Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
María Villellas, Investigadora de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Blog Paz en construcción – El País
Durante estos días Barcelona se ha convertido en la capital de la tecnología móvil con la celebración del Mobile World Congress. Miles de personas visitarán la ciudad para conocer las últimas innovaciones en una industria que ha revolucionado el mundo de las comunicaciones a cualquier escala, incluida la personal. Los teléfonos móviles nos acercan, nos permiten comunicarnos de manera instantánea, hacer frente a emergencias de forma rápida, difundir imágenes, convertirnos en periodistas por un breve instante aunque nos dediquemos a ocupaciones que nada tengan que ver con la comunicación. Sin duda han supuesto un avance de dimensiones planetarias y han impregnado nuestras vidas de tal manera que nos costaría imaginarnos sin su constante presencia. Pero como cualquier avance tecnológico o de otro tipo, tiene un coste social que no deberíamos ignorar y que en el caso de la telefonía móvil impacta directamente en los cuerpos y vidas de centenares de miles de mujeres y niñas congoleñas. Para conseguir los minerales que permiten su fabricación –especialmente el coltán– miles de vidas humanas están siendo sacrificadas en África, fundamentalmente en la República Democrática del Congo (RDC). La extracción de los minerales imprescindibles para la tecnología de las comunicaciones alimenta y sostiene el conflicto armado que afecta a la región oriental de este país. Los recursos naturales no son el único elemento que explica que la guerra en RDC se prolongue durante tantos años, pero son un factor importante que en ningún caso debe ser obviado.
Y dentro de esta economía de la guerra, la violencia sexual contra las mujeres congoleñas es un aspecto crucial que no debe ni puede ser ignorado. La violencia sexual en el conflicto armado en RDC no tiene un carácter aislado, puntual u oportunista únicamente. La violencia sexual forma parte de un amplio repertorio de gravísimas violaciones de los derechos humanos que permiten garantizar el control sobre la población que vive en las zonas ricas en minerales. La violencia sexual es una de las principales causas del desplazamiento forzado de poblaciones, lo que sin duda facilita el acceso de las multinacionales de la tecnología móvil a los recursos mineros a un coste económico mucho más reducido, lo que repercute directamente en el bolsillo de los consumidores. La violencia sexual facilita la explotación laboral de las personas que trabajan en las minas de las que se extraen el coltán y otros minerales. Así pues, desde que los minerales son extraídos en las minas de RDC hasta que los móviles están en funcionamiento en nuestras manos, muchas mujeres y niñas (y en menor proporción hombres y niños) han sido violadas o han sufrido otras formas de violencia y explotación sexual.
La economía política global de la guerra se beneficia de un sistema capitalista patriarcal en el que los cuerpos de las mujeres son utilizados para beneficio de una multiplicidad de actores que van desde las milicias y las empresas locales hasta las grandes corporaciones internacionales que en estos días se reúnen en Barcelona. La violencia sexual que tiene lugar en los conflictos armados es un fenómeno de una enorme complejidad y no debe ser entendida únicamente en términos de beneficio económico. No son solo los actores armados los que utilizan la violencia sexual como una estrategia y un arma de guerra. También la población civil y los actores humanitarios presentes en el país están detrás de muchos actos de violencia sexual. Pero esta complejidad no puede hacernos ignorar el hecho de que en la larga y compleja cadena de producción de los teléfonos móviles y otros productos tecnológicos la violencia sexual está presente de diferentes maneras. Aunque precisar cifras sobre el impacto de la violencia sexual es enormemente difícil, Naciones Unidas estimó en 2013 que desde 1998 al menos 200.000 mujeres habían sido violadas, cifra que podría quedarse corta. Y las economías ilícitas que florecen y se expanden al calor de las guerras no están desligadas de la mercantilización y la explotación de los cuerpos de las mujeres, que pueden verse forzadas a recurrir al sexo para garantizar su supervivencia o la de las personas que dependen de ellas o pueden ser víctimas directamente de la violencia sexual por parte de quienes obtienen pingües beneficios de la explotación ilegal de los recursos naturales.
La violencia sexual no es un elemento inevitable de los conflictos armados. Autoras como Dara Kay Cohen, Amelia Hoover Greeen y Elisabeth Jean Wood han destacado en diferentes estudios que los niveles de violencia sexual varían considerablemente de unos conflictos a otros y que también pueden encontrarse importantes variaciones entre los distintos actores armados que participan en las guerras. Así pues, existe la posibilidad de incidir sobre los factores que llevan a la violencia sexual en los conflictos para que ésta no tenga lugar. En el mes de junio de 2014, 155 países, entre ellos España, adoptaron una declaración de compromiso para poner fin a la violencia sexual en los conflictos armados. La declaración compromete a los Gobiernos que se han adherido a ella a no permitir que continúe la violencia sexual en los conflictos. Sin embargo los Gobiernos siguen sin exigir a las empresas que certifiquen la procedencia de los recursos naturales para garantizar que para su obtención no se ha hecho uso de violencia sexual, ni se han cometido otras graves violaciones de los derechos humanos. El Mobile World Congress es un ejemplo más de la falta de compromiso y la irresponsabilidad que ha permitido el impresionante crecimiento de la industria de las comunicaciones. Como nos recordaba la recién galardonada con el Premio Príncipe de Asturias, Caddy Adzuba, para las mujeres de RDC el precio sigue siendo demasiado alto.
Y dentro de esta economía de la guerra, la violencia sexual contra las mujeres congoleñas es un aspecto crucial que no debe ni puede ser ignorado. La violencia sexual en el conflicto armado en RDC no tiene un carácter aislado, puntual u oportunista únicamente. La violencia sexual forma parte de un amplio repertorio de gravísimas violaciones de los derechos humanos que permiten garantizar el control sobre la población que vive en las zonas ricas en minerales. La violencia sexual es una de las principales causas del desplazamiento forzado de poblaciones, lo que sin duda facilita el acceso de las multinacionales de la tecnología móvil a los recursos mineros a un coste económico mucho más reducido, lo que repercute directamente en el bolsillo de los consumidores. La violencia sexual facilita la explotación laboral de las personas que trabajan en las minas de las que se extraen el coltán y otros minerales. Así pues, desde que los minerales son extraídos en las minas de RDC hasta que los móviles están en funcionamiento en nuestras manos, muchas mujeres y niñas (y en menor proporción hombres y niños) han sido violadas o han sufrido otras formas de violencia y explotación sexual.
La economía política global de la guerra se beneficia de un sistema capitalista patriarcal en el que los cuerpos de las mujeres son utilizados para beneficio de una multiplicidad de actores que van desde las milicias y las empresas locales hasta las grandes corporaciones internacionales que en estos días se reúnen en Barcelona. La violencia sexual que tiene lugar en los conflictos armados es un fenómeno de una enorme complejidad y no debe ser entendida únicamente en términos de beneficio económico. No son solo los actores armados los que utilizan la violencia sexual como una estrategia y un arma de guerra. También la población civil y los actores humanitarios presentes en el país están detrás de muchos actos de violencia sexual. Pero esta complejidad no puede hacernos ignorar el hecho de que en la larga y compleja cadena de producción de los teléfonos móviles y otros productos tecnológicos la violencia sexual está presente de diferentes maneras. Aunque precisar cifras sobre el impacto de la violencia sexual es enormemente difícil, Naciones Unidas estimó en 2013 que desde 1998 al menos 200.000 mujeres habían sido violadas, cifra que podría quedarse corta. Y las economías ilícitas que florecen y se expanden al calor de las guerras no están desligadas de la mercantilización y la explotación de los cuerpos de las mujeres, que pueden verse forzadas a recurrir al sexo para garantizar su supervivencia o la de las personas que dependen de ellas o pueden ser víctimas directamente de la violencia sexual por parte de quienes obtienen pingües beneficios de la explotación ilegal de los recursos naturales.
La violencia sexual no es un elemento inevitable de los conflictos armados. Autoras como Dara Kay Cohen, Amelia Hoover Greeen y Elisabeth Jean Wood han destacado en diferentes estudios que los niveles de violencia sexual varían considerablemente de unos conflictos a otros y que también pueden encontrarse importantes variaciones entre los distintos actores armados que participan en las guerras. Así pues, existe la posibilidad de incidir sobre los factores que llevan a la violencia sexual en los conflictos para que ésta no tenga lugar. En el mes de junio de 2014, 155 países, entre ellos España, adoptaron una declaración de compromiso para poner fin a la violencia sexual en los conflictos armados. La declaración compromete a los Gobiernos que se han adherido a ella a no permitir que continúe la violencia sexual en los conflictos. Sin embargo los Gobiernos siguen sin exigir a las empresas que certifiquen la procedencia de los recursos naturales para garantizar que para su obtención no se ha hecho uso de violencia sexual, ni se han cometido otras graves violaciones de los derechos humanos. El Mobile World Congress es un ejemplo más de la falta de compromiso y la irresponsabilidad que ha permitido el impresionante crecimiento de la industria de las comunicaciones. Como nos recordaba la recién galardonada con el Premio Príncipe de Asturias, Caddy Adzuba, para las mujeres de RDC el precio sigue siendo demasiado alto.