Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Ana Villellas Ariño, Investigadora de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Son tiempos de grave violencia en Turquía y de aniversarios agrios en relación a la cuestión kurda, por lo que podría ser y no es. Tres años después del Newroz (celebración del año nuevo kurdo, el 21 de marzo) que simbolizó el inicio del proceso de paz entre Turquía y el PKK, y cumplido un año de la primera escenificación pública conjunta en la historia de Turquía de un intento de solución dialogado al conflicto armado con el PKK (comparecencia de Dolmabahçe), la situación actual es de un retroceso tal que se hace difícil imaginar salidas. El legado acumulado de treinta años de conflicto, la deriva actual de la guerra y la difícil coyuntura de factores locales e internacionales que envuelven al conflicto y los riegos de lo que aún puede venir obligan a buscar urgentemente una desescalada militar y a explorar áreas de aproximación entre las partes.
La situación en Turquía relativa a la cuestión kurda ha dado un giro grave, con el colapso del proceso de paz, el reinicio de la guerra y su extensión a núcleos urbanos en el sudeste y ciudades del oeste, incluyendo la capital, Ankara, y graves atentados de ISIS. Los balances de víctimas mortales en 2015 fueron dispares según las fuentes, pero se superó el umbral de varios centenares (194 miembros de fuerzas de seguridad, al menos 221 combatientes del PKK y 151 civiles fallecidos de julio a mediados de diciembre, según ICG; según el Ejército cerca 500 insurgentes murieron sólo entre principios de diciembre e inicios de enero de 2016; según el PKK, murieron 220 combatientes kurdos y 1.544 miembros de las fuerzas seguridad en 2015; más de 224 civiles fallecidos entre agosto y principios de febrero de 2016, según la ONG local TIHV).
¿Qué ha sucedido en este último año? El diálogo de paz iniciado en 2013 (el llamado Proceso de Imrali) quedó cancelado en el primer trimestre de 2015, desautorizado por el presidente, Racip Tayyip Erdogan, y afectado por la polarización política de la pre-campaña electoral y la inestabilidad regional, y se dio paso a un escenario más volátil, con algunos enfrentamientos entre Ejército y guerrilla. El PKK acusó ya en mayo de ese año al Ejército de poner fin al alto el fuego oficioso con el que mayoritariamente había respondido a la tregua unilateral del PKK de 2013, aquella que reforzó el inicio del proceso de paz. Pese al deterioro, el grupo armado se comprometió a no llevar a cabo acciones ofensivas durante la campaña electoral de los comicios de junio. Esa campaña fue escenario de grave tensión política y social (polarización social por la agenda pro-régimen presidencial de Erdogan; rivalidad electoral entre el oficialista AKP y el partido pro-kurdo HDP, en la apuesta de este último por superar el umbral electoral del 10%; regresión democrática, agravada por la ley de seguridad aprobada en marzo, y el contexto regional de grave crisis, entre otros elementos). El HDP sufrió más de un centenar de ataques en 60 provincias en periodo electoral, incluyendo uno en un mitin electoral en Diyarbakir en junio (cuatro muertes y un centenar de heridos), atribuido a ISIS. En paralelo, el movimiento kurdo denunció la existencia de células de ISIS en Turquía. El AKP perdió su mayoría absoluta (40,87% del voto y 258 de los 550 escaños) y el HDP salió reforzado (13,12% del voto, 80 escaños). En los meses siguientes la clase política no logró acuerdo para una coalición electoral, lo que llevó a la convocatoria de elecciones anticipadas en noviembre.
La situación se desbordó en la segunda mitad del año. Un grave atentado atribuido a ISIS en Suruç (frontera con Siria) el 20 de julio, contra jóvenes turcos y kurdos en apoyo a la reconstrucción de Kobane, con 33 muertos y un centenar de heridos, y del que el movimiento kurdo responsabilizó en última instancia al Gobierno turco, fue seguido de varios asesinatos de miembros de fuerzas de seguridad por actores cercanos al PKK y por el propio PKK, dejando la tregua en papel mojado. A su vez, el Gobierno lanzó a finales de ese mes una campaña militar y policial, presentada como una ofensiva contra ISIS y PKK, y en la práctica materializada en una reanudación de la guerra de gran escala contra el PKK y contra el movimiento kurdo en su conjunto. Abarcó bombardeos contra el PKK en Turquía y norte de Iraq, detenciones masivas –incluyendo de civiles y cargos electos– y operaciones militares especiales a modo de cercos y asedios contra núcleos urbanos kurdos, algunos de los cuales asistieron a un proceso de creación de milicias armadas kurdas, así como a declaraciones unilaterales de autonomía por parte de algunos ayuntamientos. Defensores de derechos humanos alertaron de lo desproporcionado de las operaciones especiales de asedio y toques de queda y del grave impacto en los civiles. A su vez, el PKK realizó acciones ofensivas de envergadura: 16 soldados muertos en un ataque en Daglica (Hakkari) en septiembre y 14 policías fallecidos en otro ataque en Igdir ese mes, entre otros hechos.
La situación aún se deterioró más en los últimos meses del año. Un atentado en Ankara el 10 de octubre contra una marcha pro-diálogo de paz, con amplia presencia kurda, mató a un centenar de personas e hirió a varios cientos. Analistas, expertos y medios de comunicación lo atribuyeron a ISIS. El Gobierno responsabilizó conjuntamente a ISIS, al PKK y al Gobierno sirio, ahondando en la fractura que separa al Estado y a la población kurda, que acusó al Gobierno de negligencia y de responsabilidad por su apoyo directo o indirecto a ISIS durante los años de guerra en Siria. El mismo día del atentado en Ankara el PKK anunció un alto el fuego para facilitar las elecciones anticipadas de noviembre. La tregua fue rechazada por el Estado, que continuó con la ofensiva militar y policial a gran escala. En las urnas, el AKP recuperó apoyo social (317 escaños y 49,5% de votos), mientras el HDP se mantuvo por encima del umbral electoral aunque perdió votos (obtuvo 59 escaños y 10,7%). El Ejército desplegó 10.000 tropas apoyadas por tanques y artillería en localidades del sudeste en diciembre y medios periodísticos señalaron el uso de armas pesadas por ambas partes. Se vieron especialmente afectados núcleos como Cizre y Silopi (provincia de Sirnak), Sur (Diyarbakir). Según la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, 162 civiles (incluyendo 32 menores y 24 personas mayores de 60 años) murieron entre mediados de agosto y finales de año en el marco de 58 operaciones especiales con toques de queda en 19 distritos de siete ciudades, en los que residen 1.377.000 personas. Según informaciones de prensa, varios cientos de miles de civiles huyeron por la violencia –200.000 según algún diario local, “varios cientos de miles” según otros medios, 100.000 según la Policía–. En algunos llamamientos el PKK llamó a la población a permanecer en sus localidades y a protagonizar un levantamiento masivo contra Turquía, que no llegó a materializarse.
Todo ello fue en paralelo al clima general de persecución por parte del Estado de defensores de derechos humanos, activistas y periodistas discordantes con el Gobierno. En noviembre fue asesinado en Diyarbakir el reputado presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir y defensor de derechos humanos Tahir Elçi mientras comparecía ante los medios llamando al fin de la violencia entre Turquía y el PKK.
Además, irrumpió de nuevo en escena el grupo armado kurdo TAK (Halcones del Kurdistán) –considerado por expertos como un grupo bajo el paraguas del PKK–, con el anuncio en diciembre de 2015 de inicio de una campaña ofensiva contra el Estado y “colaboradores” en represalia por las operaciones militares en el sudeste, advirtiendo también a aerolíneas y turistas. TAK reivindicó ese mes un atentado en un aeropuerto internacional de Estambul, que mató a un trabajador e hirió a otro.
En clave política, en un congreso en diciembre, el movimiento kurdo legitimó la insurgencia urbana kurda y llamó a la creación de regiones autónomas dentro de Turquía a través de una resolución de plataforma kurda DTK. Así, la cuestión de la autonomía volvió a situarse con fuerza en la discusión política, generando fuertes críticas del Gobierno.
El primer trimestre de 2016 asistió también a una grave escalada de la violencia, tanto en el sudeste de Turquía como zonas del oeste. Se intensificaron las operaciones militares de toque de queda y asedio en diversos distritos, con graves balances de víctimas y nuevos movimientos de desplazamiento forzado. El Gobierno dio por concluidas las operaciones en los distritos de Cizre y Sur, mientras se iniciaron otras. Se multiplicaron esos meses las voces que alertaron sobre los graves impactos en población civil, incluyendo organizaciones como Amnistía Internacional, y actores políticos como el principal partido opositor turco, el CHP. La ONG HRW señaló la dificultad de esclarecer la verdad, en medio de las restricciones de acceso a causa de la violencia. En el contexto de violencia, el HDP hizo llamamientos en defensa de un reinicio del diálogo de paz.
El inicio de 2016 también estuvo marcado por un aumento de la presión sobre actores civiles, con nuevas detenciones de numerosos alcaldes y concejales del HDP; así como por el fortalecimiento de actores armados en el lado kurdo, con la creación de un órgano de coordinación de las milicias armadas en las ciudades kurdas (YPS Coordinación) y la reivindicación por el TAK de un atentado suicida con coche bomba en la capital, Ankara, contra un autobús militar, que causó la muerte de 29 personas –20 de ellas militares de alto el rango– y heridas a más de 60, en pleno centro y cerca de importantes sedes militares. El TAK alegó que se trataba de una represalia por las operaciones del sudeste. En marzo, el PKK anunció el establecimiento de un movimiento conjunto con otras 10 organizaciones de Turquía y, a su vez, advirtió de que contraatacaría a Turquía en cualquier lugar del territorio. Otro atentado suicida con coche bomba junto a un autobús público en pleno centro de Ankara en marzo causó 37 víctimas mortales y 125 heridos, muchos de ellos civiles. El TAK reivindicó la acción, alegando que, pese a las víctimas civiles, el objetivo de la ataque eran las fuerzas de seguridad.
El clima en Turquía a inicios de 2016 incluyó otros graves hechos de violencia como un atentado suicida atribuido a ISIS en una zona turística de Estambul, que mató a 11 personas, todas extranjeras. Además, siguiendo la pauta de 2015, en los primeros meses de 2016 continuó en el conjunto de Turquía la grave represión contra sectores políticos y sociales discordantes con la praxis gubernamental, incluyendo medios de comunicación y periodistas, activistas, políticos y académicos, en un contexto de grave retroceso de los derechos humanos en el país, como señalan organizaciones locales e internacionales.
Informe completo
La situación en Turquía relativa a la cuestión kurda ha dado un giro grave, con el colapso del proceso de paz, el reinicio de la guerra y su extensión a núcleos urbanos en el sudeste y ciudades del oeste, incluyendo la capital, Ankara, y graves atentados de ISIS. Los balances de víctimas mortales en 2015 fueron dispares según las fuentes, pero se superó el umbral de varios centenares (194 miembros de fuerzas de seguridad, al menos 221 combatientes del PKK y 151 civiles fallecidos de julio a mediados de diciembre, según ICG; según el Ejército cerca 500 insurgentes murieron sólo entre principios de diciembre e inicios de enero de 2016; según el PKK, murieron 220 combatientes kurdos y 1.544 miembros de las fuerzas seguridad en 2015; más de 224 civiles fallecidos entre agosto y principios de febrero de 2016, según la ONG local TIHV).
¿Qué ha sucedido en este último año? El diálogo de paz iniciado en 2013 (el llamado Proceso de Imrali) quedó cancelado en el primer trimestre de 2015, desautorizado por el presidente, Racip Tayyip Erdogan, y afectado por la polarización política de la pre-campaña electoral y la inestabilidad regional, y se dio paso a un escenario más volátil, con algunos enfrentamientos entre Ejército y guerrilla. El PKK acusó ya en mayo de ese año al Ejército de poner fin al alto el fuego oficioso con el que mayoritariamente había respondido a la tregua unilateral del PKK de 2013, aquella que reforzó el inicio del proceso de paz. Pese al deterioro, el grupo armado se comprometió a no llevar a cabo acciones ofensivas durante la campaña electoral de los comicios de junio. Esa campaña fue escenario de grave tensión política y social (polarización social por la agenda pro-régimen presidencial de Erdogan; rivalidad electoral entre el oficialista AKP y el partido pro-kurdo HDP, en la apuesta de este último por superar el umbral electoral del 10%; regresión democrática, agravada por la ley de seguridad aprobada en marzo, y el contexto regional de grave crisis, entre otros elementos). El HDP sufrió más de un centenar de ataques en 60 provincias en periodo electoral, incluyendo uno en un mitin electoral en Diyarbakir en junio (cuatro muertes y un centenar de heridos), atribuido a ISIS. En paralelo, el movimiento kurdo denunció la existencia de células de ISIS en Turquía. El AKP perdió su mayoría absoluta (40,87% del voto y 258 de los 550 escaños) y el HDP salió reforzado (13,12% del voto, 80 escaños). En los meses siguientes la clase política no logró acuerdo para una coalición electoral, lo que llevó a la convocatoria de elecciones anticipadas en noviembre.
La situación se desbordó en la segunda mitad del año. Un grave atentado atribuido a ISIS en Suruç (frontera con Siria) el 20 de julio, contra jóvenes turcos y kurdos en apoyo a la reconstrucción de Kobane, con 33 muertos y un centenar de heridos, y del que el movimiento kurdo responsabilizó en última instancia al Gobierno turco, fue seguido de varios asesinatos de miembros de fuerzas de seguridad por actores cercanos al PKK y por el propio PKK, dejando la tregua en papel mojado. A su vez, el Gobierno lanzó a finales de ese mes una campaña militar y policial, presentada como una ofensiva contra ISIS y PKK, y en la práctica materializada en una reanudación de la guerra de gran escala contra el PKK y contra el movimiento kurdo en su conjunto. Abarcó bombardeos contra el PKK en Turquía y norte de Iraq, detenciones masivas –incluyendo de civiles y cargos electos– y operaciones militares especiales a modo de cercos y asedios contra núcleos urbanos kurdos, algunos de los cuales asistieron a un proceso de creación de milicias armadas kurdas, así como a declaraciones unilaterales de autonomía por parte de algunos ayuntamientos. Defensores de derechos humanos alertaron de lo desproporcionado de las operaciones especiales de asedio y toques de queda y del grave impacto en los civiles. A su vez, el PKK realizó acciones ofensivas de envergadura: 16 soldados muertos en un ataque en Daglica (Hakkari) en septiembre y 14 policías fallecidos en otro ataque en Igdir ese mes, entre otros hechos.
La situación aún se deterioró más en los últimos meses del año. Un atentado en Ankara el 10 de octubre contra una marcha pro-diálogo de paz, con amplia presencia kurda, mató a un centenar de personas e hirió a varios cientos. Analistas, expertos y medios de comunicación lo atribuyeron a ISIS. El Gobierno responsabilizó conjuntamente a ISIS, al PKK y al Gobierno sirio, ahondando en la fractura que separa al Estado y a la población kurda, que acusó al Gobierno de negligencia y de responsabilidad por su apoyo directo o indirecto a ISIS durante los años de guerra en Siria. El mismo día del atentado en Ankara el PKK anunció un alto el fuego para facilitar las elecciones anticipadas de noviembre. La tregua fue rechazada por el Estado, que continuó con la ofensiva militar y policial a gran escala. En las urnas, el AKP recuperó apoyo social (317 escaños y 49,5% de votos), mientras el HDP se mantuvo por encima del umbral electoral aunque perdió votos (obtuvo 59 escaños y 10,7%). El Ejército desplegó 10.000 tropas apoyadas por tanques y artillería en localidades del sudeste en diciembre y medios periodísticos señalaron el uso de armas pesadas por ambas partes. Se vieron especialmente afectados núcleos como Cizre y Silopi (provincia de Sirnak), Sur (Diyarbakir). Según la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, 162 civiles (incluyendo 32 menores y 24 personas mayores de 60 años) murieron entre mediados de agosto y finales de año en el marco de 58 operaciones especiales con toques de queda en 19 distritos de siete ciudades, en los que residen 1.377.000 personas. Según informaciones de prensa, varios cientos de miles de civiles huyeron por la violencia –200.000 según algún diario local, “varios cientos de miles” según otros medios, 100.000 según la Policía–. En algunos llamamientos el PKK llamó a la población a permanecer en sus localidades y a protagonizar un levantamiento masivo contra Turquía, que no llegó a materializarse.
Todo ello fue en paralelo al clima general de persecución por parte del Estado de defensores de derechos humanos, activistas y periodistas discordantes con el Gobierno. En noviembre fue asesinado en Diyarbakir el reputado presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir y defensor de derechos humanos Tahir Elçi mientras comparecía ante los medios llamando al fin de la violencia entre Turquía y el PKK.
Además, irrumpió de nuevo en escena el grupo armado kurdo TAK (Halcones del Kurdistán) –considerado por expertos como un grupo bajo el paraguas del PKK–, con el anuncio en diciembre de 2015 de inicio de una campaña ofensiva contra el Estado y “colaboradores” en represalia por las operaciones militares en el sudeste, advirtiendo también a aerolíneas y turistas. TAK reivindicó ese mes un atentado en un aeropuerto internacional de Estambul, que mató a un trabajador e hirió a otro.
En clave política, en un congreso en diciembre, el movimiento kurdo legitimó la insurgencia urbana kurda y llamó a la creación de regiones autónomas dentro de Turquía a través de una resolución de plataforma kurda DTK. Así, la cuestión de la autonomía volvió a situarse con fuerza en la discusión política, generando fuertes críticas del Gobierno.
El primer trimestre de 2016 asistió también a una grave escalada de la violencia, tanto en el sudeste de Turquía como zonas del oeste. Se intensificaron las operaciones militares de toque de queda y asedio en diversos distritos, con graves balances de víctimas y nuevos movimientos de desplazamiento forzado. El Gobierno dio por concluidas las operaciones en los distritos de Cizre y Sur, mientras se iniciaron otras. Se multiplicaron esos meses las voces que alertaron sobre los graves impactos en población civil, incluyendo organizaciones como Amnistía Internacional, y actores políticos como el principal partido opositor turco, el CHP. La ONG HRW señaló la dificultad de esclarecer la verdad, en medio de las restricciones de acceso a causa de la violencia. En el contexto de violencia, el HDP hizo llamamientos en defensa de un reinicio del diálogo de paz.
El inicio de 2016 también estuvo marcado por un aumento de la presión sobre actores civiles, con nuevas detenciones de numerosos alcaldes y concejales del HDP; así como por el fortalecimiento de actores armados en el lado kurdo, con la creación de un órgano de coordinación de las milicias armadas en las ciudades kurdas (YPS Coordinación) y la reivindicación por el TAK de un atentado suicida con coche bomba en la capital, Ankara, contra un autobús militar, que causó la muerte de 29 personas –20 de ellas militares de alto el rango– y heridas a más de 60, en pleno centro y cerca de importantes sedes militares. El TAK alegó que se trataba de una represalia por las operaciones del sudeste. En marzo, el PKK anunció el establecimiento de un movimiento conjunto con otras 10 organizaciones de Turquía y, a su vez, advirtió de que contraatacaría a Turquía en cualquier lugar del territorio. Otro atentado suicida con coche bomba junto a un autobús público en pleno centro de Ankara en marzo causó 37 víctimas mortales y 125 heridos, muchos de ellos civiles. El TAK reivindicó la acción, alegando que, pese a las víctimas civiles, el objetivo de la ataque eran las fuerzas de seguridad.
El clima en Turquía a inicios de 2016 incluyó otros graves hechos de violencia como un atentado suicida atribuido a ISIS en una zona turística de Estambul, que mató a 11 personas, todas extranjeras. Además, siguiendo la pauta de 2015, en los primeros meses de 2016 continuó en el conjunto de Turquía la grave represión contra sectores políticos y sociales discordantes con la praxis gubernamental, incluyendo medios de comunicación y periodistas, activistas, políticos y académicos, en un contexto de grave retroceso de los derechos humanos en el país, como señalan organizaciones locales e internacionales.
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