Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Pamela Urrutia Arestizábal, Investigadora de l’Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Papers – Publicación de la Lliga dels Drets dels Pobles
Las revueltas que en 2011 se extendieron por el norte de África y Oriente Medio marcaron un punto de inflexión y sacudieron el statu quo tras décadas de autoritarismo. Sin embargo, casi cuatro años después, en la mayoría de los casos el escenario dista bastante de las expectativas de muchas mujeres y hombres que salieron a las calles para demandar democracia, libertades, dignidad, igualdad y justicia social. En un contexto regional marcado por transiciones accidentadas y por la emergencia de cruentos conflictos armados, las mujeres han continuado luchando –pese a los numerosos obstáculos- para dar visibilidad a sus demandas, evitar la exclusión, aumentar su presencia en los espacios de decisión, sobreponerse a la violencia y abrir vías para la paz en sus respectivos países.
La participación de las mujeres en las revueltas evidenció la diversidad y complejidad del tejido social femenino en la región. Las rebeliones aglutinaron a mujeres de distintas procedencias y trayectorias en países con variadas estructuras de género, desde Yemen –considerado el país con mayor desigualdad de género a nivel mundial– hasta Túnez –catalogado como el país más progresista del mundo árabe en el reconocimiento a los derechos de las mujeres. Aun en los casos con estatus considerados más “avanzados”, el panorama estaba marcado por la influencia de costumbres conservadoras y prácticas discriminatorias –basadas en tradiciones patriarcales y discursos religiosos, entre otros factores– que han condicionado el ejercicio de los derechos de las mujeres y su participación en el ámbito público. Ejemplo de ello es que, a nivel mundial, los países árabes constituían en 2011 la región con menor presencia femenina en el parlamento, en torno a un 10% en promedio. Pese a estos condicionantes, desde antes de las revueltas, mujeres en toda la región desempeñaban un rol en la oposición a los gobiernos autoritarios y, como los hombres, se veían afectadas por el clima general de restricciones y acoso a la disidencia impuestos por estos regímenes.
Las rebeliones de la llamada “Primavera Árabe” dieron a las mujeres una renovada visibilidad. Sus formas de manifestación variaron dependiendo del contexto, pero el denominador común fue la ocupación del espacio público para exigir un cambio. Desde las mujeres egipcias que compartieron codo a codo con los hombres, día y noche, en las acampadas en la Plaza Tahrir, hasta las que en países como Bahrein o Yemen participaron en marchas segregadas por sexos, sin amedrentarse por los argumentos que se esgrimieron desde el poder para disuadirlas de ejercer su derecho a protestar. Numerosas activistas tuvieron un rol clave en la organización de las manifestaciones, en la difusión de las protestas en las redes sociales, y en la promoción de vías pacíficas de movilización y resistencia. En casos como Libia, las mujeres tuvieron un papel pionero en la revuelta contra el régimen de Muammar Gaddafi y en otros, como Yemen, la labor de una activista y periodista, Tawakkol Karman, fue premiada con el Nobel de la Paz como un símbolo de la implicación de las mujeres en las revueltas. Para muchas de ellas –al igual que para muchos hombres– esta participación supuso un coste, al convertirlas en blanco de la respuesta represiva de los regímenes (agresiones, arrestos arbitrarios, torturas durante períodos de detención, acoso y exilio) y las expuso a formas específicas de violencia, entre ellas la violencia sexual, como tristemente ilustraron los “tests de virginidad” en Egipto.
Tras la caída de varios regímenes y el inicio de transiciones convulsas e inciertas, han surgido numerosos interrogantes sobre el papel de las mujeres en esta nueva etapa. Desde un primer momento, activistas y organizaciones de mujeres manifestaron su inquietud por la marginación de las mujeres en el período postrevolucionario, teniendo en cuenta los precedentes históricos. La preocupación por la exclusión, por el hecho de que la participación en la calle no se traduzca en una presencia significativa de las mujeres en el proceso político formal y en las estructuras de la transición, ha sido una constante. Más aún ante las presiones que las han instado a “volver a casa” o los discursos que han intentado desacreditar sus demandas y reivindicaciones de derechos como secundarios, sin tener en cuenta que son esenciales en una verdadera democracia. Otras inquietudes han estado vinculadas al ascenso e influencia de movimientos reaccionarios y conservadores que manipulan la religión con el fin de limitar los derechos de las mujeres. Adicionalmente, y en un escenario de creciente violencia, las preocupaciones han apuntado al impacto en la seguridad de las mujeres y sus comunidades de la polarización política, la proliferación de los actores armados y la disponibilidad de armas. Y también se han centrado en todas las formas de violencia que buscan coaccionar a las mujeres y frenar sus actividades en el ámbito público.
En algunos contextos los esquemas de poder instaurados al comenzar la transición parecieron confirmar estos temores –en Egipto no hubo ninguna mujer en la primera comisión que reformó la Constitución tras la caída de Mubarak y la representación parlamentaria bajó a un 1%, en Libia sólo hubo dos mujeres en el Consejo Nacional de Transición–, pero en otros, en buena parte gracias al trabajo y compromiso de muchas mujeres, se ha logrado avanzar en reivindicaciones y demandas. Túnez ha sido el escenario que ha despertado más expectativas. Tras la caída del régimen de Zine el Abidine Ben Alí, se aprobó una legislación inédita en la región que exigió la incorporación de un 50% de mujeres en las listas electorales –en un sistema conocido como “cremallera”–, y a principios de 2014, tras un proceso político con muchos vaivenes, se ratificó una Constitución que incorpora mayores garantías de igualdad entre hombres y mujeres. En Yemen, tras la salida del poder de Alí Abdullah Saleh se puso en marcha una Conferencia de Diálogo Nacional (CDN) que contó con la presencia de un 30% de mujeres, y que en sus conclusiones (dadas a conocer a principios de 2014) recomendó que la nueva Constitución garantice una cuota de participación de las mujeres en el ámbito público e incluya algunas medidas relevantes desde la perspectiva de género, como la erradicación del matrimonio infantil.
Grupos de mujeres de la región han trabajado en la articulación de demandas y prioridades y han impulsado foros y debates en los que han intentado identificar las amenazas a su seguridad que condicionan su participación en la vida pública. En Egipto, tras una importante labor de denuncia de organizaciones de derechos humanos y de mujeres, a mediados de 2014 se aprobó un decreto que por primera vez penaliza el acoso sexual, aunque la norma ha sido considerada insuficiente por grupos feministas que exigen mayor contundencia y una aproximación integral para combatir un flagelo que ha afectado a muchas mujeres mientras ejercían su derecho a manifestación, pero que también las condiciona en sus vidas cotidianas. En Libia, grupos de mujeres se han movilizado no sólo para evitar la discriminación y favorecer el empoderamiento de las mujeres, sino también para visibilizar y luchar contra todas los diversos actos de violencia contra las mujeres y para evitar la impunidad de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en el país. En este contexto, el decreto ministerial que a principios de 2014 reconoció como víctimas de guerra a las mujeres que padecieron violencia sexual durante la revuelta contra Gaddafi fue recibido como una noticia positiva. No obstante, meses después, el asesinato de Salma Bughaibis en el país norteafricano evidenciaba los riesgos que asumen muchas activistas en la región. Abogada y destacada representante del movimiento de mujeres en Libia, Bughaibis era una de las promotoras del diálogo como vía de salida al conflicto en su país y se había granjeado enemigos entre los sectores islamistas radicales por algunas de sus posiciones políticas.
Incluso en contextos donde las revueltas han conducido a guerras devastadoras, como en el caso de Siria, numerosas mujeres han continuado demostrando una gran capacidad de movilización y resiliencia, y un compromiso con la construcción de la paz que ha quedado eclipsado por los obscenos niveles de violencia que ha alcanzado el conflicto en el país. Pieza clave en el sostenimiento de las comunidades en medio de la barbarie de la guerra, las mujeres sirias no sólo han asumido la responsabilidad por sus familias en medio del caos, la destrucción o en situaciones de desplazamiento forzado, sino que también han jugado un destacado rol en la organización de la ayuda humanitaria y en la asistencia y apoyo a las víctimas. Activistas sirias han desempeñado además un relevante papel en el registro y documentación de los abusos a los derechos humanos y en la promoción del diálogo, de acuerdos puntuales de cese el fuego y liberaciones de presos. Asimismo, han impulsado iniciativas para contrarrestar las narrativas sectarias y extremistas con mensajes de paz y reconciliación a través de radios, internet y otras plataformas de comunicación.
Las mujeres sirias también han intentado presionar para asegurar su presencia en los espacios formales de negociación. En vísperas de las frustradas conversaciones de Ginebra II, celebradas a principios de 2014, activistas sirias plantearon al entonces enviado especial de la ONU que favoreciera una representación del 30% de mujeres en las conversaciones de paz en las que, finalmente, no tuvieron una presencia sustantiva. Paralelamente, activistas han propuesto medidas concretas para promover la paz en Siria, se han implicado en el diseño de hojas de ruta y planes de reconstrucción, y han comenzado a extraer lecciones de otras experiencias, como la de Bosnia, para anticiparse a cómo enfrentar el escenario post-bélico, cómo evitar errores y cómo abordar temas tan complejos como el uso de la violencia sexual como arma de guerra y otros crímenes en el marco de futuros procesos de justicia transicional. Los retos son enormemente complejos en un escenario de agravamiento de los conflictos en muchos países. A finales de 2014 Yemen, Siria, y Libia enfrentaban los peores niveles de violencia desde el inicio de las revueltas, y grupos como Estado Islámico se confirmaban como una de las peores versiones del extremismo radical, con un alto impacto en las mujeres. Sin embargo, la experiencia de los últimos años ha demostrado que las mujeres de la región siguen estando determinadas a hacer oír sus voces y a jugar un papel significativo. Excluirlas de los procesos de transición, reconciliación y reconstrucción equivaldría a marginar una fuerza vital para la configuración de países estables, representativos y genuinamente democráticos. Que participen en los ámbitos de decisión y en las negociaciones de paz es una cuestión de justicia y de equidad, pero también una garantía de sostenibilidad, de que sus experiencias y su conocimiento de la realidad sean reconocidos, y de que la marginalización a causa de la militarización del conflicto no tenga una réplica en espacios donde puede definirse el futuro de sus comunidades. Es de esperar, como pronostica la Escola de Cultura de Pau, que 2015 sea un año donde la coincidencia de hitos clave en la agenda de género a nivel internacional –como el 20º aniversario de la declaración de Beijing y el 15º de la declaración 1325 sobre mujeres, paz y seguridad¬- ayude a dar visibilidad y a poner en perspectiva las múltiples iniciativas de mujeres en los contextos post-revueltas en el norte de África y Oriente Medio. Sin ellas, no habrá paz ni democracia.
La participación de las mujeres en las revueltas evidenció la diversidad y complejidad del tejido social femenino en la región. Las rebeliones aglutinaron a mujeres de distintas procedencias y trayectorias en países con variadas estructuras de género, desde Yemen –considerado el país con mayor desigualdad de género a nivel mundial– hasta Túnez –catalogado como el país más progresista del mundo árabe en el reconocimiento a los derechos de las mujeres. Aun en los casos con estatus considerados más “avanzados”, el panorama estaba marcado por la influencia de costumbres conservadoras y prácticas discriminatorias –basadas en tradiciones patriarcales y discursos religiosos, entre otros factores– que han condicionado el ejercicio de los derechos de las mujeres y su participación en el ámbito público. Ejemplo de ello es que, a nivel mundial, los países árabes constituían en 2011 la región con menor presencia femenina en el parlamento, en torno a un 10% en promedio. Pese a estos condicionantes, desde antes de las revueltas, mujeres en toda la región desempeñaban un rol en la oposición a los gobiernos autoritarios y, como los hombres, se veían afectadas por el clima general de restricciones y acoso a la disidencia impuestos por estos regímenes.
Las rebeliones de la llamada “Primavera Árabe” dieron a las mujeres una renovada visibilidad. Sus formas de manifestación variaron dependiendo del contexto, pero el denominador común fue la ocupación del espacio público para exigir un cambio. Desde las mujeres egipcias que compartieron codo a codo con los hombres, día y noche, en las acampadas en la Plaza Tahrir, hasta las que en países como Bahrein o Yemen participaron en marchas segregadas por sexos, sin amedrentarse por los argumentos que se esgrimieron desde el poder para disuadirlas de ejercer su derecho a protestar. Numerosas activistas tuvieron un rol clave en la organización de las manifestaciones, en la difusión de las protestas en las redes sociales, y en la promoción de vías pacíficas de movilización y resistencia. En casos como Libia, las mujeres tuvieron un papel pionero en la revuelta contra el régimen de Muammar Gaddafi y en otros, como Yemen, la labor de una activista y periodista, Tawakkol Karman, fue premiada con el Nobel de la Paz como un símbolo de la implicación de las mujeres en las revueltas. Para muchas de ellas –al igual que para muchos hombres– esta participación supuso un coste, al convertirlas en blanco de la respuesta represiva de los regímenes (agresiones, arrestos arbitrarios, torturas durante períodos de detención, acoso y exilio) y las expuso a formas específicas de violencia, entre ellas la violencia sexual, como tristemente ilustraron los “tests de virginidad” en Egipto.
Tras la caída de varios regímenes y el inicio de transiciones convulsas e inciertas, han surgido numerosos interrogantes sobre el papel de las mujeres en esta nueva etapa. Desde un primer momento, activistas y organizaciones de mujeres manifestaron su inquietud por la marginación de las mujeres en el período postrevolucionario, teniendo en cuenta los precedentes históricos. La preocupación por la exclusión, por el hecho de que la participación en la calle no se traduzca en una presencia significativa de las mujeres en el proceso político formal y en las estructuras de la transición, ha sido una constante. Más aún ante las presiones que las han instado a “volver a casa” o los discursos que han intentado desacreditar sus demandas y reivindicaciones de derechos como secundarios, sin tener en cuenta que son esenciales en una verdadera democracia. Otras inquietudes han estado vinculadas al ascenso e influencia de movimientos reaccionarios y conservadores que manipulan la religión con el fin de limitar los derechos de las mujeres. Adicionalmente, y en un escenario de creciente violencia, las preocupaciones han apuntado al impacto en la seguridad de las mujeres y sus comunidades de la polarización política, la proliferación de los actores armados y la disponibilidad de armas. Y también se han centrado en todas las formas de violencia que buscan coaccionar a las mujeres y frenar sus actividades en el ámbito público.
En algunos contextos los esquemas de poder instaurados al comenzar la transición parecieron confirmar estos temores –en Egipto no hubo ninguna mujer en la primera comisión que reformó la Constitución tras la caída de Mubarak y la representación parlamentaria bajó a un 1%, en Libia sólo hubo dos mujeres en el Consejo Nacional de Transición–, pero en otros, en buena parte gracias al trabajo y compromiso de muchas mujeres, se ha logrado avanzar en reivindicaciones y demandas. Túnez ha sido el escenario que ha despertado más expectativas. Tras la caída del régimen de Zine el Abidine Ben Alí, se aprobó una legislación inédita en la región que exigió la incorporación de un 50% de mujeres en las listas electorales –en un sistema conocido como “cremallera”–, y a principios de 2014, tras un proceso político con muchos vaivenes, se ratificó una Constitución que incorpora mayores garantías de igualdad entre hombres y mujeres. En Yemen, tras la salida del poder de Alí Abdullah Saleh se puso en marcha una Conferencia de Diálogo Nacional (CDN) que contó con la presencia de un 30% de mujeres, y que en sus conclusiones (dadas a conocer a principios de 2014) recomendó que la nueva Constitución garantice una cuota de participación de las mujeres en el ámbito público e incluya algunas medidas relevantes desde la perspectiva de género, como la erradicación del matrimonio infantil.
Grupos de mujeres de la región han trabajado en la articulación de demandas y prioridades y han impulsado foros y debates en los que han intentado identificar las amenazas a su seguridad que condicionan su participación en la vida pública. En Egipto, tras una importante labor de denuncia de organizaciones de derechos humanos y de mujeres, a mediados de 2014 se aprobó un decreto que por primera vez penaliza el acoso sexual, aunque la norma ha sido considerada insuficiente por grupos feministas que exigen mayor contundencia y una aproximación integral para combatir un flagelo que ha afectado a muchas mujeres mientras ejercían su derecho a manifestación, pero que también las condiciona en sus vidas cotidianas. En Libia, grupos de mujeres se han movilizado no sólo para evitar la discriminación y favorecer el empoderamiento de las mujeres, sino también para visibilizar y luchar contra todas los diversos actos de violencia contra las mujeres y para evitar la impunidad de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en el país. En este contexto, el decreto ministerial que a principios de 2014 reconoció como víctimas de guerra a las mujeres que padecieron violencia sexual durante la revuelta contra Gaddafi fue recibido como una noticia positiva. No obstante, meses después, el asesinato de Salma Bughaibis en el país norteafricano evidenciaba los riesgos que asumen muchas activistas en la región. Abogada y destacada representante del movimiento de mujeres en Libia, Bughaibis era una de las promotoras del diálogo como vía de salida al conflicto en su país y se había granjeado enemigos entre los sectores islamistas radicales por algunas de sus posiciones políticas.
Incluso en contextos donde las revueltas han conducido a guerras devastadoras, como en el caso de Siria, numerosas mujeres han continuado demostrando una gran capacidad de movilización y resiliencia, y un compromiso con la construcción de la paz que ha quedado eclipsado por los obscenos niveles de violencia que ha alcanzado el conflicto en el país. Pieza clave en el sostenimiento de las comunidades en medio de la barbarie de la guerra, las mujeres sirias no sólo han asumido la responsabilidad por sus familias en medio del caos, la destrucción o en situaciones de desplazamiento forzado, sino que también han jugado un destacado rol en la organización de la ayuda humanitaria y en la asistencia y apoyo a las víctimas. Activistas sirias han desempeñado además un relevante papel en el registro y documentación de los abusos a los derechos humanos y en la promoción del diálogo, de acuerdos puntuales de cese el fuego y liberaciones de presos. Asimismo, han impulsado iniciativas para contrarrestar las narrativas sectarias y extremistas con mensajes de paz y reconciliación a través de radios, internet y otras plataformas de comunicación.
Las mujeres sirias también han intentado presionar para asegurar su presencia en los espacios formales de negociación. En vísperas de las frustradas conversaciones de Ginebra II, celebradas a principios de 2014, activistas sirias plantearon al entonces enviado especial de la ONU que favoreciera una representación del 30% de mujeres en las conversaciones de paz en las que, finalmente, no tuvieron una presencia sustantiva. Paralelamente, activistas han propuesto medidas concretas para promover la paz en Siria, se han implicado en el diseño de hojas de ruta y planes de reconstrucción, y han comenzado a extraer lecciones de otras experiencias, como la de Bosnia, para anticiparse a cómo enfrentar el escenario post-bélico, cómo evitar errores y cómo abordar temas tan complejos como el uso de la violencia sexual como arma de guerra y otros crímenes en el marco de futuros procesos de justicia transicional. Los retos son enormemente complejos en un escenario de agravamiento de los conflictos en muchos países. A finales de 2014 Yemen, Siria, y Libia enfrentaban los peores niveles de violencia desde el inicio de las revueltas, y grupos como Estado Islámico se confirmaban como una de las peores versiones del extremismo radical, con un alto impacto en las mujeres. Sin embargo, la experiencia de los últimos años ha demostrado que las mujeres de la región siguen estando determinadas a hacer oír sus voces y a jugar un papel significativo. Excluirlas de los procesos de transición, reconciliación y reconstrucción equivaldría a marginar una fuerza vital para la configuración de países estables, representativos y genuinamente democráticos. Que participen en los ámbitos de decisión y en las negociaciones de paz es una cuestión de justicia y de equidad, pero también una garantía de sostenibilidad, de que sus experiencias y su conocimiento de la realidad sean reconocidos, y de que la marginalización a causa de la militarización del conflicto no tenga una réplica en espacios donde puede definirse el futuro de sus comunidades. Es de esperar, como pronostica la Escola de Cultura de Pau, que 2015 sea un año donde la coincidencia de hitos clave en la agenda de género a nivel internacional –como el 20º aniversario de la declaración de Beijing y el 15º de la declaración 1325 sobre mujeres, paz y seguridad¬- ayude a dar visibilidad y a poner en perspectiva las múltiples iniciativas de mujeres en los contextos post-revueltas en el norte de África y Oriente Medio. Sin ellas, no habrá paz ni democracia.
