Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Pamela Urrutia Arestizábal, Investigadora de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Periodismohumano.com
En medio del escenario regional de revueltas, Yemen es el único caso en que la firma de un acuerdo forzó la salida del presidente, Alí Abdullah Saleh, después de 33 años como jefe de gobierno
El país inició entonces un accidentado proceso de transición que ahora enfrenta un nuevo desafío: un diálogo nacional que debe abordar temas clave para el futuro del país, en un contexto de divisiones, inseguridad y severa crisis económica y humanitaria.
Postergado en varias ocasiones en los últimos meses, finalmente ha arrancado en Yemen el diálogo nacional que pretende avanzar hacia la paz y la reconciliación del país. La iniciativa constituye uno de los elementos clave del proceso de transición que se inició en Yemen noviembre de 2011, cuando un acuerdo promovido por el Consejo del Golfo (CCG), con el respaldo de la ONU, pavimentó el retiro de la presidencia de Alí Abdullah Saleh después de 33 años en el poder. El caso sigue siendo único en el contexto de las revueltas árabes. En un escenario regional sacudido por la contestación popular –Zine el Abidine Ben Alí y Hosni Mubarak habían sido forzados a abandonar el poder precipitadamente en Túnez y Egipto; Muammar Gaddafi había sido ejecutado en Libia y el gobierno de Bashar al-Assad enfrentaba un creciente desafío en Siria– Saleh optó entonces por una salida pactada y con garantías, entre ellas una polémica inmunidad que despertó numerosas críticas a nivel local y por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Durante la primera fase de la transición se conformó un gobierno de unidad nacional y se celebraron elecciones presidenciales –en la práctica un referéndum– en las que el hasta entonces presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi fue ratificado como nuevo mandatario del país. El ambicioso (y ajustado) cronograma de la segunda fase se inició a principios de 2012 y contempla un proceso de reestructuración de las fuerzas militares y de seguridad, el impulso a mecanismos de justicia transicional y la celebración del diálogo nacional que debe conducir a una nueva Constitución y a elecciones democráticas, previstas para febrero de 2014. La tarea no es nada fácil, teniendo en cuenta las persistentes divisiones entre los diversos actores políticos yemeníes, los enormes desafíos económicos y humanitarios que enfrenta el país, y el clima de inseguridad asociado a distintos focos de conflicto, algunos preexistentes. Entre ellos, un conflicto armado que desde 2004 enfrenta al movimiento al-houthista con el poder central en el norte del país, un conflicto vinculado a la presencia en el país de bases de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), y también tensiones internas relacionado con las demandas de autonomía o independencia promovidas por grupos del sur del país.
El contexto del diálogo
Desde la firma del acuerdo del GCC, la situación en Yemen ha continuado siendo convulsa. Pese a lo accidentado de la transición, existe cierta coincidencia entre observadores y analistas en reconocer al pacto el logro de dos objetivos relevantes. En primer lugar, evitar una mayor escalada de violencia que condujera al país a una guerra civil. Al igual que en Siria, las movilizaciones pacíficas contra el régimen de Saleh –duramente sofocadas por el gobierno–, se habían visto crecientemente eclipsadas por un conflicto armado entre fuerzas militares, de seguridad y milicias tribales organizadas en torno a dos grandes bloques. Por un lado, sectores leales a Saleh y, por otro, grupos de la élite yemení que pasaron a oponerse abiertamente al mandatario, entre ellos el clan de los al-Ahmar y el general Alí Mohsen al-Ahmar, jefe de la Primera División Armada que desertó del Ejército (pese a su nombre no forma parte del antes mencionado clan). La firma del acuerdo permitió una contención de los combates, que causaron cientos de víctimas mortales en 2012.
El pacto también derivó en un cambio innegable y que parecía impensable en los meses previos a la revuelta: la salida del Gobierno de Saleh, que había asumido el poder en 1978 como presidente de la entonces República Árabe de Yemen (RAY, en el norte) y el único gobernante del país desde la unión de la RAY con la República Popular Democrática de Yemen (RPDY, en el sur) desde 1990. Para la mayoría de los yemeníes él había sido el único presidente que habían conocido en su vida, considerando que un 65% de la población del país tiene menos de 25 años. En este sentido, el hecho de que los cambios se produjeran a partir de un acuerdo político ha sido valorado por algunos como un ejemplo o incluso como una fórmula a replicar en algunos contextos, entre ellos Siria. No obstante, un examen más pormenorizado de la evolución en Yemen obliga a tener en cuenta la complejidad de las dinámicas locales y la fragilidad del proceso de transición en el país.
Diversos análisis coinciden en destacar que el acuerdo no logró apartar de la política ni a Saleh ni al general Alí Mohsen, señalado como el segundo hombre fuerte del país y pieza clave en el combate a la rebelión al-houthista en el norte. Con importantes redes de apoyo político, económico y tribal, ellos continúan siendo eje de los principales núcleos de poder en el país, junto a un tercero que lidera el clan al-Ahmar, con una clara ascendencia sobre el partido islamista Islah. Principalmente Saleh, pero también Alí Mohsen y en ocasiones el sheikh Hamid al-Ahmar han sido señalados como posibles spoilers del proceso de transición. En el caso particular del ex mandatario, Saleh se ha mantenido como líder de su partido –General People’s Congress (GPC)– y miembros de su entorno han ofrecido resistencia a la hora de implementar las reformas en el ámbito militar y de seguridad impulsadas por el presidente Hadi. Hace algunas semanas el Consejo de Seguridad de la ONU llegó a advertir a Saleh sobre una posible adopción de sanciones en su contra por sus continuas interferencias en la transición. El hecho de que algunas de las medidas impulsadas por Hadi hayan beneficiado a grupos próximos al general Alí Mohsen ha motivado que sectores leales a Saleh interpreten los cambios como parte de un complot contra el ex gobernante y ha llevado a algunos observadores a alertar sobre las consecuencias negativas de un eventual proceso de “des-Salehización” en el país, aludiendo al proceso de “des-Baathificación” llevado a cabo en Iraq tras el derrocamiento de Saddam Hussein. Hadi, por su parte, ha intentado suplir la falta de base de apoyo político, militar y tribal, a través de nombramientos de personas procedentes de su región, Abyan, despertando recelos en algunos sectores yemeníes que temen que repliquen las dinámicas del pasado.
La percepción de lentitud en las reformas o falta de cambios profundos por parte de algunos sectores de la población se ha visto alimentada por la sensación de que la revuelta popular fue secuestrada por las élites y que, en la práctica, son los mismos grupos de poder del pasado los que están gestionando la nueva etapa. No existe una ruptura respecto a la administración anterior. Los firmantes del pacto del CCG, que luego pasaron a integrar el gobierno de unidad nacional, fueron el GPC y partidos de la oposición política institucionalizada en el país, la plataforma opositora Joint Meeting Parties (JMP). En esta coalición juega un papel destacado el partido islamista Islah, que durante años mantuvo una alianza con Saleh. En el acuerdo del CCG no participaron otros sectores relevantes en la contestación al régimen de Saleh, entre ellos movimientos sociales y juveniles, grupos autonomistas e independentistas de la antigua RPDY que conforman el llamado Movimiento del Sur (Hiraak) o los al-houthistas, grupo que se ha visto involucrado en sucesivos conflictos armados con el gobierno central desde 2004. Durante la fase preparatoria al diálogo, uno de los objetivos ha sido intentar involucrar en el proceso a estos sectores. De hecho, esta fue una de las razones que explican el retraso en su puesta en marcha. Parte de la población yemení ha seguido los preparativos –así como las rencillas y debates internos en el gobierno de unidad nacional– con cierta distancia y ha cuestionado la falta de transparencia en el proceso. Muchas y muchos yemeníes creen que la transición política no está dando respuesta adecuada a sus preocupaciones cotidianas, centradas en muchos casos en la supervivencia en el país más pobre del mundo árabe –la tasa de pobreza se sitúa por sobre el 50%– y en el que millones de personas enfrentan una situación de emergencia alimentaria y graves problemas de desnutrición.
Esta situación de vulnerabilidad de la población se ha visto acentuada por los persistentes episodios de violencia en distintos puntos del país. Si bien el acuerdo del CCG condujo al fin de los enfrentamientos armados en las principales ciudades, al desmantelamiento de checkpoints en zonas urbanas y a un repliegue parcial de las fuerzas de los diferentes bandos en disputa por la permanencia o no de Saleh, ello no supuso el fin de la violencia en Yemen. La desestabilización del país fue aprovechada por algunos actores armados, como al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y su filial Ansar Sharia, para intensificar sus operaciones en la zona sur de Yemen. El gobierno de Hadi respondió con una campaña militar con apoyo de EEUU que obligó a los combatientes de AQPA a retroceder, pero las consecuencias en términos humanitarios fueron severas, con cifras de desplazamiento forzado que afectaron a miles de personas. También en el sur se han registrado episodios de violencia vinculados a la represión de manifestaciones pro-independentistas o a choques entre fuerzas del sur y grupos progubernamentales vinculados al partido islamista Islah. En el norte del país, los al-houthistas también expandieron la zona bajo su control y han protagonizado múltiples enfrentamientos con grupos salafistas. Algunos de estos actores son los que ahora se sentarán a discutir el futuro de Yemen en el foro de diálogo nacional. La iniciativa ha motivado el despliegue de 60.000 soldados en la capital yemení, Sanaa.
Límites al debate sobre el nuevo Yemen
La conferencia de diálogo nacional reunirá en durante los próximos seis meses a 565 delegados, nombrados por el gobierno y un comité técnico con la asistencia del enviado especial de la ONU, Jamal Benomar. Entre ellos se cuentan 121 integrantes del GPC, 85 representantes del Hiraak y 50 de Islah, entre otros. Se espera que el foro funcione a través de un sistema de reuniones periódicas y grupos de trabajo en distintas ciudades y con representación de diversas tendencias políticas y sociales del país. No obstante, sectores disconformes con el formato o con la distribución de escaños en el foro han decidido boicotear a la iniciativa. Tawakul Karman, la periodista yemení y Premio Nobel de la Paz –convertida en símbolo de la participación de las mujeres en las revueltas árabes– anunció que se marginaría del proceso en protesta por la presencia de altos funcionarios del antiguo régimen a los que considera responsables de la represión violenta durante las manifestaciones contra Saleh y por la desigual representación de jóvenes, miembros de la sociedad civil y mujeres. En un país caracterizado por los elevados niveles de desigualdad de género –Yemen aparecía en el último lugar del Índice de desigualdad de Género en 2011– y teniendo en cuenta la destacada movilización de las mujeres durante la contestación al régimen de Saleh, se consiguió establecer una cuota de 30% para mujeres en el diálogo nacional. Sin embargo, analistas locales habían advertido sobre la importancia de asegurar una representación real de las mujeres en la iniciativa, teniendo en cuenta la limitada presencia de mujeres en otras estructuras de la transición.
Aunque la mayor parte de las organizaciones del Movimiento del Sur (Hiraak) decidieron tomar parte en la iniciativa, otros grupos que deseaban condicionar el diálogo a un debate sobre la independencia optaron por boicotear el proceso y llamar a jornadas de protesta en el sur de Yemen. Entre ellos se encuentra una facción liderada por el ex presidente de la RPDY que lideró la rebelión secesionista durante la guerra civil yemení de 1994. Los sectores independentistas del sur han cuestionado especialmente que el acuerdo promovido por el CCG haya explicitado entre sus principios la “preservación de la unidad de Yemen”. La posición de Hiraak se ha visto condicionada por las diversas agendas de los grupos que en ella conviven, que demandan desde fórmulas de autonomía en el marco de un esquema federal hasta una separación total del norte.
En el caso de los al-houthistas, oficialmente se han comprometido a sumarse a la iniciativa, pese a que su participación ofreció algunas dudas durante la preparación del proceso. La organización planteó inicialmente una serie de condiciones para unirse al foro y amenazó con marginarse del proceso si advertía interferencias externas. Los al-houthistas se han mostrado especialmente recelosos con la influencia de EEUU en el país, en particular con la campaña con aviones no tripulados en su lucha contra AQPA, lo que le ha significado obtener algunos réditos entre la población joven yemení. El enviado especial de la ONU ha intentado convencer al movimiento de convertirse en partido político. No obstante, persisten las dudas sobre sus objetivos y agenda a largo plazo, y sobre su disposición a ceder el control sobre zonas que están bajo su dominio. Algunos sectores yemeníes han subrayado que la aproximación del grupo al debate debería ser sin condiciones y apostar por una renuncia a la vía armada.
Los escollos al diálogo nacional eran previsibles. Pero la ausencia de algunos actores clave ponen duda la capacidad de comprometer en la iniciativa a sectores relevantes de la sociedad yemení, así como las perspectivas de negociación y su impacto en la estabilidad futura del país. Está previsto que durante las conversaciones surjan temas decisivos sobre la estructura del Estado, el sistema de representación, el papel de la ley islámica y las reformas necesarias para aprobar una nueva Constitución. También que los debates sean arduos, teniendo en cuenta que muchas de estas discusiones han estado en el trasfondo de diversos conflictos que ha arrastrado Yemen durante años. En paralelo a estos debates políticos, las autoridades yemeníes no pueden obviar dar respuesta a otras cuestiones urgentes que afectan el día a día de la población, principalmente las carencias económicas y el clima de inseguridad. El acompañamiento internacional parece fundamental en este proceso, pero también persisten las desconfianzas respecto a que la aproximación de algunos países –principalmente EEUU, Irán y Arabia Saudita– por interferir en las dinámicas locales anteponiendo sus propios intereses. El diálogo ha despertado expectativas, pero al mismo tiempo, escepticismo entre sectores de la población yemení que temen que el resultado reafirme a las fuerzas tradicionales del país sin abrir un espacio a un cambio sustantivo.
El país inició entonces un accidentado proceso de transición que ahora enfrenta un nuevo desafío: un diálogo nacional que debe abordar temas clave para el futuro del país, en un contexto de divisiones, inseguridad y severa crisis económica y humanitaria.
Postergado en varias ocasiones en los últimos meses, finalmente ha arrancado en Yemen el diálogo nacional que pretende avanzar hacia la paz y la reconciliación del país. La iniciativa constituye uno de los elementos clave del proceso de transición que se inició en Yemen noviembre de 2011, cuando un acuerdo promovido por el Consejo del Golfo (CCG), con el respaldo de la ONU, pavimentó el retiro de la presidencia de Alí Abdullah Saleh después de 33 años en el poder. El caso sigue siendo único en el contexto de las revueltas árabes. En un escenario regional sacudido por la contestación popular –Zine el Abidine Ben Alí y Hosni Mubarak habían sido forzados a abandonar el poder precipitadamente en Túnez y Egipto; Muammar Gaddafi había sido ejecutado en Libia y el gobierno de Bashar al-Assad enfrentaba un creciente desafío en Siria– Saleh optó entonces por una salida pactada y con garantías, entre ellas una polémica inmunidad que despertó numerosas críticas a nivel local y por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Durante la primera fase de la transición se conformó un gobierno de unidad nacional y se celebraron elecciones presidenciales –en la práctica un referéndum– en las que el hasta entonces presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi fue ratificado como nuevo mandatario del país. El ambicioso (y ajustado) cronograma de la segunda fase se inició a principios de 2012 y contempla un proceso de reestructuración de las fuerzas militares y de seguridad, el impulso a mecanismos de justicia transicional y la celebración del diálogo nacional que debe conducir a una nueva Constitución y a elecciones democráticas, previstas para febrero de 2014. La tarea no es nada fácil, teniendo en cuenta las persistentes divisiones entre los diversos actores políticos yemeníes, los enormes desafíos económicos y humanitarios que enfrenta el país, y el clima de inseguridad asociado a distintos focos de conflicto, algunos preexistentes. Entre ellos, un conflicto armado que desde 2004 enfrenta al movimiento al-houthista con el poder central en el norte del país, un conflicto vinculado a la presencia en el país de bases de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), y también tensiones internas relacionado con las demandas de autonomía o independencia promovidas por grupos del sur del país.
El contexto del diálogo
Desde la firma del acuerdo del GCC, la situación en Yemen ha continuado siendo convulsa. Pese a lo accidentado de la transición, existe cierta coincidencia entre observadores y analistas en reconocer al pacto el logro de dos objetivos relevantes. En primer lugar, evitar una mayor escalada de violencia que condujera al país a una guerra civil. Al igual que en Siria, las movilizaciones pacíficas contra el régimen de Saleh –duramente sofocadas por el gobierno–, se habían visto crecientemente eclipsadas por un conflicto armado entre fuerzas militares, de seguridad y milicias tribales organizadas en torno a dos grandes bloques. Por un lado, sectores leales a Saleh y, por otro, grupos de la élite yemení que pasaron a oponerse abiertamente al mandatario, entre ellos el clan de los al-Ahmar y el general Alí Mohsen al-Ahmar, jefe de la Primera División Armada que desertó del Ejército (pese a su nombre no forma parte del antes mencionado clan). La firma del acuerdo permitió una contención de los combates, que causaron cientos de víctimas mortales en 2012.
El pacto también derivó en un cambio innegable y que parecía impensable en los meses previos a la revuelta: la salida del Gobierno de Saleh, que había asumido el poder en 1978 como presidente de la entonces República Árabe de Yemen (RAY, en el norte) y el único gobernante del país desde la unión de la RAY con la República Popular Democrática de Yemen (RPDY, en el sur) desde 1990. Para la mayoría de los yemeníes él había sido el único presidente que habían conocido en su vida, considerando que un 65% de la población del país tiene menos de 25 años. En este sentido, el hecho de que los cambios se produjeran a partir de un acuerdo político ha sido valorado por algunos como un ejemplo o incluso como una fórmula a replicar en algunos contextos, entre ellos Siria. No obstante, un examen más pormenorizado de la evolución en Yemen obliga a tener en cuenta la complejidad de las dinámicas locales y la fragilidad del proceso de transición en el país.
Diversos análisis coinciden en destacar que el acuerdo no logró apartar de la política ni a Saleh ni al general Alí Mohsen, señalado como el segundo hombre fuerte del país y pieza clave en el combate a la rebelión al-houthista en el norte. Con importantes redes de apoyo político, económico y tribal, ellos continúan siendo eje de los principales núcleos de poder en el país, junto a un tercero que lidera el clan al-Ahmar, con una clara ascendencia sobre el partido islamista Islah. Principalmente Saleh, pero también Alí Mohsen y en ocasiones el sheikh Hamid al-Ahmar han sido señalados como posibles spoilers del proceso de transición. En el caso particular del ex mandatario, Saleh se ha mantenido como líder de su partido –General People’s Congress (GPC)– y miembros de su entorno han ofrecido resistencia a la hora de implementar las reformas en el ámbito militar y de seguridad impulsadas por el presidente Hadi. Hace algunas semanas el Consejo de Seguridad de la ONU llegó a advertir a Saleh sobre una posible adopción de sanciones en su contra por sus continuas interferencias en la transición. El hecho de que algunas de las medidas impulsadas por Hadi hayan beneficiado a grupos próximos al general Alí Mohsen ha motivado que sectores leales a Saleh interpreten los cambios como parte de un complot contra el ex gobernante y ha llevado a algunos observadores a alertar sobre las consecuencias negativas de un eventual proceso de “des-Salehización” en el país, aludiendo al proceso de “des-Baathificación” llevado a cabo en Iraq tras el derrocamiento de Saddam Hussein. Hadi, por su parte, ha intentado suplir la falta de base de apoyo político, militar y tribal, a través de nombramientos de personas procedentes de su región, Abyan, despertando recelos en algunos sectores yemeníes que temen que repliquen las dinámicas del pasado.
La percepción de lentitud en las reformas o falta de cambios profundos por parte de algunos sectores de la población se ha visto alimentada por la sensación de que la revuelta popular fue secuestrada por las élites y que, en la práctica, son los mismos grupos de poder del pasado los que están gestionando la nueva etapa. No existe una ruptura respecto a la administración anterior. Los firmantes del pacto del CCG, que luego pasaron a integrar el gobierno de unidad nacional, fueron el GPC y partidos de la oposición política institucionalizada en el país, la plataforma opositora Joint Meeting Parties (JMP). En esta coalición juega un papel destacado el partido islamista Islah, que durante años mantuvo una alianza con Saleh. En el acuerdo del CCG no participaron otros sectores relevantes en la contestación al régimen de Saleh, entre ellos movimientos sociales y juveniles, grupos autonomistas e independentistas de la antigua RPDY que conforman el llamado Movimiento del Sur (Hiraak) o los al-houthistas, grupo que se ha visto involucrado en sucesivos conflictos armados con el gobierno central desde 2004. Durante la fase preparatoria al diálogo, uno de los objetivos ha sido intentar involucrar en el proceso a estos sectores. De hecho, esta fue una de las razones que explican el retraso en su puesta en marcha. Parte de la población yemení ha seguido los preparativos –así como las rencillas y debates internos en el gobierno de unidad nacional– con cierta distancia y ha cuestionado la falta de transparencia en el proceso. Muchas y muchos yemeníes creen que la transición política no está dando respuesta adecuada a sus preocupaciones cotidianas, centradas en muchos casos en la supervivencia en el país más pobre del mundo árabe –la tasa de pobreza se sitúa por sobre el 50%– y en el que millones de personas enfrentan una situación de emergencia alimentaria y graves problemas de desnutrición.
Esta situación de vulnerabilidad de la población se ha visto acentuada por los persistentes episodios de violencia en distintos puntos del país. Si bien el acuerdo del CCG condujo al fin de los enfrentamientos armados en las principales ciudades, al desmantelamiento de checkpoints en zonas urbanas y a un repliegue parcial de las fuerzas de los diferentes bandos en disputa por la permanencia o no de Saleh, ello no supuso el fin de la violencia en Yemen. La desestabilización del país fue aprovechada por algunos actores armados, como al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y su filial Ansar Sharia, para intensificar sus operaciones en la zona sur de Yemen. El gobierno de Hadi respondió con una campaña militar con apoyo de EEUU que obligó a los combatientes de AQPA a retroceder, pero las consecuencias en términos humanitarios fueron severas, con cifras de desplazamiento forzado que afectaron a miles de personas. También en el sur se han registrado episodios de violencia vinculados a la represión de manifestaciones pro-independentistas o a choques entre fuerzas del sur y grupos progubernamentales vinculados al partido islamista Islah. En el norte del país, los al-houthistas también expandieron la zona bajo su control y han protagonizado múltiples enfrentamientos con grupos salafistas. Algunos de estos actores son los que ahora se sentarán a discutir el futuro de Yemen en el foro de diálogo nacional. La iniciativa ha motivado el despliegue de 60.000 soldados en la capital yemení, Sanaa.
Límites al debate sobre el nuevo Yemen
La conferencia de diálogo nacional reunirá en durante los próximos seis meses a 565 delegados, nombrados por el gobierno y un comité técnico con la asistencia del enviado especial de la ONU, Jamal Benomar. Entre ellos se cuentan 121 integrantes del GPC, 85 representantes del Hiraak y 50 de Islah, entre otros. Se espera que el foro funcione a través de un sistema de reuniones periódicas y grupos de trabajo en distintas ciudades y con representación de diversas tendencias políticas y sociales del país. No obstante, sectores disconformes con el formato o con la distribución de escaños en el foro han decidido boicotear a la iniciativa. Tawakul Karman, la periodista yemení y Premio Nobel de la Paz –convertida en símbolo de la participación de las mujeres en las revueltas árabes– anunció que se marginaría del proceso en protesta por la presencia de altos funcionarios del antiguo régimen a los que considera responsables de la represión violenta durante las manifestaciones contra Saleh y por la desigual representación de jóvenes, miembros de la sociedad civil y mujeres. En un país caracterizado por los elevados niveles de desigualdad de género –Yemen aparecía en el último lugar del Índice de desigualdad de Género en 2011– y teniendo en cuenta la destacada movilización de las mujeres durante la contestación al régimen de Saleh, se consiguió establecer una cuota de 30% para mujeres en el diálogo nacional. Sin embargo, analistas locales habían advertido sobre la importancia de asegurar una representación real de las mujeres en la iniciativa, teniendo en cuenta la limitada presencia de mujeres en otras estructuras de la transición.
Aunque la mayor parte de las organizaciones del Movimiento del Sur (Hiraak) decidieron tomar parte en la iniciativa, otros grupos que deseaban condicionar el diálogo a un debate sobre la independencia optaron por boicotear el proceso y llamar a jornadas de protesta en el sur de Yemen. Entre ellos se encuentra una facción liderada por el ex presidente de la RPDY que lideró la rebelión secesionista durante la guerra civil yemení de 1994. Los sectores independentistas del sur han cuestionado especialmente que el acuerdo promovido por el CCG haya explicitado entre sus principios la “preservación de la unidad de Yemen”. La posición de Hiraak se ha visto condicionada por las diversas agendas de los grupos que en ella conviven, que demandan desde fórmulas de autonomía en el marco de un esquema federal hasta una separación total del norte.
En el caso de los al-houthistas, oficialmente se han comprometido a sumarse a la iniciativa, pese a que su participación ofreció algunas dudas durante la preparación del proceso. La organización planteó inicialmente una serie de condiciones para unirse al foro y amenazó con marginarse del proceso si advertía interferencias externas. Los al-houthistas se han mostrado especialmente recelosos con la influencia de EEUU en el país, en particular con la campaña con aviones no tripulados en su lucha contra AQPA, lo que le ha significado obtener algunos réditos entre la población joven yemení. El enviado especial de la ONU ha intentado convencer al movimiento de convertirse en partido político. No obstante, persisten las dudas sobre sus objetivos y agenda a largo plazo, y sobre su disposición a ceder el control sobre zonas que están bajo su dominio. Algunos sectores yemeníes han subrayado que la aproximación del grupo al debate debería ser sin condiciones y apostar por una renuncia a la vía armada.
Los escollos al diálogo nacional eran previsibles. Pero la ausencia de algunos actores clave ponen duda la capacidad de comprometer en la iniciativa a sectores relevantes de la sociedad yemení, así como las perspectivas de negociación y su impacto en la estabilidad futura del país. Está previsto que durante las conversaciones surjan temas decisivos sobre la estructura del Estado, el sistema de representación, el papel de la ley islámica y las reformas necesarias para aprobar una nueva Constitución. También que los debates sean arduos, teniendo en cuenta que muchas de estas discusiones han estado en el trasfondo de diversos conflictos que ha arrastrado Yemen durante años. En paralelo a estos debates políticos, las autoridades yemeníes no pueden obviar dar respuesta a otras cuestiones urgentes que afectan el día a día de la población, principalmente las carencias económicas y el clima de inseguridad. El acompañamiento internacional parece fundamental en este proceso, pero también persisten las desconfianzas respecto a que la aproximación de algunos países –principalmente EEUU, Irán y Arabia Saudita– por interferir en las dinámicas locales anteponiendo sus propios intereses. El diálogo ha despertado expectativas, pero al mismo tiempo, escepticismo entre sectores de la población yemení que temen que el resultado reafirme a las fuerzas tradicionales del país sin abrir un espacio a un cambio sustantivo.