Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Pamela Urrutia Arestizábal, Investigador de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Publicado en http://radio.uchile.cl
Las cifras dadas a conocer recientemente por ACNUR sobre los niveles de desplazamiento forzado a nivel mundial confirmaron las intuiciones más aciagas. El número de personas que se habían visto obligadas a abandonar sus hogares hasta finales de 2017 como consecuencia de conflictos armados, violencia y persecución alcanzó un nuevo récord: 68,5 millones de personas, de las cuales 25,4 millones eran refugiadas, 40 millones desplazadas internas y 3,1 millones solicitantes de asilo. Este balance confirma la tendencia de incremento en la población desplazada forzosamente en la última década –un 50% más respecto a las cifras que se barajaban en 2007– e ilustra una de las consecuencias más graves de la conflictividad armada global, que también ha registrado una evolución preocupante en los últimos años.
Según los datos de la última edición de Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz elaborado por la Escola de Cultura de Pau (ECP) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), durante 2017 se contabilizaron un total de 33 conflictos armados en todo el mundo, la mayor parte de los cuales (39%) registró un deterioro de la situación y un aumento en los niveles de violencia durante el año (véase infografía). Esta cifra es ligeramente inferior a la del año anterior, en la que un 46% de los casos presentaron una evolución negativa. Más aún, del total de 33 conflictos armados en 2017, 13 contextos fueron considerados por la ECP como conflictos armados de alta intensidad. Es decir, escenarios en los que la violencia armada provocó más de mil víctimas mortales anuales, además de otros severos impactos en el territorio y graves consecuencias en la población. En algunos casos durante 2017, los niveles de violencia causaron niveles de letalidad muy por sobre el millar de víctimas. Así, por ejemplo, sólo el conflicto en la región de Kasai en la República Democrática del Congo (RDC) dejó al menos 3.400 personas fallecidas. En Somalia balances parciales aseguraban que al menos 3.800 personas habrían muerto como consecuencia del conflicto armado en 2017, mientras que en Myanmar en tan solo un mes de operaciones militares perdieron la vida cerca de 6.700 personas. En Oriente Medio, Iraq y Siria también destacaron por ser escenario de conflictos armados con altos niveles de letalidad, con 13.000 y 10.000 personas fallecidas, respectivamente, según balances provisionales. En términos comparativos con años previos también se observan tendencias inquietantes. Según los datos de la ECP, si en 2008 los conflictos armados graves o de alta intensidad representaban un 26% del total de casos, en 2017 este porcentaje había ascendido a un 40%.
El impacto de los conflictos armados queda patente al observar las recientes cifras de ACNUR. Excluyendo a la población refugiada palestina –5,4 millones de personas–, al finalizar 2017 más de dos tercios de la población refugiada a nivel mundial (68%) procedía de tan solo cinco países: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. Todos ellos eran escenarios de conflictos armados de alta intensidad. Por lo que respecta a Siria, y en sintonía con la tendencia observada en los últimos años, el conflicto en el país continuó siendo el principal causante del aumento en las cifras de desplazamiento forzado global. A finales de 2017 había 6,3 millones de personas refugiadas de origen sirio, además de 6,2 millones desplazadas internamente y otras 146.000 solicitantes de asilo. Durante 2017, la situación en Siria continuó caracterizándose por complejas dinámicas de violencia y numerosos frentes de batalla; por la diversidad de actores armados locales, regionales e internacionales involucrados en la contienda; y por sus múltiples y severos impactos en la población civil. Entre estos últimos, numerosas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluyendo asedios, violencia sexual, instrumentalización de la ayuda humanitaria, destrucción de infraestructuras civiles, torturas y ejecuciones sumarias. Al finalizar 2017, unas 390.000 personas permanecían asediadas por las fuerzas del régimen, en su mayoría en la zona de Ghouta Oriental y, según cifras de la ONU, siete de cada diez personas requerían ayuda humanitaria.
Otro de los casos destacados en 2017 fue el de Myanmar, que provocó nuevos desplazamientos a escala masiva como consecuencia de la persecución a la población rohingya por parte de las fuerzas militares birmanas. El conflicto se focalizó principalmente en el estado de Rakhine, después de que las acciones de un grupo armado de oposición derivaran en una ofensiva militar sin precedentes. La situación forzó el desplazamiento de más de 600.000 personas en un breve período de tiempo, la mayoría de las cuales encontraron refugio en Bangladesh. La crisis humanitaria y de derechos humanos derivada del conflicto incluyó graves episodios, incluyendo incendios de viviendas con personas en su interior, ejecuciones sumarias y violencia sexual.
En África, RDC fue el país donde la situación de conflictividad armada tuvo mayores repercusiones en términos de desplazamiento forzado. El país es escenario de varios conflictos y el que afectó a la región de Kasai (centro) fue especialmente cruento en 2017. Los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas gubernamentales y entre diversas milicias étnicas se intensificaron en esta zona y fueron aparejados de múltiples acciones contra la población civil, incluyendo diversas masacres (la ONU denunció el hallazgo de más de 80 fosas comunes en la región). Los altos niveles de violencia provocaron que la población desplazada interna en RDC se duplicara a lo largo de 2017, hasta llegar a los 4,4 millones de personas, situando a RDC como el país con mayor número de personas desplazadas internas del continente africano.
Otro de los datos que destaca ACNUR es el elevado porcentaje de menores afectados por el desplazamiento forzado. A finales de 2017 los menores de 18 años representaban 52% de las personas que se habían visto obligadas a huir de sus hogares y a buscar refugio en otras zonas dentro de su propio país o más allá de sus fronteras. Esta cifra ha aumentado significativamente –en 2009 representaban el 41%–, pero no es el único impacto de los conflictos en niños y niñas. Los menores están continuamente expuestos a morir o a resultar heridos en las guerras, más aún cuando las partes en pugna no respetan los principios de distinción entre civiles y combatientes, precaución y proporcionalidad establecidos en el Derecho Internacional Humanitario. Así, por ejemplo, durante 2017 la campaña militar contra la población rohingya habría causado la muerte de más de 700 menores de edad tan solo en el primer mes de violencia; mientras que en contextos como Siria los datos de UNICEF indicaban que 2017 fue el peor año en términos de letalidad del conflicto armado en niños y niñas, con un 50% de incremento en el número de muertes respecto a 2016. En países como Somalia o RDC se intensificaron prácticas como el reclutamiento de menores, al igual que en la zona de Lago Chad, donde el grupo armado Boko Haram aumentó la utilización de niños y niñas para perpetrar sus ataques. El informe Alerta 2018! analiza estos y otros impactos y advierte en especial sobre las consecuencias de los elevados niveles de violencia en el norte de África y Oriente Medio (región MENA), donde los conflictos amenazan con dejar una profunda huella en toda una generación.
Según los datos de la última edición de Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz elaborado por la Escola de Cultura de Pau (ECP) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), durante 2017 se contabilizaron un total de 33 conflictos armados en todo el mundo, la mayor parte de los cuales (39%) registró un deterioro de la situación y un aumento en los niveles de violencia durante el año (véase infografía). Esta cifra es ligeramente inferior a la del año anterior, en la que un 46% de los casos presentaron una evolución negativa. Más aún, del total de 33 conflictos armados en 2017, 13 contextos fueron considerados por la ECP como conflictos armados de alta intensidad. Es decir, escenarios en los que la violencia armada provocó más de mil víctimas mortales anuales, además de otros severos impactos en el territorio y graves consecuencias en la población. En algunos casos durante 2017, los niveles de violencia causaron niveles de letalidad muy por sobre el millar de víctimas. Así, por ejemplo, sólo el conflicto en la región de Kasai en la República Democrática del Congo (RDC) dejó al menos 3.400 personas fallecidas. En Somalia balances parciales aseguraban que al menos 3.800 personas habrían muerto como consecuencia del conflicto armado en 2017, mientras que en Myanmar en tan solo un mes de operaciones militares perdieron la vida cerca de 6.700 personas. En Oriente Medio, Iraq y Siria también destacaron por ser escenario de conflictos armados con altos niveles de letalidad, con 13.000 y 10.000 personas fallecidas, respectivamente, según balances provisionales. En términos comparativos con años previos también se observan tendencias inquietantes. Según los datos de la ECP, si en 2008 los conflictos armados graves o de alta intensidad representaban un 26% del total de casos, en 2017 este porcentaje había ascendido a un 40%.
El impacto de los conflictos armados queda patente al observar las recientes cifras de ACNUR. Excluyendo a la población refugiada palestina –5,4 millones de personas–, al finalizar 2017 más de dos tercios de la población refugiada a nivel mundial (68%) procedía de tan solo cinco países: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. Todos ellos eran escenarios de conflictos armados de alta intensidad. Por lo que respecta a Siria, y en sintonía con la tendencia observada en los últimos años, el conflicto en el país continuó siendo el principal causante del aumento en las cifras de desplazamiento forzado global. A finales de 2017 había 6,3 millones de personas refugiadas de origen sirio, además de 6,2 millones desplazadas internamente y otras 146.000 solicitantes de asilo. Durante 2017, la situación en Siria continuó caracterizándose por complejas dinámicas de violencia y numerosos frentes de batalla; por la diversidad de actores armados locales, regionales e internacionales involucrados en la contienda; y por sus múltiples y severos impactos en la población civil. Entre estos últimos, numerosas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluyendo asedios, violencia sexual, instrumentalización de la ayuda humanitaria, destrucción de infraestructuras civiles, torturas y ejecuciones sumarias. Al finalizar 2017, unas 390.000 personas permanecían asediadas por las fuerzas del régimen, en su mayoría en la zona de Ghouta Oriental y, según cifras de la ONU, siete de cada diez personas requerían ayuda humanitaria.
Otro de los casos destacados en 2017 fue el de Myanmar, que provocó nuevos desplazamientos a escala masiva como consecuencia de la persecución a la población rohingya por parte de las fuerzas militares birmanas. El conflicto se focalizó principalmente en el estado de Rakhine, después de que las acciones de un grupo armado de oposición derivaran en una ofensiva militar sin precedentes. La situación forzó el desplazamiento de más de 600.000 personas en un breve período de tiempo, la mayoría de las cuales encontraron refugio en Bangladesh. La crisis humanitaria y de derechos humanos derivada del conflicto incluyó graves episodios, incluyendo incendios de viviendas con personas en su interior, ejecuciones sumarias y violencia sexual.
En África, RDC fue el país donde la situación de conflictividad armada tuvo mayores repercusiones en términos de desplazamiento forzado. El país es escenario de varios conflictos y el que afectó a la región de Kasai (centro) fue especialmente cruento en 2017. Los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas gubernamentales y entre diversas milicias étnicas se intensificaron en esta zona y fueron aparejados de múltiples acciones contra la población civil, incluyendo diversas masacres (la ONU denunció el hallazgo de más de 80 fosas comunes en la región). Los altos niveles de violencia provocaron que la población desplazada interna en RDC se duplicara a lo largo de 2017, hasta llegar a los 4,4 millones de personas, situando a RDC como el país con mayor número de personas desplazadas internas del continente africano.
Otro de los datos que destaca ACNUR es el elevado porcentaje de menores afectados por el desplazamiento forzado. A finales de 2017 los menores de 18 años representaban 52% de las personas que se habían visto obligadas a huir de sus hogares y a buscar refugio en otras zonas dentro de su propio país o más allá de sus fronteras. Esta cifra ha aumentado significativamente –en 2009 representaban el 41%–, pero no es el único impacto de los conflictos en niños y niñas. Los menores están continuamente expuestos a morir o a resultar heridos en las guerras, más aún cuando las partes en pugna no respetan los principios de distinción entre civiles y combatientes, precaución y proporcionalidad establecidos en el Derecho Internacional Humanitario. Así, por ejemplo, durante 2017 la campaña militar contra la población rohingya habría causado la muerte de más de 700 menores de edad tan solo en el primer mes de violencia; mientras que en contextos como Siria los datos de UNICEF indicaban que 2017 fue el peor año en términos de letalidad del conflicto armado en niños y niñas, con un 50% de incremento en el número de muertes respecto a 2016. En países como Somalia o RDC se intensificaron prácticas como el reclutamiento de menores, al igual que en la zona de Lago Chad, donde el grupo armado Boko Haram aumentó la utilización de niños y niñas para perpetrar sus ataques. El informe Alerta 2018! analiza estos y otros impactos y advierte en especial sobre las consecuencias de los elevados niveles de violencia en el norte de África y Oriente Medio (región MENA), donde los conflictos amenazan con dejar una profunda huella en toda una generación.