Escola de Cultura de Pau Universitat Autònoma de Barcelona
Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Permítanme que empiece con algunos datos recogidos en el Anuario de Procesos de Paz del año 2011. Si hacemos una mirada a los 41 conflictos armados finalizados en los últimos 20 años, observaremos que 33 (el 80%) lo han hecho con un acuerdo de paz, y 8 con victoria militar (el 20%), lo que reafirma la vía de la negociación como medio para la resolución de conflictos. De los finalizados con victoria militar, solo tres lo han sido en el siglo XXI, lo que confirma la tendencia a resolver los conflictos mediante el diálogo.
En los últimos seis años han terminado con acuerdo de paz los conflictos armados de diez países: Indonesia (Aceh), Irlanda del Norte, sur del Sudán, Nepal, Costa de Marfil (el conflicto del período 2002-2007), Burundi, República Centroafricana, Kenya, Líbano y Chad, y solo en el 2010 entregaron las armas 16 grupos de siete países. La pregunta que me surge ante estos datos es muy lógica: ¿por qué Colombia sigue siendo el país con un conflicto sin negociar más antiguo del mundo? ¿Es culpa del Gobierno, de la insurgencia o de ambos?
El año 2011 ha amanecido con extraordinarios acontecimientos en varios países que nos obligan a pensar: las revoluciones populares de Túnez y Egipto, por medios no violentos; las revueltas populares, igualmente no violentas y reprimidas con extrema crueldad en algunos sitios, en Siria, Jordania, Yibuti, Marruecos, Yemen, Bahrein, Argelia y Palestina; el alto el fuego permanente y general, equivalente a un cese de hostilidades, de ETA en España, o la posibilidad de que en este año se termine con el conflicto de Darfur. Con la excepción de lo acontecido en Libia, ¿pasará el 2011 como un año de logros de paz y de cambios a escala internacional? ¿Y porqué no también en Colombia?
Hay otro dato significativo que quisiera señalar. La inmensa mayoría de los grupos armados que existen en el mundo carecen de ideología política, pero las pocas excepciones que hay se trata de grupos que están en fase de negociación. Este es el caso del maoísta NDF/NPA filipino, que después de cinco años de interrupción, está negociando con la mediación de noruega; o del socialista NSCN/IM del estado indio de Nagalandia. El tercer ejemplo es también de la India, donde el grupo armado maoísta ULFA del estado de Assam ha iniciado conversaciones de paz, sin precondiciones, después de que sus líderes hayan sido puestos en libertad. La pregunta que me surge es, pues, ¿para cuando una negociación con la insurgencia de Colombia, ya que es la única en el mundo con ideología que no está dialogando formalmente?
De los 93 conflictos vivos de los últimos veinte años, 41 han terminado, como ya he manifestado, con una duración media de 13 años de vida. Los 52 que todavía no han finalizado (exceptuando Colombia), llevan una vida media de 24.5 años, que en todo caso es muy inferior a los 47 años de duración del conflicto con las guerrillas colombianas. 47 años de lucha sin lograr los objetivos, no nos engañemos, es síntoma de fracaso. Fracaso para el Estado, incapaz de derrotar militarmente a la guerrilla, y fracaso para la guerrilla, incapaz de imponer sus postulados por la fuerza. La guerrilla, además no tiene el apoyo social mínimo para imponer por si sola una agenda de cambios, y no resistiría los resultados de una macroencuesta de favorabilidad. ¿No ha llegado, pues, el momento de reconocer abiertamente este fracaso y de apostar decididamente por una salida política que ponga punto final a la confrontación?
Habrán notado que todos los datos que menciono apuntan dos cosas básicas: la inutilidad de la guerra como método de transformación social, y la rareza de no tener abiertas negociaciones.
Tantos años de conflicto es también responsabilidad de la sociedad. Una reciente encuesta publicada por la revista Semana, mostraba que la mayoría de los entrevistados era pesimista sobre la solución del conflicto, y el 82% de las personas decían que no hacían nada en concreto por la paz. Pensemos un momento en estos datos. Mi experiencia en seguir de cerca los procesos de paz que hay en el mundo y las negociaciones que las acompañan, muestran que la primera condición para abrir un proceso de paz exitoso es tener una opinión pública activa y comprometida, no una sociedad civil pasiva y acomodada al conflicto. Colombia sufre un “síndrome del cansancio de la guerra” que hay que romper, para volver a tener una opinión pública exigente y combativa, capaz de salir a la calle masivamente para decir “basta”.
Esta opinión pública, al igual que el Estado, ha de saber ver igualmente las señales que vienen de la insurgencia, para calibrar si son signos de una voluntad de paz. En el transcurso del año 2010, el ELN ha hecho públicos nueve comunicados a favor de una solución política del conflicto social y armado que vive Colombia. Las FARC, por su parte, han divulgado catorce comunicados o videos en el mismo sentido. En los primeros meses de 2011, sin embargo, se ha mantenido en un discreto silencio, inusual en los últimos tiempos. Espero que este silencio sea para reflexionar sobre estrategias de paz, no de más guerra. Repasando dichos comunicados de las FARC en 2010, no puedo estar más de acuerdo con afirmaciones como “el futuro de Colombia no puede ser el de la guerra indefinida” (comunicado de enero), “ganar terreno en el camino hacia acuerdos definitivos… encontrar escenarios de confluencia a través del diálogo y la búsqueda colectiva de acuerdos de convivencia democrática” (22 de febrero), o el video del 8 de enero de 2011, en el que expresa que “no cejaremos un solo instante de luchar por la solución política del conflicto, por principios”. El 14 de febrero de este año, en carta dirigida a la Conferencia Episcopal, el ELN ha planteado al país y al gobierno, su disposición a buscar caminos de solución política, porque sigue convencido que por esta vía se pueden discutir los motivos que les llevaron al alzamiento en armas y establecer acuerdos duraderos sobre cambios sustanciales de la realidad política económica y social de Colombia. ¿Por qué, a pesar de estos comunicados, la negociación continua siendo tan esquiva en Colombia?
Hace ahora 8 años, el PNUD publicó un excelente estudio titulado “Callejón con salida”, una obra de consulta obligatoria para conocer los males del país y sus posibles soluciones. Recuerdo que en el 2005 le pregunté a un vocero de la insurgencia sobre qué opinaba de dicho estudio, y su respuesta fue que “estaban tan ocupados con la guerra que no les había dado tiempo de estudiarlo….” ¡Imaginen que desgracia! Ahora el PNUD va a publicar un amplio estudio sobre tierras. Es un tema de crucial importancia para las FARC. Decía Alfonso Cano, en la primera semana del año: «De la multiplicidad de aspectos de primer orden que debe abocar a Colombia en el 2011, reclamo especial atención alrededor de dos proyectos de ley que hacen trámite en el parlamento, relacionados uno, con la reparación de las víctimas de la violencia que sufre el país desde hace más de 62 años, y el segundo alrededor de la propiedad y usufructo de la tierra, temas interdependientes el uno del otro, dos caras de la misma moneda, vertebrales en la historia reciente de Colombia, muy densos para su tratamiento, pero esenciales, si se busca fomentar un futuro de reconciliación y democracia. Los dos temas necesitan, y eso lo debemos luchar, bases ciertas y manejos serios, si se pretende contribuir de verdad a la solución del conflicto.»
“Fomentar un futuro de reconciliación y democracia”. Participamos todos de esa voluntad, Alfonso, pero ¿cómo vamos a construir ese futuro si en el presente nos dedicamos a la guerra? Este objetivo es incompatible con la confrontación armada. De ahí que nos urja una salida pacífica, y para ya mismo, sin demora.
Una solución política al conflicto pasa, inevitablemente, por una negociación política situada en términos realistas, tal como ha reconocido el mismo Alfonso Cano en una carta suya divulgada a finales de enero. Y una negociación realista tiene sentido si es para llegar a un acuerdo, que en el caso que nos ocupa, sería un acuerdo de paz que pondría fin a la confrontación armada. Y la pregunta es: ¿Está la insurgencia preparada para asumir las consecuencias finales derivadas de la firma de un acuerdo de paz, como su desmovilización y pase a la actividad civil? En el discurso de la insurgencia no hay referencias a ello, y más bien existe una loa reiterada a la mística militar. El Gobierno, por su parte, ha dejado claro que sólo iniciará negociaciones formales cuando sea para alcanzar un acuerdo de paz final. No quiere aventurarse a unas negociaciones interminables, o a conversar por conversar. Diálogo y negociación, sí, pero para llegar a un acuerdo de paz, no para perder el tiempo y frustrar esperanzas. Así, pues, parece que estamos todavía ante una situación previa a la de una negociación. Y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para avanzar ese momento en que la insurgencia tenga el pleno convencimiento de que ha llegado la hora de negociar hasta el final, asumiendo todas sus consecuencias?
El Gobierno ha puesto precondiciones para abrir negociaciones, pero la insurgencia ha pedido dialogo sin precondiciones, con lo que la exigencia de precondiciones es motivo de bloqueo. Ante esta situación, me atrevo a sugerir que se exploren diálogos reservados para desbloquear esta situación, puesto que en un diálogo directo es posible acordar compromisos relacionados con las precondiciones. En otras palabras: las exigencias del Gobierno pueden ser tratados perfectamente en dos mesas de diálogo, una con el ELN y otra con las FARC. Se trata, en definitiva, de explorar en estas primeras fases. Y no me cansaré de repetirlo: exploren, por favor. No se pierde nada con ello, pero en cambio, de una exploración se puede llegar a la certeza sobre si ambas partes están listas para una negociación de verdad.
El Gobierno pide gestos para sacar la llave del fondo del mar. Pero ni la llave está en realidad en el fondo de los mares, pues el presidente la ha tenido siempre en el bolsillo, a su disposición, ni los gestos son tampoco el quid de la cuestión. Hay otra cosa más importante que el eventual gesto, por importante que éste sea: la voluntad de llegar a un acuerdo. Eso es, a mi parecer, lo esencial. Y para ello se necesitan cuatro cosas: flexibilidad, realismo, patriotismo y sentido histórico. Las cuatro cosas a la vez.
¿Cómo saber si ha llegado el momento en que Gobierno e insurgencia están listas para iniciar un proceso de diálogo? Como he señalado, no hay más fórmula que la del encuentro directo para sondear las reales intenciones de las partes. Para ello hay que encontrarse, en reuniones discretas y exploratorias, seguramente en el exterior. Brasil, Cuba o Venezuela podrían ser sitios adecuados para ello, y no habría que poner más obstáculos de la cuenta para encontrarse. Es vital hacerlo. Y en este sentido, reitero mi posición de que no hay que hacerle ascuas a la posibilidad de que un día se celebren negociaciones formales en el exterior, algo inevitable cuando resulta dificultoso o simplemente inviable hacerlo en el interior. Sugiero, no obstante, que se exploren también posibilidades de diálogos internos en sitios tranquilos y alejados de grandes urbes. La Iglesia dispone de espacios con estas características. También podrían utilizarse parques naturales, como la isla de la Gorgona. Y si hay que hacerlo finalmente en el exterior, pues se hace. No sería la primera vez, y lo importante es encontrarse para después negociar y alcanzar un acuerdo final.
Antes me refería a los gestos, pero hay uno que es además un acto político de primera magnitud. Para negociar formalmente, el Gobierno ha puesto condiciones, y la más importante es la liberación de las personas privadas de libertad. Eso es algo que no solo pide el Gobierno, sino que es un clamor popular. Las FARC deberían ser sensibles a ese clamor y entregar a estas personas, por ejemplo, a una comisión de UNASUR, ahora presidida por una colombiana A diferencia del pasado, además, la insurgencia apenas secuestra actualmente. Ante ello, la pregunta es obvia: ¿no podría la guerrilla comprometerse solemnemente a terminar con la privación de libertad de los civiles? Esta sujeción al Derecho Internacional Humanitario estoy seguro que abriría la puerta a la negociación formal con las FARC, dotada de contenido, en la que podría tratarse temas sustantivos, de agenda, quizás basada en los cinco puntos que Alfonso Cano propuso en el video de julio pasado. Se trata, en definitiva, de crear las condiciones para poder pasar del “conversemos” al “negociemos”, y de crear un ambiente social y político propicio para que la voz de las iniciativas ciudadanas sea escuchada y tenida en cuenta. En este sentido, sería interesante que tanto la Comisión Nacional de Paz como la Comisión de Paz del Congreso estuvieran plenamente operativas para cumplir con esta función.
Acabar con el secuestro es importante, ciertamente, pero permítame recordarles que hay otro fenómeno aun más grave: el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas, muchas de las cuales son refugiadas. Las personas desplazadas constituyen la expresión más evidente del conflicto armado, y es una responsabilidad de todos, del Gobierno y de las guerrillas, poner fin a tanto sufrimiento. Nos urge la paz para iniciar el retorno de tantísimas personas expulsadas de sus hogares.
Permítanme una mirada al futuro, más allá de la realidad colombiana. Uno de los cambios culturales que florecerá en las décadas venideras será el del fin de los conflictos armados. La guerra, como institución social creada por el ser humano, ha perdido ya cualquier legitimidad como método de resolución de conflictos, y es percibida cada vez más como un instrumento caduco y propio del pasado. Las estadísticas, además, confirman esta afirmación, al señalar que los conflictos armados del presente son muchos menos que los de hace una o dos décadas. Y jamás como en la época actual hemos dispuesto de tanta información preventiva para actuar con las armas de la diplomacia en los momentos de tensión, cuando todavía es posible alterar el curso destructor de una espiral conflictiva. En América Latina, además, los cambios se están produciendo por medios políticos, no militares. Colombia continúa siendo la excepción.
El gasto militar en Sudamérica, exceptuando Colombia, asciende al 1.5% del PIB, más de tres veces inferior al de Colombia. En un escenario de paz, lo razonable sería pensar que Colombia no tuviera un gasto militar superior a este porcentaje, con lo que se liberaría una ingente cantidad de recursos económicos que podría dedicarse a la inversión social y a combatir la pobreza. Con lo que se podría ahorrar, se podrían crear dos millones de empleos públicos, lo que permitiría reducir el desempleo a cotas bajísimas. Esta reflexión la debe hacer también la insurgencia, que se dice preocupada por el bienestar del pueblo. Sólo una Colombia en paz estará en condiciones óptimas para reducir las desigualdades sociales y hacerlo, además, en un tiempo relativamente breve. Y como apunta el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD, no hay verdadero desarrollo sin una buena inversión en educación y salud. Colombia necesita multiplicar su inversión en estos campos. Hacer posible el «dividendo del desarme» debería ser un imperativo del Gobierno y de la guerrilla, y por ello, el gasto social debería ser un tema de agenda de una hipotética negociación.
Apelando al pensamiento de Kant, podríamos decir que estamos ante el reto que nos impone la razón práctica: no debe haber guerra, para instaurar el reinado del diálogo permanente como método de asegurar la “paz perpetua” de nuestro amigo Kant. Tenemos razones prácticas para acabar con la guerra e instaurar la paz. Han pasado 215 años desde que el insigne filósofo escribiera tan futurista obra, pero puede que se necesiten solo unas pocas décadas para que la humanidad articule los mecanismos de gestión y transformación de los conflictos que hagan posible una paz duradera y universal. Colombia no debe esperar dos o tres décadas más. Necesitamos cambios estructurales, es verdad, pero sin recurrir a las armas y a la violencia fratricida que solo nos desangra y enluta. Apelo directamente al presidente Santos, a Alfonso Cano y a Pablo Catatumbo, a Gabino y a Pablo Beltrán, para que sean sujetos históricos de la paz que Colombia necesita, y para que se pongan rápidamente a la tarea de hacer las paces y de enseñar al mundo que aquí, aunque tarde, también se supo hacer una paz que conllevó una mejora en lo referente al desarrollo humano y la justicia social.
En esta cita anual que tengo con ustedes en ocasión de la presentación del Anuario de Procesos de Paz, me gustaría pensar que en el año próximo, por estas fechas, estuviéramos hablando ya de los pormenores de la negociación que tanto las FARC como el ELN hubieran iniciado ya con el Gobierno nacional, en un ambiente de participación social. Ojalá se cumpla ese deseo. Por el bien de todos. Muchas gracias por su atención.
En los últimos seis años han terminado con acuerdo de paz los conflictos armados de diez países: Indonesia (Aceh), Irlanda del Norte, sur del Sudán, Nepal, Costa de Marfil (el conflicto del período 2002-2007), Burundi, República Centroafricana, Kenya, Líbano y Chad, y solo en el 2010 entregaron las armas 16 grupos de siete países. La pregunta que me surge ante estos datos es muy lógica: ¿por qué Colombia sigue siendo el país con un conflicto sin negociar más antiguo del mundo? ¿Es culpa del Gobierno, de la insurgencia o de ambos?
El año 2011 ha amanecido con extraordinarios acontecimientos en varios países que nos obligan a pensar: las revoluciones populares de Túnez y Egipto, por medios no violentos; las revueltas populares, igualmente no violentas y reprimidas con extrema crueldad en algunos sitios, en Siria, Jordania, Yibuti, Marruecos, Yemen, Bahrein, Argelia y Palestina; el alto el fuego permanente y general, equivalente a un cese de hostilidades, de ETA en España, o la posibilidad de que en este año se termine con el conflicto de Darfur. Con la excepción de lo acontecido en Libia, ¿pasará el 2011 como un año de logros de paz y de cambios a escala internacional? ¿Y porqué no también en Colombia?
Hay otro dato significativo que quisiera señalar. La inmensa mayoría de los grupos armados que existen en el mundo carecen de ideología política, pero las pocas excepciones que hay se trata de grupos que están en fase de negociación. Este es el caso del maoísta NDF/NPA filipino, que después de cinco años de interrupción, está negociando con la mediación de noruega; o del socialista NSCN/IM del estado indio de Nagalandia. El tercer ejemplo es también de la India, donde el grupo armado maoísta ULFA del estado de Assam ha iniciado conversaciones de paz, sin precondiciones, después de que sus líderes hayan sido puestos en libertad. La pregunta que me surge es, pues, ¿para cuando una negociación con la insurgencia de Colombia, ya que es la única en el mundo con ideología que no está dialogando formalmente?
De los 93 conflictos vivos de los últimos veinte años, 41 han terminado, como ya he manifestado, con una duración media de 13 años de vida. Los 52 que todavía no han finalizado (exceptuando Colombia), llevan una vida media de 24.5 años, que en todo caso es muy inferior a los 47 años de duración del conflicto con las guerrillas colombianas. 47 años de lucha sin lograr los objetivos, no nos engañemos, es síntoma de fracaso. Fracaso para el Estado, incapaz de derrotar militarmente a la guerrilla, y fracaso para la guerrilla, incapaz de imponer sus postulados por la fuerza. La guerrilla, además no tiene el apoyo social mínimo para imponer por si sola una agenda de cambios, y no resistiría los resultados de una macroencuesta de favorabilidad. ¿No ha llegado, pues, el momento de reconocer abiertamente este fracaso y de apostar decididamente por una salida política que ponga punto final a la confrontación?
Habrán notado que todos los datos que menciono apuntan dos cosas básicas: la inutilidad de la guerra como método de transformación social, y la rareza de no tener abiertas negociaciones.
Tantos años de conflicto es también responsabilidad de la sociedad. Una reciente encuesta publicada por la revista Semana, mostraba que la mayoría de los entrevistados era pesimista sobre la solución del conflicto, y el 82% de las personas decían que no hacían nada en concreto por la paz. Pensemos un momento en estos datos. Mi experiencia en seguir de cerca los procesos de paz que hay en el mundo y las negociaciones que las acompañan, muestran que la primera condición para abrir un proceso de paz exitoso es tener una opinión pública activa y comprometida, no una sociedad civil pasiva y acomodada al conflicto. Colombia sufre un “síndrome del cansancio de la guerra” que hay que romper, para volver a tener una opinión pública exigente y combativa, capaz de salir a la calle masivamente para decir “basta”.
Esta opinión pública, al igual que el Estado, ha de saber ver igualmente las señales que vienen de la insurgencia, para calibrar si son signos de una voluntad de paz. En el transcurso del año 2010, el ELN ha hecho públicos nueve comunicados a favor de una solución política del conflicto social y armado que vive Colombia. Las FARC, por su parte, han divulgado catorce comunicados o videos en el mismo sentido. En los primeros meses de 2011, sin embargo, se ha mantenido en un discreto silencio, inusual en los últimos tiempos. Espero que este silencio sea para reflexionar sobre estrategias de paz, no de más guerra. Repasando dichos comunicados de las FARC en 2010, no puedo estar más de acuerdo con afirmaciones como “el futuro de Colombia no puede ser el de la guerra indefinida” (comunicado de enero), “ganar terreno en el camino hacia acuerdos definitivos… encontrar escenarios de confluencia a través del diálogo y la búsqueda colectiva de acuerdos de convivencia democrática” (22 de febrero), o el video del 8 de enero de 2011, en el que expresa que “no cejaremos un solo instante de luchar por la solución política del conflicto, por principios”. El 14 de febrero de este año, en carta dirigida a la Conferencia Episcopal, el ELN ha planteado al país y al gobierno, su disposición a buscar caminos de solución política, porque sigue convencido que por esta vía se pueden discutir los motivos que les llevaron al alzamiento en armas y establecer acuerdos duraderos sobre cambios sustanciales de la realidad política económica y social de Colombia. ¿Por qué, a pesar de estos comunicados, la negociación continua siendo tan esquiva en Colombia?
Hace ahora 8 años, el PNUD publicó un excelente estudio titulado “Callejón con salida”, una obra de consulta obligatoria para conocer los males del país y sus posibles soluciones. Recuerdo que en el 2005 le pregunté a un vocero de la insurgencia sobre qué opinaba de dicho estudio, y su respuesta fue que “estaban tan ocupados con la guerra que no les había dado tiempo de estudiarlo….” ¡Imaginen que desgracia! Ahora el PNUD va a publicar un amplio estudio sobre tierras. Es un tema de crucial importancia para las FARC. Decía Alfonso Cano, en la primera semana del año: «De la multiplicidad de aspectos de primer orden que debe abocar a Colombia en el 2011, reclamo especial atención alrededor de dos proyectos de ley que hacen trámite en el parlamento, relacionados uno, con la reparación de las víctimas de la violencia que sufre el país desde hace más de 62 años, y el segundo alrededor de la propiedad y usufructo de la tierra, temas interdependientes el uno del otro, dos caras de la misma moneda, vertebrales en la historia reciente de Colombia, muy densos para su tratamiento, pero esenciales, si se busca fomentar un futuro de reconciliación y democracia. Los dos temas necesitan, y eso lo debemos luchar, bases ciertas y manejos serios, si se pretende contribuir de verdad a la solución del conflicto.»
“Fomentar un futuro de reconciliación y democracia”. Participamos todos de esa voluntad, Alfonso, pero ¿cómo vamos a construir ese futuro si en el presente nos dedicamos a la guerra? Este objetivo es incompatible con la confrontación armada. De ahí que nos urja una salida pacífica, y para ya mismo, sin demora.
Una solución política al conflicto pasa, inevitablemente, por una negociación política situada en términos realistas, tal como ha reconocido el mismo Alfonso Cano en una carta suya divulgada a finales de enero. Y una negociación realista tiene sentido si es para llegar a un acuerdo, que en el caso que nos ocupa, sería un acuerdo de paz que pondría fin a la confrontación armada. Y la pregunta es: ¿Está la insurgencia preparada para asumir las consecuencias finales derivadas de la firma de un acuerdo de paz, como su desmovilización y pase a la actividad civil? En el discurso de la insurgencia no hay referencias a ello, y más bien existe una loa reiterada a la mística militar. El Gobierno, por su parte, ha dejado claro que sólo iniciará negociaciones formales cuando sea para alcanzar un acuerdo de paz final. No quiere aventurarse a unas negociaciones interminables, o a conversar por conversar. Diálogo y negociación, sí, pero para llegar a un acuerdo de paz, no para perder el tiempo y frustrar esperanzas. Así, pues, parece que estamos todavía ante una situación previa a la de una negociación. Y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para avanzar ese momento en que la insurgencia tenga el pleno convencimiento de que ha llegado la hora de negociar hasta el final, asumiendo todas sus consecuencias?
El Gobierno ha puesto precondiciones para abrir negociaciones, pero la insurgencia ha pedido dialogo sin precondiciones, con lo que la exigencia de precondiciones es motivo de bloqueo. Ante esta situación, me atrevo a sugerir que se exploren diálogos reservados para desbloquear esta situación, puesto que en un diálogo directo es posible acordar compromisos relacionados con las precondiciones. En otras palabras: las exigencias del Gobierno pueden ser tratados perfectamente en dos mesas de diálogo, una con el ELN y otra con las FARC. Se trata, en definitiva, de explorar en estas primeras fases. Y no me cansaré de repetirlo: exploren, por favor. No se pierde nada con ello, pero en cambio, de una exploración se puede llegar a la certeza sobre si ambas partes están listas para una negociación de verdad.
El Gobierno pide gestos para sacar la llave del fondo del mar. Pero ni la llave está en realidad en el fondo de los mares, pues el presidente la ha tenido siempre en el bolsillo, a su disposición, ni los gestos son tampoco el quid de la cuestión. Hay otra cosa más importante que el eventual gesto, por importante que éste sea: la voluntad de llegar a un acuerdo. Eso es, a mi parecer, lo esencial. Y para ello se necesitan cuatro cosas: flexibilidad, realismo, patriotismo y sentido histórico. Las cuatro cosas a la vez.
¿Cómo saber si ha llegado el momento en que Gobierno e insurgencia están listas para iniciar un proceso de diálogo? Como he señalado, no hay más fórmula que la del encuentro directo para sondear las reales intenciones de las partes. Para ello hay que encontrarse, en reuniones discretas y exploratorias, seguramente en el exterior. Brasil, Cuba o Venezuela podrían ser sitios adecuados para ello, y no habría que poner más obstáculos de la cuenta para encontrarse. Es vital hacerlo. Y en este sentido, reitero mi posición de que no hay que hacerle ascuas a la posibilidad de que un día se celebren negociaciones formales en el exterior, algo inevitable cuando resulta dificultoso o simplemente inviable hacerlo en el interior. Sugiero, no obstante, que se exploren también posibilidades de diálogos internos en sitios tranquilos y alejados de grandes urbes. La Iglesia dispone de espacios con estas características. También podrían utilizarse parques naturales, como la isla de la Gorgona. Y si hay que hacerlo finalmente en el exterior, pues se hace. No sería la primera vez, y lo importante es encontrarse para después negociar y alcanzar un acuerdo final.
Antes me refería a los gestos, pero hay uno que es además un acto político de primera magnitud. Para negociar formalmente, el Gobierno ha puesto condiciones, y la más importante es la liberación de las personas privadas de libertad. Eso es algo que no solo pide el Gobierno, sino que es un clamor popular. Las FARC deberían ser sensibles a ese clamor y entregar a estas personas, por ejemplo, a una comisión de UNASUR, ahora presidida por una colombiana A diferencia del pasado, además, la insurgencia apenas secuestra actualmente. Ante ello, la pregunta es obvia: ¿no podría la guerrilla comprometerse solemnemente a terminar con la privación de libertad de los civiles? Esta sujeción al Derecho Internacional Humanitario estoy seguro que abriría la puerta a la negociación formal con las FARC, dotada de contenido, en la que podría tratarse temas sustantivos, de agenda, quizás basada en los cinco puntos que Alfonso Cano propuso en el video de julio pasado. Se trata, en definitiva, de crear las condiciones para poder pasar del “conversemos” al “negociemos”, y de crear un ambiente social y político propicio para que la voz de las iniciativas ciudadanas sea escuchada y tenida en cuenta. En este sentido, sería interesante que tanto la Comisión Nacional de Paz como la Comisión de Paz del Congreso estuvieran plenamente operativas para cumplir con esta función.
Acabar con el secuestro es importante, ciertamente, pero permítame recordarles que hay otro fenómeno aun más grave: el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas, muchas de las cuales son refugiadas. Las personas desplazadas constituyen la expresión más evidente del conflicto armado, y es una responsabilidad de todos, del Gobierno y de las guerrillas, poner fin a tanto sufrimiento. Nos urge la paz para iniciar el retorno de tantísimas personas expulsadas de sus hogares.
Permítanme una mirada al futuro, más allá de la realidad colombiana. Uno de los cambios culturales que florecerá en las décadas venideras será el del fin de los conflictos armados. La guerra, como institución social creada por el ser humano, ha perdido ya cualquier legitimidad como método de resolución de conflictos, y es percibida cada vez más como un instrumento caduco y propio del pasado. Las estadísticas, además, confirman esta afirmación, al señalar que los conflictos armados del presente son muchos menos que los de hace una o dos décadas. Y jamás como en la época actual hemos dispuesto de tanta información preventiva para actuar con las armas de la diplomacia en los momentos de tensión, cuando todavía es posible alterar el curso destructor de una espiral conflictiva. En América Latina, además, los cambios se están produciendo por medios políticos, no militares. Colombia continúa siendo la excepción.
El gasto militar en Sudamérica, exceptuando Colombia, asciende al 1.5% del PIB, más de tres veces inferior al de Colombia. En un escenario de paz, lo razonable sería pensar que Colombia no tuviera un gasto militar superior a este porcentaje, con lo que se liberaría una ingente cantidad de recursos económicos que podría dedicarse a la inversión social y a combatir la pobreza. Con lo que se podría ahorrar, se podrían crear dos millones de empleos públicos, lo que permitiría reducir el desempleo a cotas bajísimas. Esta reflexión la debe hacer también la insurgencia, que se dice preocupada por el bienestar del pueblo. Sólo una Colombia en paz estará en condiciones óptimas para reducir las desigualdades sociales y hacerlo, además, en un tiempo relativamente breve. Y como apunta el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD, no hay verdadero desarrollo sin una buena inversión en educación y salud. Colombia necesita multiplicar su inversión en estos campos. Hacer posible el «dividendo del desarme» debería ser un imperativo del Gobierno y de la guerrilla, y por ello, el gasto social debería ser un tema de agenda de una hipotética negociación.
Apelando al pensamiento de Kant, podríamos decir que estamos ante el reto que nos impone la razón práctica: no debe haber guerra, para instaurar el reinado del diálogo permanente como método de asegurar la “paz perpetua” de nuestro amigo Kant. Tenemos razones prácticas para acabar con la guerra e instaurar la paz. Han pasado 215 años desde que el insigne filósofo escribiera tan futurista obra, pero puede que se necesiten solo unas pocas décadas para que la humanidad articule los mecanismos de gestión y transformación de los conflictos que hagan posible una paz duradera y universal. Colombia no debe esperar dos o tres décadas más. Necesitamos cambios estructurales, es verdad, pero sin recurrir a las armas y a la violencia fratricida que solo nos desangra y enluta. Apelo directamente al presidente Santos, a Alfonso Cano y a Pablo Catatumbo, a Gabino y a Pablo Beltrán, para que sean sujetos históricos de la paz que Colombia necesita, y para que se pongan rápidamente a la tarea de hacer las paces y de enseñar al mundo que aquí, aunque tarde, también se supo hacer una paz que conllevó una mejora en lo referente al desarrollo humano y la justicia social.
En esta cita anual que tengo con ustedes en ocasión de la presentación del Anuario de Procesos de Paz, me gustaría pensar que en el año próximo, por estas fechas, estuviéramos hablando ya de los pormenores de la negociación que tanto las FARC como el ELN hubieran iniciado ya con el Gobierno nacional, en un ambiente de participación social. Ojalá se cumpla ese deseo. Por el bien de todos. Muchas gracias por su atención.