue determinante en el sur del Sudán e Indonesia (Aceh); en este último país, una catástrofe natural como un tsunami desencadenó el inicio del proceso. En Nepal, por último, las manifestaciones populares contra la monarquía propiciaron las negociaciones que condujeron al Acuerdo de Paz definitivo.
Pensando en Colombia, pues, vemos que se dan ya algunos de estos requisitos (como el cansancio de la guerra, el deseo de paz, un nuevo gobierno, la imposibilidad de lograr una clara victoria militar), y que a medio plazo podrían darse otros requisitos (como incentivos externos, un ambiente regional propicio a la negociación, la pérdida de retaguardias para la guerrilla, una mayor presión de los sectores económicos y una mayor presión interna a partir de iniciativas populares a favor de la salida política negociada). Todo ello, conjugado, favorecería el logro del ambiente propicio para superar la situación actual, en la que predomina una cierta indefinición, para pasar a un contexto más activo a favor de la paz.
Entiendo que en Colombia es necesaria una política de Estado para la construcción de la paz. En este sentido, y por lo que pueda servir de referente, apoyo firmemente el Acuerdo de Mínimos para la Paz y la Reconciliación presentado por la Comisión de Conciliación Nacional, así como la puesta en marcha del Consejo Nacional de Paz. Lo que está claro es que el país no puede permitirse tener una década más de enfrentamiento. Démosle una oportunidad al diálogo, porque es la única vía de entrada a la paz. Y la paz en este país es posible, sin lugar a dudas.