Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Iván Navarro, Investigador de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
africaye.org
Si vis pacem…
En agosto de 2015, y tras grandes presiones por parte de la comunidad internacional, se logró la firma de un acuerdo de paz en el país. Un año después, su fracaso y colapso de facto, ha sido tan previsible como inevitable. Ya en el momento de la firma el acuerdo nacía envenenado debido a la lista de 16 reservas que el Gobierno de Kiir anexaba de manera unilateral al pacto. Si bien estas no fueron reconocidas por la mediación internacional ni por la oposición, el hecho en sí ya condenaba las posibilidades reales del recorrido de la paz. Ello rompía con una premisa sine qua non para que cualquier acuerdo de paz tuviese éxito: el compromiso de las partes. En el de Sudán del Sur no estaba, ni está, ni se le espera. Dos meses después de la firma, el 2 de octubre de 2015, Kiir volvía a desacreditar la paz con un decreto presidencial que establecía la nueva fórmula de división administrativa en el país, que pasaría de los diez estados existentes a las 28 nuevas fronteras basadas en características étnicas, lo que desató duras criticas de la oposición y el surgimiento de nuevos actores armados regionales que se oponían a la fragmentación de sus territorios.
Aún así, la hoja de ruta prevista en el Acuerdo de Paz, respiró un poco cuando en el mes de febrero de 2016, Riek Machar, líder del grupo opositor Sudan People´s Liberation Movement/Army In Opposition (SPLA-IO), fue designado Primer Vicepresidente del país, hecho que conllevó a que un mes después, el 28 de abril, y tras el retorno de Machar a la capital, Juba, se constituyese por fin el ansiado Gobierno de Transición y Unidad Nacional. Sin embargo, y como en el desierto sucede con los oasis, el gobierno transicional no pasó de ser un mero espejismo. Durante el mes de julio, la capital, Juba, que en aquellos días celebraba el quinto aniversario de su independencia, se vio nuevamente sumergida en un baño de sangre que enfrentó a las tropas leales a Kiir con las de Machar, dejando un balance oficial de 270 muertos, aunque fuentes extraoficiales lo cifraron en al menos medio millar de muertos. La consecuencia, miles de desplazados y una dura estacada al proceso de paz.
La crisis de Juba le sirvió al gobierno de Kiir para destituir a Machar y nombrar nuevo Primer Vicepresidente al hasta entonces Ministro de Minería, Taban Deng Gai. También fueron reemplazados del Gobierno de Transición seis de los diez ministros del SPLA-IO leales a Machar. La Comisión de Monitoreo y Evaluación del Acuerdo de Paz (JMEC), la ONU, la IGAD o el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (PSC), criticaron la medida afirmando que suponía una violación al Acuerdo de Paz, pero Kiir ni se inmutó. La crisis, que dividió y fragmentó al SPLA-IO en bandos pro Machar y pro Gai, se saldó finalmente con el anuncio realizado en septiembre por Machar, donde afirmaba el colapso del Acuerdo de Paz, e incitaba a sus seguidores a retomar la guerra contra el gobierno.
…para bellum
Durante este primer año de implementación del Acuerdo de Paz, el capítulo 2 del texto, que versa sobre el cese al fuego permanente y mecanismos de seguridad -que debería haber entrado en vigor 72 horas después de la firma- ha sido violado por ambas partes de manera sistemática. Ni los actores armados no estatales se han desarmado, desmovilizado o repatriado; ni las fuerzas militares han salido por completo de la capital; ni se ha avanzado en la unificación de las fuerzas armadas nacionales. A su vez, y en cuanto al cese de hostilidades directas, tampoco ha habido avances, produciéndose enfrentamientos armados y violaciones al alto el fuego de manera constante, como los registrados durante este año en el ataque a un campamento de refugiados de la ONU en Malakal (febrero), la captura rebelde de la ciudad de Wau (junio), los enfrentamientos armados directos entre el SPLA y el SPLA-IO en Juba (julio) o el deterioro de la situación de seguridad en la región de Ecuatoria (a partir de septiembre). De hecho, el Mecanismo de Monitoreo y Vigilancia del Cese al Fuego y Acuerdos de Transición sobre Seguridad, ha acusado en diferentes ocasiones a las fuerzas del SPLA de no cooperar y bloquear a los equipos encargados de monitorear el cumplimiento del cese al fuego y la implementación de las medidas de seguridad.
A este frágil contexto hay que añadirle la creciente división y fragmentación interna en el país, que ha dado pie a la proliferación de actores armados que han renegado del proceso de paz. Algunos de ellos como el Revolutionary Movement For National Salvation (REMNASA) o el South Sudan National Liberation Movement (SSNLM), no se adhirieron a la firma de la paz en agosto de 2015; otros como el South Sudan People’s Patriotic Front (SSPPF) en la región de Equatoria, o el Tiger Faction New Forces (TFNF) conformado por shilluks en la región del Alto Nilo, surgieron y se alzaron en armas como reacción a la división administrativa decretada por el Gobierno. Tras la declaración de la vuelta a la guerra decretada por Machar el 25 septiembre, otros nuevos grupos armados han surgido. Lam Akol, veterano disidente sur sudanés, también declaró la guerra al Gobierno a través de su organización National Democratic Movement. El South Sudan Democratic Movement-Cobra Faction (SSDM-CF), originario de la región de Greater Upper Nile, anunció la vuelta a la actividad armada, lo que auspicio que más de 5.000 soldados del grupo étnico murle comandados por el General John Welarum en el estado de Borna, desertasen de las filas del ejército nacional y se unieran a la insurgencia. A finales de octubre, un nuevo grupo de la región de Equatoria, denominado South Sudan Democratic Front (SSDF) también declaró la guerra al Gobierno de Kiir.
Alarma de genocidio
La proliferación de grupos armados y el deterioro del proceso de paz se ha traducido en un incremento de la polarización étnica en el país y en un aumento de la violencia perpetrada por grupos de oposición, así como por las fuerzas gubernamentales, contra la población civil. La manipulación de las identidades y la movilización de los miembros de los diferentes grupos étnicos que apoyan a una u otra facción, ha incidido en aumentar el conflicto etno-político entre la comunidad mayoritaria dinka, aliada de Salva Kiir, frente a otros grupos étnicos menores (nuer, shilluk, murle, equatoria), aliados principalmente a Riek Machar, generando la alarma sobre la posibilidad de genocidio inminente debido al ciclo de venganzas y ataques generalizados y sistemáticos contra civiles pertenecientes a diferentes comunidades. Así lo reconoció Adama Dieng, asesor especial del Secretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio, advirtiendo, a raíz de los incidentes contra civiles registrados en la región de Equatoria, que el clima de violencia e intolerancia puede desencadenar un genocidio en el país.
¿Y la Comunidad Internacional?
En este clima, el 12 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envió de una fuerza regional de 4.000 unidades que se unirán a la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS) compuesta por 12.500 efectivos, y cuyo mandato será garantizar la paz en la capital de Sudán del Sur, pudiendo hacer uso de la fuerza para la protección de la población civil, aunque solamente en Juba, y para defender el aeropuerto. Esta medida surge tras las duras críticas realizadas a la UNMISS por su papel en la falta de protección de civiles en los campos de desplazados bajo su jurisdicción en las crisis de Malakal y Juba, que llevaron al organismo a reconocer su incapacidad y sus errores en la defensa de la población. La ONG Human Rights Watch y el Centre for Civilians in Conflict ya había denunciado al respecto como elementos del ejército nacional realizaron ejecuciones sumarias a civiles, secuestros, violaciones y saquearon las pertenencias de la población presente en los campamentos de desplazados dentro de las bases de las Naciones Unidas en Juba. Al respecto, es fundamental preguntarse por qué la UNMISS ha fracasado.
El Consejo de Seguridad de la ONU, a quien diferentes organismos y países han solicitado la aplicación inmediata de un embargo de armas para Sudán del Sur, no aprobó sin embargo la medida el 12 de agosto, decidiendo postergarla una vez más –y ya van varias veces desde diciembre de 2013-. La pregunta es obligatoria ¿Por qué? El suministro continuo de armas solo ayuda a alimentar la violencia a gran escala, pero parece ser que a los miembros permanentes del Consejo también les ayuda a alimentar otros intereses. Y con esto no descubrimos nada nuevo, lo sabemos, pero no deja de ser indignante e insoportable, que incluso ante la alarma de posible genocidio realizada por el asesor especial del Secretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio, el Consejo de Seguridad siga haciendo sus números y pasando de puntillas. Estados unidos presentó el 18 de noviembre una nueva propuesta de resolución al Consejo que incluía el embargo de armas y la aplicación de sanciones dirigidas contra Riek Machar, el jefe del ejército sur sudanés, Paul Malong, y el Ministro de Información, Michale Makuei. Habrá que volver a esperar para ver si esta vez el Consejo de Seguridad decide dar un paso al frente.
Por otro lado, y en virtud del Acuerdo de Paz, la Comisión de la Unión Africana debería de haber establecido en octubre de 2016 el Tribunal Híbrido (capítulo 5), compuesto por jueces de Sudán del Sur y otros jueces y personal africano, para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos desde el comienzo de la guerra en diciembre de 2013. Sin embargo, a fecha de hoy, aún no se han logrado progresos concretos, y todo pinta a que se demorará aún más, si es que se logra implementar en el actual clima. Al respecto, vale la pena recordar el artículo aparecido en el New York Times durante el mes de junio, bajo título “South Sudan Needs Truth, Not Trials”, firmado conjuntamente por Kiir y Machar –aunque Machar se desmarcaría posteriormente- en el que se solicitaba a la comunidad internacional reconsiderar la aplicación del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, arguyendo -o amenazando, según se lea- que este sería un impedimento para la construcción de la paz. Anteriormente, la Comisión de la Unión Africana presidida por el ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo creada para tratar de determinar lo sucedido en la guerra civil sur sudanesa en 2013, ya había determinado que tanto las tropas comandadas por Salva Kiir como por Riek Machar habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.
¿Hacia dónde?
En este difícil escenario, se empiezan a escuchar cada vez más las voces que proponen -viendo el fracaso en la implementación del Acuerdo de Paz y las pocas posibilidades de generar una transición efectiva bajo la dirección de Salva Kiir y Riek Machar, así como de sus círculos más cercanos- la imposición por parte de las Naciones Unidas y la Unión Africana de una tutela internacional en el país por un periodo de entre diez y quince años, tal y como se ha aplicado en casos como Timor Este, Kosovo o Liberia. Pagan Amum, anterior secretario general del SPLM, ha sido una de las personas que han solicitado el establecimiento de esta autoridad de transición encabezada por las Naciones Unidas, la Unión Africana y los estados regionales, como única solución viable para detener la violencia y reconstruir el estado. En este modelo de transición, las figuras de Kiir y Machar -señalados como los principales responsables del deterioro de la gobernabilidad en el país-, serían excluidos de cualquier fórmula presente y futura de gobernabilidad. Sin embargo, no parece fácil la aplicación de esta fórmula en Sudán del Sur. Por un lado, porque es obvio que puede generar resistencias frente a lo que se puede considerar una fórmula neocolonial, y por otro, porque también es patente que ni Kiir ni Machar, ni sus grupos más afines, permitirán su exclusión en el reparto de poder, lo que conllevaría su aplicación por medio de la fuerza, una medida que hasta la fecha, la comunidad internacional no ha hecho ningún amago por aplicar, y que todo sea dicho, tampoco garantizaría el fin de las hostilidades.
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