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Gaza y la ficción de proceso de paz

Artículo publicado originalmente en catalán en Nationalia, por Pamela Urrutia.

Las acciones internacionales deben centrarse urgentemente en detener la catástrofe. Pero, más allá del presente, ¿qué reflexiones son pertinentes para no repetir errores y encontrar una salida comprometida con los derechos humanos? Gaza expone el fracaso del marco de Oslo, un esquema que será incluso menos válido en el nuevo escenario que vendrá.

Lo urgente y lo inmediato desde una perspectiva de paz es detener la catástrofe. Actuar para poner freno a la violencia y a los reiterados y gravísimos crímenes de guerra de los últimos días, acabar con el castigo colectivo a Gaza que amenaza con devenir en genocidio, proteger a la población civil, garantizar el acceso de ayuda humanitaria. Incidir para revertir una escalada de violencia que en una semana ha acabado con la vida de más de 3600 personas -2300 palestinas, 1300 israelíes-, una cifra que equivale a más de la mitad de todas las muertes contabilizadas por la ONU en los últimos 15 años -6.750 desde 2008 hasta el pasado septiembre, 95% de las cuales eran palestinas. Desde una perspectiva de paz también es imperativo señalar todas las violencias y el contexto en el que se inscriben los hechos de los últimos días -décadas de colonización, ocupación y agravios padecidos por la población palestina-, y reconocer y reflexionar sobre el fracaso de la política en su abordaje.

Gaza expone de manera descarnada el fracaso del marco de Oslo justo cuando se cumplen tres décadas de los acuerdos de paz. En los últimos años se han multiplicado las voces que critican el esquema negociador impulsado a principios de los 90 y que, en la práctica, ha favorecido la aplicación de políticas que han profundizado la fragmentación y desposesión del pueblo palestino. Uno de sus problemas de raíz fue permitir que las negociaciones se desarrollaran al margen del derecho internacional aplicable, incluyendo el derecho internacional humanitario y las resoluciones de la ONU, favoreciendo así a Israel y agudizando la asimetría entre las partes. En el marco de los Acuerdos de Oslo el Estado de Israel fue reconocido por la OLP sin un gesto equivalente por parte de Israel sobre el derecho a autodeterminación o la creación de un Estado palestino. Israel también ha aprovechado la creación de la Autoridad Palestina (AP) y la acción de los donantes internacionales para externalizar y desentenderse de sus responsabilidades como potencia ocupante. Los acuerdos fraccionaron aún más los territorios palestinos, mientras los sucesivos gobiernos israelíes continuaban con la expansión de los asentamientos, ilegales según el derecho internacional. La falta de un cronograma claro más allá de los cinco años del período interino inicial favorecieron que las negociaciones se convirtieran en un proceso de duración indefinida y el no abordaje de los temas sustantivos -asentamientos, refugiados, fronteras, seguridad y futuro de Jerusalén- ha supuesto que, en la práctica, se impongan los criterios de Israel. Estas dinámicas se explican en parte porque EEUU, el histórico mediador del proceso, ha mantenido un apoyo irrestricto a Israel -favoreciendo la no rendición de cuentas-, mientras que la UE ha optado por seguir alineada a las políticas de Washington, renunciando así a utilizar su potencial político y económico para presionar, confrontar o promover vías alternativas.

No ha habido negociaciones formales directas entre representantes palestinos e israelíes en casi una década -las últimas fueron promovidas por el gobierno de Barack Obama en 2014- y el tema ha sido progresivamente relegado de las prioridades internacionales, en especial tras el estallido de las revueltas en la región MENA. Varios gobiernos árabes también se han distanciado de la causa palestina, acogiéndose a acuerdos de “normalización” con Israel. Incluso Arabia Saudita -impulsora de la “Iniciativa Árabe”, articulada bajo la lógica de paz por territorios- barajaba un posible pacto de este tipo. Mientras tanto, las políticas israelíes de anexión de facto de territorios palestinos han ido esfumando las posibilidades de una solución de dos Estados. La insistencia de actores internacionales en el marco de Oslo y en la fórmula de dos Estados, mientras en paralelo se ignora la realidad en terreno y no se ejerce una voluntad decidida para abordar la disputa, ha devenido en una “ficción de proceso de paz”, en una “pantomima diplomática” vacía. Gobiernos israelíes han mantenido su adhesión formal a este esquema, mientras se ha apostado por una política de minimización o gestión indefinida de la disputa o, más recientemente -y como mucho-, por propuestas de “paz económica”. En los últimos años, algunos líderes políticos israelíes han expresado de manera más abierta y desacomplejada su oposición a un Estado palestino y -sobre todo el último gobierno de Netanyahu con los ultraderechistas- la ambición de que Israel ocupe toda la Palestina histórica. Pese a las periódicas amenazas a Israel de desvincularse de los Acuerdos de Oslo, la AP sigue aferrándose a un esquema que le garantiza el control de una parcela de poder, mientras encara una crisis de legitimidad por acusaciones de corrupción, autoritarismo y por su colaboración con el Ejército israelí -en el marco de los acuerdos en materia de seguridad- y también en el silenciamiento de voces críticas y disidentes. La persistente fractura entre Fatah y Hamas, el reparto de poder y control entre ambas formaciones y la falta de elecciones -no se celebran comicios legislativos desde 2006, el mandato de Mahmoud Abbas al frente de la AP también está caduco- también ha afectado las posibilidades de relevo generacional y emergencia de liderazgos alternativos.

Ante este escenario, numerosas voces vienen alertando -desde hace años- sobre los riesgos de ignorar el devenir de la cuestión palestina-israelí y sobre la necesidad de un nuevo enfoque que se haga cargo de las realidades en terreno. Una realidad que, en el caso de la población palestina, ha sido crecientemente denunciada como una situación de apartheid por el régimen de dominio, segregación y discriminación sistemático impuesto en razón de su identidad por Israel. La Cisjordania ocupada es hoy un conjunto de territorios separados entre sí por asentamientos, muros, centenares de checkpoints y rutas segregadas para unos colonos israelíes que demandan una intensiva presencia militar y algunos de los cuales vienen protagonizando crecientes ataques, en un contexto de impunidad y connivencia con el Ejército. En el caso de Gaza, declarada “entidad hostil” por Israel desde que Hamas tomó el control de la Franja en 2007, se trata de un territorio sometido a un bloqueo que viene condicionando las vidas de 2,3 millones de palestinos y palestinas, la inmensa mayoría población refugiada y la mitad menores de edad.

Y ahora, ¿qué?
El presente está plagado de dudas y especulaciones, aunque una posible certidumbre es que el marco de Oslo será más que insuficiente para abordar el nuevo escenario que vendrá y cuyos contornos están aún por definir. No hay claridad, solo indicios, sobre el plan para Gaza después de la anunciada operación terrestre del Ejército israelí y el masivo desplazamiento forzado de palestinos y palestinas. ¿Israel volverá a ocupar la Franja? En caso de que sí, ¿por cuánto tiempo? Y si consigue erradicar a Hamas como viene anunciando, ¿quién asumirá la representación de la población palestina?, ¿retornarán representantes de la AP? El futuro también estará condicionado por la evolución de otros frentes: una posible escalada en Cisjordania -que en los últimos años ha registrado un crecimiento de milicias palestinas que no responden a los partidos tradicionales-; riesgos de incidentes entre judíos israelíes y población palestina con ciudadanía israelí -como ocurrió en el marco de la Intifada de la Unidad en 2021- y una posible implicación de Hezbollah y escalada regional (con la pugna Irán, EEEUU-Israel en el trasfondo).

A medio plazo, surgen interrogantes sobre quiénes se erigirán como posibles interlocutores en caso de una negociación y con qué legitimidad. ¿Una AP que en el actual contexto se ha demostrado prácticamente irrelevante y que es considerada por amplios sectores de la población palestina como una extensión de la ocupación? ¿Un gobierno liderado por Netanyahu a pesar del desgaste y de que la mayoría de los israelíes considera que debería renunciar tras el fin de las hostilidades? ¿Cuánto pesará el trauma de los últimos días en las sociedades palestina e israelí? ¿Los hechos recientes pueden alentar una presión popular por cambiar un “estatus quo” que ha dado pie a esta escalada de violencia? ¿A partir de qué fórmula? Antes de los últimos acontecimientos, los sondeos apuntaban ya a un descenso en el apoyo a la fórmula de dos Estados tanto entre la población israelí como palestina y a un creciente escepticismo entre la población palestina sobre las vías no violentas para acabar con la ocupación. En este contexto, también cabe preguntarse por quiénes podrían erigirse como mediadores honestos y con capacidad de influir. Difícilmente EEUU y tampoco la UE, tras las declaraciones de los últimos días. De momento, en el corto plazo, los contactos están centrados en el cese el fuego, el acceso de la ayuda humanitaria y la liberación de los israelíes capturados por Hamas e involucran principalmente a EEUU, la ONU, el Gobierno de Egipto -mediador habitual entre Hamas e Israel, inquieto por la posibilidad de una afluencia de refugiados palestinos en el Sinaí y una crisis humanitaria ad portas de unas elecciones presidenciales-, Qatar -por su ascendiente sobre Hamas y su relación con Occidente- y Turquía, entre otros. En el largo plazo, y pese a todos los obstáculos, la vía política es la única que puede ofrecer una salida, a través de una aproximación que involucre una acción internacional sustantiva para mitigar la asimetría de poder -acentuada en los últimos días- y un enfoque que afronte la realidad en terreno desde una perspectiva comprometida con el derecho internacional, los derechos humanos, y el desmantelamiento de la ocupación y el régimen de apartheid israelí.

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