Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Hace poco más de veinte años publiqué un libro titulado “Defensa 2001”, en el que abogaba para España un ejército profesional compuesto por 84.000 efectivos y un arsenal dotado de armas exclusivamente no ofensivas y no provocativas. Si bien acerté con la profesionalización y el tamaño de las Fuerzas Armadas, me equivoqué al pensar que sería posible prescindir de cualquier arma ofensiva. Me equivoqué también en el principio de no adquirir lo que fuera realmente imprescindible, en la línea de terminar con una tradición militarista de adquirir sistemas de armas, por lo demás mus costosos, por el simple hecho de que había que ir modernizando lo que ya se tenía, sin preguntarse por su utilidad, y se tenía que fabricar cosas nuevas, por el simple hecho de ser nuevas. Un planteamiento así dibujaba un escenario de gastos muy elevado, con un arsenal de materiales inútiles, porque nunca serían utilizados. Había que tener de todo, y punto, sea cual fuera su precio.
Viene a cuento este preámbulo porque se acaba de divulgar que el Ministerio de Defensa renegocia una deuda de nada menos que de 26.692 millones de euros en armas que no puede pagar. Es el resultado de una frenética política de adquisición de armas que se hizo en tiempos del PP, un partido que siempre ha sido favorable al aumento de los gastos militares, y que ahora, en tiempos de crisis, no se sabe cómo solucionar. Lo cierto es que se pusieron en marcha cerca de veinte programas multimillonarios, que el mismo secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, ha reconocido que no sirven para los objetivos reales de la defensa del país. Según sus palabras, “No debíamos haber adquirido sistemas de armas que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos entonces ni tenemos ahora”. Se trata más bien de un dispendio y de una estafa, de la que habrá que exigir responsabilidades, porque en momentos de cr isis no podemos permitirnos el lujo de pagar miles de millones por armas inservibles. Un ejemplo que clama al cielo: 2.390 millones son para adquirir 235 carros de combate Lopardo. La pregunta es: ¿para qué necesitamos esos carros? Para nada. Durante la guerra fría los carros de combate se decía que servirían para defendernos de un ataque soviético, en el caso de que sus tropas ya hubieran cruzado toda Europa y se presentaran en los Pirineos. Un absurdo ya para entonces, pero una locura estúpida para los tiempos actuales. Sólo sirven para mantener en activo a soldados de caballería que bien podrían dedicarse a otros menesteres. Los carros de combate, además, no se utilizan para las operaciones de mantenimiento de la paz, donde sí se usan blindados de transporte de personal.
Otro ejemplo son los submarinos, que cuestan 2.135 millones de euros, o los 68 aviones de combate EF-2000, que cuestan 9.254 millones. ¿Contra quién usaremos dichos aviones? Hay un concepto caduco de la disuasión, y es pensar de que hay disponer de todo y mucho para hacerse valer, cuando lo razonable es plantearse siempre la utilidad y pertinencia de cada cosa. Ha pasado a la historia, por fortuna, el viejo esquema de la seguridad basado en la acumulación de armas y en mantener ejércitos de grandes dimensiones. Eso sólo conducía a un rearme en espiral, donde el rearme de uno provocaba el rearme del vecino, y en donde el único beneficiario era el comerciante de armas. La nueva estrategia de seguriridad está planteada ya en otros parámetros, menos militarizados. Hoy día, las Fuerzas Armadas tienen razón de ser únicamente para su presencia en misiones de mantenimiento de la paz. Esas misiones son varias, pero limitadas, y ocupan a un porcentaje determinado de los efectivos mili tares. Se entiende así que sólo hay que tener un volumen total de efectivos para hacer posible una presencia razonable de efectivos, nunca superior a 10.000, en dichas operaciones de mantenimiento de la paz, que irán acompañadas con un tipo específico de sistemas de armas. Hecho el cálculo de lo necesario, todo lo demás sobra. Y la cierto es que sobra mucho de lo que ya existe, y sobrará mucho más si se tienen que adquirir todos estos 19 programas que el Ministerio de Defensa tiene encargados y no puede pagar.
Hay además un riesgo que quisiera señalar: la tentación de solucionar el problema de esta deuda promocionando aún más las exportaciones de armas. España es ya unos de los principales vendedores de armas. Estar en los primeros puestos del ránking de exportadores de armas no es sin embargo un honor, sino una muestra de incomprensión hacia la perversidad de este negocio, que no hace más que empobrecer a los compradores y estimular los factores que generan crisis militares o agravar los conflictos abiertos.
España tiene unos gastos militares moderados comparados con lo que gastan otros países europeos. Conviene que eso se mantenga y que por ningún motivo los incremente, especialmente en tiempos de tantas necesidades y de tantos déficits. La irresponsabilidad de los anteriores gestores del PP no debe ser pagada por una ciudadanía que ve recortada sus prestaciones sociales y ve disminuir su poder adquisitivo. Cercana la campaña electoral, sería bueno recordar este episodio de desmesura para exigir cordura en los gastos militares y la cancelación de aquellos programas de armamentos que no serán de utilidad alguna.
Crisis y armamentos.
Viene a cuento este preámbulo porque se acaba de divulgar que el Ministerio de Defensa renegocia una deuda de nada menos que de 26.692 millones de euros en armas que no puede pagar. Es el resultado de una frenética política de adquisición de armas que se hizo en tiempos del PP, un partido que siempre ha sido favorable al aumento de los gastos militares, y que ahora, en tiempos de crisis, no se sabe cómo solucionar. Lo cierto es que se pusieron en marcha cerca de veinte programas multimillonarios, que el mismo secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, ha reconocido que no sirven para los objetivos reales de la defensa del país. Según sus palabras, “No debíamos haber adquirido sistemas de armas que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos entonces ni tenemos ahora”. Se trata más bien de un dispendio y de una estafa, de la que habrá que exigir responsabilidades, porque en momentos de cr isis no podemos permitirnos el lujo de pagar miles de millones por armas inservibles. Un ejemplo que clama al cielo: 2.390 millones son para adquirir 235 carros de combate Lopardo. La pregunta es: ¿para qué necesitamos esos carros? Para nada. Durante la guerra fría los carros de combate se decía que servirían para defendernos de un ataque soviético, en el caso de que sus tropas ya hubieran cruzado toda Europa y se presentaran en los Pirineos. Un absurdo ya para entonces, pero una locura estúpida para los tiempos actuales. Sólo sirven para mantener en activo a soldados de caballería que bien podrían dedicarse a otros menesteres. Los carros de combate, además, no se utilizan para las operaciones de mantenimiento de la paz, donde sí se usan blindados de transporte de personal.
Otro ejemplo son los submarinos, que cuestan 2.135 millones de euros, o los 68 aviones de combate EF-2000, que cuestan 9.254 millones. ¿Contra quién usaremos dichos aviones? Hay un concepto caduco de la disuasión, y es pensar de que hay disponer de todo y mucho para hacerse valer, cuando lo razonable es plantearse siempre la utilidad y pertinencia de cada cosa. Ha pasado a la historia, por fortuna, el viejo esquema de la seguridad basado en la acumulación de armas y en mantener ejércitos de grandes dimensiones. Eso sólo conducía a un rearme en espiral, donde el rearme de uno provocaba el rearme del vecino, y en donde el único beneficiario era el comerciante de armas. La nueva estrategia de seguriridad está planteada ya en otros parámetros, menos militarizados. Hoy día, las Fuerzas Armadas tienen razón de ser únicamente para su presencia en misiones de mantenimiento de la paz. Esas misiones son varias, pero limitadas, y ocupan a un porcentaje determinado de los efectivos mili tares. Se entiende así que sólo hay que tener un volumen total de efectivos para hacer posible una presencia razonable de efectivos, nunca superior a 10.000, en dichas operaciones de mantenimiento de la paz, que irán acompañadas con un tipo específico de sistemas de armas. Hecho el cálculo de lo necesario, todo lo demás sobra. Y la cierto es que sobra mucho de lo que ya existe, y sobrará mucho más si se tienen que adquirir todos estos 19 programas que el Ministerio de Defensa tiene encargados y no puede pagar.
Hay además un riesgo que quisiera señalar: la tentación de solucionar el problema de esta deuda promocionando aún más las exportaciones de armas. España es ya unos de los principales vendedores de armas. Estar en los primeros puestos del ránking de exportadores de armas no es sin embargo un honor, sino una muestra de incomprensión hacia la perversidad de este negocio, que no hace más que empobrecer a los compradores y estimular los factores que generan crisis militares o agravar los conflictos abiertos.
España tiene unos gastos militares moderados comparados con lo que gastan otros países europeos. Conviene que eso se mantenga y que por ningún motivo los incremente, especialmente en tiempos de tantas necesidades y de tantos déficits. La irresponsabilidad de los anteriores gestores del PP no debe ser pagada por una ciudadanía que ve recortada sus prestaciones sociales y ve disminuir su poder adquisitivo. Cercana la campaña electoral, sería bueno recordar este episodio de desmesura para exigir cordura en los gastos militares y la cancelación de aquellos programas de armamentos que no serán de utilidad alguna.