Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Josep Maria Royo, Investigador de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Blog Paz en construcción – El País
Del 2 al 5 de marzo, Barcelona vuelve a acoger el Congreso Mundial de los Móviles (MWC, por sus siglas en inglés). Este año se cumple el 10º aniversario de la llegada de este evento a Barcelona, convertida durante unos días en la capital mundial de la telefonía móvil. Las cifras de este evento cada año son más abrumadoras, y se repiten como un mantra que parece imposible cuestionar. Se espera que este año se superen las cifras del 2014, alcanzando los 90.000 asistentes, más de 4.500 altos directivos (CEO, en la jerga anglosajona) de las principales multinacionales del sector, 4.000 periodistas, analistas y delegaciones gubernamentales de decenas de países, según ha destacado el consejero delegado del consorcio de las multinacionales de telefonía móvil (GSMA), John Hoffman, responsable de la organización de este evento.
No obstante, pocos de los asistentes al MWC que empieza hoy se preguntan por las repercusiones que la industria de la telefonía móvil tiene en todo el mundo, más allá de los aspectos meramente comunicativos y los beneficios económicos que genera –pastel que mueve alrededor del 2% del PIB mundial, un billón de euros, cifra cercana a la de otro sector industrial global, el armamentístico, ambos en permanente crecimiento– y en especial pocos se plantean los vínculos entre este sector y las graves violaciones de los derechos humanos, la explotación laboral en régimen de semiesclavitud y la retroalimentación de la guerra que padece el este de la República Democrática del Congo (RDC).
La otra capital mundial del móvil se sitúa en Goma, epicentro de una guerra ha causado desde mediados de los años 90 alrededor de 5 millones de víctimas mortales del conflicto, y 2,8 millones de personas siguen desplazadas como consecuencia de la violencia y la inseguridad que persiste en la zona este del país y casi otro medio millón se encuentra en los países vecinos. La explotación de los minerales presentes en esta región (coltán, estaño, tugsteno y oro, también conocidos por sus iniciales en inglés, los 3TG, que en 2013 representaban 123.000 millones de euros en el comercio global) son imprescindibles para la fabricación de los condensadores de la industria del móvil y toda una amplia gama de productos de alta tecnología.
Sin embargo, este negocio ha contribuido a crear una economía de guerra y a beneficiar a los actores que participan en ella –el propio Ejército congolés, los grupos armados y a los países de la región, en especial a Rwanda y Uganda. Este saqueo, calificado ya en abril de 2001 de sistemático y sistémico por Naciones Unidas, tiene ramificaciones por todo el mundo. El Gobierno congolés es incapaz de resolver las causas de fondo de un conflicto cada vez más olvidado que sigue sufriendo el este del país –cuando no ha sido el responsable de su continuidad– y ha fracasado al intentar extender el control del Estado en todo el territorio. La situación es compleja debido a las raíces históricas y culturales del conflicto, la multiplicidad de actores involucrados y de las múltiples dimensiones del conflicto a nivel local, regional e internacional, vinculadas no sólo a la explotación de los recursos naturales sino también a dinámicas de poder, donde Rwanda y otros países de la región juegan un papel fundamental.
Las otras capitales mundiales del móvil tienen un elemento en común con RDC: la explotación laboral y las violaciones de los derechos humanos. Muchas multinacionales de la telefonía móvil tienen sus factorías en Shenzen y en Zhengzhou (China), tal y como incluso reconoce Fairphone, uno de los pocos proyectos que en la actualidad pretende ofrecer al consumidor una alternativa transparente y ética en toda la cadena de producción. No obstante, tras una importante campaña de lobby en la capital mundial de facto de la telefonía móvil, en julio de 2010 el Gobierno estadounidense llevó a cabo una ley de reforma financiera en el marco de la crisis económica, la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, de la que la Sección 1502 señalaba que el regulador económico de EEUU, la Securities and Exchange Commission (SEC), obligaba a las empresas norteamericanas a realizar un informe anual relativo a su cadena de suministro de minerales, las medidas adoptadas para determinar su origen y garantías de que no contribuyen a la financiación de las insurgencias.
Esta legislación entró en vigor a mediados de 2014, y las multinacionales están buscando cualquier excusa para evitar cambios, incluso abandonando a sus suministradores congoleses. En este sentido, existen numerosos límites y efectos no previstos por la regulación de la explotación de los minerales en las zonas de conflicto, tal y como han señalado numerosos expertos, como la caída de la producción, la consiguiente reducción de puestos de trabajo y de las economías vinculadas a la producción artesanal, y la militarización de la economía por la fuerte presencia del Ejército (con las mismas consecuencias vinculadas a corrupción, clientelismo y explotación). Ciertamente, el control de la procedencia de los minerales es un paso imprescindible, pero no el único. El enfoque debe ser integral y multidimensional, al existir en paralelo otras causas y dinámicas locales y regionales vinculadas a la propiedad de la tierra y la identidad en la raíz del conflicto, y sobre todo, a la ausencia de gobernanza. Sin olvidar el papel de Rwanda. Pero la ciudadanía tiene un papel muy relevante, como consumidora que debe exigir un compromiso ético a las multinacionales para que resuelvan su parte en el complejo conflicto.
En la otra capital de la telefonía móvil, Bruselas, se está actualmente elaborando una regulación que también pretende establecer un mecanismo de certificación responsable de los minerales procedentes de las zonas de conflicto. La UE representa una cuarta parte del comercio de los minerales 3TG, y actualmente es el segundo importador mundial de móviles y laptops, por lo que su responsabilidad y capacidad de influencia en este sector no es menor. No obstante, la actual orientación de la UE al servicio de los intereses de las grandes corporaciones económicas en detrimento del 99% de la población, difícilmente se va a establecer una regulación que exija responsabilidades a estas multinacionales, y parece que las medidas que se están discutiendo en la Comisión Europea en la actualidad van en la línea de las recomendaciones voluntarias planteadas en el 2010 por la OCDE que pocas empresas han hecho suyas y nulos cambios han provocado. En paralelo, está por ver cómo pueden afectar las negociaciones en ciernes entre la UE y EEUU relativas al Tratado de Comercio e Inversiones (TTIP) respecto a esta cuestión, ya que por el momento no auguran nada positivo.
Ciertamente, la respuesta se sitúa en diversos niveles y capitales. Pero lo que no puede continuar así es el silencio sobre todas estas cuestiones en el MWC. Conceder el merecido premio Príncipe de Asturias 2014 a la periodista Caddy Adzuba, y el premio Sakharov 2014 al doctor Dennis Mukwege, ambos hartos de denunciar la violencia sexual, la expoliación de los recursos naturales y la persistencia de la guerra en la RDC, no puede ser en balde, tiene que ir vinculado a una coherencia política real sobre el terreno, ya que por ahora la sintonía se encuentra entre las grandes corporaciones y la gobernanza política neoliberal, alianza que la ciudadanía debe dejar de alimentar.
No obstante, pocos de los asistentes al MWC que empieza hoy se preguntan por las repercusiones que la industria de la telefonía móvil tiene en todo el mundo, más allá de los aspectos meramente comunicativos y los beneficios económicos que genera –pastel que mueve alrededor del 2% del PIB mundial, un billón de euros, cifra cercana a la de otro sector industrial global, el armamentístico, ambos en permanente crecimiento– y en especial pocos se plantean los vínculos entre este sector y las graves violaciones de los derechos humanos, la explotación laboral en régimen de semiesclavitud y la retroalimentación de la guerra que padece el este de la República Democrática del Congo (RDC).
La otra capital mundial del móvil se sitúa en Goma, epicentro de una guerra ha causado desde mediados de los años 90 alrededor de 5 millones de víctimas mortales del conflicto, y 2,8 millones de personas siguen desplazadas como consecuencia de la violencia y la inseguridad que persiste en la zona este del país y casi otro medio millón se encuentra en los países vecinos. La explotación de los minerales presentes en esta región (coltán, estaño, tugsteno y oro, también conocidos por sus iniciales en inglés, los 3TG, que en 2013 representaban 123.000 millones de euros en el comercio global) son imprescindibles para la fabricación de los condensadores de la industria del móvil y toda una amplia gama de productos de alta tecnología.
Sin embargo, este negocio ha contribuido a crear una economía de guerra y a beneficiar a los actores que participan en ella –el propio Ejército congolés, los grupos armados y a los países de la región, en especial a Rwanda y Uganda. Este saqueo, calificado ya en abril de 2001 de sistemático y sistémico por Naciones Unidas, tiene ramificaciones por todo el mundo. El Gobierno congolés es incapaz de resolver las causas de fondo de un conflicto cada vez más olvidado que sigue sufriendo el este del país –cuando no ha sido el responsable de su continuidad– y ha fracasado al intentar extender el control del Estado en todo el territorio. La situación es compleja debido a las raíces históricas y culturales del conflicto, la multiplicidad de actores involucrados y de las múltiples dimensiones del conflicto a nivel local, regional e internacional, vinculadas no sólo a la explotación de los recursos naturales sino también a dinámicas de poder, donde Rwanda y otros países de la región juegan un papel fundamental.
Las otras capitales mundiales del móvil tienen un elemento en común con RDC: la explotación laboral y las violaciones de los derechos humanos. Muchas multinacionales de la telefonía móvil tienen sus factorías en Shenzen y en Zhengzhou (China), tal y como incluso reconoce Fairphone, uno de los pocos proyectos que en la actualidad pretende ofrecer al consumidor una alternativa transparente y ética en toda la cadena de producción. No obstante, tras una importante campaña de lobby en la capital mundial de facto de la telefonía móvil, en julio de 2010 el Gobierno estadounidense llevó a cabo una ley de reforma financiera en el marco de la crisis económica, la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, de la que la Sección 1502 señalaba que el regulador económico de EEUU, la Securities and Exchange Commission (SEC), obligaba a las empresas norteamericanas a realizar un informe anual relativo a su cadena de suministro de minerales, las medidas adoptadas para determinar su origen y garantías de que no contribuyen a la financiación de las insurgencias.
Esta legislación entró en vigor a mediados de 2014, y las multinacionales están buscando cualquier excusa para evitar cambios, incluso abandonando a sus suministradores congoleses. En este sentido, existen numerosos límites y efectos no previstos por la regulación de la explotación de los minerales en las zonas de conflicto, tal y como han señalado numerosos expertos, como la caída de la producción, la consiguiente reducción de puestos de trabajo y de las economías vinculadas a la producción artesanal, y la militarización de la economía por la fuerte presencia del Ejército (con las mismas consecuencias vinculadas a corrupción, clientelismo y explotación). Ciertamente, el control de la procedencia de los minerales es un paso imprescindible, pero no el único. El enfoque debe ser integral y multidimensional, al existir en paralelo otras causas y dinámicas locales y regionales vinculadas a la propiedad de la tierra y la identidad en la raíz del conflicto, y sobre todo, a la ausencia de gobernanza. Sin olvidar el papel de Rwanda. Pero la ciudadanía tiene un papel muy relevante, como consumidora que debe exigir un compromiso ético a las multinacionales para que resuelvan su parte en el complejo conflicto.
En la otra capital de la telefonía móvil, Bruselas, se está actualmente elaborando una regulación que también pretende establecer un mecanismo de certificación responsable de los minerales procedentes de las zonas de conflicto. La UE representa una cuarta parte del comercio de los minerales 3TG, y actualmente es el segundo importador mundial de móviles y laptops, por lo que su responsabilidad y capacidad de influencia en este sector no es menor. No obstante, la actual orientación de la UE al servicio de los intereses de las grandes corporaciones económicas en detrimento del 99% de la población, difícilmente se va a establecer una regulación que exija responsabilidades a estas multinacionales, y parece que las medidas que se están discutiendo en la Comisión Europea en la actualidad van en la línea de las recomendaciones voluntarias planteadas en el 2010 por la OCDE que pocas empresas han hecho suyas y nulos cambios han provocado. En paralelo, está por ver cómo pueden afectar las negociaciones en ciernes entre la UE y EEUU relativas al Tratado de Comercio e Inversiones (TTIP) respecto a esta cuestión, ya que por el momento no auguran nada positivo.
Ciertamente, la respuesta se sitúa en diversos niveles y capitales. Pero lo que no puede continuar así es el silencio sobre todas estas cuestiones en el MWC. Conceder el merecido premio Príncipe de Asturias 2014 a la periodista Caddy Adzuba, y el premio Sakharov 2014 al doctor Dennis Mukwege, ambos hartos de denunciar la violencia sexual, la expoliación de los recursos naturales y la persistencia de la guerra en la RDC, no puede ser en balde, tiene que ir vinculado a una coherencia política real sobre el terreno, ya que por ahora la sintonía se encuentra entre las grandes corporaciones y la gobernanza política neoliberal, alianza que la ciudadanía debe dejar de alimentar.