Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Pamela Urrutia Arestizábal, Investigadora de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
razonpublica.com
Los comicios legislativos en Egipto deberían haber sido un hito en la democratización de Egipto, pero su legitimidad está en duda. La primera jornada electoral prevista para este lunes 28 de noviembre se ha visto eclipsada por una nueva fase de violencia. En la calle, los manifestantes exigen la postergación de las elecciones y la renuncia inmediata de un poder militar cada vez más cuestionado. Las FFAA dicen confiar en la “mayoría silenciosa” de Egipto.
Fase crítica
Las primeras elecciones multipartidistas tras el derrocamiento de Hosni Mubarak podrían haber sido todo un hito en la configuración del nuevo Egipto. Una oportunidad para dotar de legitimidad al sistema político, para que generaciones de egipcios que habían votado durante años en comicios fraudulentos – en los que Mubarak y su Partido Nacional Democrático obtenían mayorías abrumadoras – participaran efectivamente en la designación de sus representantes. Eso, en teoría.
En la práctica, el proceso electoral cuyo inicio está previsto para el lunes 28 de noviembre se ha visto ensombrecido por la peor oleada de violencia desde la caída del rais, en febrero pasado. En los últimos días la violencia, los enfrentamientos y la represión a las protestas populares contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) han dejado un saldo de 40 víctimas mortales y cientos de heridos, profundizando la brecha existente entre los militares y los protagonistas de la revuelta.
En un contexto de cuestionamiento abierto a la legitimidad del CSFA, los manifestantes exigen ahora la entrega inmediata del poder a un gobierno civil y la postergación de las elecciones. Unos comicios que despertaban escepticismo por su compleja mecánica electoral desde antes de que hombres y mujeres volvieran a concentrarse masivamente enla PlazaTahrir.
Críticas a las FFAA
Aunque en un principio fue percibido como valedor de la revuelta contra Mubarak — al forzar su salida del poder y presentarse como un garante del orden en el país — progresivamente el CSFA ha sido identificado como uno de los principales obstáculos para la transición a la democracia en Egipto.
Políticas y medidas impulsadas por los militares en los últimos meses han sido objeto de críticas y cuestionamientos. De hecho, las recientes manifestaciones fueron una reacción al intento de los militares por garantizar su influencia en el futuro político del país y su incidencia en la redacción de la nueva Constitución.
El CSFA pretendía que se preservaran unos principios “supra-constitucionales” que garantizarían la ascendencia del Ejército como garante dela Constitución, sobre cuyo articulado tendrían capacidad de veto. Además, los militares pretendían asegurar sus privilegios, exigiendo que se les garantizara que no habría supervisión civil a los militares ni a su abultado presupuesto.
La represión a las protestas de la última semana – que obligó al CSFA a ofrecer disculpas públicas – se enmarca en una política que también ha sido denunciada con dureza en Egipto y por organizaciones internacionales.
Hace tan sólo unos días, Amnistía Internacional publicó un informe en el que señalaba que las autoridades militares habían sido incapaces de cumplir sus promesas de mejora de los derechos humanos en el país y que, por el contrario, podían ser consideradas responsables de una serie abusos, incluso peores que los de la anterior etapa.
Entre ellos se menciona la disolución violenta de una manifestación de cristianos coptos por parte de las fuerzas de seguridad el pasado 9 de octubre – los incidentes de Maspero – que dejó 29 muertos, en su mayoría por heridas de bala o aplastamiento, al ser atropellados por vehículos acorazados.
Al excesivo uso de la fuerza contra manifestantes en este y otros episodios se suman otras medidas cuestionables, entre ellas:
• la celebración de juicios militares a miles de civiles –13 de los cuales habrían sido condenados a muerte –,
• la ampliación del ámbito de aplicación de las polémicas leyes de excepción vigentes durante el régimen de Mubarak,
• las denuncias de torturas,
• el acoso a periodistas,
• las promesas de investigaciones sobre los hechos de violencia como una fórmula para acallar las críticas.
De ahí el emplazamiento al CSFA para que deje de utilizar el argumento de la seguridad, como excusa para mantener las mismas prácticas del pasado.
Confuso calendario de transición
La creciente desconfianza hacia el papel de los militares también ha respondido a su falta de claridad respecto al calendario de traspaso del poder a las nuevas autoridades civiles elegidas por el pueblo egipcio.
Antes de la última ola de protestas, las especulaciones sobre el cronograma electoral apuntaban a que el plan de los militares era que los comicios presidenciales no se celebraran hasta mediados de 2013. Las recientes presiones obligaron al CSFA a anunciar que la elección tendría lugar en junio de 2012. Paralelamente, los militares confirmaron la designación de un nuevo gobierno interino encabezado por el exprimer ministro Kamel el-Ganzoury – tras la renuncia del anterior a causa de la violencia – y se mostraron dispuestos a la celebración de un referéndum sobre su traspaso de poder a los civiles.
Sin embargo, los manifestantes –que exigían una hoja de ruta clara de transición con elecciones presidenciales en abril de 2012- demandan la inmediata salida del CSFA y la asunción de una autoridad civil efectiva. Un requisito que desde su punto de vista no cumple el-Ganzoury, al que caracterizan como otro “dinosaurio” de la era Mubarak, por falta de legitimidad y porque se mantendría en un rol subordinado a las Fuerzas Armadas.
Frente a la insistencia del CSFA en que las elecciones legislativas se mantendrán en el calendario previsto, los manifestantes y algunos partidos políticos demandan su postergación y anuncian un boicot, subrayando la desconfianza que les produce cualquier proceso tutelado por los militares.
La compleja mecánica electoral
La intrincada mecánica de las elecciones legislativas definida por el CSFA también ha despertado dudas entre observadores y analistas, y sobre todo en el electorado. Según lo planificado por los militares, el proceso será el siguiente:
• los comicios para la Asamblea del Pueblo (Majlis al-Shabab) se celebrarán en tres rondas, el próximo 28 de noviembre, el 14 de diciembre y el 3 de enero de 2012, con sucesivas jornadas de desempate una semana después de cada votación. Un tercio de los 498 escaños se elegirá con un sistema mayoritario, y el resto con un sistema proporcional. Además, se mantiene una cláusula que establece que reserva 50 por ciento de los escaños de la Asamblea del Pueblo a “trabajadores y agricultores”.
• Las elecciones para la Cámara Alta (Shura) tendrán lugar en otras tres rondas el año entrante — el 29 de enero, el 15 de febrero y el 4 de marzo — y 90 de sus 270 miembros serán designados por el presidente.
Los electores tendrán que escoger entre 6.700 candidatos de 47 partidos políticos, muchos de los cuales han sido creados en los últimos meses.
Ante este complejo panorama, grupos de derechos civiles han expresado su preocupación por el limitado potencial de representación de mujeres y minorías. Expertos electorales han subrayado que, a diferencia de Túnez, la ONU ha sido marginada de la supervisión del proceso en Egipto y que el sistema puede marginalizar a las fuerzas nuevas que lideraron la revuelta contra Mubarak.
Divisiones y tensiones
Mientras persiste la incertidumbre sobre el proceso electoral, la tensión política se ha agudizado. Las Fuerzas Armadas, uno de los pilares del antiguo régimen — desde 1952 todos los jefes de gobierno egipcios han sido militares — insisten en que la Plaza Tahrir no es Egipto y confían en el respaldo de lo que caracterizan como “mayoría silenciosa” de egipcios, un sector que daría prioridad a la seguridad y estabilidad en el país por sobre las exigencias de cambio a un poder civil.
En la calle, en Tahrir, estaría el otro Egipto, decidido a avanzar en el proceso iniciado a principios de año, ante la evidencia de que la caída del “faraón” no equivale a un cambio de régimen.
Los partidos políticos también exhiben divisiones y se debaten entre cálculos electorales. Algunos sectores liberales habrían respaldado las intenciones del CSFA de tutelar la Constitución ante la inquietud por un previsible triunfo de los Hermanos Musulmanes (HM) en las legislativas.
El grupo islamista –bien posicionado ante los comicios debido a su trayectoria como institución, su estructura de base y su capacidad de movilización- se ha marginado de las protestas. Aunque oficialmente HM ha atribuido su decisión a un intento por evitar más violencia, su postura ha sido criticada como un alineamiento implícito con el CSFA fruto de cálculos electorales, ya que el calendario legislativo previsto le beneficia frente a las nuevas fuerzas políticas que aún necesitan tiempo para consolidarse.
El riesgo de escalada
En vísperas de la jornada electoral, su celebración estaba en evidente entredicho debido a la tensión política, el contexto de seguridad y los desafíos que supone la propia complejidad del proceso.
Se mantenían las dudas sobre el costo de postergar los comicios con o sin consenso político y su impacto en la formulación de la nueva Constitución. También sobre la legitimidad de la votación, en caso de que amplios sectores decidan boicotear o qué ocurrirá con las personas que decidan ir a sufragar.
El mayor desafío en este contexto es garantizar una salida pacífica y una rápida transferencia del poder al ámbito civil. El riesgo de una escalada de violencia permanece en el aire.
Egipcias y egipcios tienen la palabra en un momento clave para la historia del país, cuyo desenlace puede tener profundos efectos mucho más allá de las fronteras del país del Nilo.
Fase crítica
Las primeras elecciones multipartidistas tras el derrocamiento de Hosni Mubarak podrían haber sido todo un hito en la configuración del nuevo Egipto. Una oportunidad para dotar de legitimidad al sistema político, para que generaciones de egipcios que habían votado durante años en comicios fraudulentos – en los que Mubarak y su Partido Nacional Democrático obtenían mayorías abrumadoras – participaran efectivamente en la designación de sus representantes. Eso, en teoría.
En la práctica, el proceso electoral cuyo inicio está previsto para el lunes 28 de noviembre se ha visto ensombrecido por la peor oleada de violencia desde la caída del rais, en febrero pasado. En los últimos días la violencia, los enfrentamientos y la represión a las protestas populares contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) han dejado un saldo de 40 víctimas mortales y cientos de heridos, profundizando la brecha existente entre los militares y los protagonistas de la revuelta.
En un contexto de cuestionamiento abierto a la legitimidad del CSFA, los manifestantes exigen ahora la entrega inmediata del poder a un gobierno civil y la postergación de las elecciones. Unos comicios que despertaban escepticismo por su compleja mecánica electoral desde antes de que hombres y mujeres volvieran a concentrarse masivamente enla PlazaTahrir.
Críticas a las FFAA
Aunque en un principio fue percibido como valedor de la revuelta contra Mubarak — al forzar su salida del poder y presentarse como un garante del orden en el país — progresivamente el CSFA ha sido identificado como uno de los principales obstáculos para la transición a la democracia en Egipto.
Políticas y medidas impulsadas por los militares en los últimos meses han sido objeto de críticas y cuestionamientos. De hecho, las recientes manifestaciones fueron una reacción al intento de los militares por garantizar su influencia en el futuro político del país y su incidencia en la redacción de la nueva Constitución.
El CSFA pretendía que se preservaran unos principios “supra-constitucionales” que garantizarían la ascendencia del Ejército como garante dela Constitución, sobre cuyo articulado tendrían capacidad de veto. Además, los militares pretendían asegurar sus privilegios, exigiendo que se les garantizara que no habría supervisión civil a los militares ni a su abultado presupuesto.
La represión a las protestas de la última semana – que obligó al CSFA a ofrecer disculpas públicas – se enmarca en una política que también ha sido denunciada con dureza en Egipto y por organizaciones internacionales.
Hace tan sólo unos días, Amnistía Internacional publicó un informe en el que señalaba que las autoridades militares habían sido incapaces de cumplir sus promesas de mejora de los derechos humanos en el país y que, por el contrario, podían ser consideradas responsables de una serie abusos, incluso peores que los de la anterior etapa.
Entre ellos se menciona la disolución violenta de una manifestación de cristianos coptos por parte de las fuerzas de seguridad el pasado 9 de octubre – los incidentes de Maspero – que dejó 29 muertos, en su mayoría por heridas de bala o aplastamiento, al ser atropellados por vehículos acorazados.
Al excesivo uso de la fuerza contra manifestantes en este y otros episodios se suman otras medidas cuestionables, entre ellas:
• la celebración de juicios militares a miles de civiles –13 de los cuales habrían sido condenados a muerte –,
• la ampliación del ámbito de aplicación de las polémicas leyes de excepción vigentes durante el régimen de Mubarak,
• las denuncias de torturas,
• el acoso a periodistas,
• las promesas de investigaciones sobre los hechos de violencia como una fórmula para acallar las críticas.
De ahí el emplazamiento al CSFA para que deje de utilizar el argumento de la seguridad, como excusa para mantener las mismas prácticas del pasado.
Confuso calendario de transición
La creciente desconfianza hacia el papel de los militares también ha respondido a su falta de claridad respecto al calendario de traspaso del poder a las nuevas autoridades civiles elegidas por el pueblo egipcio.
Antes de la última ola de protestas, las especulaciones sobre el cronograma electoral apuntaban a que el plan de los militares era que los comicios presidenciales no se celebraran hasta mediados de 2013. Las recientes presiones obligaron al CSFA a anunciar que la elección tendría lugar en junio de 2012. Paralelamente, los militares confirmaron la designación de un nuevo gobierno interino encabezado por el exprimer ministro Kamel el-Ganzoury – tras la renuncia del anterior a causa de la violencia – y se mostraron dispuestos a la celebración de un referéndum sobre su traspaso de poder a los civiles.
Sin embargo, los manifestantes –que exigían una hoja de ruta clara de transición con elecciones presidenciales en abril de 2012- demandan la inmediata salida del CSFA y la asunción de una autoridad civil efectiva. Un requisito que desde su punto de vista no cumple el-Ganzoury, al que caracterizan como otro “dinosaurio” de la era Mubarak, por falta de legitimidad y porque se mantendría en un rol subordinado a las Fuerzas Armadas.
Frente a la insistencia del CSFA en que las elecciones legislativas se mantendrán en el calendario previsto, los manifestantes y algunos partidos políticos demandan su postergación y anuncian un boicot, subrayando la desconfianza que les produce cualquier proceso tutelado por los militares.
La compleja mecánica electoral
La intrincada mecánica de las elecciones legislativas definida por el CSFA también ha despertado dudas entre observadores y analistas, y sobre todo en el electorado. Según lo planificado por los militares, el proceso será el siguiente:
• los comicios para la Asamblea del Pueblo (Majlis al-Shabab) se celebrarán en tres rondas, el próximo 28 de noviembre, el 14 de diciembre y el 3 de enero de 2012, con sucesivas jornadas de desempate una semana después de cada votación. Un tercio de los 498 escaños se elegirá con un sistema mayoritario, y el resto con un sistema proporcional. Además, se mantiene una cláusula que establece que reserva 50 por ciento de los escaños de la Asamblea del Pueblo a “trabajadores y agricultores”.
• Las elecciones para la Cámara Alta (Shura) tendrán lugar en otras tres rondas el año entrante — el 29 de enero, el 15 de febrero y el 4 de marzo — y 90 de sus 270 miembros serán designados por el presidente.
Los electores tendrán que escoger entre 6.700 candidatos de 47 partidos políticos, muchos de los cuales han sido creados en los últimos meses.
Ante este complejo panorama, grupos de derechos civiles han expresado su preocupación por el limitado potencial de representación de mujeres y minorías. Expertos electorales han subrayado que, a diferencia de Túnez, la ONU ha sido marginada de la supervisión del proceso en Egipto y que el sistema puede marginalizar a las fuerzas nuevas que lideraron la revuelta contra Mubarak.
Divisiones y tensiones
Mientras persiste la incertidumbre sobre el proceso electoral, la tensión política se ha agudizado. Las Fuerzas Armadas, uno de los pilares del antiguo régimen — desde 1952 todos los jefes de gobierno egipcios han sido militares — insisten en que la Plaza Tahrir no es Egipto y confían en el respaldo de lo que caracterizan como “mayoría silenciosa” de egipcios, un sector que daría prioridad a la seguridad y estabilidad en el país por sobre las exigencias de cambio a un poder civil.
En la calle, en Tahrir, estaría el otro Egipto, decidido a avanzar en el proceso iniciado a principios de año, ante la evidencia de que la caída del “faraón” no equivale a un cambio de régimen.
Los partidos políticos también exhiben divisiones y se debaten entre cálculos electorales. Algunos sectores liberales habrían respaldado las intenciones del CSFA de tutelar la Constitución ante la inquietud por un previsible triunfo de los Hermanos Musulmanes (HM) en las legislativas.
El grupo islamista –bien posicionado ante los comicios debido a su trayectoria como institución, su estructura de base y su capacidad de movilización- se ha marginado de las protestas. Aunque oficialmente HM ha atribuido su decisión a un intento por evitar más violencia, su postura ha sido criticada como un alineamiento implícito con el CSFA fruto de cálculos electorales, ya que el calendario legislativo previsto le beneficia frente a las nuevas fuerzas políticas que aún necesitan tiempo para consolidarse.
El riesgo de escalada
En vísperas de la jornada electoral, su celebración estaba en evidente entredicho debido a la tensión política, el contexto de seguridad y los desafíos que supone la propia complejidad del proceso.
Se mantenían las dudas sobre el costo de postergar los comicios con o sin consenso político y su impacto en la formulación de la nueva Constitución. También sobre la legitimidad de la votación, en caso de que amplios sectores decidan boicotear o qué ocurrirá con las personas que decidan ir a sufragar.
El mayor desafío en este contexto es garantizar una salida pacífica y una rápida transferencia del poder al ámbito civil. El riesgo de una escalada de violencia permanece en el aire.
Egipcias y egipcios tienen la palabra en un momento clave para la historia del país, cuyo desenlace puede tener profundos efectos mucho más allá de las fronteras del país del Nilo.