Josep Mª Royo Aspa, Investigador de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Blogs El País: África no es un país
Cuando todavía tenemos en la retina la impresionante y polémica campaña mediática que llevó a cabo en 2012 la organización Invisible Children y que pretendía, desde una mirada atrayente, simplista y sensacionalista, hacer famoso al líder del LRA, Joseph Kony, con el objetivo de promover su captura como solución a la violencia de una parte de África Central, en los últimos días ha trascendido que el líder rebelde ugandés podría estar negociando su rendición con el Gobierno de la República Centroafricana.
Recientemente, el enviado especial del secretario general de la ONU en la zona, Francisco Madeira, había informado al Consejo de Seguridad de la ONU de las novedades de los últimos meses en torno a las actividades del LRA, centrado en su propia supervivencia y que estaría realizando acciones bélicas de baja intensidad. También habría señalado que su líder, Joseph Kony, podría estar gravemente enfermo, pero sobretodo habría lamentado los pocos recursos destinados a hacer frente a este grupo armado en el marco de la Iniciativa de Cooperación Regional de la UA, y a la persistente inestabilidad. Además, habría alertado de la grave crisis humanitaria y el deterioro de la situación en la República Centroafricana, que tiene un importante potencial de desestabilización regional. Este país, tal y como han señalado numerosas organizaciones humanitarias y la propia Naciones Unidas, está padeciendo una de las peores crisis humanitarias del continente africano de los últimos tiempos, aunque el silencio mediático que rodea esta crisis, y sobre todo a sus causas, no es nuevo en el panorama del continente africano.
El LRA, una sombra de lo que fue en los años noventa y principios de este milenio, sigue sembrando de ataques las zonas fronterizas remotas de la República Centroafricana y de la República Democrática del Congo, y practicando las mismas tácticas que le hicieron famoso: secuestro de menores para utilizarlos como esclavos sexuales o combatientes, saqueos y ataques indiscriminados contra la población civil. OCHA señaló a finales de octubre que existen 353.000 desplazados internos en las zonas afectadas por la actividad del grupo.
Su posible entrega a las autoridades centroafricanas amerita algunas consideraciones. En primer lugar, la comunidad internacional debería evitar convertir este hecho en un espectáculo mediático. La captura del líder rebelde puede comportar la desarticulación y rendición del grupo, y significará una mejora de la estabilidad en la zona donde ha operado hasta el momento, pero no sacará de la pobreza ni de la marginación esta región del planeta, abandonada por sus propios líderes políticos y por la comunidad internacional. En segundo lugar, se tiene que frenar a toda costa que la entrega de Kony conlleve un acuerdo de impunidad para los graves hechos cometidos por el grupo bajo su mando en estos últimos 30 años, y que la República Centroafricana se convierta en su asilo político. En tercer lugar, también se debe evitar que el presidente golpista centroafricano, Michel Djotodia, líder golpista cuyas milicias están sembrando de violencia interreligiosa el país, negocie su propia rehabilitación política gracias a la colaboración con EEUU o con la Corte Penal Internacional en la entrega del líder rebelde. Sólo la aplicación de un proceso de diálogo y transición nacional que recupere las bases del acuerdo alcanzado en enero de 2013 puede ser el camino para la rehabilitación política de Djotodia. Finalmente, es el momento para que la maltrecha Corte, puesta en el alambre por la Unión Africana en octubre, recupere la iniciativa con el juicio de la primera investigación que inició en el continente africano, reafirmándose, tal y como han solicitado 130 organizaciones de derechos humanos de todo el continente, como el principal instrumento internacional para perseguir las violaciones de los derechos humanos.
Recientemente, el enviado especial del secretario general de la ONU en la zona, Francisco Madeira, había informado al Consejo de Seguridad de la ONU de las novedades de los últimos meses en torno a las actividades del LRA, centrado en su propia supervivencia y que estaría realizando acciones bélicas de baja intensidad. También habría señalado que su líder, Joseph Kony, podría estar gravemente enfermo, pero sobretodo habría lamentado los pocos recursos destinados a hacer frente a este grupo armado en el marco de la Iniciativa de Cooperación Regional de la UA, y a la persistente inestabilidad. Además, habría alertado de la grave crisis humanitaria y el deterioro de la situación en la República Centroafricana, que tiene un importante potencial de desestabilización regional. Este país, tal y como han señalado numerosas organizaciones humanitarias y la propia Naciones Unidas, está padeciendo una de las peores crisis humanitarias del continente africano de los últimos tiempos, aunque el silencio mediático que rodea esta crisis, y sobre todo a sus causas, no es nuevo en el panorama del continente africano.
El LRA, una sombra de lo que fue en los años noventa y principios de este milenio, sigue sembrando de ataques las zonas fronterizas remotas de la República Centroafricana y de la República Democrática del Congo, y practicando las mismas tácticas que le hicieron famoso: secuestro de menores para utilizarlos como esclavos sexuales o combatientes, saqueos y ataques indiscriminados contra la población civil. OCHA señaló a finales de octubre que existen 353.000 desplazados internos en las zonas afectadas por la actividad del grupo.
Su posible entrega a las autoridades centroafricanas amerita algunas consideraciones. En primer lugar, la comunidad internacional debería evitar convertir este hecho en un espectáculo mediático. La captura del líder rebelde puede comportar la desarticulación y rendición del grupo, y significará una mejora de la estabilidad en la zona donde ha operado hasta el momento, pero no sacará de la pobreza ni de la marginación esta región del planeta, abandonada por sus propios líderes políticos y por la comunidad internacional. En segundo lugar, se tiene que frenar a toda costa que la entrega de Kony conlleve un acuerdo de impunidad para los graves hechos cometidos por el grupo bajo su mando en estos últimos 30 años, y que la República Centroafricana se convierta en su asilo político. En tercer lugar, también se debe evitar que el presidente golpista centroafricano, Michel Djotodia, líder golpista cuyas milicias están sembrando de violencia interreligiosa el país, negocie su propia rehabilitación política gracias a la colaboración con EEUU o con la Corte Penal Internacional en la entrega del líder rebelde. Sólo la aplicación de un proceso de diálogo y transición nacional que recupere las bases del acuerdo alcanzado en enero de 2013 puede ser el camino para la rehabilitación política de Djotodia. Finalmente, es el momento para que la maltrecha Corte, puesta en el alambre por la Unión Africana en octubre, recupere la iniciativa con el juicio de la primera investigación que inició en el continente africano, reafirmándose, tal y como han solicitado 130 organizaciones de derechos humanos de todo el continente, como el principal instrumento internacional para perseguir las violaciones de los derechos humanos.