Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Pamela Urrutia Arestizabal, Investigadora de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Radio/Diario Universidad de Chile
Ante las dramáticas consecuencias de la intervención militar de Riad en Yemen, el Parlamento Europeo ha dado un paso en la buena dirección y ha exigido la imposición de un embargo de armas a la monarquía saudita, que en los últimos años ha incrementado en 275% sus compras de arsenales.
El Parlamento Europeo acaba de aprobar una moción que insta a la Unión Europea (UE) a imponer un embargo de armas a Arabia Saudita. ¿La razón? Las consecuencias de la intervención militar liderada por la monarquía saudita en su vecino del sur, Yemen, que desde marzo de 2015 ha causado numerosas víctimas civiles y que tiene al país al borde de un desastre humanitario. En los últimos meses las autoridades de Riad han sido acusadas en reiteradas ocasiones de perpetrar ataques aéreos indiscriminados que han afectado a la población civil yemení. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han alertado sobre el uso de armas prohibidas, como bombas de racimo –presuntamente de origen estadounidense–, y Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado los ataques contra algunas de sus instalaciones hospitalarias. Hace tan solo unas semanas, un informe de expertos de la ONU destinado al Consejo de Seguridad y filtrado a la prensa señalaba a Arabia Saudita y su coalición como autores de “sistemáticos” ataques contra objetivos civiles, entre ellos ofensivas contra campos de personas desplazadas internas, reuniones de civiles –incluyendo bodas–, áreas residenciales, buses, centros médicos, escuelas, mercados, depósitos de alimentos e infraestructuras civiles. Los adversarios de Arabia Saudita en Yemen, los al-houthistas –a quienes Riad acusa de ser aliados de Irán y actuar como “proxies” de Teherán, y que ya están sometidos a un embargo de armas de la ONU desde abril de 2015– también han sido acusados de violar el derecho internacional humanitario, por atacar zonas residenciales y sembrar minas de manera indiscriminada, entre otras acciones. En este contexto, y a casi un año de la implicación militar saudita, el balance del conflicto armado en Yemen es devastador: más de 6.000 víctimas mortales –más de la mitad civiles–, cientos de miles de personas desplazadas a causa de la violencia –casi un millón solo en el primer semestre de 2015–, una situación humanitaria dramática –más de 80% de la población requiere ayuda– y un persistente bloqueo en los esfuerzos por promover una salida negociada a una disputa que ha adquirido crecientes tonos sectarios y regionales.
Los llamamientos a la imposición de un embargo de armas contra Riad llegan en un momento en el que proliferan las versiones sobre desacuerdos en el seno de la familia real saudita e inquietud en sectores de la población ante las políticas adoptadas por la monarquía a nivel internacional –en un contexto, además, de caída de los precios del petróleo– y en particular por las acciones promovidas por el joven ministro de Defensa (30 años) y segundo en la línea de sucesión, el príncipe Mohammed bin Salman. Algunas informaciones subrayan las reticencias a una aproximación considerada como excesivamente intervencionista en política exterior, en especial en Yemen –que algunos ya califican como un posible “Vietnam saudita”–, pero también en Siria. Antes de la puesta en marcha de la frágil tregua en este último país, algunas informaciones apuntaban a que Arabia Saudita –y también Turquía– estaban dispuestas a desplegar tropas en territorio sirio para frenar el avance de las tropas del régimen de Bashar al-Assad. El posicionamiento del Parlamento Europeo también ha coincidido con la divulgación de datos actualizados sobre el comercio de armas a nivel internacional, que sitúan a Arabia Saudita en segundo lugar entre los principales importadores de arsenales, con un porcentaje de adquisiciones equivalentes al 7% del total mundial. Según el balance publicado por el centro de investigación sueco Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), las compras de armas pesadas (“major weapons”) de Arabia Saudita entre el período 2006-10 y 2011-15 se han incrementado en un 275% (en el mismo período, las ventas de armas en toda la región de Oriente Medio aumentaron también de manera significativa, en un 61%). En su análisis, el propio SIPRI subraya que la intervención militar en Yemen se vio facilitada por las ventas de armas a países de la zona, entre ellos Arabia Saudita, pero también otros países miembros de la coalición como Egipto, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.
Aunque la decisión del Parlamento Europeo no es vinculante, sitúa bajo escrutinio la provisión de armas a la monarquía saudita y expone las contradicciones en la relación estratégica de Occidente con Riad. En este sentido, la medida también debería aumentar la presión para revisar sus políticas a algunos de los países europeos que, después de EEUU, se encuentran entre los principales suministradores de armas a Arabia Saudita, entre ellos Reino Unido, España, Francia y Alemania. Además de las disposiciones nacionales que regulan el comercio de armas en cada uno de estos países –y que, como en el caso de España, incluyen cláusulas de denegación o suspensión si hay indicios de que puedan ser usadas para perturbar la paz y la estabilidad, exacerbar tensiones o conflictos o ser utilizadas contra la dignidad del ser humano–, los Estados miembros de la UE están comprometidos por un código europeo de conducta según el cual no se pueden vender armas a países que puedan utilizarlas para perpetrar graves violaciones al derecho internacional humanitario. A propósito de Yemen, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también ha recordado los compromisos de los Estados suscriptores del Tratado de Comercio de Armas, que deberían hacer lo posible por honrar sus principios y frenar los flujos de arsenales a actores que puedan cometer violaciones al derecho internacional. En países como Alemania, las ventas de armas a Arabia Saudita han provocado polémica no sólo por la deriva del conflicto armado yemení, sino también por otras políticas del reino saudita consideradas atentatorias a los derechos humanos, entre ellas las ejecuciones de casi cincuenta prisioneros a principios de 2016. La decisión de Suecia en 2015 (en el marco de una política exterior feminista) de suspender las ventas de armas a Arabia Saudita ante las vulneraciones a los derechos humanos en el país que afectan especialmente a las mujeres –poniendo fin a un acuerdo de cooperación militar de más de una década entre ambos países– demostró que otro tipo de política es posible cuando se sitúa el respeto a los derechos humanos en el centro de la toma de decisiones. Europa y la comunidad internacional, por tanto, deberían materializar cuanto antes el embargo de armas a Arabia Saudita y detener todos los flujos de armas a los actores implicados en el conflicto, promover una investigación internacional independiente de los abusos cometidos por todas las partes en Yemen y propiciar cuanto antes una salida política a una guerra que se ve opacada por otros conflictos en la región, pero que requiere una atención urgente para aliviar la situación de millones de personas afectadas por la violencia.
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El Parlamento Europeo acaba de aprobar una moción que insta a la Unión Europea (UE) a imponer un embargo de armas a Arabia Saudita. ¿La razón? Las consecuencias de la intervención militar liderada por la monarquía saudita en su vecino del sur, Yemen, que desde marzo de 2015 ha causado numerosas víctimas civiles y que tiene al país al borde de un desastre humanitario. En los últimos meses las autoridades de Riad han sido acusadas en reiteradas ocasiones de perpetrar ataques aéreos indiscriminados que han afectado a la población civil yemení. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han alertado sobre el uso de armas prohibidas, como bombas de racimo –presuntamente de origen estadounidense–, y Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado los ataques contra algunas de sus instalaciones hospitalarias. Hace tan solo unas semanas, un informe de expertos de la ONU destinado al Consejo de Seguridad y filtrado a la prensa señalaba a Arabia Saudita y su coalición como autores de “sistemáticos” ataques contra objetivos civiles, entre ellos ofensivas contra campos de personas desplazadas internas, reuniones de civiles –incluyendo bodas–, áreas residenciales, buses, centros médicos, escuelas, mercados, depósitos de alimentos e infraestructuras civiles. Los adversarios de Arabia Saudita en Yemen, los al-houthistas –a quienes Riad acusa de ser aliados de Irán y actuar como “proxies” de Teherán, y que ya están sometidos a un embargo de armas de la ONU desde abril de 2015– también han sido acusados de violar el derecho internacional humanitario, por atacar zonas residenciales y sembrar minas de manera indiscriminada, entre otras acciones. En este contexto, y a casi un año de la implicación militar saudita, el balance del conflicto armado en Yemen es devastador: más de 6.000 víctimas mortales –más de la mitad civiles–, cientos de miles de personas desplazadas a causa de la violencia –casi un millón solo en el primer semestre de 2015–, una situación humanitaria dramática –más de 80% de la población requiere ayuda– y un persistente bloqueo en los esfuerzos por promover una salida negociada a una disputa que ha adquirido crecientes tonos sectarios y regionales.
Los llamamientos a la imposición de un embargo de armas contra Riad llegan en un momento en el que proliferan las versiones sobre desacuerdos en el seno de la familia real saudita e inquietud en sectores de la población ante las políticas adoptadas por la monarquía a nivel internacional –en un contexto, además, de caída de los precios del petróleo– y en particular por las acciones promovidas por el joven ministro de Defensa (30 años) y segundo en la línea de sucesión, el príncipe Mohammed bin Salman. Algunas informaciones subrayan las reticencias a una aproximación considerada como excesivamente intervencionista en política exterior, en especial en Yemen –que algunos ya califican como un posible “Vietnam saudita”–, pero también en Siria. Antes de la puesta en marcha de la frágil tregua en este último país, algunas informaciones apuntaban a que Arabia Saudita –y también Turquía– estaban dispuestas a desplegar tropas en territorio sirio para frenar el avance de las tropas del régimen de Bashar al-Assad. El posicionamiento del Parlamento Europeo también ha coincidido con la divulgación de datos actualizados sobre el comercio de armas a nivel internacional, que sitúan a Arabia Saudita en segundo lugar entre los principales importadores de arsenales, con un porcentaje de adquisiciones equivalentes al 7% del total mundial. Según el balance publicado por el centro de investigación sueco Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), las compras de armas pesadas (“major weapons”) de Arabia Saudita entre el período 2006-10 y 2011-15 se han incrementado en un 275% (en el mismo período, las ventas de armas en toda la región de Oriente Medio aumentaron también de manera significativa, en un 61%). En su análisis, el propio SIPRI subraya que la intervención militar en Yemen se vio facilitada por las ventas de armas a países de la zona, entre ellos Arabia Saudita, pero también otros países miembros de la coalición como Egipto, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.
Aunque la decisión del Parlamento Europeo no es vinculante, sitúa bajo escrutinio la provisión de armas a la monarquía saudita y expone las contradicciones en la relación estratégica de Occidente con Riad. En este sentido, la medida también debería aumentar la presión para revisar sus políticas a algunos de los países europeos que, después de EEUU, se encuentran entre los principales suministradores de armas a Arabia Saudita, entre ellos Reino Unido, España, Francia y Alemania. Además de las disposiciones nacionales que regulan el comercio de armas en cada uno de estos países –y que, como en el caso de España, incluyen cláusulas de denegación o suspensión si hay indicios de que puedan ser usadas para perturbar la paz y la estabilidad, exacerbar tensiones o conflictos o ser utilizadas contra la dignidad del ser humano–, los Estados miembros de la UE están comprometidos por un código europeo de conducta según el cual no se pueden vender armas a países que puedan utilizarlas para perpetrar graves violaciones al derecho internacional humanitario. A propósito de Yemen, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también ha recordado los compromisos de los Estados suscriptores del Tratado de Comercio de Armas, que deberían hacer lo posible por honrar sus principios y frenar los flujos de arsenales a actores que puedan cometer violaciones al derecho internacional. En países como Alemania, las ventas de armas a Arabia Saudita han provocado polémica no sólo por la deriva del conflicto armado yemení, sino también por otras políticas del reino saudita consideradas atentatorias a los derechos humanos, entre ellas las ejecuciones de casi cincuenta prisioneros a principios de 2016. La decisión de Suecia en 2015 (en el marco de una política exterior feminista) de suspender las ventas de armas a Arabia Saudita ante las vulneraciones a los derechos humanos en el país que afectan especialmente a las mujeres –poniendo fin a un acuerdo de cooperación militar de más de una década entre ambos países– demostró que otro tipo de política es posible cuando se sitúa el respeto a los derechos humanos en el centro de la toma de decisiones. Europa y la comunidad internacional, por tanto, deberían materializar cuanto antes el embargo de armas a Arabia Saudita y detener todos los flujos de armas a los actores implicados en el conflicto, promover una investigación internacional independiente de los abusos cometidos por todas las partes en Yemen y propiciar cuanto antes una salida política a una guerra que se ve opacada por otros conflictos en la región, pero que requiere una atención urgente para aliviar la situación de millones de personas afectadas por la violencia.
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